jueves, 29 de mayo de 2014

DESAPARECEN LOS DESAPARECIDOS



Para las miles de madres que aún buscan a sus hijos, las nuevas cifras de desaparecidos dadas a conocer por la autoridad parecen más un intento por disminuir el impacto del problema


“Es muy triste que de esa manera es como están dando a entender que ya los encontraron” 
Yolanda
Madre de un desaperecido

“Le pediría a la ciudadanía que nos tengan un poco de paciencia… que nos den tiempo para hacer una lista en la que puedan confiar”
Julio Hernández
Comisionado de la CEAV 

"Se buscará que la base de datos sea segura, “incluso que esté a prueba de hackers y de funcionarios deshonestos" 
Julio Hernández
Comisionado de la CEAV 

"No aclaran el método, cómo localizaron a quienes estaban desaparecidos, su número de expediente, en qué región, si estaban secuestrados. O sea, nada" 
Victor Rolón 
 Tío de policía desaparecido


26,000
Al inicio de la actual administración federal, enero de 2013, Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, confirmó esta cifra de desaparecidos
24,800
El 20 de mayo el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisó esta suma al comparecer ante el Senado 
13,000
Fue la cifra que dio el procurador Murillo Karam un día después, en una reunión privada con familiares de las víctimas. Este nuevo dato surgió, dijo, después de hacer ‘una depuración’
8,000
Fue el número anunciado por la Segob el 22 de mayo, mientras familiares de víctimas pedían en el Senado la creación de una comisión especial para los desaparecidos
"Me siento demasiado triste. He pasado por muchos momentos de depresión absoluta sin poderme levantar siquiera. Como es una lucha en la que si no lo hago yo nadie la va a hacer, o muy pocos, pues no puedo dejarme caer, no puedo dejarme vencer”.

Así es como Leticia Hidalgo Rea trata de no desfallecer, ni enloquecer.

Ella coloca en el centro de su mente y de su vida a su hijo Roy Rivera Hidalgo, a quien busca desde hace más de tres años.

El 11 de enero de 2011, el joven de 18 años, en presencia de su madre y de su hermano, de 16, fue desaparecido por un comando armado que ingresó a su domicilio.

Sus plagiarios portaban uniformes de la policía de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, e ingresaron con violencia a la casa. Esa madrugada los encapuchados tomaron también los objetos de valor que encontraron. Al hijo mayor de Leticia, su “niño”, como le llama, se lo llevaron a la fuerza.

Para los demás, Roy es una estadística. Un desaparecido más.

Uno de esos 24 mil 800 a los que aludió el pasado 20 de mayo, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

O uno de esos “más de 13 mil”, a los que se refirió un día después Jesús Murillo Karam, en una reunión privada con familiares de las víctimas.

O un desaparecido más de esos 8 mil que mencionó el secretario de Miguel Osorio Chong, hace una semana, durante su comparecencia ante las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación.

Ahora dicen que son solo 8 mil.

Nadie supo bajo qué criterios o metodología se aterrizó la nueva cifra que avivó la polémica y causó indignación a las familias de los desaparecidos.

Porque a Leticia las cuentas no le salen. A la profesora que abandonó su labor profesional para dedicarse en cuerpo y alma a buscar a su hijo, estudiante de Filosofía de la UANL. La suma no le da.

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, Leticia Hidalgo dice a Reporte Indigo que su familia se ha topado con todo en contra. Con la frustración, con la indiferencia.

Por eso la última noticia de que se han comenzado a “ajustar” las cifras de las víctimas de la violencia en México no la consuela.

Parece que se busca desaparecer a los desaparecidos.

Leticia asegura que las autoridades pretenden reducir esta tragedia que no han podido frenar y que no han tenido la voluntad requerida para resolverla.

Ayer se supo que la PGR y la Segob podrían ser requeridos por escrito para informar al Senado sobre los resultados que estas dependencias tiene en el tema de las desapariciones.

Juan López, asesor legal de Fundem, considera que es deseable la Cámara Alta pida “datos específicos sobre la metodología utilizada para reducir en mas de dos tercios el listado original de personas desaparecidas que la propia Segob dio a conocer en febrero de 2013”.

Amnistía Internacional pidió también que en días próximos se dé a conocer un documento oficial y público que indique claramente la metodología utilizada para llegar a la cifra de los 8 mil desaparecidos.

“El periodo que abarca y, en caso de haberlas, las lagunas de información que impidan conocer con mayor precisión la magnitud de este fenómeno”.

Un día después de la renuncia del subprocurador Ricardo García Cervantes, la PGR hizo públicas 28 recompensas para localizar a personas desaparecidas en el país. Un millón 500 mil pesos a quien pueda dar información nodal para dar con el paradero de cada una de las personas desaparecidas.

‘Es muy triste’

Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, otro joven desaparecido, tiene su propia opinión sobre esas cifras.

“Es muy triste que de esa manera es como están dando a entender que ya los encontraron”, dice.

En su opinión, están “ajustando” la cifra a conveniencia sin tomar en cuenta que se habla de personas, “no de perros ni papeles”, cuya desaparición impacto la vida de cientos y cientos de familias.

Ella pide a las autoridades hagan trabajo de campo y que presenten cifras que coincidan.

Que digan exactamente quiénes, cuándo y dónde están las personas localizadas.

“Si efectivamente ya encontraron a esos 15 mil que están borrando, pues que nos digan cuáles porque de los nuestros –de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas…– quiero que me digan uno solo que ya lo hayan encontrado vivo o muerto”, exige.

Yolanda recuerda a su hijo Dan Jeremeel. Tenía 34 años cuando fue desaparecido de manera forzosa a fines de 2008.

Desde el 19 de diciembre de ese año su familia y sus cinco hijos, no lo volvieron a ver. 

Dan nunca llegó a recoger a una de sus hijas en casa de una compañera ni tampoco a su madre, quien lo esperó en vano ese viernes negro en una estación de autobuses de la ciudad de Torreón, Coahuila.

La policía estatal informó a su familia que el teniente Ubaldo Gómez Fuentes fue detenido con el auto de Dan. Él luego delató a cuatro cómplices más, entre ellos otros dos militares.

Los tres militares detenidos fueron asesinados. Hoy solo queda vivo un involucrado que sigue prófugo y que constituye una de las únicas esperanzas para saber el paradero de Dan.

Yolanda cuenta que desde entonces “navega contra corriente” pues desde el sexenio anterior le advirtieron que estaba prohibido hablar del Ejército.

Los familiares urgen registro nacional

De acuerdo con la Ley General de Víctimas los encargados de establecer un Registro Nacional de Desaparecidos en México son los comisionados que integran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Uno de los responsables de coordinar esto es el comisionado Julio Hernández, quien informa el Registro ya pasó de la fase de planeación a la de implementación.

“Hay muchas listas de víctimas en nuestro país, el trabajo consiste en sistematizarlas y crear una sola, que es precisamente el Registro Nacional de Víctimas”, explica, para que se alimente de todas las bases de datos.

Es un arduo trabajo no sólo para ubicar el número actual de desaparecidos sino, por ejemplo, “el número exacto de homicidios que tampoco está determinado”.

El trabajo arrancó desde enero pasado cuando comenzó a funcionar la CEAV en forma. A los estados, comisiones de derechos humanos, instancias judiciales, les han pedido saber si cuenta con un registro, en qué sistema computacional lo tienen, quién lo administra. Tales datos servirán para determinar qué plataformas de software y hardware usarán, para establecer vínculos entre las instancias locales y las federales.

No es un trabajo de horas sino que ha llevado varios meses reunirlo, comenta Hernández  quien estima quizá podrán tenerlo listo en el primer semestre de 2015.

Recuerda que en la federación hay varias listas la de la Segob, la de la PGR, la de la CNDH, así como de los organismos civiles. Y precisa que la lista de los más de 26 mil desaparecidos se hereda de la administración anterior, que no se entregó de forma oficial sino que se rescata de los cálculos hechos en el pasado sexenio. 

“Es lógico pensar que esa lista no se encontraba adecuadamente depurada. No tengo ningún elemento para contradecir ni la lista del secretario de Gobernación, ni la lista del procurador ni la lista de la CNDH, sería aventurado decir que la Comisión está con alguna de esas listas o que no está de acuerdo con esas cifras”.

Por ello, el objetivo actual es hacer un trabajo pormenorizado, cotejando nombre por nombre de cada víctima. Al respecto hace una solicitud:

“Le pediría a la ciudadanía que nos tengan un poco de paciencia… que nos den tiempo para hacer una lista en la que puedan confiar”, dice.

Promete que la misma se elaborará con máximo cuidado, se buscará que la base de datos sea segura, “incluso que esté a prueba de hackers y de funcionarios deshonestos” puesto que contendrá “información muy sensible para las personas”.

El abogado coautor de la Ley de Víctimas explica que no están haciendo una mera lista estadística sino “una lista de historias, donde se pretende conocer qué está haciendo el Estado por cada víctima, cómo avanzan los casos, qué estímulos reciben, qué derechos les han cumplido, cuántas autoridades han actuado inadecuadamente”.

Y adelanta que no todas las dependencias cuentan con registros antiguos, “esto es variable”.

El gran reto de la CEAV es contar con un registro fiable que, según el comisionado, permitirá determinar la responsabilidad del Estado “porque en esta base de datos tendremos también violaciones a derechos humanos. Podremos saber cuántas desapariciones fueron en manos de la delincuencia común y organizada y cuántas fueron forzadas, es decir, donde el Estado tuvo alguna clase de intervención”.

Se dice fácil pero entraña una gran complejidad. En cualquier caso, al parecer, la última palabra en torno a las cifras la tendrá la CEAV, como manda la ley. Esta comisión es  la autoridad encargada de hacer el registro nacional de víctimas y ahora el balón está en su cancha.

‘No saben cuántos son’

Juan López Villanueva ve con preocupación el reciente ajuste de las cifras de desaparecidos que se hizo por parte del Gobierno Federal. 
Observa que el Estado mexicano, consciente o inconscientemente parece apostar a disminuir más que a reconocer la magnitud del problema.

El asesor legal de Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), destaca el carácter subrepticio del Estado mexicano sobre un dato que debía ser del conocimiento público según el grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada o involuntaria de personas.

Una de sus primeras recomendaciones es contar con este registro nacional de desaparecidos para saber quiénes son, dónde desaparecieron, por qué, sus características, señas particulares, en fin, tener su perfil completo para luego poder atacar las problemáticas.

López lamenta aún estas sugerencias no se contemplen en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y también que el Estado no reconozca la magnitud de los hechos, cumpliendo con las recomendaciones de la ONU de marzo de 2012 y del Sistema Internacional de Derechos Humanos.

Varias críticas le han llovido a la Cámara Alta por no saber cómo abordar la información proporcionada en días pasados por el ombudsman, y el secretario de Gobernación. El primero aludió a 24 mil 800 personas en calidad de desaparecidos y el segundo lo ubicó en una cifra tres veces menor.

Para López esto refiere que el Estado mexicano no está buscando a las personas desaparecidas porque, entre otras razones, no saben cuántas son.

Frustración, rabia, y ninguna respuesta 

Su madre cayó en una profunda depresión. Su padre lo abandonó a su suerte. Su pareja se llevó a su hijo. 

A Adrián Domínguez Rolón lo desaparecieron de manera forzada un jueves de febrero de 2011. 

A partir de esa tragedia, la vida de su familia se dividió en un antes y un después. En lo emocional, en lo económico, en lo físico…. nada volvió a ser igual. 

La frustración, la rabia, el desasosiego son las constantes que persisten en medio del dolor que lo fragmentó todo.

El policía federal, de 33 años, fue asignado al operativo Michoacán Seguro. Dos días antes de terminar su encomienda fue secuestrado por sus propios comandantes en Uruapan.

Ese jueves 17 de febrero, alrededor de las 5 de la tarde, Adrián hablaba con su tío, a quien le comentó estaba a punto de bajar a comer al restorán del hotel donde se hospedaba. Fue entonces que la comunicación se interrumpió y nunca más volvieron a contactarlo.

Su tío, Víctor Rolón, asegura que el comandante Teodoro Bonfil obstaculizó la búsqueda de Adrián y aún no se cuenta con ninguna línea de investigación sobre su desaparición forzada, la cual ha sido documentada por Human Rights Watch (HRW).

El pasado 23 de mayo Adrián cumplió 36 años. Su primogénito tiene ahora tres años, pero no tiene cerca ni a su padre ni a su familia paterna. Su madre decidió alejarlo de ese núcleo familiar. No se sabe por qué.

Solo saben que ella -que también es policía federal- ha tratado, sin éxito, de hacerse de una pensión para su hijo. En teoría ese es un derecho que le corresponde, pero el pequeño tiene un padre que yace en ese extraño y oscuro limbo de los desaparecidos.

Una triste búsqueda 

“Destruyen los planes de la gente y eso es terrible”, dice el tío de Adrián que viene a México cada tanto para hacerse cargo de la búsqueda de su sobrino.

Víctor Rolón tenía 26 años viviendo en Houston, Texas y ahora se ha vuelto el encargado de dar seguimiento al caso que dividió a su familia.

“Ya perdí casa, carros, todo lo perdí en estos tres años”. 

No da crédito a que la propia policía federal no haya hecho nada tampoco por localizar a sus desaparecidos. 

“No dan una cifra exacta de cuántos hay porque son muchos”, asegura. 

Víctor considera que el nuevo capítulo de dimes y diretes sobre el número de desaparecidos prueba la indiferencia que hay en los tres niveles de gobierno, tanto para armar los reportes como para crear un mecanismo que les permita dar con exactitud una cifra. 

“Es un problema gravísimo el de las desapariciones”, dice.

Él estuvo presente en la reciente reunión con el procurador Murillo Karam y como tantos no se explica con base en qué argumenta hay 13 mil desaparecidos. 

“No aclaran el método, cómo localizaron a quienes estaban desaparecidos, su número de expediente, en qué región, si estaban secuestradas o sea nada”, comenta. 

Al no aclarar de forma contundente cómo obtienen estas cifras, piensa que la autoridad se las inventa.

“Porque hay una diferencia enorme y en un periodo de un año, es risible”, suelta.

Reconoce esta batalla, por lo imposible, mina lentamente. Y que quizá la apuesta es al desgaste, a que los familiares se cansen de tanta frustración y abandonen a sus desaparecidos. 

Pero eso, afirma, no va a ocurrir. Asegura seguirán adelante hasta encontrarlos y si eso no ocurre “es porque hay gente involucrada del gobierno”. Porque, inquiere: “¿cómo explicar que no ha aparecido uno, ni uno solo de los nuestros?”.

EXPEDIENTE "GOYO": NOTAS PERIODÍSTICAS Y "RENCILLAS FAMILIARES", CAUSAS DE SU ASESINATO, SEGÚN EL GOBIERNO

Periodistas exigen justicia para Gregorio Jiménez. Foto: Yahir Ceballos
XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).-La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) concluyó que la “labor profesional” y la “publicitación de sus trabajos periodísticos” del reportero de Notisur y Liberal del Sur Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, así como rencillas familiares y la animadversión de grupos criminales fueron las causas que condujeron a su secuestro y posterior ejecución e inhumación clandestina el pasado 5 de febrero.

En rueda de prensa, el procurador de justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que estos “tres escenarios” que abonan al esclarecimiento del caso del secuestro y homicidio de “Goyo” habrán de ser ratificados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Procuraduría General de la República.

“Las pruebas que recabamos, aplicando todos los protocolos institucionales, judicializando la prueba y haciendo la reconstrucción de hechos confirman la responsabilidad de las seis personas que se encuentran detenidas”, expresó Bravo Contreras.

En marzo pasado, una Misión de Observación integrada por miembros de Reporteros sin Fronteras (RSF) y de la Red de Periodistas de a Pie habría advertido que si no se corregían las “evidentes fallas en la indagatoria”, el asesinato del periodista veracruzano estaba en riesgo de quedar en la impunidad.

A raíz de esa queja, la Fiscalía de Veracruz reabrió el caso e intensificó las investigaciones con la Policía Ministerial. De inicio, el gobierno de Javier Duarte sólo reconoció “las rencillas familiares” como único móvil del asesinato de Jiménez de la Cruz.

Hoy, en un giro al asesinato del décimo periodista en lo que va de la administración de Duarte, Luis Ángel Bravo expuso que los elementos de prueba, consistentes en más de diez mil fotografías, armas de 9 milímetros y revólveres, así como evidencias periciales recabadas en la casa de seguridad en Las Choapas –donde fue hallado el cuerpo del periodista-, y la inhumación y posterior análisis de los tres cadáveres ahí encontrados, confirman que la imputación inicial contra los autores materiales y la intelectual ha sido correcta.

Bravo Contreras expuso que además de los asesinatos en los que se demostró participación de esta célula delincuencial, se comprobó, a través del desahogo de nuevas pruebas periciales, la participación en dos secuestros más. Y es que, además del asesinato de Gregorio Jiménez, este grupo fue responsable del “levantón” y posterior homicidio de Ernesto Ruiz Guillen “El Cometierra” y el homicidio de Bryan Osiris Hernández Rueda y el secuestro de una menor de edad.

“Por eso este mismo miércoles agentes del Ministerio Público estarán ejercitando acción penal por los nuevos delitos comprobados, para así iniciar los procesos en contra de los probables responsables, quienes se encuentran ya recluidos: José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Hernández, Juan Manuel Rodríguez Hernández, Gerardo Contreras Hernández y Teresa de Jesús Hernández Cruz”.

El caso de Gerardo Contreras es atípico, pues posterior al asesinato de “Goyo”, el Diario de Acayucan documentó que Contreras ya había sido detenido en abril de 2012 por formar parte de una célula del grupo criminal “Los Zetas” en el sur de Veracruz, indiciado por la tortura y posterior muerte de cuatro marinos, cuyos cuerpos mutilados fueron encontrados en la carretera Actopan-Xalapa.

En la sesión de preguntas y respuestas, Luis Ángel Bravo detalló que los aparatos celulares hallados entre las pertenencias de los presuntos autores del delito fueron claves para conocer sus actos de tortura, sus conductas antisociales y el grado de crueldad con el que realizan sus homicidios.

“Por respeto a las víctimas y a los familiares de las víctimas, hemos decidido no mostrárselas”, excusó.

El Fiscal de Veracruz señaló que competerá a la PGR y a la FEADLE concluir si en el secuestro y posterior ejecución de Jiménez de la Cruz y de los otros dos homicidios hubo complicidad u omisión de la Policía Municipal de Las Choapas o de la Policía Estatal adscrita al Mando Único en el puerto de Coatzacoalcos.

“Desde esta procuraduría se continuará trabajando hasta lograr una sentencia ejemplar para que el Estado castigue con todo el peso de la ley a quien atenta contra un periodista, una vida humana o el valor más grande de un ser humano, que es la libertad”, añadió.

/28 de mayo de 2014)

HOLBOX: UNA ISLA PARADISIACA EN DISPUTA

La isla de Holbox en Q. Roo. Foto: Gerardo González
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La disputa por la paradisiaca isla de Holbox, ubicada en el área natural protegida Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, podría llegar a su fin el próximo 1 de junio.

Ese día está programada en Kantunilkín, cabecera del municipio, una asamblea de ejidatarios yucatecos que pretenden aprobar la división del ejido sin la anuencia de los auténticos dueños, a fin de abrirle la puerta a la empresa Península Maya Developments que pretende construir en la isla 875 villas y condominios, tres hoteles, área comercial, canales y un puerto, entre otras obras.

A la cabeza de dicha empresa se encuentra el dueño de Bepensa –la embotelladora de Coca Cola en la Península de Yucatán–, Fernando Ponce García y su yerno Ermilo Castilla Roche.

De acuerdo con ejidatarios opositores al proyecto, la asamblea programada el 1 de junio es una maniobra para apoderarse en definitiva de toda la isla, donde los empresarios yucatecos, en sociedad con la inmobiliaria Ara, pretenden construir un megadesarrollo turístico.

El pasado domingo 11 se citó a una primera asamblea que finalmente no se llevó a cabo debido a la falta de quórum. Sólo se presentaron 70 de 117 ejidatarios, y se requería la presencia de al menos 81 en la primera convocatoria.

En la asamblea del próximo domingo serán suficientes esos 70 ejidatarios, debido a que en la segunda convocatoria sólo se requiere la asistencia de 50%.

De acuerdo con un grupo de holboxeños que conformaron el frente “Yo Defiendo a Holbox” (YDH), los 70 ejidatarios que asistieron a la reunión no son nativos ni avecindados de la isla. Se trata de empresarios o prestanombres yucatecos que obtuvieron de manera  ilegal los certificados ejidales.

Detallaron que desde “hace 11 ó 12 años”, Fernando Ponce y Ermilo Castilla sugirieron al ejido de Holbox conformar una sociedad con el fin de “levantar” la isla con un megadesarrollo turístico.

Los empresarios, el grupo Ara y el ejido de Holbox integraron Península Mega Development, pero meses más tarde aquellos ofrecieron a los ejidatarios la compra de sus parcelas frente al mar y sólo 70 de los 117 dueños aceptaron vender sus parcelas en cinco millones de pesos. El resto decidió esperar.

Tras la venta, Ponce García, Castilla Roche y el Grupo Ara se apoderaron de casi toda la franja costera conocida como La Ensenada, en el centro de la isla, de acuerdo con los pobladores.

Pero, además, exigieron los certificados agrarios y prometieron a los ejidatarios que los mantendrían bajo resguardo mientras realizaban los estudios y obtenían los permisos para el desarrollo turístico en la isla. Luego Castilla Roche dijo a los pobladores que había perdido los certificados.

“No fue una pérdida, en realidad Castilla Roche se apoderó de esos documentos”, afirmó YDH.

Y los comuneros cayeron en la cuenta de que habían sido doblemente timados, pues el precio real de sus parcelas era de 99 millones de pesos, y nunca más recuperaron sus certificados ejidales.

Así, se quedaron sin parcela y sin derechos ejidales, y fueron reemplazados por 70 “ejidatarios” de Yucatán, quienes realizarán la asamblea el próximo 1 de junio para destituir a la actual directiva, que encabeza  Nivardo Mena Villanueva, y fraccionar el ejido Holbox, habitado por unas 2 mil personas.
 

EL DOMINIO DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO EN QUINTANA ROO Y ELC ESE DE UN PADRE REBELDE

Pablo Pérez Guajardo, sacerdote. Foto: Especial
PLAYA DEL CARMEN,Q. Roo (proceso.com.mx).- Cuando el padre Pablo Pérez Guajardo, dio a su computadora “enviar” a una carta dirigida al entonces superior general de los Legionarios de Cristo, Álvaro Corcuera, prácticamente selló su salida de Quintana Roo y el retiro de los permisos para ejercer como sacerdote.

En esa carta, enviada vía correo electrónico en septiembre de 2010, pedía que Los Legionarios de Cristo se deslindaran del fundador de esta orden, Marcial Maciel, acusado de pederastia y corrupción.

Fue entonces que empezó el calvario del padre Pablo en el caribe mexicano.
Recuerda:

“Las dificultades empiezan cuando envío la carta a Álvaro Corcuera, que en ese momento era el superior general de Los Legionarios de Cristo, diciéndole que hay que acabar con el mito del padre Maciel y llamar las cosas por su nombre porque que era un violador pederasta, un mujeriego, un borracho”.

De conversación fluida y amable, con una enorme cruz sobre su pecho, el padre Pablo, no solo se ha opuesto a los abusos de los Legionarios de Cristo, sino también a los excesos de los gobiernos municipales locales, y ha combinando sus actividades religiosas dando servicio a las comunidades, lo que también, dice, le ha originado dificultades.

Por lo pronto, hace casi un mes, el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas le retiró los permisos para ejercer como sacerdote.

El padre Pablo detalla a Proceso algunos de los abusos de los Legionarios de Cristo en Quintana Roo y componendas con el ahora expresidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen es la cabecera), Filiberto Martínez.

En su andar para ser reivindicado y volver a ejercer como sacerdote, también se ha encontrado con desagradables sorpresas de personajes en los que confiaba, pues dice que fue rechazado por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, a solicitud de los Legionarios de Cristo.

Ordenado sacerdote el 3 de enero de 1991, por Juan Pablo II y con más de siete años de vivir en Playa del Carmen, el Padre Pablo tuvo contacto directo con el padre Marcial Maciel, pues de 1986 a 2006 sirvió en Roma en la Dirección General de Legionarios de Cristo en diversas labores de apoyo en el Archivo Histórico, la Secretaría General y la Administración General.

Refiere que en los últimos años de estancia en la capital de Italia, Marcial Maciel se ausentaba todos los fines de semana. Sus colaboradores cercanos argumentaban que se retiraba a descansar aquejado por sus enfermedades y la carga de trabajo, pero en realidad, precisa Pérez Guajardo, “se iba al hotel Hilton, donde se hospedaba con alguna de sus amantes”.

En 2006, el padre Pablo regresó a México, para estar con su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer y tras su muerte, recorre durante algunos meses diferentes estados, como acompañante del padre Javier Molina, a fin de recaudar fondos y “dar dirección espiritual” a los donantes.

Un año después llega a Quintana Roo, a la prelatura Cancún-Chetumal y tras permanecer unos meses en la capital del estado, el obispo Pedro Pablo Elizondo, lo manda a Playa del Carmen.

Recuerda que con tan solo 20 pesos en la bolsa llegó al fraccionamiento popular “La Guadalupana”, que tiene una iglesia del mismo nombre, en una zona muy alejada del centro de la ciudad y con graves problemas sociales, uno de ellos, el alto número de suicidios en el municipio de Solidaridad, que en ese entonces abarcaba Tulum y comunidades mayas.

Entonces, el padre Pablo decidió no solo desempeñar su labor como sacerdote, sino también vincularse socialmente con la comunidad, la mayoría inmigrantes tabasqueños y chipanecos.

“Nunca imagine que iba a cobra una importancia oficial o eclesial todo lo que estábamos haciendo ahí”, refiere.

Paulatinamente se vincula con la comunidad. Para verlo se hacen filas en la calle.

El caso es que la presencia del padre Pablo se extendió a cuatro colonias y fraccionamientos de los llamados de nueva creación y alejados del centro de Playa del Carmen y destaca que se logró abatir el índice de suicidios en “La Guadalupana”.

Hasta que en 2010, indignado por los informes contra Marcial Maciel, determina enviar la carta a Álvaro Corcuera, aunque la respuesta le llega por conducto del obispo Pedro Pablo Elizondo, también Legionario de Cristo.

“Al obispo le molesta mucho porque estoy rompiendo la unidad eclesial”, recuerda. Y por si fuero poco, algunos padres de Playa del Carmen, se quejan ante el obispo Elizondo de que “estaba aplicando la Teología de la Liberación”, a lo que respondí que “no estaba aplicando la Teología de la Liberación, sino estando cerca de la gente”.

Por ejemplo, recuerda que una de las primeras acciones con la comunidad fue orientar a los padres de familia a que no pagaran los 600 pesos que les exigía el director de la escuela como cuota voluntaria y rechazar el uso de uniformes escolares.

Otras de las acciones que promovió, dice, fue limpiar, con la ayuda de los niños del catecismo, las calles de la colonia “La Guadalupana”.

Incluso, ayudó a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a defenderse y no temer separarse de sus esposos, a pasar de estar casadas pro la iglesia.

“No estábamos repartiendo cuernos de chivo y pasamontañas para hacer un guerrilla zapatista, sino diciéndole a la gente cuáles son sus derechos”, subraya.

Pero su situación en Playa del Carmen, se complicó más, cuando en 2011 asume la presidencia municipal de Solidaridad, el priista Filiberto Martínez Méndez.

“Por su peculiar sicología, cualquier cosa negativa que se pudiera observar, las consideraba como un crítica más que a la administración, a su persona”, refiere.

Y el principal desencuentro entre el padre Pablo y el entonces alcalde Martínez fue su insistencia en que apoyara la instalación de una antena telefonía celular en la colonia, debido a que las personas de esa comunidad estaban incomunicadas por esa vía.

Sin embargo, Martínez se niega a atender esa solitud porque según su apreciación, el entonces alcalde “quería que la empresa le pagara una cantidad”.

EL padre Pablo también encabezó la exigencia de colocar topes en un crucero en el que se han presentados accidentes de manera constante.

Finalmente, el alcalde se alía con el obispo Elizondo, a través del padre Fernando Rodríguez, director de Cáritas de Quintana Roo, quien circula en un auto Mercedes Benz y es hermano del entonces director de Desarrollo Urbano, Carlos Rodríguez.

Resume:

“Filiberto le habla al obispo y le dice que el padre Pablo le está causado molestias. El obispo ya está molesto conmigo por la carta y las críticas al Padre Maciel al que defendió porque fue quien lo hizo obispo”.

Y para obtener el apoyo del obispo, Filiberto dona terrenos municipales a la prelatura Cancún-Chetumal.

El padre Fernando habla con el obispo y le dice que el presidente municipal está dispuesto a darles unos terrenos si quitan al padre Pablo, detalla.

Y el 15 de agosto el padre Pablo es retirado de “La Guadalupana” y vetado en todo el estado. El 8 de septiembre sale de Quintana Roo y opta por buscar al obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Y si bien el obispo Vera inicialmente lo tuvo a prueba unos días, asegura que finalmente le pidió que se retirara, luego que habló con Héctor Julián, un enviado de Legionarios de Cristo a Saltillo.

Entonces el padre Pablo decide regresar a Playa del Carmen y valora que de entrada la problemática política está resuelta con el cambio de autoridades municipales.

Sin embargo, a principios del año recibe otra carta del obispo Elizondo “en la que no me da permisos de celebrar misas, bautizos, sacramentos”.

A pesar de ello decide permanecer en Playa del Carmen, en donde se dedica a realizar diversas actividades de apoyo en la comunidad, como atender un escuela, organizar un “club de tareas” y apoyar a enfermos.

Y sostiene:

“Yo voy a seguir ayudando a la gente, no necesito permiso para ayudar”.

Pecados en Quintana Roo

De acuerdo con el padre Pablo, los Legionarios de Cristo tienen en Quintana Roo un historial de abusos y excesos.

De hecho, destaca la enorme influencia de Los Legionarios de Cristo en la entidad, pues la mayoría de de los 120 padres que hay en la entidad pertenecen a esa orden.

Pero además subraya:

“Es el único lugar del mundo gobernado por un Legionario de Cristo”, pues la prelatura Cancún-Chetumal tiene un obispo de esa orden en la persona de Pedro Pablo Elizondo.

De igual forma, destaca que en Quintana Roo, que tiene 39 años de su creación como estado libre y soberano, tuvo desde sus inicios a sacerdotes de la orden de los Legionarios de Cristo, e incluso a víctimas del padre Marcial Maciel.

“Varios padres que vinieron, fueron víctimas de él, como el padre (Jesús Martínez) Penilla de Isla Mujeres y Manuel Fernández”, recuerda.

Pero también revela que hay sacerdotes de los Legionarios de Cristo que han cometido abusos sexuales, e incluso han sido defendidos por empresarios como Fernando García Zalvidea, que murió el año pasado y que fundó en Cancún la Ciudad de la Alegría, para la atención a desamparados.

“Los delincuentes han sido el padre Fernando Martínez, que fue director del colegio Cumbres de Cancún pero que también había cometido abusos en el Cumbres de México y que ahora está en Salamanca España.

“Otro es Brendan Hurley, que en su momento fue capellán de la academia Maddox y del Instituto Oxford, de la Ciudad de México y que venía acá de vacaciones y que los trabajadores del centro equino turístico, Loma Bonita, que ya no existe, lo denunciaron ante el padre Fernando Rodríguez, quien les aconsejó que no estuvieran diciendo cosas feas.

“El caso más reciente fue el de Raúl Le Blanc, quien era capellán de Madre Amiga en la Ciudad de Alegría de Cancún y lo acabaron enviando a Canadá mientras que García Zalvidea “indemnizaba” con una buena cantidad a los papás de víctimas.

Finalmente, destaca que también los Legionarios de Cristo han defraudado a católicos de Estados Unidos y Canadá al pedir fondos para las comunidades mayas del estado.

“No hay iglesias, no hay dispensarios médicos, no hay taller de capacitación y hay cantidad de pueblos en lo que no hay un solo católico porque ningún legionario habla maya porque no hay interés en ellos”, resume.

En cambio, destaca que hay Legionarios de Cristo que hablan inglés y francés, que se dedican a celebrar bodas en Cancún y la Riviera Maya, que les reportan importantes ingresos.

DETIENEN A EX CANDIDATA DEL MC POR PORNOGRAFÍA INFANTIL

La excandidata a diputada local María Edith López Villaseñor  (Foto Facebook)
CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- La excandidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano María Edith López Villaseñor y su esposo, el empresario turístico José Jesús Moreno Huerta, fueron detenidos bajo cargos de pornografía infantil.

De acuerdo con informes oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la pareja fue detenida en la región 500, cuando agentes de la Policía Judicial (PJ) realizaban un operativo en atención a reportes de robos registrados en esta zona de la ciudad.

Los agentes de la PJ se percataron de la presencia de un vehículo que aparentemente tenía reporte de robo, y ordenaron sus tripulantes descender de él.

Inmediatamente, los agentes inspeccionaron la unidad y, según el reporte oficial observaron “del lado del conductor, en el área de freno de manos, había unas hojas impresas con imágenes que al parecer se aprecian de pornografía infantil”.

Por este motivo, la pareja fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del fuero común, mientras que el vehículo y las impresiones fueron asegurados.

De acuerdo con informes extraoficiales, en las fotografías se observa a ambos desnudos, acompañados de menores de edad.

La Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales inició la averiguación previa 260/2014 por el delito de pornografía infantil en contra de Moreno Huerta y López Villaseñor.

La pareja fue detenida el martes al mediodía, y el plazo constitucional para determinar la situación jurídica de la pareja vence este jueves al medio día.

En los comicios locales del año pasado, María Edith López Villaseñor participó como candidata a diputada local por el XI Distrito de Cancún, elección que ganó el prisita Jesús Pool Moo y en la que también participó por el PT Gregorio “Greg” Sánchez.

/29 de mayo de 2014)

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA ASESINA A BALAZOS A COMPAÑERO EN ESCUELA DE ATIZAPÁN

Alumnos de una secundaria juegan al "columpio". Foto: Tomada de YouTube

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El menor Ricardo Alvarado Ordóñez fue asesinado a balazos en un aula de la Escuela Secundaria Oficial 574 Gustavo Baz Prada, en Atizapán, Estado de México.

Ricardo Alvarado Ordóñez, de 13 años de edad, fue baleado por su compañero Édgar Yoevani, de 15 años, el pasado seis de mayo en el turno vespertino.

El menor murió al día siguiente en el Hospital de Traumatología Lomas Verdes, reporta el periódico Reforma este jueves.

El agresor fue detenido y trasladado a la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes en Zinacantepec, cerca de Toluca.

Ricardo Ordóñez, abuelo de la víctima, escuchó la declaración del agresor, quien narró que “no había día que no lo encontrara y le decía: ‘yo te voy a matar’; hasta que sucedió”.

La madre de la víctima, Azucena Ordóñez, relató que su hijo tuvo un altercado con su victimario en 2012.

“A las dos semanas, durante la firma de boletas, la mujer reportó el incidente a la orientadora sin que tuviera conocimiento de más roces.

“El martes 6 de mayo por la tarde, la madre se enteró por un conocido que su hijo había tenido un percance en la escuela. Desconocía la gravedad del hecho.

“De inmediato llamó a su esposo Nemesio Alvarado, quien estaba más cerca de la Secundaria Oficial 574 Gustavo Baz Prada, en la Colonia San Miguel. La directora María del Carmen Jiménez Rosas no le dio información. Sólo sabía que tienen que ir al hospital de Lomas Verdes.

“Luego de ir de un área a otra, finalmente Azucena supo qué había pasado”, describe la nota informativa.

La madre denunció que directivos de la escuela bloquearon a la familia para que no obtuviera más información.

/ 29 de mayo de 2014)




LOS DOS LADOS DEL LINCHAMIENTO EN SAN ANDRÉS

 
Los vecinos aseguran que esperaban negociar, pero llegaron granaderos y fue cuando se suscitó la muerte de dos policías; las autoridades afirman que las pláticas ya habían fallado y se intuía una ...
San Andrés Tlalamac, Estado de México.- La fuenteovejuna comenzó con un niño como portador de malas noticias. Eran las 11:30 de la mañana cuando bajó corriendo del cerro pelón que domina el valle.

Venía gritando:

-¡Lo mataron, lo mataron los policías!

Como suele suceder en todos los casos de levantamiento pueblerino, alguien subió al campanario y tañó las campanas de la iglesia en señal de alarma. Es un recurso casi antediluviano que aparentemente no ha cambiado ni caído en desuso, aún en la época de las redes sociales y los celulares. Si hay campana, hay algo.

En San Andrés Tlalamac, una triste y húmeda mancha de concreto enclavada en el bosque alpino a las faldas del Popocatépetl, sólo hay dos toques: el que llama a misa y el que avisaría de una explosión del volcán. Es decir, uno reservado para asuntos de extrema urgencia. Ese fue el que terminó por atraer a una turba, que inicialmente se congregó para hacer frente a lo que se pensaba era una emergencia y que al recibir detalles de la historia de boca del niño escaló la montaña en busca de los homicidas (la historia también ha probado que en el México rural parece no haber escasez de hombres que al calor del momento deciden unirse a una muchedumbre enardecida).

Para cuando los pobladores regresaron poco después del mediodía, ya tenían en sus manos a cinco policías mexiquenses golpeados, sus uniformes raídos y ensangrentados.

"¡Se los va a cargar a todos!", rugió uno, malherido de un golpe en la cabeza. Junto con sus compañeros, estaba sentado en el porche del edificio de la delegación local, un feo inmueble administrativo  en donde se despachan los asuntos legales del pueblo.

Según testimonios recabados entre los presentes, el policía comenzó a señalar a los pobladores: "¡a ti te conozco! ¡Y yo sé dónde vives tú! ¡Sé quién eres!"

Al final del día, el que salió cargado y moribundo fue él: como sus cuatro compañeros tuvo que ser literalmente sacado en brazos por un equipo de granaderos que trató fallidamente de rescatarle a eso de las 2 de la tarde.

En el pueblo se insiste en que si se asesinó a los agentes es por la llegada e irrupción del cuerpo de granaderos: los locales esperaban negociar y se enardecieron aún más por el uso de gases lacrimógenos justo a las dos de la tarde, cuando decenas de niños salían del escuela, a unos metros de donde se desarrollaba el drama de rehenes.

Está el anverso: la policía sostiene que envió a los granaderos para rescatar a los agentes cuando todas las negociaciones habían fallado y ya se intuía una tragedia similar a la que ocurrió en Iztapalapa hace unos años, cuando la policía capitalina tardó demasiado y dejó que dos federales fueran asesinados por una turba.

II

En términos sintéticos, el detonante fue la muerte de Israel Bautista, un hombre de 40 y pico de años, una esposa y tres hijas sobre el que existen en este momento dos versiones: la oficial y la de sus vecinos. Y ambas son claves. Porque cada una pintaría de cuerpo completo a este poblado.

La primera, difundida por la Procuraduría General de justicia del Estado de México, apunta a que se trataba de un talamontes atrapado in fraganti cuando aserraba un árbol junto con varios de sus cómplices, o sea, otros habitantes de San Andrés, por extensión convertido (al menos parcialmente) en un pueblo de leñadores clandestinos. "Cuando vieron a los policías se silbaron", sostiene el gobierno mexiquense, que aduce el uso de armas de fuego no a un error de protocolo policiaco, sino a que la pistola se disparó durante un forcejeo.

La segunda versión, recopilada entre distintos pobladores de San Andrés, va en sentido contrario. Habla de que Israel simplemente era un campesino que estaba recogiendo leña para echar a andar un horno de basura, un instrumento primitivo con el que por estos lugares se produce carbón para calentar el hogar y combatir la humedad de las lluvias.

A los policías linchados no ayudó el hecho de que Israel fuera una de las personas más populares del pueblo, un personaje al que las autoridades locales describen como de tan fácil de palabra que periódicamente era utilizado como animador de mítines políticos para el PRI, el más reciente en la campaña de Eruviel Avila la gubernatura del estado.

El caso es que si bien las interpretaciones varían, los resultados son incuestionables: Tres personas están muertas, una veintena se encuentran heridas, una está detenida acusada de homicidio y un pueblo entero se encuentra en pie de batalla ante la aparentemente inevitable incursión con la que el gobierno mexiquense buscaría detener a los responsables del asesinato de sus policías.

Típico de situaciones como ésta, en el pueblo se ha generado una reacción de colectividad ante lo que se percibe como una amenaza externa.

"Aquí no vamos a dejar que entre nadie", advirtió un hombre enfundado en una gorra, una cazadora y lentes oscuros, parte de una muchedumbre que permanecía en las calles frente lugar de linchamiento.

Un pañuelo le cubría el resto del rostro. Como otros jóvenes, se había reunido en torno a las cenizas de una fogata improvisada a unos metros de donde fueron asesinados los policías. Aún eran visibles rastros de sangre en la forma de palmas rojas impresas sobre los muros. "Este pueblo -amenazó- no se va a agachar y nos vamos a morir en la raya".

En el suelo quedaban también los restos de la refriega: un centenar de cartuchos vacíos de gas lacrimógeno yacían esparcidos. Tenían la leyenda "Combined Tactical Systems, Jamestown Pennsylvania" en sus dorsos.





















SALIÓ DEL CERESO ORDEN DE MATAR ABOGADOS: FISCALÍA


   
La orden de asesinar al abogado Salvador Urbina Quiroz salió desde el Cereso Estatal Número 3, dio a conocer personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que solicitó la reserva de su nombre.

La línea de investigación más fortalecida es una venganza por un fallo desfavorable en la defensa legal de un caso –que no fue revelado– y los sicarios son supuestos integrantes de la pandilla Artistas Asesinos (AA), dijo el entrevistado.

El juez de Barandilla César Cordero Gutiérrez, también victimado en el despacho jurídico el pasado lunes, no era blanco de la agresión y fue privado de la vida por acompañar a su colega y amigo, se informó.

En tanto, 48 horas después del atentado, la FGE hizo públicos los retratos hablados y el video de los dos hombres que asesinaron a los profesionistas.

Antes de ingresar a la capilla donde se velaban ayer los restos de los abogados, el fiscal en la Persecución del Delito, Enrique Villarreal Macías, dijo que la FGE cuenta con evidencia suficiente para dar con la ubicación de los homicidas.

Refirió que a través de la revisión de las videograbaciones captadas por la cámara del establecimiento donde se perpetró el crimen se pudo tomar la media filiación de los asesinos, y con base en los testimonios de los testigos, se realizaron los retratos hablados.

El sujeto 1 es descrito como un hombre de aproximadamente 25 años, delgado, de 1.75 metros de estatura, tez blanca, rostro delgado con rastros de acné, cabello castaño y corto, ojos color claro de forma regular, cejas normales, nariz afilada, tipo de vestimenta casual y semblante nervioso.

Es considerada una persona peligrosa y armada.

El segundo individuo es de la misma edad, complexión y estatura, tez morena oscura, cara delgada y alargada, de cabello oscuro, muy corto en los costados y en las puntas de la parte superior, ojos de color oscuro, grandes y de cejas pobladas, nariz mediana, bigote poco poblado y de vestimenta casual.

Ambos rostros tienen una gran similitud entre sí, hecho que fue cuestionado por los lectores de El Diario Digital.

Las autoridades investigadoras informaron que los agresores ya fueron identificados y mantienen el operativo de su búsqueda que incluye varios cateos, así como la instalación de puntos de revisión aleatoria en diferentes zonas de la ciudad.

Hasta el momento no reportan personas arrestadas.

“No hay detenidos pero se están buscando. Estamos investigando los asuntos de carácter profesional que se manejaban y en consecuencia sacar la principal línea de investigación, porque estamos hablando de abogados honestos que se dedicaban en beneficio de la comunidad”, refirió Villarreal Macías.

Respecto al vehículo que utilizaron los agresores, se dio a conocer que era un Buick de color oscuro modelo 2000 aproximadamente, el cual aún no es localizado.

Dieron a conocer que están en espera de que concluyan las pruebas forenses realizadas a los cuatro elementos balísticos asegurados en la escena del crimen, sin embargo hasta el momento no se establece que el arma calibre .40 haya sido utilizada en otros hechos violentos.

Este calibre es empleado principalmente por la Policía Municipal y está desplazado el uso de la pistola calibre 9 milímetros en la comisión del delito de homicidio en esta ciudad, de acuerdo con los datos aportados por el personal de la Fiscalía General del Estado.

EL VIDEO

El reloj de la cámara 4 marca las 17:18:18 horas. Apunta directamente a la puerta de la recepción del despacho del abogado Salvador Urbina Quiroz. En el sofá un cliente permanece sentado y lee un periódico; frente a él se encuentra la secretaria en el escritorio.

Los rostros de los testigos fueron difuminados como medida de seguridad.

En la entrada se observa la llegada de dos hombres, uno viste pantalón de mezclilla azul y una sudadera de manga larga color claro, calza tenis blancos también. Tras él entra otro hombre que viste un pantalón negro, una camiseta roja y zapatos deportivos blancos.

Se observa que tienen complexión y estatura distinta.

La secretaria se levanta del escritorio y se dirige a otro punto de la oficina. Sale de la imagen. El primer individuo avanza unos pasos, se acomoda la camisa, da medio paso y se da la vuelta para salir de la oficina, mientras su acompañante se queda de pie cerca del marco de la puerta.

El sujeto regresa, se recarga en el muro de la entrada de la oficia frente a su acompañante, mientras el cliente continua revisando sus documentos y sin prestar atención a los dos hombres.

La secretaria regresa nuevamente a su lugar, se sienta y la cámara detecta movimientos.

A las 17:19:01 horas el sujeto uno empieza a caminar al tiempo que saca el arma de fuego que trae fajada en la parte trasera del pantalón, apunta a la secretaria y se dirige directo a la oficina de Urbina Quiroz.

El cliente no se percata del hecho y sigue leyendo, mientras el sujeto dos se acerca al cliente y hace un movimiento con los brazos. El video termina. El deceso oficial fue reportado a las 17:20 horas.

En la cámara exterior se observa cuando los agresores abordan un auto Buick negro y huyen.

La Fiscalía General del Estado cuenta con las imágenes del hecho, pero solo reveló unos cuantos segundos por la crudeza de los hechos.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas ni se daba a conocer mayor información de los agresores.

Villarreal Macías señaló ayer que con la evidencia recabada es probable que en los próximos días se logre la detención de los homicidas, quienes, a decir del funcionario, el día del crimen llegaron al despacho de abogados preguntando por Salvador Urbina Quiroz, pero luego dispararon en contra de los dos litigantes.

“Estamos trabajando para dar con los responsables, ya hay avances en la identificación de las personas y se están buscando ya que se tienen los videos”, refirió.

Aseguró que se cuentan con líneas de investigación sólidas para dar con su captura.

La recompensa a quien proporcione información para lograr el arresto de los responsables es de 250 mil pesos, informó la Fiscalía General del Estado.

Héctor González Mocken, presidente de la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados, dijo ayer que el gremio al cual representa emprenderá una serie de acciones para exigir justicia por el homicidio de sus colegas.

Refirió que a partir de la próxima semana sostendrán una reunión estatal de representantes de barras y colegios de abogados a fin de hacer un pronunciamiento ante las autoridades y exigir seguridad para los litigantes que ejercen actualmente en el estado de Chihuahua.

“Esto ha trascendido a todos los rincones del estado, por ello vamos a convocar a una reunión extraordinaria para fijar la posición y escuchar a todos los colegas”, dijo.

Por su parte, Héctor Ramón Molinar Apodaca, integrante de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, dijo que no se descansará hasta que la autoridad capture a los responsables del crimen.

“Significa una reacción en el gremio de abogados dentro de la impunidad que estamos inmersos, muy dolidos por lo que estamos padeciendo en al ciudad. Tenemos que solicitar que intervenga la sociedad en general. Nuestros compañeros eran abogados que ejercían su profesión de una manera honesta, limpia. De alguna manera estamos haciendo frente a una situación que nos agravia y que ofende a toda la comunidad”, concluyó.

(Staff/ El Diario/28 DE MAYO 2014 | 23:03 PM)