lunes, 23 de junio de 2014

NARCOMENUDEO DISPARA ROBOS Y HOMICIDIOS EN BCS


Más de 281 mil dosis de droga han sido incautadas de septiembre del 2012 a la fecha, aunque autoridades confirman que disminuyeron las rencillas entre grupos criminales. El resultado es un incremento de diversos delitos en su mayoría vinculados a la venta de estupefacientes

Desde una grapa de 6 gramos hasta casi 32 mil dosis son los decomisos más recientes del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGEJ), los cuales demuestran la operación del crimen organizado en el estado de Baja California Sur.

Quiérase o no, los narcomenudistas están presentes y sus jefes detrás de la férrea lucha por el control de la venta, distribución y trasiego de droga.

A diferencia del pasado, hoy, los grupos criminales ya no solo se disputan el control del estado, sino de los municipios, delegaciones, colonias, bares y hasta ciertas cuadras de las principales ciudades.

El Subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE), Isaí Arias Famanía, afirma que “la actividad delictiva del crimen organizado logró ser mermada” en los últimos meses, porque después de la captura de Simón Guillermo Hernández Peña “El Simón”, presunto responsable material de 7 narcofosas, disminuyeron las rencillas entre grupos criminales y no se han vuelto a registrar ajustes de cuentas entre células delictivas.

En el discurso de los funcionarios estatales y federales, los cabecillas y los cárteles del narcotráfico, desaparecieron completamente del mapa delictivo, como resultado de una estrategia para minimizar la información relacionada al crimen organizado.

Lo anterior derivado de la estrategia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respecto de aplicar la “Ley Mordaza”, y ocultar la información del clima de inseguridad, evitar exponer nombres de líderes del narcomenudeo y no reconocer la presencia de cárteles, y hablar de una reingeniería que contrasta con la realidad expuesta en los propios boletines de prensa que hablan de resultados de las instituciones sobre el tema de capturas y decomisos de enervantes.

Aunque el estado parece estar en completa calma, todos los días son exhibidos los nombres y fotografías de presuntos narcomenudistas detenidos en posesión de drogas, quienes pasan a formar parte de las estadísticas del combate a la inseguridad.

Arias Famanía dijo que desde agosto del 2012 –cuando el Congreso de la Unión, aprobó una reforma para que las entidades federativas investigaran y resolvieran el delito del narcomenudeo— y hasta la fecha, alrededor de 281 mil 877 dosis de drogas fueron decomisadas en Baja California Sur.

En esta lucha contra el crimen, cayeron 983 narcomenudistas en los tres centros de operaciones estratégicas, localizados en Cabo San Lucas, La Paz y Guerrero Negro, donde se iniciaron 901 averiguaciones previas, resolviendo y consignando 829 y quedando pendientes únicamente 72.

Durante una entrevista con ZETA, reconoció que el combate al narcomenudeo no ha sido fácil porque requiere de operativos diariamente, donde están involucrados todos los cuerpos de seguridad municipales, estatales, ministeriales y federales, así como fuerzas armadas.

Lo más complicado es “el trabajo de inteligencia y poder ubicar físicamente a los vendedores de droga”, pero a pesar de todo “existe coordinación interinstitucional y nos hemos enfocado en atacar los focos rojos y existen resultados en el combate al narcomenudeo”.

Según la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para incurrir en este delito, las personas deben portar las siguientes cantidades de droga:

1.- Más de 500 miligramos de cocaína.

2.- Más de 5 gramos de mariguana.

3.- Más de 40 miligramos de cristal.

4.- Más de 2 gramos de goma de opio.

5.- Más de 50 miligramos de heroína.

LAS DETENCIONES

La captura de mayor relevancia en esta lucha en contra del narcomenudeo fue a principios de febrero pasado en el poblado de El Vizcaíno, cuando, tras detectar células del cártel de “Los Caballeros Templarios”, el Grupo Especial Operativo de la Policía Estatal Preventiva y la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE detuvo a las siguientes personas en múltiples operativos:

1.- Juan Carlos Casillas Ledesma de 24 años, originario de Apatzingán, Michoacán.

2.- Antonio Ledesma Moreno de 32 años, originario de Apatzingán, Michoacán.

3.- Roberto Posada Cruz, de 29 años.

4.- Cruz Everardo López Flores, de 34 años.

5.- Fabián Arce Murillo, de 38 años.

6.- Felipe Ángel Quiñonez López, de 22 años.

7.- Martín Osorio Gálvez, de 22 años.

8.- Santiago León López, de 22 años.

9.- Jonathan Gutiérrez López, de 20 años.

10.- José David Flores Choza, de 25 años.

11.- Erasmo Balandra Hernández, de 32.

Los dos primeros liderados por Henry Froylán Rojas Ramírez “El Zopilote”, considerado el jefe de la plaza de narcomenudeo de esa población, el cual está relacionado con el levantón y ejecución de su antecesor, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”.

El día del crimen, el líder de la banda de “Los michoacanos” estaba acompañado –según testigos— de Jorge Iván Armenta Ponce “El Ivancillo” o “El Pistolero”, mismo que fue el responsable de haber ejecutado al anterior jefe de la plaza y célula del cártel de Los Arellano Félix, y, quien dicho sea de paso, ya fue capturado y se encuentra recluido en el penal de Santa Rosalía.

La banda de “El Zopilote” e integrante de “Los Caballeros Templarios” había iniciado operaciones en diciembre del 2013 en esa zona agrícola, por lo que después del crimen de “El Taquero”, la PGJE comenzó las investigaciones hasta detectar la operaciones del cártel michoacano en el estado.

Después de un arduo trabajo de inteligencia, y de haber detectado plenamente a los cabecillas comenzaron los operativos que terminaron con la captura de la mayoría de los integrantes de la banda de “Los Michoacanos”, y se incautaron pistolas, rifles de asalto, drogas y vehículos. Son los siguientes:

1.- 31 mil 750 dosis de droga.

2.- 3 pistolas calibre 9 mm, 45 y .380.

3.- 3 escopetas semiautomáticas calibre 12, 22 y 30.

4.- 3 armas largas calibre .223.

5.- 2 rifles de asalto Ak-47 calibre 7.62 x 39.

6.- 173 cartuchos útiles de diferentes calibres.

7.- 7 vehículos tipo sedán, pick up y camionetas.

El propio Subprocurador de Investigaciones Especiales, Isaí Arias Famanía, consideró que la banda de “Los Michoacanos” prácticamente quedó desmembrada, y quienes están relacionados con la venta de droga y algunos crímenes, todo derivado de denuncias anónimas y donde reportaban una fuerte actividad ilícita en esa área de la Pacífico norte.

LAS REPERCUSIONES

De acuerdo con el director de la Policía Ministerial del Estado, Francisco Javier Camacho Manríquez, el narcomenudeo últimamente va de la mano de delitos como el robo y los homicidios dolosos.

Sin andarse por las ramas, el funcionario dijo que “la principal causa de la delincuencia en el estado tiene que ver con asuntos de drogas, y lo que evidentemente afecta al seno de cualquier familia”.

La mayoría de los detenidos reconocen en sus declaraciones haber robado por las siguientes razones:

1.- Comprar y consumir drogas.

2.- Los narcomenudistas para reponer dinero que perdieron o gastaron producto de la venta de drogas.

Caso contrario, los narcomenudistas cometen crímenes por la disputa por el territorio o porque algún vendedor traicionó o se niega a pagar deudas de negocios.

Durante una entrevista con ZETA, el jefe policiaco dijo que el narcomenudeo prácticamente ha disparado los delitos de robos y homicidios en el estado, donde después de investigar “casi siempre encontramos indicios de drogas”.

Según la Unidad de Planeación y Política Criminal de la PGJE, los cinco delitos de mayor incidencia en lo que va del año, son los siguientes:

1.- Robo diverso.

2.- Robo a casa habitación.

3.- Daños.

4.- Lesiones.

5.- Violencia intrafamiliar.


En el caso particular del robo con violencia, el año 2012 cerró con 534 casos y el 2013 con 607, es decir 12 por ciento más de un año al otro.

En el caso de los delitos de alto impacto u homicidios dolosos, la cifra de crímenes también está en alza, a pesar de ser el estado con el menor número de casos en comparación con otros  estados.

De acuerdo al comparativo de incidencia delictiva, los “homicidios dolosos” subieron en un 50 por ciento de un año a otro. Éstos son los números:

1.- En el 2012 se cometieron 30 crímenes.

2.- En el 2013 fueron 41.

3.- Lo que va del año suman 14 y todavía faltan 7 meses para cerrar el periodo.

Dentro de las investigaciones ministeriales –en el caso particular del robo— como lo explica el director, Francisco Javier Camacho Manríquez, la policía encontró “el fenómeno de que una parte importante de artículos robados van a parar a chatarreras y casas de empeño, y quienes se han convertido en verdaderos mercados negros de captación de mercancías robadas”.

— ¿En sus investigaciones han encontrado artículos robados en chatarreras y casas de empeño?, preguntó ZETA al jefe policiaco.

“¡Claro que sí! De hecho, hemos recuperado un número importante de artículos robados en las casas de empeño, y a pesar de que muchos de los ladrones ya son identificados por los propios empleados, siguen empeñando los artículos”.

El problema es tan grave que el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ibarra Montoya, presentó en el 2013 un proyecto de decreto para reformar el artículo 320 del Código Penal del Estado y el 148 del Código de Procedimiento Penales, a fin de establecer una pena de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta 100 días de salario mínimo a quien oculte, reciba y adquiera en prenda, objetos que sean producto de robos.

Lo anterior como una manera de inhibir a quienes empeñan o compran artículos de dudosa procedencia.

En el caso de las chatarreras, comúnmente compran y reciben cableado robado, y donde tan solo en el 2013, el ayuntamiento de La Paz, tuvo que reponer 63 kilómetros de cable que fue sustraído de alumbrado público y estaciones de bombeo de agua potable, principalmente.

Los golpes al narcomenudeo

Municipio
Detenidos
AP iniciadas
AP consignadas

Cabo San Lucas
515
481
445

La Paz
382
348
316

Guerrero Negro
86
72
68

Total
983
901
829

Fuente: PGJE

Impacto delictivo en el fuero común

Delito
2012
2013
2014
Homicidios Dolosos
30
41
Van 14
Robo con Violencia
534
607
--


Fuente: PGJE




(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 10 de Junio del 2014 a las 12:00:00)

COMPRAS AMAÑADAS EN LOS CABOS


El director del OOMSAPAS es proveedor de agua embotellada. También están involucrados el oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez; el encargado de Procedimientos, Raúl Ramos Cisneros; y el representante de Contraloría, Osvaldo Missael Castro Rosas, entre otros

Los Cabos, Baja California Sur.- Una denuncia pública presentada el 7 de junio de 2014 por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, en el marco de la celebración del Día de la Libertad y Expresión, exhibió una presunta red de corrupción entre funcionarios municipales dentro del gobierno del alcalde perredista José Antonio Agúndez Montaño.

Surgidos de la vieja escuela del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, los presuntos implicados, encabezados por el director de Comercialización del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos y propietario de la purificadora Water World, S.A. de C.V., Wilfredo García Gaxiola “El Willy”, fueron plenamente identificados con nombres y apellidos durante una investigación de ZETA, resultando ser piezas clave de esta estructura de favores, encubrimiento y recomendaciones que se coludieron para asignar discrecionalmente contratos millonarios por concepto de compra de agua embotellada.

Según documentos en poder de este Semanario, los involucrados son:

* El oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez.
* El encargado de Procedimientos, Raúl Ramos Cisneros.
* El representante de Contraloría, Osvaldo Missael Castro Rosas.
* El director de Comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola, y su hermano Roel, actual representante del Grupo Water World, S.A. de C.V. Así como su sobrino, Jesús Erick Rivera Castro, y su empleado, Julio César Leyva Iribe.

Las evidencias de esta red de corrupción brotaron después de que el líder empresarial cuestionara la autorización de la compra de 514 mil 800 botellas de agua en presentación de 500 mililitros, por aproximadamente 2 millones 509 mil 650 pesos, distribuidas en 21 mil 450 cajas de 24 piezas, a un costo unitario de 117 pesos.

Lo anterior porque en un análisis de la compra, y tras solicitar una cotización en la tienda mayorista City Club, se descubrió que el valor de cada caja era 140 por ciento inferior, ya que cada caja costaba 49 pesos cada una, por lo que -según Castillo- “de haberse adquirido el agua embotellada en ese establecimiento comercial, se hubieran ahorrado un millón 458 mil 600 pesos, lo que bien se puede usar en obra pública, seguridad, alumbrado público, o cualquier otra obra a favor de la comunidad”.

Durante una entrevista con ZETA, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, expuso que la revisión fue solamente en una de las cuatro partidas que se concursaron el 8 de abril de 2014, bajo el número de licitación pública estatal EA-803008998-N03-2014, donde entre otros insumos, se determinó comprar lo siguiente:

* Partida 1: Agua embotellada.
* Partida 2: Papelería y artículos de oficina.
* Partida 3: Material de limpieza.
* Partida 4: Tintas y toners de impresoras.

A decir por el propio empresario, a raíz del descubrimiento iniciaría una investigación para determinar el valor unitario y total del resto de las compras de los insumos licitados, y “meternos a las tripas” para observar y analizar cómo y por dónde se está fugando el dinero de los impuestos que, se supone, debería estarse administrando correctamente; sobre todo ahora que durante la lectura del Tercer Informe de Gobierno, observaron que no había avances en ningún rubro, ya que supuestamente “no había dinero”.

LA COMPRA

A raíz de esa denuncia pública, ZETA abrió una investigación para conocer el nombre del proveedor y, según el acta del fallo, el ganador de la licitación fue Jesús Erick Rivera Castro, quien figura como representante de la purificadora Aqua, que se localiza en la calle Dragonero del fraccionamiento Auroras, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo al documento, en el concurso se registraron únicamente dos proveedores para competir por la adquisición del agua embotellada en el Ayuntamiento de Los Cabos, uno de ellos, Jesús Erick Rivera Castro, y el otro, Julio César Leyva Iribe, representante de la purificadora San José Viejo.

La licitación era para vender un mínimo de 8 mil 580 cajas de botellas de agua en presentación de 500 mililitros, y un máximo de 21 mil 450. Cada caja incluiría 24 piezas.

En base al dictamen, la propuesta ganadora presentó un precio económicamente más razonable de 117 pesos por cada caja, lo que en dinero representa mínimo un millón 3 mil 860 pesos, y un máximo de 2 millones 509 mil 650 pesos.

Aunque hasta aquí todo pareciera normal, durante la revisión del fallo de la licitación, ZETA detectó que el acta del veredicto de la licitación pública estatal no fue firmada por el supuesto dueño de la purificadora Aqua, Jesús Erick Rivera Castro, sino por su presunto representante legal, Roel García Gaxiola, hermano del director de comercialización del OOMSAPAS Los Cabos.

Durante un recorrido, y en la revisión física del presunto domicilio de la purificadora, no se encontró ningún establecimiento, únicamente domicilios particulares, cuyos vecinos expusieron que en ese lugar “no existe” ni nunca ha existido una purificadora de agua.

Por tal razón, este Semanario obtuvo una copia de la licitación pública estatal de un año anterior, a fin de verificar el nombre de los participantes y del ganador del concurso de 2013, determinando que en aquel entonces fue Leyva Iribe, quien registró como domicilio fiscal las calles de Nayarit y Tamaulipas en San José Viejo.

Según el acta del fallo de 2013, en esa ocasión participaron tres concursantes por un contrato de un millón 281 mil 840 pesos:

* Julio César Leyva Iribe, de la purificadora San José Viejo.
* Anamey Leyva Iribe, de purificadora Ana.
* Roel García Gaxiola, de  Water World, S.A. de C.V.

En la revisión y verificación física del domicilio, ZETA detectó que el local del supuesto negocio de Julio César Leyva Iribe era ocupado nada menos que por la purificadora Water World, S.A. de C.V., cuyos trabajadores del OOMSAPAS hacían en ese momento reparaciones justamente afuera del negocio comercial, como se puede apreciar en las fotos que en esta edición se publican.

LOS VÍNCULOS

Durante la investigación, ZETA revisó los antecedentes de los ganadores de la licitación pública estatal de 2013 y 2014, es decir, de Julio César Leyva Iribe y Jesús Erick Rivera Castro, descubriendo que ambos tienen vínculos laborales y familiares con el director de Comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola “El Willy”.

El primero de ellos, según la copia de un boletín de prensa enviado el 21 de septiembre de 2010 por la coordinación de prensa del entonces candidato a presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, resultó ser empleado de Water World, S.A. de C.V.


De igual manera, el escrito precisa que los propietarios de la compañía de agua organizaron y realizaron un encuentro entre sus trabajadores y el entonces candidato, de extracción perredista.

Según el comunicado, el aspirante a la alcaldía agradeció a los dueños de Water World, S.A. de C.V., Wilfredo García Gaxiola y su esposa, Emma Gómez, las facilidades para el encuentro: “Estamos seguros que ganaremos, porque estamos interesados en el bienestar de la gente, dando prioridad a la entrega de los servicios indispensables, certeza a la tenencia de la tierra, una vivienda digna, empleos, facilitadores a la inversión y lo más importante: atención con calidad y calidez humana a todas las personas”.

A nombre de los trabajadores de la que llamaron “La Familia Water World”, el empleado Julio César Leyva Iribe refrendó el respaldo de todos los trabajadores de la compañía a favor del entonces candidato, José Antonio Agúndez Montaño, agradeciendo a su patrón Wilfredo García Gaxiola, por mantener las fuentes de empleo de sus compañeros, pese a la crisis económica.

En el caso del segundo, y según datos recabados por este Semanario, resultó ser sobrino del director de Comercialización del OOMSAPAS de Los Cabos, quien -de acuerdo al organigrama familiar- es hijo del profesor Jesús Rivera y Beatriz Castro Gaxiola, prima del funcionario del organismo de agua potable.

El proveedor Jesús Erick Rivera Castro -cédula profesional 7152694- es un joven que estudió la carrera Técnico en Hospitalidad Turística en el Colegio Nacional de Educación Nacional Técnico, y egresó en 2011.

El 22 de febrero de ese año, los padres del supuesto dueño de la purificadora Aqua, registraron una compañía dedicada a la venta de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, que acorde con su ficha técnica, es proveedora del Ayuntamiento de Los Cabos.

La empresa tiene su domicilio en la calle Baja California, local 1, Colonia El Zacatal de San José del Cabo, en cuya dirección -según el padrón de proveedores de bienes y servicios- casualmente está registrada fiscalmente una sucursal de la purificadora de agua.

Datos recabados por ZETA, tanto en la Secretaría de Economía como en la de Hacienda y Crédito Público, refieren que el principal accionista de Water World, S.A. de C.V. es Wilfredo García Gaxiola, y aparece en la lista de beneficiarios del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, con un crédito de 600 mil pesos entregado en 2004.

Actualmente la compañía cuenta con una matriz localizada en la calle Alta Tensión, Colonia El Zacatal en San José del Cabo, y dispone de otras siete sucursales en San José del Cabo y Cabo San Lucas, en tres de las cuales Roel García Gaxiola aparece como representante legal, y su prima Beatriz Castro Gaxiola en otra.

LAS VIOLACIONES

En la opinión de un abogado consultado por ZETA, el director de Comercialización del OOMSAPAS no solo cometió un delito flagrante, sino todos aquellos que de alguna manera lo favorecieron y lo encubrieron en la asignación de contratos millonarios, a sabiendas de que el proveedor era servidor público, donde tan solo en los contratos de 2013 y 2014, obtuvo ventas por 3 millones 791 mil 490 pesos, por lo que cualquier persona que interponga una denuncia penal al funcionario y a los presuntos implicados, bastaría para actuar en su contra.

El Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado, establece claramente que todo servidor público tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo cargo u comisión, exponiendo en la Fracción XI que debe “… excusarse  de  intervenir  en  cualquier forma en  la atención,  tramitación o resolución de asuntos entre los que  tenga  interés  personal, familiar o de negocios, incluyendo  aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneos  hasta el cuarto grado; para con quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidas personas formen o hayan formado parte, en el ámbito de la administración  pública municipal (…) La limitación de parentesco a que alude la presente disposición se aplicará hasta el segundo grado por consanguinidad,  afinidad o civil en aquellos municipios con población de hasta cincuenta mil habitantes, y hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población mayor a los cincuenta mil y hasta cien mil habitantes; en los  municipios y población mayor de cien mil habitantes, el  presente ordenamiento abarcará hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad, afinidad  o civil…”.

Peor aún, según el Codigo Penal vigente en el Estado, los funcionarios responsables de asignar el contrato, en este caso el Comité de Compras de la Oficialía Mayor, cometieron el delito de incumplimiento de un deber legal, ya que el Artículo 148 expone textualmente que “comete el delito de incumplimiento de un deber legal, cualquier servidor público que incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera”.

Mientras que el Artículo 157 del citado código establece castigo penal a quienes cometan el delito de trafico de influencias, cuando “el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas, o realice cualquier acto jurídico; que produzca algún beneficio económico al propio servidor público, a su cónyuge, concubino o concubina, o para cualquiera de sus parientes en los grados previstos por el Código Civil para el Estado, o para cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Los particulares -en este caso Julio César Leyva Iribe y Jesús Erick Rivera Castro- también incurrieron en un delito, al promover, coadyuvar o beneficiarse del cometido por los funcionarios públicos del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, quienes de presentarse una denuncia penal, tendrán que pagar una multa y con prisión, según el Artículo 165 del Código Penal del Estado.
Las reacciones

El caso de corrupción de inmediato generó reacciones por parte del sector empresarial, sobre todo de los integrantes del Cabildo de Los Cabos, quienes públicamente solicitaron abrir una investigación.

El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Julio Castillo Gómez, requirió de manera formal una investigación y, al cierre de esta edición, había entregado la documentación correspondiente a la Sindicatura del gobierno municipal cabeño, donde se prueba la red de corrupción de los servidores públicos de Agúndez Montaño.
El propio síndico Oswaldo Murillo Martínez, responsable de la Hacienda pública municipal, solicitó por escrito al contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, abrir una investigación, cuyo personal a su cargo -dicho sea de paso- firmó y validó las licitaciones públicas estatales correspondientes a 2013 y 2014. 

Hoy se sabe, el director de comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola “El Willy”, utilizó maliciosamente el nombre de su empleado y de su sobrino para que figuraran públicamente como proveedores del agua embotellada, y así confundir y distraer la atención de que el verdadero proveedor era la compañía del servidor público. Es decir, trianguló las operaciones de compraventa para pasar desapercibido y evitar correr riesgos.

Lo anterior porque el propio funcionario del alcalde José Antonio Agúndez Montaño -y según un trabajador de Oficialía Mayor- “sabía que de figurar Water World, S.A. de C.V. como proveedor directo del ayuntamiento, violentaría la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y el Código Penal Estatal”.

El propio presidente de la Asociación de Promotores y Desarrollos Inmobiliarios de Los Cabos, Francisco Parra Cañedo, expuso que “no es la primera vez que el Ayuntamiento de Los Cabos compra agua embotellada a Water World, S.A. de C.V., ya que desde siempre han sido proveedores del gobierno municipal, por la participación activa del funcionario con el llamado Grupo de Los Cabos, particularmente con los Agúndez”.

Sobre este escándalo de corrupción, el alcalde fue el primero en salir a defender los excesos de sus funcionarios, y justificó: “El proveedor salió de una licitación pública y todo estuvo apegado a la Ley, porque -en su dicho- cumplió con los requisitos técnicos y propuestas económicas establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado”, a pesar de que la purificadora Aqua no tiene local comercial, y tampoco existe físicamente en el domicilio registrado por Jesús Erick Rivera Castro.

Completamente nervioso y titubeante, el alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió a decir a la prensa que la asignación del contrato fue “por una convocatoria abierta y sin entregar el contrato a una empresa en particular, porque en este caso el ganador fue el que presentó la mejor propuesta económica”, aunque dijo desconocer cuántas empresas se registraron en la convocatoria.

Cuestionado sobre la compra de más de medio millón de botellas de agua, externó que tal cantidad “fue determinada en base al número de empleados y funcionarios, y sobre todo a los eventos que se tienen programados durante el ejercicio fiscal de 2014”, lo que equivale a un uso diario de mil 430 botellas de agua, sin tomar en cuenta fines de semana y días festivos.

ZETA solicitó una entrevista con el director comercial del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Los Cabos, Wilfrido García Gaxiola, para que diera su versión de estos hechos; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El agua embotellada

Concepto
Botellas por caja
Número de cajas
Número de botellas
Cantidad de botellas para consumir por día
Precio por compra de botellas
Agua embotellada en presentación de 500 mililitros
24
21,450
514,800
1,430
$2,509,650

Los vínculos laborales y familiares de “Willy”

Nombre
Relación
Roel García Gaxiola
Hermano
Beatriz Castro Gaxiola
Prima
Jesús Rivera
Primo político
Jesús Erick Rivera Castro
Sobrino
Julio César Leyva Iribe
Empleado

-

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 17 de Junio del 2014 a las 12:00:00)

AMPAROS “CHOCOLATE”


Juez y secretario federales son suspendidos ante denuncias de presuntas ilegalidades relacionadas con importadoras de autos usados, a las que concedían protecciones parciales para la internación de vehículos que no cumplían con los requisitos de la Ley correspondiente. Se realiza una revisión en los asuntos del Juzgado Segundo de Distrito y la conexión con empresas importadoras de Mexicali y San Luis Río Colorado, entre éstas, AutomoTres Triple R, S.A. de C.V., entre otras

Más de dos años tuvieron que pasar para que las quejas y denuncias presentadas en contra de dos jueces de distrito y un secretario de Acuerdos, culminaran con la suspensión de los funcionarios judiciales señalados de hacer de la concesión de amparos y suspensiones provisionales, un auténtico negocio.

La suspensión laboral decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es sin goce de sueldo y por el tiempo que dure la investigación administrativa que se realiza desde 2012, cuando asociaciones fabricantes de automóviles y autoridades hacendarias, reportaron las irregularidades que favorecen a por lo menos cinco compañías importadoras de autos usados de Mexicali y San Luis Río Colorado.

Oficialmente, solo el juez Daniel José González Vargas, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y su secretario de Acuerdos, Ricardo Arreola Villanueva, están suspendidos. Sin embargo, se conoce que también José Neals André Nalda, quien fungió como Juez Tercero Federal en la capital de la entidad, está en capilla.

El CJF informó que además de retirar temporalmente a los impartidores de justicia, se ordenó practicar una visita de inspección extraordinaria al órgano de amparo para comprobar si los sospechosos efectivamente concedieron, fuera de la legalidad, suspensiones tanto provisionales como definitivas a las importadoras de autos “chocolate”.

Fue a mediados de 2012 cuando la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que había empresas que se dedicaban a “rentar amparos”. Se dijo que estas importadoras permitían a cualquier persona adquirir un vehículo usado de los Estados Unidos, aun contraviniendo la Ley mexicana, que establece que solo podrán importarse autos hasta con nueve años de antigüedad.

Se detectó que en el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali, se estaban concediendo indiscriminadamente las suspensiones provisionales que permitían el paso de vehículos considerados literalmente como chatarra a suelo mexicano, para internarlos en territorio nacional.

La protección parcial concedida estaba encaminada a evitar que prácticamente todas las administraciones locales jurídicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pudiesen asegurar dichos automotores y actuar en contra de los poseedores. El amparo se tramitaba a nombre de la empresa importadora y se entregaba a quien adquiría el vehículo.

Entre las compañías señaladas en su momento, está Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, S.A. de C.V., con domicilio en Las Américas número 1054, Colonia Sonora, en Mexicali, la cual ha promovido de 2011 a la fecha, más de 50 juicios de amparo indirecto y otro buen número de quejas, inconformidades y recursos de revisión.

El asunto que detonó la investigación es el juicio de garantías 757/2013-I, promovido ante el referido tribunal por la empresa AutomoTres Triple R, S.A. de C.V., en contra de la promulgación de decretos de reformas de diferentes años a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 1981, 1993, 2004, 2007 y recientemente, el 29 de junio de 2012, por el que se modifican las tarifas arancelarias de dicha legislación.

De igual manera, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la visita de inspección ordenada por el Pleno tiene como finalidad verificar y recabar información concerniente a probables irregularidades e inconsistencias relacionadas con los siguientes rubros:

* El trámite de juicios de amparo en los que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

* Aquellas suspensiones concedidas en las que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

* Juicios en los que aparezcan como partes una determinada persona moral dedicada a la importación de vehículos usados y otras personas físicas.

* La remisión dentro del lapso legal de los recursos de revisión y de apelación a Tribunal Colegiado o Tribunal Unitario, según corresponda, relacionados con asuntos de importación de mercancías y casas de apuestas.

* La implementación de controles para llevar una correcta estadística y manejo de expedientes, como parte de la administración del Juzgado en mención.

Durante la visita, la Visitaduría Judicial, órgano auxiliar del CJF, podrá recabar más denuncias o quejas presentadas por abogados, ofendidos o cualquier ciudadano sobre actos que se puedan considerar como ilegales, y la investigación administrativa puede extenderse a cualquier otro servidor público, si de la misma se desprenden elementos presuncionales adicionales.

El suspendido juez Daniel José González Vargas fue cambiado recientemente de adscripción, y antes de esta resolución, se encontraba a cargo del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Villa Aldama, Veracruz.

Se conoce que las irregularidades detectadas hasta ahora en la revisión de las actuaciones del amparo indirecto, consisten en el cambio de criterio del juez federal González Vargas y de su secretario Arreola Villanueva, al negar, primero, la suspensión provisional solicitada por el representante legal de una empresa moral dedicada a la importación de autos usados, y posteriormente, conceder la suspensión definitiva, dejando de aplicar diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contraviniendo varios artículos de la misma Ley de Amparo.

También se detectó un patrón consistente en señalar como autoridades responsables a diversos jueces de la misma entidad, con exclusión del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por actos consistentes en una orden de aprehensión; de tal suerte que este último fuera el que conoció del amparo indirecto, ahora analizado por el órgano de vigilancia.

Sobre esos hechos, el juez González Vargas no hizo pronunciamiento alguno en la resolución provisional del 9 de diciembre de 2013, del juicio promovido por AutomoTres Triple R, S.A. de C.V.

La institución federal se comprometió a revelar a la opinión pública los avances, o bien, el resultado final de la investigación administrativa.

El miércoles 18 de junio de 2014, a las instalaciones del edificio del Poder Judicial Federal de Mexicali llegó un magistrado revisor del CJF. Entre sus actividades incluyeron la aplicación de un cuestionario a todos los empleados del Juzgado II de Distrito, y además, en el resto de Juzgados colocaron un mensaje invitando a posibles quejosos a presentar su denuncia. “Sí andan algunas gentes asustadas”, refirió una empleada de esa instancia federal.

MILES DE DÓLARES, LA GANANCIA

El caso de los amparos que se han otorgado en Mexicali, y que han favorecido a dos empresas dedicadas a la importación de autos, se ha denunciado sistemáticamente desde hace cuatro años. Los loteros afectados calculan que con estos amparos, se han importado 500 mil vehículos anuales por la frontera norte, particularmente en Mexicali y San Luis Rio Colorado.

La medida surgió como respuesta a la emisión de un decreto del Gobierno Federal -presuntamente para proteger la venta de autos nuevos- en diciembre de 2008, y en plena crisis que incrementó las tasas de importación en aproximadamente 400 por ciento.

En respuesta, 60 loteros de autos usados solicitaron amparos, pero solo en cinco casos les fue otorgada la protección de la justicia federal: Grupo Empresarial Yamve, Imex Servicios Aduanales y Grupo Estratégico en Comercio Exterior TJ; Reino Intermediario Única y Estructura Automotriz, las dos últimas, con base en Mexicali.

Según datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Autos, más de 500 mil ingresaron al país en 2010, diariamente cruzaban 200 vehículos, solo por la Aduana de Mexicali.

La situación había sido denunciada públicamente, señalando un evidente tráfico de influencias con ganancias millonarias y, de acuerdo a datos extraoficiales, las importaciones eran operadas por Héctor Pedroza Aguilar, hijo del diputado federal priista en la anterior Legislatura, Héctor Pedroza Jiménez. Esto propició una serie de quejas de los comerciantes de la región, tanto de Tijuana como de Mexicali, ante la evidente desventaja.

“La información que tenemos nosotros, es que vienen a revisión del SAT por el desorden que hay en autos, el desorden con los amparados. Hay mucha evasión de impuestos, hay mucho carro ilegal”, expuso el titular de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Manuel Hurtado, quien profesionalmente se dedica a la venta de autos usados.

“Las autoridades están muy interesadas en llevar acciones para acabar con esto”, refirió el líder de los comerciantes organizados, para después señalar que los carros robados o sin importar, están revueltos con el comercio formal. “El gobierno quiere evitar tanta fuga en el pago de impuestos”, afirmó Hurtado, para agregar que es difícil calcular con exactitud el número de autos que han cruzado por esta frontera, pero “sí es muchísima fuga para el Gobierno Federal y el estatal”. Aparte de la desleal competencia para el comercio organizado.

Por su parte, el abogado José Luis Huape, quien al frente del Colegio de Abogados de Mexicali denunció hace cuatro años una serie de anomalías en la esfera de la justicia federal -favoritismo y coyotaje-, alude al comunicado oficial en el sentido de que no deben de ser tomados como culpables, ya que aún están sujetos a la averiguación administrativa.

“Me preocupa más que la sociedad y la comunidad jurídica de abogados no estemos alerta, parece que no tenemos memoria y que no estemos alerta de que puedan surgir nuevos coyotes o revivir algunos que estaban apaciguados”, dijo el especialista en alusión a la necesaria atención pendiente y el evitar vivir episodios tan lamentables como lo sucedido en 2009, cuando el Colegio de Abogados de Mexicali tuvo que denunciar públicamente las anomalías en las decisiones judiciales.

“Una sociedad que tiene jueces corruptos, es una sociedad que está llamada a vivir un estado de injusticia, un estado de desaliento, un estado de descomposición social”, aseguró el ex presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. “Actualmente, cuando la sociedad sufre de los embates de la delincuencia, sería muy grave sufriéramos también los embates de la corrupción judicial. Debemos estar muy pendientes de que no volvamos a caer en un problema de ese tipo”, concluyó.

MILES DE UNIDADES IMPORTADAS BAJO AMPAROS

La denuncia de corrupción en los amparos otorgados por jueces federales en Baja California a empresas del ramo, se hizo desde hace varios años, según dijo a ZETA el presidente de la CANACO, Gilberto  Leyva Camacho, quien fuera también titular del grupo especializado de autos usados.

Pero “se estima que hasta 2012 habrían podido importar aproximadamente 2 millones de unidades, en tanto que más del 80 por ciento del padrón de unidades importadores en la región, han desaparecido.

 “Se trata de personas muy conocidas que se han hecho ricas a través de los amparos. Se le otorgó dicha protección en contra del decreto que emitiera Felipe Calderón Hinojosa para la internación de unidades para su venta. Nosotros metimos 62 amparos en el grupo organizado, pero nos lo negaron porque no iba la mochada por enfrente, porque los argumentos legales estaban mejor hechos que los que traían los contrarios, a quienes sí les dieron el amparo”.

Leyva complementó: “Lo que estamos esperando es la tercera enmienda. Hasta el momento la Suprema Corte ha dado dos fallos en contra de los amparos, pero con artimañas han seguido operando. Se supone que está por salir la tercera enmienda, donde se eliminarían los amparos, y en diciembre se vencen los decretos de frontera, que son los famosos C2, pero sigue vigente el TLCAN, donde se están importando unidades de acuerdo con el Tratado”.

Según el consultado, mal que bien los jueces tienen razón al negar los amparos, pues el gobierno no está respetando los pactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Cuando se importa la mercancía, se debe respetar el precio a través del valor factura. En todos los casos de la mercancía que se importa, se respeta; menos en los autos. Lógico que un juez debe darle para atrás a un amparo que está violando el TLCAN”, advirtió.

— ¿Qué puede decir en torno a la actuación de los jueces?

“La actuación de los jueces no ha sido muy correcta, ¿por qué? Si meto un amparo mejor que ellos (negocios a los que la autoridad les otorgó el amparo), no se me otorga. Lo que pasa es que si doy dinero, me dan el amparo; si no lo hago, pues no me lo dan. Ahora se encuentran con la actuación de los administradores de las aduanas. Puedes presentar un amparo en Tijuana y, si no traes la bendición, te lo van a bloquear, y operan siempre los mismos amparos” finalizó Leyva Camacho.


(SEMANARIO ZETA/ LUIS CARLOS SÁINZ MARTINEZ/ 23 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 12:00:00)