jueves, 28 de agosto de 2014

¡HAY TERROR ENTRE NARCOMENUDISTAS!


La Paz, B.C.S.- De acuerdo a los últimos reportes que estamos recibiendo en nuestra redacción, la situación de inseguridad que ocurre en estos momentos en la capital del estado, ha generado una situación de terror entre los narcomenudistas debido a que son objetivos primarios del crimen organizado.

Hace unos momentos les informamos sobre dos personas que aparecieron golpeadas en la colonia Santa María, aledaña a la colonia Miramar, lo que generó una amplia movilización de las corporaciones en las cercanías de la tienda Ley Express.

En estos momentos, todas las corporaciones de seguridad se han concentrado en un terreno baldío, cercano al fraccionamiento Altezza, donde incluso hay unidades del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

A raíz de la restricción informativa, poco se ha podido conocer sobre la razón del cerco de seguridad que ahora es más discreto, sin embargo aquí están la fotografía que muestra de que existe la búsqueda de algo en esa zona.

Colectivo Pericú con avance informativo preliminar de REPORTEROS SIN FRONTERAS.

(COLECTIVO PERICU/ REDACCIÓN/ AGOSTO 27, 2014)

TRATARON DE MATAR A DOS, EN TIROTEOS DE CARRO A CARRO EN MEXICALI


Se debaten entre la vida y la muerte

MEXICALI.- En distintos ataques y sin motivo alguno, dos personas su-frieron heridas de proyectil cuando se encontraban dentro de su vehículo, lo que generó movilizaciones por parte de cuerpos policíacos, pero no se logró capturar a ningún responsable.
Las acciones comenzaron desde la noche del martes, cuando a través de un llamado al 066 se solicitó la presencia de las autoridades y de personal de la Cruz Roja para atender a un sujeto que había recibido impactos de arma de fuego, por lo que se requería la presencia policíaca.

Él reporte señalaba que los hechos ocurrieron frente a una vivienda marcada con el número 2624, en Sierra Calmelli, en el fraccionamiento Virreyes, donde un joven llamado Ángel Morales Orozco, de 28 años de edad, había sido víctima de una ráfaga de un arma calibre .9mm.

Según lo reportado por testigos, Ángel arribó a bordo de su vehículo Nissan Altima, modelo 1997, color guinda al sitio en mención, donde se vería con unos amigos para pasar el rato, cuando de forma sorpresiva y frente a sus colegas, un pick up S10, color café, se le emparejó a la víctima y abrió fuego en seis ocasiones.

Ángel quedó sentado dentro de su vehículo y los responsables emprendieron la huida de forma a gran velocidad, mientras que los testigos se acercaron para atender a su amigo lesionado.

Con varios impactos en el cuerpo y abundante sangre en su ropa, fue llevado en vehículo particular a la clínica 30 del IMSS, donde hasta el cierre de esta edición se encontraba grave, pero estable.

Agentes de la corporación municipal acordonaron el área y elementos de la Ministerial del Estado, acompañados de Servicios Periciales, tomaron la escena para iniciar con las indagatorias, descubriendo seis cartuchos percutidos, al parecer todos de la misma arma.

El otro incidente ocurrió del otro lado de la ciudad, donde también se involucra a un pick up, pero este de color blanco, del cual realizaron disparos de proyectil y lesionaron a otro joven que venía saliendo de un bar.

Dos horas después del incidente se dio el llamado al 066 donde se solicitó la presencia policiaca y de socorritas de la Cruz Roja, en la intersección de Calzada Cetys y Aviación, en Vista Hermosa, donde se hirió a Aliester Jonathan Navejas Mendoza, de 28 años de edad, residente de Villa Colonial, cuando se encontraba sentado en su automóvil.

En su declaración la víctima refiere que había salido del bar El Relajo, donde estuvieron consumiendo bebidas embriagantes, y tras algunas horas decidieron salir a comer algo en un sitio cercano, por lo que descendieron en una carreta especializada en la venta de “hot dogs”.

El joven estacionó su automóvil junto a la acera, cuando observó que un pick up, el cual solo pudo describir como pequeño y de color blanco, se le emparejó y abrió fuego en su contra.

Varios estampidos se escucharon seguidos de la fricción de los neumáticos cuando se acelera de forma agresiva.

Aliester se dio cuenta que sangraba de su hombro izquierdo, por lo que pidió ayuda a sus compañeros quienes dieron aviso a las autoridades, las cuales lo trasladaron al Hospital General de esta ciudad.

En el lugar se localizaron 3 casquillos percutidos y una ojiva deformada junto al automóvil Nissan Sentra, modelo 2004, color guinda, propiedad del quejoso.

Ambos sujetos se encuentran a salvo, pero su condición es grave, por lo que permanecen recibiendo cuidados en los mencionados nosocomios de Mexicali.


(EL MEXICANO/ EDUARDO VILLA/ 28 DE AGOSTO 2014)

CENSURAN A ZETA INFORMACIÓN PÚBLICA


En punto de las 10 de la mañana de hoy viernes 22 de agosto, personal de la Dirección Municipal de Contabilidad del XI Ayuntamiento de Los Cabos, prohibió el acceso a reporteros de ZETA para que revisaran información del gasto del excedente de los 224 millones de pesos del ejercicio fiscal del 2012.

Lo anterior violentó la resolución P-III/003/2014 emitido por el Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, después de que ordenara al ayuntamiento abrir los archivos para que este Semanario revisara, cómo y de qué manera se gastó el dinero del excedente.

La orden, según la empleada de la dirección de contabilidad, parte de Alberto Díaz, asesor de la dirección jurídica e hijo del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno cabeño, Luis Armando Díaz.

Los reporteros de ZETA, habían ingresado a la sala de juntas de Armonización Contable, localizada en la Plaza Centenario, cuando repentinamente la trabajadora de nombre Angélica Cristal Navarro Peralta, prohibió tomar apuntes de los que se fueran observando en los expedientes, así como el uso de aparatos telefónicos a fin de corroborar la existencia de proveedores que se mencionaban en el informe.

De acuerdo a la resolución de transparencia, ésta no menciona la prohibición en cuanto a la toma de apuntes y consultas de datos vía celular.

La propia empleada reconoció en un video grabado por reporteros de ZETA, que estaba quebrantando una resolución jurídica y también las consecuencias legales que podrían derivar, pero dijo que “solo recibía instrucciones de sus superiores”.

La  postura del ayuntamiento se intensificó a raíz de que ZETA publicara un presunto fraude del que fue víctima el Ayuntamiento de Los Cabos en enero del 2012, cuando en la cuenta pública de diciembre se observaron dos denuncias penales por ese asunto y, donde la información se ocultó por casi tres años. Por los hechos no hubo responsables del quebrando de 624 mil pesos.


(SEMANARIO ZETA/ ANTONIO DE JESÚS CERVANTES/ 22 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS 14:02:05)

ESTAFAN AL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS


El tesorero Gerardo Manríquez Amador ordenó el pago por 624  mil 762 pesos con 97 centavos a una empresa fantasma que supuestamente iba a donar un lote de juguetes, computadoras, alimentos, aparatos electrónicos y camionetas

Los Cabos,  Baja California Sur.- En la revisión y análisis del gasto del excedente de más de 224 millones de pesos, derivado del juicio ganado por ZETA en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, bajo el número de expediente PR-III/003/2014, comenzó a descubrirse cómo se fue gastando el remanente del ejercicio fiscal del 2012.

La información que desde enero del 2012 había permanecido oculta y en el estatus de clasificada como “confidencial” y “reservada”, develó el pago de una extorsión después de que fuera realizado un depósito por la cantidad de 624 mil 762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios desde la CLABE de ordenamiento 0170097523 de una cuenta bancaria de Banorte.

Según el expediente obtenido por este semanario del gasto del mes de diciembre del 2012 todo empezó cuando el 16 de enero del 2012 la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Carmen Zerón Castañón, recibió una llamada telefónica de una persona que dijo llamarse Claudia Rodríguez, quien se ostentó como asistente del entonces Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Perdomo Sanciprian.

La presunta asistente aduanal informó de la supuesta existencia de una resolución conteniendo notificación de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos sobre bienes muebles diversos que se consignaron en un oficio, bajo el número 171/SAT/27-1, y donde figuraban lotes de juguetes, equipos de computo y de rehabilitación física, ropa, alimentos no perecederos, artículos electrónicos, una ambulancia, un camión recolector de basura y una camioneta van.

Por tal motivo  la supuesta asistente, Claudia Rodríguez, dijo a la funcionaria cabeña que iba a ser contactada con el Administrador General de Aduanas, quien se presentó como Gerardo Perdomo Sanciprian, y telefónicamente confirmó la resolución a su favor.

La directora del DIF Municipal de Los Cabos, María del Carmen Zerón Castañón, colgó –el teléfono, y posteriormente, recibió la notificación vía electrónica con una hoja membretada con sellos y membretes oficiales, así como los números telefónicos de la aduana 01 (55) 38742588 y 01 (55) 38742590 y una lista de los productos que habrían de ser donados, los cuales estaban presuntamente en el estado de Veracruz.

La servidora pública llamó entonces al tesorero Gerardo Manríquez Amador y luego reenvió el correo para que revisara, analizara y emitiera un resolutivo en torno al caso, derivado de que la única condición era pagar 624 mil 762 pesos con 97 centavos por conceptos de gestiones, impuestos y fletes del envío de la mercancía.

El tesorero municipal de Los Cabos reenvió el correo electrónico proveniente de la dirección electrónica resoluciones@aduanas.com y turnó el trámite para el pago a la directora municipal de Contabilidad a cargo de Ana Luisa Guluarte Arista.

La funcionaria llamó a los teléfonos contenidos en el oficio, y la contactaron con una supuesta agencia fiscal de Veracruz de nombre Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V con número telefónico 01 229 2958580 y estableció comunicación con Amandi Arani y Zamudio, con quien acordó el pago y la liberación de la hoja de salida de los bienes donados.

La supuesta funcionaria aduanal comunicó a la contadora Guluarte con quien se ostentó como Carlos Romero Urbina, quien supuestamente era el responsable del resguardo y salida de los bienes.

Los dos –funcionaria cabeña y supuesto aduanal—tuvieron contacto vía electrónica a través de las siguientes cuentas:

1.- lic.carlosromerourbina@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx

2.- presupuesto@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx

3.- presupuestos@ consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx

El supuesto directivo del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V, Carlos Romero Urbina, comenzó a presionar a la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, sobre la urgencia de la tramitación por la inminente cancelación del trámite de donación ya que se había vencido el término para la disposiciones de los bienes de la aduana y evitar la generación de gastos mayores.

Finalmente, y sin investigar absolutamente, la directora de contabilidad, y por órdenes del tesorero Gerardo Manríquez Amador, hicieron el depósito a las 2:59 de la tarde del 19 de enero del 2012 a favor de AA Amandi Chi Zamudio y Asociados en el banco Banamex-Citibank.

Con esto únicamente esperaría el trámite de entrega y donde incluso remitieron una lista de funcionarios del municipio de Los Cabos, y los cuales se encargarían de la logística del envío y la fecha del arribo.

LA ESTAFA

Demasiada dulzura para ser verdad –como definió el regidor de Los Cabos, Juan Fernández Sánchez Navarro– la estafa se consumó cuando el 23 de enero del 2012 la directora de contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, marcó a los números telefónicos del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V y pretendió confirmar el depósito y acordar el traslado y arribó de los bienes de Veracruz a Los Cabos, Baja California Sur.

Sin embargo, desde ese día nadie contestó en los números de la agencia aduanal y tampoco en la supuesta oficina del administrador general de aduanas, por lo que comenzó a sospechar de haber sido víctima de un fraude, derivado de que por más llamadas que hicieron no volvieron a contestar las llamadas hasta que llegó el momento en que salió la siguiente grabación: “el número Nextel que usted marco está suspendido”.

La directora de contabilidad de la tesorería municipal de Los Cabos se avocó a confirmar la veracidad de la resolución de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos, en virtud de que perdió comunicación, y por ende, no recibió los supuestos bienes donados, por lo que descubrió que todo se trato de una estafa.

El Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V no existía y tampoco había referentes de la supuesta representante AA Amandi Chi Zamudio.

“Todo indica la consumación de un fraude en perjuicio del municipio de Los Cabos, pues quien o quienes obtuvieron la cantidad pagada, lo hicieron indebidamente mediante engaños, ya que para tal efecto, falsificaron documentación pública federal, se hicieron pasar por servidores públicos de la Administración General de Aduanas, afirmaron falsamente la existencia de mercancía aduanal donada a favor del sistema DIF de Los Cabos, maquilaron la existencia de una supuesta agencia aduanal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha implicado por quien o quienes resulten responsables el alcance de un lucro indebido en perjuicio del Ayuntamiento”, trascribe el una de las dos denuncias penales que presentó el síndico de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez. Son las siguientes:

1.- La primera presentada el 25 de enero del 2012 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número de expediente PGR/BCS/LC/012/2012 por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y lo que resulte.

2.- La segunda presentada el 23 de febrero del 2012 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el número de expediente SJC/037/PAT/2012 por los delitos de fraude con agravantes y lo que resulte.

LAS REACCIONES

Sobre este hecho, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, perdió la memoria rápidamente, pues dijo desconocer la estafa y no recordar nada, a pesar de que la documentación obtenida por ZETA, obra en los archivos de la Dirección de Contabilidad de la tesorería municipal del destino turístico.

“No tengo información, no sé si se hace mención en qué área, no he tenido información, no he podido ver mi celular, no he podido ver mis mensajes, pero, no, ninguna extorsión, ningún mensaje, ningún llamado, ninguna situación de este tipo, afortunadamente ni de manera personal ni como presidente municipal”, respondió textualmente.

El tesorero Gerardo Manríquez Amador fue requerido por este semanario, pero no dio la cara, al igual que el contralor general municipal, y responsable de investigar esta estafa, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña.

El que sí hablo fue el síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, quien como responsable del patrimonio, presentó las denuncias penales en la PGR y la PGJE sobre el fraude.

El edil no metió las manos al fuego por nadie y expuso que el caso fue una verdadera “tomada de pelo” a los funcionarios implicados en el caso, porque “hasta donde tengo conocimiento nadie verificó la autenticidad de la supuesta donación y sobre todo de las personas con quienes estuvieron tratando, números telefónicos y las razones sociales”.

Durante una entrevista con este semanario, comentó que como responsable del patrimonio, “yo presente las denuncias penales correspondientes, aunque no tuve nada que ver con la autorización del pago de los alrededor de 624 mil pesos, porque eso no es de mi competencia y habría que preguntar a quiénes lo hicieron”.

— ¿Por qué no informaron en su momento sobre esta estafa?, preguntó ZETA.

“Bueno, porque no fue mi responsabilidad. Yo hice lo que en mi caso correspondía y si alguien tenía que informar y no lo hizo creo debe una explicación de esa inocentada.

Por su parte, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Sánchez Navarro, expuso que el tema de la estafa debe ser investigado por la contraloría general de Los Cabos a cargo de Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, porque recordemos que “el dinero utilizado en el pago de ese fraude es parte de los 224 millones de pesos del excedente que hasta este momento siguen sin ser aprobados por el seno del cabildo de Los Cabos”.

El edil dijo que de entrada, y si realmente sucedió una estafa, “la contraloría debe deslindar responsabilidades en contra de los incompetentes que ordenaron y pagaron el dinero, solo porque alguien llamó por teléfono y les pidió el dinero y lo depositaron sin haber investigado nada al respecto”.

“O una de dos, o son muy ingenuos o algo sucedió para sacar ese dinero de las cuentas y fue a parar a otro lugar”, dijo.

Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, dijo que “la estafa al ayuntamiento cabeño es una situación muy delicada que exhibe por sí sola la fragilidad y negligencia de cómo se han estado manejando los recursos públicos de los ciudadanos”.

El empresario consideró que el dinero desaparecido es el equivalente al costo de dos patrullas, “y desgraciadamente vemos que no hay responsables, y en vez de actuar, se escondió la información para que nadie supiera y tampoco nadie respondió por el quebranto”.

“Yo creo que alguien tiene que pagar por esto”, dijo y preguntó “¿dónde está Contraloría municipal? ¿Dónde está Contraloría estatal? ¿Dónde está el Órgano de Fiscalización Superior del congreso del estado?”.

El líder de los empresarios de Los Cabos, expresó que “ya estuvo bueno de este saqueo, porque el caso de la estafa exhibe que la crisis del ayuntamiento local, no es porque no tenga dinero, sino por la manera en que maneja y utiliza los recursos públicos, y cuyo caso hoy sabemos por la investigación que vino a hacer un periódico como ZETA, y no porque los órganos de control interno haya actuado y tomado medidas.

Desde su punto de vista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que es increíble la forma en que les vieron la cara a los funcionarios del ayuntamiento. “Demasiado infantil o ingenuo, pensar que la historia que retrataron en la denuncia penal haya sido real, y que conociendo sus antecedentes en el manejo del dinero público, piensen que vamos a creerles, y de que la operación de esta supuesta estafa, no vaya a haber algún funcionario, porque qué casualidad que dócilmente y sin investigar y con una llamada, 
depositaron el dinero sin ton ni son”, concluyó.


(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 18 de Agosto del 2014 a las 12:00:00)

POLICÍAS EN CRIMEN DE LOS DÁMASO


Cuando menos hay 4 agentes de la Policía Estatal Preventiva identificados por su participación en el crimen de “El Pantera”

Según agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el asesinato del jefe de seguridad de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Dámaso López Serrano “El Mini Licenciado”, Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, ocurrido el 1 de agosto en el kilómetro 8.4 de la carretera Los Planes, están involucrados oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) dependiente de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur.

Las primeras indagatorias apuntan hacia los siguientes agentes:

1.- Fernando de Jesús Estrada Martínez “El Mono”.
2.- Javier Aurelio Parra Mungaray.
3.- Rubén Romero Cabrera.
4.- Martín Enrique Aceves Marqués.

Los cuatro agentes fueron identificados por los investigadores de la PGJE dentro del círculo de confianza del actual Subcomisario del Área de Operaciones de la PEP, Fernando Guadalupe Ramírez Martínez dado que “estuvieron resguardado el perímetro a bordo de vehículos oficiales, cuando se cometió el triple homicidio y donde aparte de haber sido asesinado El Pantera, perdieron la vida, su escolta, Alberto Montero Lizárraga El Betillo y Jesús Enrique Urquiza Portillo El Ferrari, y quien incluso uno de ellos estuvo presente en el momento de la balacera dentro del terreno de la colonia Primero de Mayo”.

La noche del homicidio, el oficial de la PEP, Fernando de Jesús Estrada Martínez “El Mono” fue la persona que “había llegado a bordo de la cuatrimoto encontrada en la escena del crimen y la cual venía detrás del vehículo tipo sedán de color gris, marca Volkswagen y línea Jetta y donde viajaban las víctimas, los cuales más tarde fueron encontrados muertos”.

De acuerdo a su testimonio, el único sobreviviente de la balacera, identificado como Édgar Amílcar Acosta Reyes “El Rayo” identificó a cuando menos dos de los agentes implicados: El primero el de apodo “El Mono” y el segundo Javier Aurelio Parra Mungaray.
Las huellas dactilares del policía de apodo “El Mono” estaban en algunas partes de la cuatrimoto abandonada.
Los otros dos implicados “fueron vistos por testigos cuando resguardaban la zona y estuvieron desde las 8 de la noche en el lugar, como si estuvieran cuidando la seguridad del cónclave de narcos del cártel de Sinaloa en la carretera a Los Planes”.

En el caso del triple homicidio, bajo el número de Averiguación Previa LPZ/032/2014 –según las investigaciones— “podría haber más agentes involucrados porque El Pantera, El Betillo y El Ferrari fueron vistos comiendo 24 horas antes del crimen en un restaurante de mariscos acompañadas de un directivo y comandantes de la Policía Ministerial del Estado, y donde se presume fueron llevados para que los sicarios, pudieran identificarlos físicamente, y posteriormente, asesinarlos”.

Dos de los cuatro policías involucrados en el caso, desde el día del homicidio desaparecieron del estado.

Se trata de Fernando de Jesús Estrada Martínez “El Mono” quien, al cierre de esta edición, no se había presentado a trabajar y tampoco regresó a su casa. Los investigadores del caso únicamente ubicaron a su esposa que salió vía aérea rumbo a Guadalajara, Jalisco, por lo que se presume que huyó hacia ese lugar a esconderse.

El otro oficial de la PEP, Javier Aurelio Parra Mungaray, fue reportado como desaparecido por su esposa, y tampoco se tenían pistas de su paradero.

Lo que sí es que la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, presentó una denuncia penal por la desaparición del arma de cargo del oficial de la PEP, Fernando de Jesús Estrada Martínez “El Mono”.

LAS INDAGATORIAS

Las primeras indagatorias sobre el triple crimen, no han sido nada fácil para la PGJE sobre todo por la participación directa de células criminales y policías estatales y ministeriales en el asesinato de “El Pantera”, quienes presuntamente habrían sido coordinados por uno de los jefes de sicarios del grupo armado identificado como “Los Ántrax”.

El pistolero fue identificado como “El Artista” y “es uno de los pilares en la supervisión de la logística y transporte de droga particularmente de Ismael El Mayo Zambada”.

No obstante, y según las investigaciones, en el crimen también habrían participado sicarios de “Los Chapitos” o del llamado “Cártel Gente Nueva”, quienes se habrían unido para evitar que Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Dámaso López Serrano “El Mini Licenciado” tomarán el control completo de la plaza del narcomenudeo de La Paz a través de Jesús Enrique Urquiza Portillo “El Ferrari”, pues “Los Mayitos” manejan el sur y “Los Chapitos” el norte de La Paz.  La PGJE presume que el plan de “Los Dámaso” era controlar toda la ciudad.

Un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública dijo a ZETA que “la lucha interna por el control del cártel de Sinaloa, no solo es para ver quién podría asumir el liderato de la organización criminal, sino que implica también la lucha por las plazas y sobre todo el trasiego de droga de Sinaloa hacia Baja California Sur, y el cual es visto como un trampolín hacia la frontera con Tijuana y Estados Unidos”.

La rentabilidad del negocio del narcomenudeo en La Paz: “es bastante lucrativo”, pues en tan solo en un día las células delictivas suelen vender hasta 5 kilos de mariguana por colonia en una ciudad con más de 300 colonias, lo que equivale a casi dos toneladas con un valor en el mercado negro de un millón 200 mil pesos.

“Si hacemos números, podríamos decir que el negocio deja ingresos por alrededor 36 millones mensuales a los narcomenudistas solo por concepto de mariguana en La Paz, a eso habría que sumar las ganancias por cristal y cocaína o la droga que reciben y envían hacia la Unión Americana”, reflexionó el integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

La noche del triple homicidio, la PGJE encontró una pistola 9 milímetros a escasos 30 centímetros del cuerpo de Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera” y quien –según los dictámenes periciales—no pudo ni accionar el arma cuando fue atacado sorpresivamente por los matones.

En sus dictámenes, los peritos de la PGJE encontraron en el vehículo de color gris, marca Volkswagen y línea Jetta, recibió más de 100 tiros, lo que en términos de criminalística, representa que “las víctimas fueron prácticamente rociadas de balas” y no tuvieron tiempo ni de correr o protegerse del ataque, porque sus cabezas estaban destrozadas por impactos de rifles de AK-47 y R-15, y donde no fue posible determinar el número de proyectiles que recibió cada uno, salvo dos disparos que pegaron en el tórax del que pretendía ser instalado como el nuevo jefe de la plaza de La Paz, Jesús Enrique Urquiza Portillo “El Ferrari”.

LAS CONEXIONES

La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) actualmente está terminando de integrar la averiguación previa, recolectando testimonios y recabado pruebas para deslindar responsabilidades.

Según un agente de investigación en el caso, “la PGJE pretendía arraigar al único sobreviviente de la balacera, Édgar Amílcar Acosta Reyes El Rayo, quien al momento que fue encontrado herido reconoció ser el jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, y reveló que pagaba una cuota de protección al Subcomisario del Área de Operaciones de la PEP, Fernando Guadalupe Ramírez Martínez, por lo que no se explicaba por qué lo habían atacado”.

Sin embargo, cuando pretendían interrogarlo más y profundizara sobre las relevaciones que hizo cuando estaba convaleciente en torno a sus nexos criminales con la Policía Estatal Preventiva, “El Rayo” se amparó en contra de la Agencia del Ministerio Público en Investigación de Delitos Dolosos, bajo el número de expediente 670/2014 y tuvo que ser liberado casi de inmediato.

Entre sus declaraciones dijo que estaban “arreglados con la Policía Estatal Preventiva y la Policía Estatal Acreditable y a cuyos comandantes pagaban cuotas de 5 mil pesos semanales por dejarlos vender droga y trabajar en La Paz, incluso –explicó— el Subcomisario del Área de Operaciones de la PEP, había ordenado a todos los policías no parar a ningún vehículo de narcomenudistas y solo consumidores para presentar trabajo y cuyo dinero hacían llegar a través del oficial, Fernando de Jesús Estrada Martínez El Mono”.

Las explicaciones del único sobreviviente coinciden con lo sucedido el día del crimen, cuando algunas camionetas de la Policía Estatal Preventiva fueron observadas resguardando el conclave narco en la carretera de Los Planes.

Incluso –y según los reportes recibidos en el C-4— “la Policía Estatal Preventiva casualmente fue la primera en llegar a la escena del crimen y nunca pasó el reporte, hasta que llegaron los agentes de la policía municipal de La Paz, casi 45 minutos después de los hechos”.

“No se sabe qué hacían ahí y tampoco si contaminaron o no la escena del crimen”, dijo el agente de investigación de la PGJE, tras exponer que incluso ese día agentes de la policía municipal de La Paz, se quejaron que los agentes de la Policía Estatal Preventiva, obstruyeron su trabajo porque no dejaban entrar a nadie a la escena del crimen, bajo el argumento de que estaban resguardando el perímetro.
La atracción

El caso del triple crimen, y una vez terminada de integrar la Averiguación Previa LPZ/032/2014, podría ser consignado a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atraiga el caso.

Y es que, según un funcionario de la PGJE, existen en el expediente todos los elementos jurídicos para que el caso salga de su competencia y sea investigación a cargo del gobierno federal. Son los siguientes:

1.- El tipo de armamento utilizado, pistola 9 milímetros y rifles AK-47 y R-15.

2.- La participación de más de tres personas –entre víctimas y victimarios– que está estipulado jurídicamente como delincuencia organizada.

3.- Los muertos eran integrantes del cártel de Sinaloa.

4.- El crimen de un sujeto que estaba relacionado en un delito en Perú y el cual era investigado por la Interpol.

Y es que –según un informe de la Secretaría de Marina—Alberto Montero Lizárraga “El Betillo”, quien fue identificado como escolta del líder de las fuerzas especiales de “El Pantera”, Esteban Espinoza Velázquez, era un operador muy cercano –en su momento— al ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien tenía como encomienda supervisar la logística y trasiego de cocaína de Sudamérica hacia México.

El criminal –de acuerdo al informe— era el encargado de las conexiones con capos de otros países particularmente de Colombia, Perú y Panamá.

La agencia antinarcóticos “DEA” había capturado a “El Betillo” en diciembre de 2009 en el puerto de Ilo, Perú tras haberle seguido la pista a un barco que utilizaba para transportar droga de Sudamérica a México.

La embarcación identificada como “Tláloc” era uno de los 28 buques que –según el informe de la Secretaría de Marina—eran utilizados por el cártel de Sinaloa para el trasiego de cocaína y los cuales llegaban a 8 puertos en México, controlados por la organización criminal.

El informe de inteligencia bajo el título “Red de Vínculos” daba cuenta de las embarcaciones y cómo y de qué manera operaban inclusive. Expuso el nombre de un familiar de “El Betillo” de Jorge Lizárraga Osuna, como la persona que constantemente cambiaba el nombre a las embarcaciones y lograba el abanderamiento, así como los permisos de entrada y salida de los buques de la mafia sinaloense.

La agencia antidrogas “DEA” –entonces— realizó un operativo y tras un mes de monitorear el barco “Tláloc”, logró asestar un golpe y decomisar 3 toneladas de cocaína. El día del operativo iban a bordo Alberto Montero Lizárraga “El Betillo” y los mexicanos Juan Montes de Oca, Salvador Villalobos Luna, Francisco Monroy Linarte, Horacio Velázquez Salas, Jesús Soto Valencia y Raúl Rosales Sáenz.

Después de 5 años de su captura, hoy apareció como escolta de “El Pantera” y murió asesinado. Paradójicamente, en Sinaloa, tenía dos procesos penales abiertos en su contra por crímenes.


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 18 de Agosto del 2014 a las 12:00:00)

ARRECIA NARCOVIOLENCIA EN LA BCS


Pelea por la plaza suma 5 ejecuciones. La última fue junto a una concurrida plaza comercial en La Paz. Gobernador reconoce que hay “reacomodo” de grupos del crimen organizado

La Paz,  Baja California Sur. Doña Francisca López estaba formada en la fila de la caja número 3 de la Comercial Mexicana, conocida como Mega, en la plaza “Punto La Paz”, cuando repentinamente escuchó detonaciones de arma de fuego.

“¿Son disparos?”, preguntó a su hija de 16 años de edad, y quien guardó absoluto silencio, mirando hacia arriba del techo y concentrado su atención en el ruido que provenía del exterior de la tienda.

El silencio de entre 3 y 5 segundos fue eterno, cuando volvió el ruido de las detonaciones. “¡Sí son!”, exclamó todavía confundida la joven en tono nervioso. A un costado, otros consumidores del supermercado, guardaban silencio y hacían esfuerzo por confirmar lo que parecía ser una balacera.

“¡Sí son disparos! ¡Sí son disparos!”, comenzó a gritar una señora con un niño sentado en un carrito de mandado y quien asustada exclamaba: “¡Es afuera! ¡Es afuera!”.

Los clientes del supermercado comenzaron a comentar entre sí:

“¿Es en el estacionamiento?”, preguntó la señora Francisca, pero un joven sin saber a ciencia cierta, respondía: “Parece que sí”. Otra más aseguraba: “Parece como si fuera al lado de la tienda”, y una más, decía: “Pues se escucha muy cerquita”.

La gente estaba alrededor de las 8:57 de la noche del 17 de agosto en el supermercado haciendo compras de última hora para el regreso a clases, y de pronto fueron atrapados por una balacera.

La mayoría estaba nerviosa y preocupada, por eso algunos dejaron sus carritos de mandando estacionados en las cajas y se dirigieron hacía un enorme ventanal que está de frente al estacionamiento para confirmar lo sucedido.

“¡No se ve nada!”, gritó uno de ellos, pero cuando observó detenidamente el escenario entre los cajones del estacionamiento, pudo distinguir finalmente gente agazapada entre los carros. Puertas y cajuelas de vehículos abiertas, carritos de mandados al garete y gente agachada dentro y fuera de vehículos.

El silencio se apoderó de la tienda y de la calle, después de tres ráfagas de fuego que la mayoría de los clientes, escucharon, pero repetidamente una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP), ingresó a toda velocidad por la calle Jazmín en el fraccionamiento de “Los Girasoles” y dobló por la calle Claveles.

La unidad con las torretas prendidas se detuvo y casi enseguida llegaron patrullas de la policía municipal de La Paz y de la Policía Ministerial del Estado.

En cuestión de 10 minutos, la escena del crimen estaba repleta de policías municipales, ministeriales y estatales, así como soldados y marinos y en los alrededores más de 100 curiosos –principalmente los clientes que iban saliendo de la tienda—se conglomeraban en la reja y se subían por una escalinata que daba al segundo nivel y desde donde podía observarse el cuerpo tendido del narcomenudista Gerardo Geraldo Méndez “El Gera”.

LA ÚLTIMA

A sus 41 años de edad Gerardo Geraldo Méndez “El Gera” fue atacado por tres pistoleros.

El occiso –según testigos— había llegado a bordo de un automóvil compacto de color blanco, línea Jetta, modelo 2014, marca Volkswagen y placas de circulación CZL-87-56, y cuando descendía y trataba de ingresar a una casa de seguridad fue sorprendido y perseguido por los sicarios aproximadamente unos 20 metros.

El narcomenudista bajó y dejó abierta la puerta del vehículo para entrar a casa, en el fraccionamiento Los girasoles; al voltear hacia atrás se dio cuenta de que tres personas armadas iban hacia él.

Entonces “El Gera” salió corriendo en dirección hacia el boulevard Colosio, mientras un pistolero con un rifle AK-47 tomó la acera derecha, otro con rifle R-15 se fue a la izquierda y otro más con también R-15 en medio de la calle.

De acuerdo a testigos el primero en disparar el arma fue el sicario del rifle de asalto AK-47, enseguida el que corría en medio de la calle, y el responsable de rematarlo fue el que se desplazó del lado izquierdo.

En la escena del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encontró 27 cartuchos percutidos de calibre 7.62 y más de 20 de 2.23, de los cuales 15 hicieron blanco en la víctima –en el caso del cuerno de chivo– y 12 en el del rifle R-15.
“Eran buenos tiradores”, describió un perito de la PGJE, donde también dos vehículos de vecinos salieron averiados con balazos. Son los siguientes:

1.- Una camioneta de color azul, línea Explorer, marca Ford y placas de circulación 256-PML-7.

2.- Un vehículo de color blanco, línea Jetta, marca Volkswagen, modelo 2012, sin placas de circulación.

La PGJE abrió la averiguación previa LPZ/034/HOM/2014.
La penúltima

Pero el de “El Gera” no fue el único crimen sucedido en un fin de semana violento en La Paz. Un día antes, el 16 de agosto, fue asesinado a tiros el narcomenudista Juan Antonio Herrera Guemez “El Tony”, “El Pelón” o “El Negro”.

La víctima identificada por fuerzas estatales, federales y militares como parte del grupo delictivo que en su momento encabezó el presunto responsable de las 7 narcofosas, Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”, fue asesinado de 13 tiros de pistola 9 milímetros.

De acuerdo con testigos, el occiso iba caminando sobre la calle de Carabineros a un costado del llamado Polideportivo de La Paz, cuando repentinamente dos vehículos le cerraron el paso, a la altura de las calles de Doroteo Avilés y  Juan Ayub en la colonia “3 de Mayo”.

Como todas las noches, “El Tony” caminaba por ese rumbo alrededor de las 11 y media de la noche, cuando una camioneta pick up blanca ingreso por el estacionamiento y casi en seguida un automóvil Camry marca Toyota.

Del primer vehículo se bajó un sicario armado con una pistola 9 milímetros, y cuando Juan Antonio Herrera Guemez sintió peligro, trató de correr avanzando como 15 metros y recibiendo una de las dos detonaciones que inicialmente hizo el pistolero, asentando una en la pantorrilla, por lo que la víctima, giró su cuerpo hasta caer boca arriba al piso.

Enseguida se bajó otro pistolero del automóvil y se dirigió a la víctima haciendo 13 detonaciones más con otra pistola 9 milímetros. Entonces, ambos se subieron y salieron a toda velocidad del escenario hasta desaparecer del sitio.

La víctima todavía se movía cuando, de acuerdo a los testigos, se acercó una señora y trato de reanimarlo. “¡Quítese de ahí señora!”, gritó uno de los curiosos y agregó: “¡No ve que está poniendo sus huellas en el cuerpo del muchacho!”.

La mujer se retiró y comenzaron a llegar policías municipales, estatales, ministeriales y militares.

Uno de los vehículos de los sicarios, un par de horas más tarde, apareció ardiendo en llamas en un arroyo de la colonia “La Fuente”. Se trata del automóvil marca Toyota y línea Camry.

La PGJE abrió entonces la averiguación bajo el número de expediente LPZ/033/HOM/2014.

LA DISPUTA

Sobre los hechos violentos, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, reconoció públicamente que los crímenes de las últimas semanas son “reacomodos” de los grupos criminales en el contexto nacional.

Consideró como “lamentable” la narcoviolencia que preocupa al gobierno del estado y a la propia ciudadanía y donde las balaceras son las mismas que se han estado presentando en otras partes del país.

El gobernante admitió que la ola de asesinatos de las últimas dos semanas –5 en total—es un número fuera de orden, pero expuso que “se está investigando para deslindar responsabilidades contra los culpables”.

A pesar de los crímenes, dijo que “Baja California Sur sigue siendo el destino favorito para vivir”, pues basta considerar las estadísticas de otros estados para ver como estamos comparativamente hablando.

Sin embargo, y según un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, la ola de asesinatos encuadra en la siguiente hipótesis:

1.-  La reacción al asesinato del jefe de seguridad de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Dámaso López Serrano “El Mini Licenciado”, Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, a partir de la traición de “Los Mayitos” y de “Los Chapitos” e integrantes de “Los Ántrax” y “Gente Nueva”, todos del Cártel de Sinaloa.

Y es que, de acuerdo al miembro del grupo interinstitucional, “los últimos dos asesinados están aparentemente relacionados con la triple ejecución de Los Planes y donde están implicados agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial del Estado”.

La intención de la PGJE es que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso a través de la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a fin de que envíen un equipo especial de agentes e investiguen los crímenes y nexos entre narcotraficantes y policías.

La información que traen las fuerzas armadas es que el asesinato de “El Pantera”, derivó de una traición de “Los Mayitos” y “Los Chapitos” hacía Dámaso López Núñez “El Licenciado”, cuando a través de un funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal ya se había pactado la entrega de la plaza y surgieron desacuerdos entre los actuales y los que serían los nuevos líderes del narcomenudeo, lo que detonó en la balacera de Los Planes.

Como era de esperarse –según la información de las fuerzas armadas— el caso fue tomado como una traición tanto de los narcomenudistas, como de los policías y jefes policiacos y quienes ahora pasaron a formar parte de la lista negra de la mafia y ser susceptibles a un ataque armado.

“La SEIDO tendrá que venir a investigar esto y no solo desmantelar a los grupos criminales sino detener a todos los policías y jefes policiacos coludidos con ellos, porque son un peligro para la sociedad, desde luego, siempre y cuando quieran enfriar esto, porque mientras haya policías involucrados los asesinatos van a seguir hasta un punto crítico”, dijo el integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública. En la lista negra en manos de las fuerzas armadas aparecen:
1.- El Comisionado de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Jesús Ragner Torres Moreno.

2.- El Subcomisario del Área de Operaciones de la PEP, Fernando Guadalupe Ramírez Martínez.

3.- El Director General de los Centros de Reinserción Social, Luis Alberto López López.

4.- El Director del C-4, Álvaro Orlando Gerardo Cabanillas.
5.- El Subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Martín Álvarez Savín.

6.- El Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Francisco Martín Güereña Escobar.

7.- El Comandante del Turno Nocturno de la Policía Ministerial del Estado, Juan María Flores Álvarez.

8.- El Comandante David Martínez Castillo “El Tanguera” y los agentes de la PEP, Fernando de Jesús Estrada Martínez “El Mono” y Javier Aurelio Parra Mungaray.

Las dos personas asesinadas entre el 16 y 17 de agosto -y según las investigaciones- “fueron ejecutadas por haber filtrado información de las personas que participaron en los hechos de Los Planes y por haber escondido el armamento usado en el triple homicidio”.


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 26 de Agosto del 2014 a las 12:00:01)

REAPARECE JORGE VERA AYALA


Presentó juicio de amparo en el Distrito Federal en contra de una orden de aprehensión

Jorge Mario Vera Ayala, ahijado y ex jefe de escoltas del empresario Jorge Hank Rhon, presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal en contra de una orden de aprehensión dictada en su agravio.

El hombre que también se desempeñó como comandante de la Dirección de Seguridad Pública de Tijuana durante el mandato de Hank como alcalde, solicitó al juzgador la protección de la justicia federal en contra de cualquier acto privativo de la libertad.

Vera Ayala dice en su escrito que se ha enterado de que podría existir en su contra una orden de aprehensión, localización, detención o presentación y señala como autoridad responsable de ejecutar dicho mandamiento al procurador general de la República, entre otras.

Por el momento se desconoce si la orden de captura reclamada por el quejoso es la misma que se dictó en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco en 2012 por el delito de delincuencia organizada, causa penal en la que su hermano gemelo Jerónimo Javier fue exonerado por una mala integración de la averiguación previa.

El juez de amparo concedió a Jorge Mario la suspensión provisional del acto reclamado a cambio de una caución de 6 mil pesos, pero en una audiencia posterior le fue negada la suspensión definitiva. A su vez, se señaló el próximo 10 de septiembre para la celebración de la audiencia constitucional en la que podría dictarse la sentencia de garantías.

Los hermanos Vera Ayala, son hijos de Antonio Vera Palestina, actualmente preso por ser el homicida material del periodista Héctor Félix Miranda, codirector del semanario ZETA, a quien asesinó en 1988 con armas de fuego propiedad del hipódromo Agua Caliente, de Hank Rhon.


(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/ 25 de Agosto del 2014 a las 17:33:47)

ASESINAN A POLICÍA EN TIJUANA


Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles 27 de agosto, un policía municipal fue asesinado tras un enfrentamiento con un delincuente, quien también falleció al momento de recibir atención médica.

En los hechos, que ocurrieron en la calle del Encino y Calixto Contreras de la colonia Jardín de la delegación San Antonio de los Buenos, también resultó herido un ciudadano.

El policía baleado responde al nombre de Gustavo Cervantes Rangel de 33 años de edad, y con 13 años en la corporación.


De acuerdo a versiones policiacas, Cervantes Rangel bajó de la unidad en la que circulaba para abordar a un sujeto que traía consigo una mochila.

Al intentar hacer la revisión de rutina, el presunto delincuente saca un arma de fuego de la mochila y dispara al oficial, quien responde de la misma forma al ataque.

El municipal muere por un impacto de bala en el abdomen, mientras que el agresor fallece por un disparo en la cabeza.

Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que Cervantes Rangel deja a su esposa y a dos hijos menores de edad, y que el policía estaba contemplado para ser promovido a un mando policial.

Sobre el apoyo a la familia del elemento caído dijo: “Siempre tendrán el apoyo de la corporación. Que quede bien claro el mensaje, se nos va un hermano, nos quitan a un hermano más de las filas, pero que no queda en vano, es una agresión que fue repelida, también el delincuente queda finado”.

Según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la bala que hirió a un tercero en la zona del asesinato, quien se encontraba cambiando la llanta de un automóvil, salió disparada del arma del policía municipal.

Lo anterior, a pesar de que Alejandro Lares, informó a los medios de comunicación que la bala perdida habría sido proyectada de la pistola del agresor.

La fuente de la procuraduría, explicó que cuando la unidad de homicidios llegó al lugar, una de las armas, aparentemente la del policía, fue retirada por elementos de la SSPM con el fin de elaborar el parte policiaco.

Sin embargo, el calibre de ambas pistolas es 9 milímetros, por lo que aún no hay certeza de que arma se trata.

Por lo pronto, para la integración de la investigación correspondiente queda pendiente la declaración del policía que manejaba la unidad involucrada en los hechos, así como la turnación del arma que fue retirada de la escena del crimen.

Más información en la próxima edición impresa.

(SEMANARIO ZETA/ Saúl Alejandro Ramírez/ 27 de Agosto del 2014 a las 13:25:23)

ADMITEN REVISIÓN DE AMPARO A CARO QUINTERO


Magistrado manifiesta impedimento por “manifiesta enemistad” con abogado del capo

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió la impugnación interpuesta por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la negativa de amparo para evitar su extradición a los Estados Unidos.

El recurso de revisión presentado por los abogados del quejoso fue radicado con el número de expediente 199/2014 y pretende revocar el fallo del Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal que el 16 de junio último negó al capo la protección de la justicia federal.

Rafael Caro Quintero cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional dictada el 10 de agosto de 2013, un día después de que obtuvo su libertad del Reclusorio Preventivo de Guadalajara mediante un amparo directo.

La sentencia de 40 años de prisión que pesaba en contra del capo por el secuestro y homicidio del agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fue anulada porque supuestamente no se trataba de un asunto federal, sino del fuero común.

La solicitud de orden de captura para extraditar a Caro Quintero fue formulada por el Ministerio Público Federal y decretada por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal con base en los cargos que tiene el gobierno norteamericano contra el sinaloense por narcotráfico.

En noviembre último, el Departamento de Estado de la unión americana anunció una recompensa de cinco millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto del sinaloense y en diciembre, la INTERPOL lo incluyó en la lista de los 15 fugitivos más relevantes de América Latina y solicitó la ayuda pública para su localización.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el D.F. informó que el pleno que conocerá del juicio de garantías promovido por Rafael Caro Quintero está integrado por los magistrados Luis Núñez Sandoval, Juan José Olvera López y el secretario en funciones de magistrado Mauricio Francisco Vega Carbajo.

Sin embargo, el magistrado Núñez Sandoval, quien funge como presidente del tribunal, al conocer los nombres de los abogados nombrados por el quejoso, manifestó que en dos ocasiones anteriores ha declarado su impedimento para conocer de asuntos por su “manifiesta enemistad” con uno de los litigantes, por lo que expresará su indisposición para intervenir en el caso.



(SEMANARIO ZETA/ Luis Carlos Sáinz Martínez/ 28 de Agosto del 2014 a las 07:57:19)

POLICÍA DE TRANSITO AGREDE A CONDUCTOR EN VILLAHERMOSA, TABASCO

(RIODOCE/SAPITO69/ 28 DE AGOSTO 2014)

LOCALIZAN ESTRANGULADA A MUJER EN HOTEL


En el interior de un cuarto de hotel ubicado en la zona del “Mercadito Buelna”, una joven fue encontrada estrangulada.

La víctima no portaba identificación alguna. Posiblemente el autor del crimen se llevó sus identificaciones oficiales.

De acuerdo a los informes, indican que la joven registró su entrada al hotel alrededor de las dos y media de la tarde del martes, en el inmueble denominado “El Descanso”, ubicado por la calle Miguel Hidalgo, casi esquina con la avenida Almada, en el primer cuadro de la ciudad.

Y fue poco antes de las ocho de la noche cuando su cuerpo fue encontrado sin vida por un empleado del hotel, boca arriba en una cama.

Supuestamente una cámara de video-vigilancia de una tienda captó los momentos en que la joven y un sujeto arribaron a la estancia.


(RIODOCE/ REDACCION/ agosto 27, 2014)

PRIMO DE CARO QUINTERO, NARCO INTERNACIONAL: EU

MATAN A BALAZOS A EMPRESARIO DE TRANSPORTE EN GUADALUPE