domingo, 9 de octubre de 2016

PEÑA NIETO Y LA CORRUPCIÓN

En permanente exploración de nuevas formas para acercarse al lector, la columna Estrictamente Personal ha buscado durante más de tres lustros decodificar la toma de decisiones en la política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que operan. Los parámetros técnicos del género no han sido barrera nunca para que en el formato de columna se mezclen otros géneros como el del reportaje y la crónica, con un énfasis permanente en la investigación y en la explicación de los fenómenos que afectan a la sociedad.

1ER. TIEMPO: La casa, lo primero que se barre. Eso de improvisar puede ser un riesgo para un gobernante. Si no tiene claridad sobre un tema y una posición de ventaja, puede ser contraproducente. Eso le pasó al presidente Enrique Peña Nieto cuando, en un evento en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, se apartó del discurso que llevaba escrito y decidió hablar espontáneamente. La síntesis del discurso recordó la línea que utilizó el entonces candidato José López Portillo en la campaña presidencial de 1976: “La solución somos todos”. En este caso, en palabras de Peña Nieto, fue la corrupción somos todos, con lo que reiteró algo dicho desde enero, que el fenómeno es esencialmente cultural. El discurso del Presidente tuvo sus altibajos por una sencilla razón, carece de autoridad moral. Sólo quien nada debe ni teme puede lanzar la primera piedra, señaló en su discurso, pero quien debe y teme, mejor que cuide la lengua. Sobretodo, cuando en sus palabras se olvidó que lo que alimenta la corrupción es la impunidad y que impedirla sí está en sus manos. Un día después del discurso, desde el interior de Los Pinos —leyó bien, desde el interior de Los Pinos— mostraron su molestia con lo que pasa ahí. En la columna anónima de El Universal, “Bajo Reserva“, que muchas veces ha recogido en esta administración lo que le regalan en Los Pinos y Bucareli, publicó que había mucha molestia en la casa presidencial por la forma como Adriana Rivera, cuñada del Presidente, usaba su influencia para que la organización de todos los eventos que realiza el gobierno las hicieran cinco empresas con las que tiene relación. La fuerza de Adriana Rivera en Los Pinos es conocida; hasta vive en una de las cabañas de Los Pinos, que fueron construidas por López Portillo para su madre, pero que nadie, hasta Peña Nieto, había utilizado para la extensión de la familia presidencial. Al día siguiente, en “Bajo Reserva“, se publicó un desmentido de su anterior ítem. Sin embargo, la columna anónima no estaba mal. Cada vez es más amplia la molestia en el círculo íntimo del Presidente sobre la forma cómo los hermanos de la primera dama, Angélica Rivera, transforman esa influencia en beneficios particulares. Lo que trascendió en El Universal no vino de los enemigos declarados del Presidente, sino de los que cerca de él no encontraron mejor forma de llamarle la atención.

2DO. TIEMPO: Otra vez la paja en el ojo ajeno. Las palabras del presidente Enrique Peña Nieto sobre la corrupción como responsabilidad de todos, dejó a más de uno perplejos. El Presidente aún no le puede dar la vuelta a la revelación de la casa blanca, propiedad de su esposa adquirida a través de la inmobiliaria creada para ese único propósito de su amigo Juan Armando Hinojosa Cantú. La primera noticia sobre esa relación se dio cuando Juan Armando Hinojosa García, hijo del empresario nacido en Sinaloa, pero con más de 30 años de trabajo en el estado de México, murió el 28 de julio de 2012 en un accidente de helicóptero cuando viajaba a la capital federal, después de una fiesta en la hermosa hacienda Cantalagua, en Michoacán, propiedad de los empresarios. Ese desarrollo fue hecho por Mayolo R. del Mazo Alcántara, primo del tío del Presidente, Alfredo del Mazo González, quien desde los tiempos mexiquenses ha buscado colarse al círculo íntimo de Peña Nieto —sin éxito, por cierto—. Esa propiedad está ahora bajo la mirada investigadora, porque existe la sospecha de que es una de las propiedades que tiene el Presidente escondidas. No hay documento público que demuestre esa creencia, como tampoco la forma como después de haber estado en la congeladora de la obra pública tras el escándalo de la casa blanca, las empresas de Hinojosa, cuyas nóminas tuvieron que recortarse a la mitad, están recuperando su viejo esplendor. No a nivel federal, donde sigue vetado, sino en el estado de México, donde el último recuento en la industria de la construcción es que le han otorgado cerca de 190 contratos de obra pública a empresas que aunque tienen otros nombres, son de su propiedad. La relación entre Peña Nieto e Hinojosa es tóxica, pero como muchas veces se ha dicho aquí, Peña Nieto es más amigo de sus amigos que sus amigos de él, y las recomendaciones a Hinojosa de vender sus empresas de construcción, se convirtieron en un estímulo para que le siguieran dando obra pública. Percepción, legitimidad y corrupción son tres temas muy distintos, pero cuando no se han terminado de aclarar, como es el caso del Presidente y la casa blanca, o el regreso de Hinojosa a la obra pública, hablar de estos temas en forma tan determinante resultan un bumerán sobre cuyos efectos tendrá que rendir cuentas ahora, o después de terminar su mandato.

3ER. TIEMPO: La corrupción no tiene rasero. La afirmación presidencial de que la corrupción no es patrimonio del gobierno sino abarca a la sociedad entera es correcto, pero tiene un matiz. La corrupción de un funcionario público, nombrado por una persona, como en el caso de Enrique Peña Nieto, que tiene el mandato de tomar decisiones colectivas en nombre de cada mexicano, hace que el delito obligue a una rendición de cuentas y un castigo ejemplar. El gobierno peñista, en este sentido, no ha hecho nada para presumir. Sanciones menores recibió el director de Conagua, David Korenfeld, su amigo y aún visitante asiduo a eventos en Los Pinos, por utilizar el helicóptero de la empresa estatal para fines particulares, y sólo renunció porque la opinión pública lo devoraba. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, fue retirado discretamente de su cargo, pese a las acusaciones de malos manejos en las licitaciones de carreteras. Murrieta también respaldó a Benito Neme, director de Caminos y Puentes, doble compadre de Peña Nieto, para entregarle al grupo de Atlacomulco de Roberto Alcántara, los peajes de las carreteras pese a carecer de experiencia. Neme, a su vez, está acumulando señalamientos de manejos opacos en su dependencia. Luis Enrique Miranda, otro compadre del Presidente, recientemente nombrado secretario de Desarrollo Social, fue de los mexiquenses que llegaron al gobierno federal y en tres años se construyó una mansión en las Lomas de Chapultepec con un valor comercial estimado en 55 millones de pesos. Algunas imputaciones han sido hechas públicas, las consecuencias han sido nulas, en tanto que ni siquiera han acusado recibo o planteado una investigación interna. Los más señalados por la industria, como Murrieta o Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se fueron a su casa y tienen aspiraciones para regresar de alguna forma al servicio público. La lista de personas en el entorno peñista que en lo que va del sexenio han elevado significativamente su nivel de vida sigue creciendo. Ya el Presidente reflexionará algún día si la bonanza exponencial fue tan espontánea como su discurso, o si hay algo débil en su forma de ver la corrupción y después de todo, no es sólo tan cultural como lo cree.


@rivapa


(EJECENTRAL.MX/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/2016-10-05 a las 9.48.37 p.m.)

ITZEL, TRANSEXUAL DE 19 AÑOS, ES ASESINADA A PUÑALADAS, EN SU CASA DE CHIAPAS; VAN 20 EN 2016


El asesinato de Itzel Castellanos, ocurrido en Chiapas, es el segundo registrado contra una integrante de la comunidad transexual en los últimos nueve días. De acuerdo con testigos, dos sujetos agredieron a la joven de 19 años de edad con un arma blanca afuera de su domicilio. El pasado 30 de septiembre, Paola, una sexoservidora de 25 años de edad, residente en la Ciudad de México desde hace ocho años, fue asesinada a tiros cerca de la avenida Insurgentes. Por este crimen un hombre fue detenido; sin embargo, algunos medios de comunicación aseguran que quedó en libertad dos días después por falta de pruebas.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Un joven transexual de 19 años de edad fue asesinado la madrugada de ayer afuera de su casa en Comitán de Domínguez, Chiapas. Itzel Durás Castellanos se convirtió en la segunda víctima de homicidio de esa comunidad en los últimos 9 días y la número 20 en lo que va de este año.

El 30 de septiembre pasado, en la Ciudad de México, Paola, una sexoservidora fue asesinada a tiros cerca de la avenida Insurgentes por un cliente.

Durán Castellanos recibió al menos tres puñaladas a la altura del cuello cuando se encontraba en la puerta de su domicilio en el barrio de Guadalupe de dicha ciudad.

De acuerdo con testigos, Itzel gritó al ser agredida, su cuerpo quedó tendido en el piso y del lugar escaparon al menos dos sujetos. Para cuando arribó el equipo de emergencia de la Cruz Roja, Itzel Castellanos, quien el próximo 11 de noviembre cumpliría 20 años, ya había perdido la vida.

Peritos de la Fiscalía de Distrito Sierra Fronterizo y policías municipales informaron que la puerta del domicilio estaba abierta; sin embargo, no se ha comprobado el robo como móvil del homicidio.

PROTESTAN CONTRA LA VIOLENCIA


El asesinato atroz e impune de Paola, una transexual, deja muy mal parada a la “tolerante” CdMx

Activistas y miembros de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) protestaron esta mañana para exigir justicia por Itzel y Paola, también transexual asesinado a tiros el pasado 30 de septiembre en la Ciudad de México.

Paola, de 25 años de edad, era sexoservidora y residía en la capital del país desde hacer ocho años.

El 30 de septiembre, de acuerdo con testigos, un abordó a Paola entre el cruce de Puente de Alvarado e Insurgentes, una de las avenidas más transitadas de la capital, le ofreció 200 pesos para tener relaciones sexuales y segundos después de hacer avanzar el auto se escucharon varias detonaciones. Las compañeras de Paola, también trabajadoras sexuales, al escuchar los disparos corrieron a someter el sujeto hasta que llegó la policía.

El hombre intentó escapar rompiendo el cristal trasero de la patrulla, pero no pudo hacerlo. Fue trasladado a una agencia del Ministerio Público acusado de homicidio. Sin embargo, algunos medios señalan que el sujeto fue liberado el pasado 2 de octubre por faltas de pruebas.

Los expedientes de Itzel y Paola se suman a los 247 asesinatos de personas transexuales cometidos en México entre 2008 y abril de 2016. El año con más casos registrados en el país es 2012 con 49, mientras en el 2016 la cifra alcanza ya 20 homicidios.

México es el segundo país con más reportes de transexuales asesinados en el mundo, sólo después de Brasil, que contó 845 casos en el mismo periodo. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos con 141.


Reina de belleza gay de Nayarit aparece calcinada en GTO; tenía mes y medio desaparecida


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / OCTUBRE 9, 2016 - 5:39 PM)

MORENA Y PAN EXIGEN QUE GAMBOA ACLARE SUS ASUNTOS CON AMIGOS CONTRATISTAS DEL GOBIERNO


Los coordinadores de bancada de la oposición en la Cámara de Diputados dijeron a SinEmbargo que el martes de la próxima semana presentarán y apoyarán puntos de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Nación (ASN) investiguen a fondo los nexos entre Emilio Gamboa Patrón, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el empresario Jesús Alfredo Miguel Afif, dueño de helicóptero que aterrizó, con el legislador a bordo, en la Isla Alacranes, Yucatán el domingo pasado.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) preparan puntos de acuerdo que serán presentados el próximo martes en el pleno de la Cámara de Diputados, para exigir una investigación en torno a los posibles conflictos de interés entre Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor en el Senado de la República, y los empresarios involucrados en el aterrizaje ilegal en un área natural protegida.

Mientras que los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC) afirmaron que apoyarán las iniciativas que propongan investigar los contratos otorgados a las empresas del dueño del helicóptero y a Grupo Dicas, pues su presidente, Emilio Díaz, también iba a bordo junto con el funcionario Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puerto y Marina Mercante.

“El martes vamos a presentar un punto de acuerdo porque, independientemente de que aterrizó en un área natural protegida, es el tráfico de influencias de políticos y empresarios; donde muchas veces los políticos usan a estos empresarios de fachadas para que actúen como presta nombres y socios”, dijo Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La legisladora precisó que Morena solicitará a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Nación investigar si el Senador está involucrado en tráfico de influencias con los empresarios, y si las empresas recibieron contratos a modo, sin licitación.



Los 3 amigos: Un petrolero, un Senador y un burócrata que “no tiene bienes”

Hoy, la Unidad de Datos de SinEmbargo publicó que dos de las empresas del dueño del helicóptero en donde viajaba Gamboa Patrón-quien recibió una multa de dos millones de pesos por el aterrizaje de la aeronave propiedad de la compañía Heliservicio, S.A. de C.V – ha obtenido en 10 años contratos por 6 mil 847 millones a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener), Pemex Exploración y Producción y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT ).

Además, Francisco Javier García Bejos, recién nombrado Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es sobrino de Jesús Alfredo Miguel Afif.

Marko Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, adelantó en entrevista que los panistas también presentarán un punto de acuerdo el próximo martes, donde solicitarán que se investigue si existe otro tipo de responsabilidad, además de aterrizar en un lugar prohibido.

“No tiene de malo que tengas cualquier tipo de amistad, lo que sí tiene de malo es que se aproveche un cargo público para tener un beneficio personal, cuando se están beneficiando a empresas con contratos millonarios como el caso de La Casa Blanca. Debe realizarse una investigación a fondo de qué fue lo que pasó y sancionarse a quienes tengan responsabilidad”, explicó.

La Diputada panista Margarita Alemán Olvera, miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, agregó que la bancada del PAN exigirá que se investigue al proveedor y los contratos que tiene con el Gobierno federal.

“Vamos a pedir que se realicen las investigaciones y se sancione al funcionario y al proveedor”, dijo.

PRD Y MC SE SUMARÁN A LOS PUNTOS DE ACUERDO

Los coordinadores de las bancadas del PRD y MC confirmaron a SinEmbargo que apoyarán los puntos de acuerdo que presenten las otras bancadas opositoras; si se trata de exigir una investigación a fondo en el caso Emilio Gamboa y el aterrizaje en Yucatán.


El amigo del helicóptero obtuvo, con dos empresas y en una década, 6,847 mdp en contratos

Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que la información que se ha publicado durante la última semana, lleva a la “necesidad de escarbar el asunto”.

“Estamos notando que hay conflicto de interés y que no se trata de un aventón que se le dio a alguien: se trata de un conjunto de vínculos de una familia que está utilizando los recursos de otros con quienes se mantienen relaciones de construcción de obra”, explicó.

Martínez Neri precisó que la Auditoría Superior de la Federación debe investigar, porque se trata de un asunto de “salud pública” con “visos de corrupción”.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, dijo que lo sucedido el domingo pasado en Yucatán es un claro caso de abuso de autoridad por parte de Emilio Gamboa.

“Es justo lo que reprueban los ciudadanos de los políticos que, haciendo gala de su fuero, tengan comportamientos de este tipo. La Función Pública tiene que esclarecer si hay algún tipo de vínculo o de favoritismo a estos empresarios. Necesita investigarse cuáles son sus contratos, y si fueron asignados de forma transparente”, consideró.

Para el legislador se debe investigar tráfico de influencias, por lo que afirmó, el partido MC apoyará los puntos de acuerdo que presenten otras bancadas.



El tío, dueño del helicóptero. Él, Subsecretario y además, la familia es contratista


(SIN EMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL / OCTUBRE 9, 2016 - 7:11 PM)

HALLAN 6 CUERPOS EMBOLSADOS Y QUEMADOS EN VERACRUZ; 3 SON DE ESTUDIANTES DESAPARECIDOS


VERACRUZ, Ver. (proceso.com.mx).- Seis cuerpos desmembrados, quemados con ácido y algunos de ellos decapitados fueron arrojados sobre un predio en el municipio de Camarón de Tejeda, a unos 30 kilómetros del Puerto de Veracruz.

El macabro hallazgo fue reportado por vecinos, quienes dieron cuenta de que en un paraje vecinal había bolsas negras que despedían olores fétidos en el tramo que conduce a las comunidades Mata de Agua-Mira Lejos, en el municipio de Camarón de Tejeda.

Sobre la tarde de este sábado, fuentes de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales confirmaron que entre los seis cuerpos ya se identificó a Octavio García Baruch, Génesis Deyanira Urrutia Ramírez y Leobardo Arroyo, desaparecidos hace diez días en el Puerto de Veracruz y a quienes elementos de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública buscaban con insistencia, por la presión de sus familiares, la comunidad universitaria y la opinión pública.

En la dirección de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado hay total hermetismo del hecho, mientras reporteros de la nota roja se mantienen afuera a la espera de noticias, por parte de los familiares de los jóvenes desaparecidos.

En un escueto comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que dese el primer momento en que tuvo conocimiento de la desaparición de los cuatro jóvenes ocurrida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el día jueves 29 de septiembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó al Fiscal General del Estado que en facultad de sus atribuciones, se investigaran con prontitud estos hechos.

“Las indagatorias que hasta este momento ha realizado el órgano autónomo señalan como la principal línea de investigación la participación de la delincuencia organizada en este hecho”, dijo.

La Fiscalía precisó que ya dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice sus propias investigaciones y diligencias para dar con los responsables.

Por la desaparición de Génesis Deyanira Urrutia, catedráticos y universitarios protestaron el pasado lunes afuera de la Facultad de Ciencias de la Comunicación exigiendo la aparición con vida de la joven y pidiendo un cese a la ola de violencia.

De forma paralela, dos cuerpos más fueron embolsados y arrojados a la carretera en el municipio de Emiliano Zapata, los restos de las personas no identificadas fueron enviados al Servicio Médico Forense de Xalapa.

Más tarde, la FGE envió otro despacho informativo para consignar que los padres de los jóvenes fueron asistidos por personal psicológico de la dependencia y de la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito, quienes les hicieron acompañamiento para la identificación de los restos de los tres jóvenes.


(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA/ 8 OCTUBRE, 2016)

AL SERVICIO DE WASHINGTON… Y DEL CÁRTEL DEL MILENIO


Se codeaba con algunos de los panistas más prominentes de México mientras blanqueaba capitales para el Cártel del Milenio. Marco Antonio Delgado, además, era informante de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense y novio de Lilian de la Concha, ex esposa de Vicente Fox. Su historia –según se desprende de los documentos de una Corte de Texas donde fue juzgado– muestra incluso la hipocresía del sistema de informantes en Estados Unidos, que le permitió a Delgado seguir con sus actividades ilegales hasta que dejó de necesitarlo.

EL PASO, TEXAS (Proceso).- La historia oculta del abogado mexicoestadunidense Marco Antonio Delgado quedó expuesta durante el juicio en su contra que se realizó en una Corte federal en Texas: al tiempo que mantenía una relación amorosa con Lilián de la Concha –exesposa del otrora presidente de México Vicente Fox–, lavaba millones de dólares de procedencia ilícita, mantenía contactos con el Cártel del Milenio y era informante de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Más aún: el ICE le permitió seguir con el lavado de dinero durante el tiempo en que fue su informante: de septiembre de 2007 a julio de 2008, según los documentos del juicio consultados por el reportero.

En enero de 2014 una Corte federal en El Paso declaró a Delgado culpable de lavar 600 millones de dólares (equivalentes a 9 mil 600 millones de pesos, al cambio de la época) y lo sentenció a 20 años de cárcel. Pero Delgado apeló la sentencia en la Quinta Corte del Circuito de Apelaciones y en mayo de 2015 consiguió una reducción de cuatro años.

Delgado enfrenta otro juicio por lavado de dinero no relacionado con los anteriores. En este nuevo juicio –que se inició el pasado 12 de septiembre– la fiscalía acusa a Delgado de haber negociado como representante legal de FGG Enterprises Inc., un contrato de 121 millones de dólares con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El contrato era para adquirir e instalar equipo en la planta de energía de Agua Prieta II, ubicada en Sonora, y fue el instrumento que supuestamente Delgado utilizó en forma ilegal para depositar dinero en una cuenta bancaria en las Islas Turcas y Caicos.

“EL CHICO”

Víctor Pimentel tenía 29 años y era un estudiante de la Universidad de Texas, en El Paso. El 5 de septiembre de 2007 fue detenido por la policía de Atlanta sobre la carretera interestatal 10. Conducía un automóvil con placas de México. Fue conminado a frenarse por David Elliot, policía del condado de Carroll.

Elliot le pidió a Pimentel su licencia de conducir y éste se puso nervioso. En lugar de dar el documento solicitado, extrajo la fotografía de su hija de dos meses y se la mostró al agente. De acuerdo con el testimonio de Elliot ante la Corte, Pimentel estaba “literalmente temblando” y no tardó mucho en contarle espontáneamente que llevaba casi 1 millón de dólares en el asiento trasero: iban en varios morrales de lana gruesa y empacados en bolsitas herméticas para guardar comida. Tampoco pasó mucho tiempo para que un grupo de investigación de lavado de dinero del ICE le ofreciera a Pimentel un buen regaderazo, un sabroso desayuno y lo cortejara para que aceptara ser su informante.

Pimentel era la mano derecha de Delgado y fue el principal testigo en contra de éste durante el juicio que se celebró en Texas.

El joven tenía un título profesional falso comprado por Delgado en la conocida Plaza de Santo Domingo, en el Centro de la Ciudad de México. Y aunque Pimentel ya se había reunido con representantes de alto nivel del narcotráfico e inclusive había engañado a varios inversionistas y letrados en el sentido de que él mismo era un litigante, aquel día crucial en que lo detuvo Elliot, no representó su mejor papel como para poder embaucar a un policía y sacar adelante una importante operación de lavado de dinero.

Los agentes del ICE se referían a Pimentel como El Chico, porque era “muy, muy joven… y muy ingenuo”, explicó en la Corte durante su testimonio el agente encubierto del ICE en Atlanta Alex Ascencio.

UN INMIGRANTE EXITOSO

La de Delgado era la historia de un inmigrante exitoso. Originario de la Ciudad de México, emigró a Estados cuando tenía 16 años. Estudió leyes en la Universidad Carnegie Mellon. En marzo de 2005 inició su carrera como abogado independiente y estableció sus oficinas tanto en El Paso como en la Ciudad de México. También fungió como miembro del consejo de administración de su alma máter. Era un reconocido filántropo que reunía fondos para dar becas a estudiantes latinos.

Delgado también era asesor de la ex gobernadora de Texas Ann Richards. De acuerdo con el propio Delgado, también daba consultorías a funcionarios públicos de México, incluyendo –en 2012– al equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, según se lee en el currículum que Delgado entregó a la Universidad Carnegie Mellon y que aparece en su página en internet. Ken Walters, vocero de la universidad, confirmó a CBS News que Delgado proporcionó dicha biografía, en la que se asentaba que solicitó un “periodo de ausencia” para colaborar con el presidente electo mexicano. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México, negó a CBS News dicho vínculo. Contactado al respecto, el gobierno de Peña Nieto no dio al reportero ninguna respuesta.

Unos años antes, en 2002, la vida de Delgado había cambiado drásticamente: conoció a Lilián de la Concha, la primera esposa del expresidente Vicente Fox. Testigos jurados ante la Corte aseveraron que De la Concha fue presentada a Delgado por Nareo Vargas, entonces uno de los líderes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Delgado conocía a Vargas desde que eran niños.

Debido a que De la Concha estaba bien conectada con miembros prominentes del Partido Acción Nacional (PAN), Delgado tuvo oportunidad de tratar a varios de ellos. Así conoció, por ejemplo, a Felipe Calderón. De hecho, Calderón, Delgado y De la Concha aparecen juntos en una fotografía tomada en septiembre de 2006, cuando el primero era presidente electo de México. Tal dato aparece en el expediente Government Exhibit 8ª, Documento 121, del caso 3:12-cr-02106, que forma parte del juicio contra Delgado.

Más adelante, tal y como se reveló en un correo electrónico citado durante el juicio, De la Concha escribió al exgobernador de Jalisco, antiguo miembro del gabinete de Calderón y en ese momento embajador en España, Francisco Ramírez Acuña, y a otro “prominente miembro” del PAN (del cual no se proporcionó su nombre) y trató de convencerlos de que “contrataran” a Delgado para realizar “labores de cabildeo” en Washington, D.C. (Documento 122, del caso 3:12-cr-02106).

COMO HERMANOS

De acuerdo con testimonios ofrecidos ante la Corte de Texas, Delgado y De la Concha presuntamente diseñaron planes para retrasar la extradición de prominentes capos del narcotráfico, así como para lavar cientos de millones de dólares en ganancias derivadas del comercio de drogas. Los documentos de la Corte y los testimonios presentados tanto por el equipo de defensores de Delgado como por los fiscales no mencionan los nombres de los narcos a quienes presuntamente querían proteger.

Supuestamente, la persona de más confianza de Delgado para llevar a cabo estos planes era Pimentel. Delgado lo utilizaba para, presuntamente, encubrir su culpabilidad y concretar el lavado de dinero. Su relación fue descrita en la Corte como la de un hermano mayor con uno menor.

Durante su relación de negocios y amistad –y según lo asentado en el juicio– Delgado invitó a Pimentel durante un feriado de Acción de Gracias a una lujosa estación de esquí en Ruidoso, Nuevo México; lo llevó con él a sus “frecuentes reuniones” con representantes de cárteles y lo envió en vuelos comerciales y privados a paraísos fiscales, como las Islas Turcas y Caicos, al norte de Cuba. Ahí fue donde Delgado y Pimentel hicieron depósitos para lavar dinero en bancos que estaban protegidos de la supervisión.

Pimentel describió esta etapa como un “periodo de exploración”. Para él dichas ­reuniones eran similares a unas entrevistas profesionales de trabajo y confesó que estaba impresionado con el alto nivel de la gente de los cárteles con la que estaba tratando. Pero ese lapso se alargaba y ello lo ponía nervioso, dijo. Delgado lo tranquilizó: le aseguró que en cuanto lograran el “acuerdo” para lavar dinero todo saldría bien.

Según el testimonio de Pimentel (documento 121 del caso 3:12-cr-02106), no se estableció ningún vínculo directo con el Cártel del Milenio sino hasta que concluyó el “periodo de exploración”. Ello ocurrió en la primavera de 2007, cuando Delgado y Pimentel se encontraron con uno de los capos del Cártel del Milenio conocido como El Chuy (su nombre real nunca se reveló durante el juicio). En esa reunión supuestamente también estuvieron un primo de Pimentel –Is­aac Ochoa, Inclán, o El Ready– y varios de los socios de negocios de De la Concha. La reunión, se lee, se llevó a cabo en un hotel Camino Real de la Ciudad de México.

ENTREGAS CONTROLADAS

Después de que a Pimentel le decomisaron el dinero que llevaba en el asiento trasero de su auto, el ICE lo reclutó como informante. Los investigadores encargados de dar seguimiento al lavado de dinero no estaban demasiado impresionados con El Chico y querían llegar hasta Delgado. Gracias a Pimentel pudieron hacerlo.

“A la siguiente tarde abordamos un avión. Mi compañero de la policía, un par de agentes de inteligencia de Seguridad Interior, agentes de aduanas del ICE y yo mismo cargamos con el dinero. Lo llevamos a El Paso y pusimos en marcha los procedimientos para hacer una ‘entrega controlada’”, explicó Elliot en su testimonio ante la Corte, en referencia a que devolvieron el dinero a Pimentel para que éste siguiera con el plan de llevarlo a Delgado y juntos entregarlo al Cártel del Milenio.

Con un helicóptero que los monitoreaba desde el cielo, Pimentel, acompañado de Delgado, condujo por la calle Mesa, la principal de El Paso, como si continuara moviendo el dinero. Era el 7 de septiembre de 2007, apenas unos días después de la detención de Pimentel en Atlanta, de la que Delgado todavía no sabía nada. El plan era cruzar hacia México con el dinero y hacer que éste llegara a Colima, la sede del Cártel del Milenio.

Cuando Pimentel entregó el dinero, los agentes del ICE los interceptaron, Delgado se mostró tan nervioso como antes lo estuvo su empleado en Atlanta y muy pronto se encontró también en las oficinas del ICE en El Paso. Sin que a nadie le causara sorpresa, Delgado también aceptó convertirse en informante.

Sin embargo, los agentes se quejaron de Delgado. Decían que tenía una personalidad engreída. Las cosas se pusieron peor cuando se dieron cuenta que la “cobertura” de Delgado no daba resultados.

En su testimonio ante la Corte (documento 123 del caso 3:12-cr-02106), Ascencio dijo que las investigaciones “no iban a ninguna parte” y sintió que su vida y la de sus colegas estaba en peligro a causa de Delgado. Comenta que lo máximo que éste logró fue ayudar a que hubiera una reunión entre Ascencio y varios hombres fuertes del Cártel del Milenio en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, en octubre de 2007. A dicha junta asistió un hombre llamado Isidro Vega, a quien Ascencio identificó como “primo del Chuy” (un capo) y el “brazo” de éste en Estados Unidos.

Pero apenas unas semanas después del encuentro en McAllen, el contacto de Ascencio con Isidro “se esfumó”. Ascencio, siempre según la indagatoria, empezó a ignorar los subsecuentes intentos de Delgado por contactarlo. Durante este tiempo en que era informante del ICE, Delgado continuó lavando dinero.

Durante una sesión del juicio, la fiscal Debra Kanof miró a Ascencio directamente a los ojos y le preguntó: “¿Es común que un informante continúe con su conducta ilegal y no les informe sobre ello?”.

Sin parpadear, dos veces Ascencio contestó: “Sí”.

Kanof volvió a preguntar: “Es muy común, ¿no es cierto?”.

Ascencio afirmó de nuevo.

A pesar de estas revelaciones, ninguna acción legal fue emprendida contra Delgado, hasta que en julio de 2008 Pimentel alertó al ICE de una entrega de dinero en Chicago. Se trataba de una segunda “entrega controlada” organizada por el ICE, pero no “autorizada” por la dependencia: esto significa que fue emprendida no para proteger a Delgado como informante encubierto, sino para recolectar evidencias en su contra, las cuales fueron clave en su posterior procesamiento.

A los agentes no les gustaba Delgado y su cooperación no los había llevado a ninguna parte, así que ahora querían atraparlo… y lo hicieron.

Antes de la entrega, Delgado trató de comunicarse con Ascencio, quien admitió en su testimonio que pulsó en su celular “ignorar” cada vez que Delgado le marcaba. Delgado le dijo a Pimentel que la entrega había sido aprobada por el ICE, pero éste testificó que él sabía lo contrario.

La “entrega controlada” de Pimentel casi falló por completo cuando el contacto del cártel que tenía Delgado percibió correctamente que los agentes de la ley lo estaban monitoreando. El hombre que debía recibir el dinero, identificado como Martell, aventó al suelo una bolsa con 50 mil dólares, corrió del lugar, subió a una camioneta y trató de huir. Los agentes lo arrestaron poco tiempo después. Pero ahora los agentes ya contaban con la evidencia que querían contra Delgado, y la entrega “no autorizada” de Chicago se convirtió en la pieza clave que lo conduciría a su sentencia.

NUEVO JUICIO

Para Ken Rijock –abogado que lavó millones de dólares para la mafia colombiana y autor del libro autobiográfico The Laundry man– hay una serie de lecciones y reflexiones que pueden derivarse del caso Delgado. Este caso “expone el pequeño y sucio submundo de la aplicación de la ley, porque no fue otra cosa que una vergüenza que Delgado haya sido exitosamente procesado por lavar al margen significativas sumas de dinero, al mismo tiempo que era un informante confidencial del gobierno”, dice Rijock a Proceso.

Él asienta que Delgado “no sólo era un abogado local, sino que tenía conexiones internacionales”, en referencia a que tuvo acceso a la familia del presidente Fox y al PAN cuando éste era el partido gobernante. Considera que el nuevo juicio que se iniciará este mes contra Delgado expondrá “otras conexiones con México, porque involucra el financiamiento de una compañía mayor del servicio público (la CFE)”.

En cuanto al futuro de Delgado, este segundo proceso judicial en su contra involucra acusaciones de lavado de dinero por decenas de millones de dólares. Si concluye en sentencia, podría pasar en prisión más de 20 años. Sin embargo, tomando en cuenta potenciales reducciones de tiempo por “buena conducta” y la apelación que ganó, así como una posible defensa exitosa en este nuevo juicio, Delgado podría salir de la cárcel en apenas seis años.

 (Traducción: Lucía Luna).


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  ANDREW KENNIS/       9 OCTUBRE, 2016)

EJECUTAN A SEIS PERSONAS EN MICHOACÁN


APATZINGÁN, Mich. (proceso.com.mx).- Pese a la presencia de más de mil elementos de las fuerzas armadas enviadas para prevenir el delito, seis personas fueron ejecutadas en las últimas horas en Parácuaro y Apatzingán.

En el primer caso, tres hombres ejecutados fueron encontrados este domingo dentro de una camioneta abandonada, reportaron las autoridades.

El hallazgo se realizó en la comunidad de Antúnez, en Tierra Caliente; versiones preliminares indican que las víctimas son originarias de Los Pozos y Las Crucitas.

Habitantes de Antúnez reportaron a la guardia de la Policía Michoacán que debajo de un puente vial había una camioneta Toyota Tacoma, color verde, placas, MU-2859-F de esta entidad y en su caja estaban los cuerpos de tres hombres.

Los cadáveres estaban apilados en la caja de carga del vehículo, por lo que policías acordonaron el área y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía para que iniciaran las investigaciones.

Elementos de la Fiscalía procedieron a dar fe del levantamiento de los cuerpos que estaban maniatados, vendados y con huellas evidentes de tortura.

Posteriormente se ordenó que los cadáveres fueran enviados al Servicio Médico Forense para que se les practicara la necropsia de ley.

Vecinos del lugar afirmaron que la camioneta fue dejada desde la madrugada y se presume que una de las víctimas es de la comunidad de Los Pozos y el otro de Las Crucitas, ambas de este municipio, sin embargo serán las autoridades quienes confirmen esa versión.

En otro caso, en el centro de Apatzingán, en la calle Cayetano Andrade, fue ejecutado un ciclista.


Ciclista asesinado en Apatzingán. Foto: Especial

Más tarde en la calle Constitución de 1814, en la colonia Leandro Valle, otra persona fue encontrada sin vida y con un narcoletrero del que se desconoce su contenido.

En la calle de Benito Juárez, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a otra persona.

Las tres víctimas permanecen sin identificar y de los hechos tomó conocimiento la autoridad judicial.

Estos crímenes ocurrieron a pesar de la vigilancia de más de mil elementos del Ejército Mexicano, Armada de México, Policía Federal, Policía Michoacán y Policía Ministerial que llegaron esta semana.

(PROCESO / FRANCISCO CASTELLANOS J./9 OCTUBRE, 2016)

MASACRES DE SAN FERNANDO Y ALLENDE: DOBLE TRAGEDIA DE COMPLICIDADES Y OMISIONES



CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas ocurrida en 2010 y la de un número indeterminado de personas en Allende, Coahuila en 2011, dejaron al descubierto complicidades, omisiones y la precariedad de investigaciones que implican lo mismo a los tres órdenes de gobierno que a los órganos garantes de los derechos humanos y la transparencia.

Por la dimensión de los hechos y por formar parte de una actuación sistemática con características equiparables a lo estipulado en el derecho penal internacional, los asesinatos y desapariciones que en esos lugares perpetró la organización criminal de Los Zetas, podría establecerse la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior se documentó en la primera fase de un informe intitulado “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, coordinado por el investigador Sergio Aguayo, que en los últimos meses integró partes oficiales, investigaciones periodísticas y procesó datos estadísticos, con los que muestra que las tragedias referidas son apenas una parte de la espiral de violencia en que se vio inmerso el noreste mexicano durante el enfrentamiento del Cártel del Golfo y Los Zetas.

El mencionado informe es producto de un convenio de colaboración entre El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo objetivo es investigar el trato y la reparación del daño proporcionado por el Estado mexicano en sus diferentes instituciones, a las masacres emblemáticas de esos años en Tamaulipas y Coahuila.

En síntesis, el documento concluye que “el Estado Mexicano no ha hecho su tarea” en tanto no visibiliza la problemática en sentido amplio, carece de eficiencia en la procuración de justicia y no sólo abandonó a las víctimas sino que inclusive, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las han hostilizado.

El proyecto fue desarrollado por los investigadores Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi, que además contaron con un consejo asesor integrado por Mariclaire Acosta Urquidi, Rubén Aguilar Valenzuela, Javier Sicilia Zardain y Juan Villoro Ruiz.


Traslado de los restos encontrados en San Fernando, Tamaulipas. Foto: Benjamín Flores

Para los redactores del informe, las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Tres serían los principales: el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas iniciada en enero del 2010, y finalmente, la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias.

Y es que, a lo largo de 365 páginas, divididas en un documento central y ocho anexos, los investigadores no dejan a salvo la participación de ninguna de las instancias gubernamentales:

En primer lugar, documentan ampliamente la descomposición del orden municipal que en los dos casos tenían policías absolutamente cooptadas por la organización criminal de Los Zetas. Los gobernadores en funciones cuando ocurrieron los hechos, Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas y, Jorge Juan Torres López, de Coahuila, minimizaron lo ocurrido y no actuaron o lo hicieron mal.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en numerosas anomalías en el caso de San Fernando, mientras que decidió no atraer el caso de Allende.

Por si fuera poco, la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su intento por mantener el expediente de San Fernando en la opacidad han litigado contra las víctimas que interpusieron un amparo cuya consecuencia fue que, en el caso de la CNDH, se enviara a personal a intimidar a las familias.

De la suma de lo anterior, viene el nombre del informe y su primera conclusión:

“Es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”.

LA MASACRE DE SAN FERNANDO

Con la información recopilada en el informe, en buena medida mediante la combinación de las recomendaciones que por el caso hizo la CNDH, así como por trabajos periodísticos –señaladamente los de Marcela Turati, en Proceso–, el documento deja al descubierto el manejo turbio de la investigación, por lo que persisten dudas e imprecisiones.

Un ejemplo contundente: entre los registros de la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET), hay diferencia en cuanto al género de las víctimas localizadas en San Fernando, municipio que por pura estadística “puede asegurarse era en 2010 un campo de exterminio”.

Luego de hacer una balance sobre la historia del Cártel del Golfo y el surgimiento de Los Zetas, así como del proceso de violencia detonado a partir de la declaración de guerra al narco de Felipe Calderón y más aún, del rompimiento entre los dos grupos delictivos mencionados, entre otros datos de contexto, el informe plantea las omisiones e incumplimiento del Estado mexicano en el caso:

A seis años de los hechos aún no se esclarecen, no todos los responsables están identificados; procesados ni sancionados; las víctimas y sus familias no han recibido una reparación integral del daño, y se les han violado derechos del debido proceso.

En su Anexo II, el documento destaca que la CNDH en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión o aquiescencia de funcionarios públicos en la masacre. Tampoco señala violaciones a los derechos a la vida y a la integridad.



El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando. Foto: Benjamín Flores

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, la CNDH fue absolutamente omisa. Tampoco tomó en cuenta a las familias de las víctimas para la elaboración de la Recomendación 80/2013. Luego, litigó con la exigencia de las víctimas por hacer efectivo su derecho a saber.

Sin embargo, en el caso San Fernando los que salen peor parados son la PGR y el gobierno de Tamaulipas. Para el informe que se describe, la PGR no dio acceso a información a los investigadores del Colmex-CEAV, quienes debieron recurrir a información publicada en medios para exponer su análisis.

Por ejemplo, se menciona que por comunicados y notas periodísticas se supo de la detención de presuntos responsables de la masacre, pero nada se ha vuelto a decir de los procesos seguidos contra los detenidos, si continúan presos y si lo están, si tienen sentencias, o inclusive, si fueron sujetos de tortura para obtener sus confesiones.

Un dato que se destaca respecto al orden estatal es que agentes de la PGJET hicieron la entrega de 16 cuerpos al representante del Consulado de Honduras sin que existiera constancia de haber agotado las diligencias periciales necesarias para identificación de cadáveres. La consecuencia fue uno de los más graves errores cometidos en relación al caso: entre esos cuerpos uno correspondía a una persona de nacionalidad brasileña.

Como el informe se basa en parte en la Recomendación 80/2013 de la CNDH, una observación relevante es por esa y otras irregularidades cometidas durante la entrega de restos a las familias de víctimas.

“Existe información que indica que poco después de que la PGJE Tamaulipas realizara las autopsias, el 1 de septiembre de 2010, los restos de 16 migrantes hondureños fueron entregados al consulado de Honduras. De acuerdo a la Recomendación 80/2013, para ese día solamente se habían identificado los cuerpos de 14 hondureños, y sigue sin estar claro a quiénes correspondían los otros dos cuerpos.

“Además, no se sabe cómo realizaron la identificación en tan poco tiempo: una semana no es suficiente tiempo para realizar pruebas de ADN y obtener los resultados. Asimismo, aunque algunos llevaban identificaciones no se asentó qué pertenencias traía cada cuerpo; la cal con la que fueron rociados la mayoría de los cuerpos destruyó los rasgos”.

Las aberraciones continúan. Conforme a los testimonios de familias hondureñas y guatemaltecas, se supo que las autoridades de esos países les pidieron no abrir los ataúdes y confiar en que les entregaban el cuerpo de su familiar, el pedimento bajo vigilancia militar. Cuatro familias no obedecieron y terminaron rechazando los cuerpos.

Entre otros casos, llama la atención el del cuerpo de la víctima brasileña, que fue repatriado con el nombre de una de las víctimas hondureñas. La familia del brasileño dijo que, en lugar de los restos de su familiar, el gobierno mexicano le entregó un ataúd lleno de arcilla y hasta la fecha no sabían en dónde fue enterrado su familiar.

ALLENDE

La masacre de Allende no se conoce en su real dimensión. Existen versiones que afirman hubo alrededor de 300 víctimas, pero el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), sólo abarca los casos de 42 desaparecidos en un período de 14 meses.

Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, comandos de Los Zetas llegaron a esa localidad, ubicada al norte de Coahuila muy cerca de la frontera. Entre las diferentes versiones de la incursión, la más aceptada es que dos de sus operadores los traicionaron y habrían cobrado venganza con sus familias. La historia ha sido publicada en Proceso, por el corresponsal Juan Alberto Cedillo y por el periodista Diego Enrique Osorno en la revista Vice.

Además de desaparecer a las 26 personas mencionadas, Los Zetas encabezados por los hermanos Miguel Ángel (Z-40 o L-40) y Omar (Z-42 o L-42) Treviño Morales, destruyeron 32 casas y dos ranchos, para lo cual habrían contado con la participación de la policía municipal.

A diferencia del caso de San Fernando, el equipo de investigadores del Colmex-CEAV, pudo consultar el expediente de la PGJEC.

“El expediente que nos entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones”.


Tiran residencias atacadas por Los Zetas en Allende, Coahuila. Foto: Miguel Ángel Reyna.

Para los redactores del informe la relevancia de lo anterior es que las 49 horas en que se extendió la violencia en ese municipio, fueron apenas un episodio de violencia que afectó a toda la región por más tiempo, pues las represalias contra los dos operadores afectaron a familiares en Piedras Negras y otros municipios.

Inclusive, se menciona que un año después, una familia de cuatro personas emparentada con uno de los dos operadores fue desaparecida en Allende. También se considera que puede haber más víctimas y se añade:

“En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos”.

En otro apartado se lee: “Más allá de sus limitaciones para decirnos qué pasó, la principal deficiencia es que el expediente no da razones para explicar la masacre, o mejor dicho, no sigue las que surgen de sus documentos”.

Para los investigadores, en el caso Allende se podría centrar en personajes menores; no indaga sobre la extensión geográfica de la ofensiva brutal y no parece interesarle encontrar la verdad de lo que ocurría en la zona.

“Como se aprecia, la matanza no se limita al municipio de Allende, sino que sus alcances fueron regionales, y su duración fue mayor a sólo un fin de semana en marzo de 2011. Visto de otra forma, la masacre de Allende es un episodio muy trágico dentro de un ciclo de brutalidad en la región. En eso coincide con la masacre de los migrantes en San Fernando.

“Esta es una similitud importante entre Allende y San Fernando, las dimensiones temporales y espaciales son mayores que las que tradicionalmente se les adjudican. O, si se quiere, sólo son un episodio más dentro de una serie de eventos lamentables que asolaron regiones enteras durante periodos extensos de tiempo”.

EL DESEMPEÑO DEL ESTADO

Para documentar las masacres, los investigadores precisan que hubo dependencias —como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores— que no entregaron información. Las que sí lo hicieron —CEAV, CNDH y gobierno de Coahuila, entre otras— proporcionaron acervos donde se aprecian debilidades, omisiones y errores.

Hace un análisis de los comportamientos de los tres gobernadores de Tamaulipas y Coahuila en relación a las masacres.

“El tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López (enero-diciembre de 2011) evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos. Rubén Moreira ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por las víctimas”.

Además de la ya mencionada observación a que el gobierno coahuilense no busca la verdad, cuestiona que a quienes se tiene bajo proceso por los hechos se les haya imputado el delito de secuestro calificado y, finalmente, menciona que las acciones realizadas por la comisión estatal de atención a víctimas, así como por el ombudsman local, son insuficientes.

“Por lo tanto, puede concluirse que las víctimas de San Fernando y, en menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados.

“Para establecer las posibles responsabilidades del gobierno de Tamaulipas, tendríamos que tener acceso a sus acervos porque, recordemos, el caso fue atraído por instituciones federales. En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política y, como permanecerá en el cargo hasta finales de 2017, tendría tiempo para acelerar los trabajos y consolidar una política bien intencionada, pero todavía no consolidada”.


Casas de Allende, Coahuila destruidas por los Zetas. Foto: Víctor Hugo Valdivia

Entre los aspectos que también tienen relevancia en el informe, destaca la participación de la sociedad civil, en especial de defensores de derechos humanos como es el caso del Centro Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Para los involucrados en el informe, es notable la presencia de organizaciones de la sociedad civil en Coahuila respecto a las que existen en Tamaulipas, lo cual sostienen contribuye a visibilizar más las problemáticas.

Con la revisión de los casos de San Fernando y Allende el informe presenta algunas conclusiones, líneas de investigación e hipótesis de trabajo sobre los siguientes supuestos:

El sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda al reto planteado por la multiplicación de las víctimas. Eso implica, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad. También es necesaria la comprensión de la búsqueda de la verdad en las autoridades.

En el último anexo, dedicado al derecho internacional, se menciona que esas masacres, ilustrativas de la violencia en la zona, puede encuadrarse en crímenes de lesa humanidad y, finalmente hace un planteamiento:

“Para que el Estado mexicano demuestre su voluntad política y genere esperanzas verdaderas para poner fin a la crisis de atrocidades e impunidad, es necesario que busque el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a la situación. Por esa razón, resulta factible e indispensable que se constituya una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ SERGIO AGUAYO/9 OCTUBRE, 2016)

VELAN RESTOS DE GÉNESIS DEYANIRA; FUE ENCONTRADA DESCUARTIZADA


Veracruz.- Llanto. Dolor. Impotencia… gritos que claman justicia se escuchan en una casa ubicada sobre la calle de Leandro Valle, esquina con Transístmica, en Jáltipan, donde se velan los restos de Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, quien fue encontrada sin vida junto con otros dos jóvenes.

Génesis desapareció el pasado 29 de septiembre y conforme a las investigaciones, ese día también desaparecieron Octavio García Baruch, Leonardo Arano -cuyos cuerpos sin vida fueron hallados el pasado viernes junto con el de la joven- y Alan Arroyo Prado, de éste último no sabe aún su paradero.

Tras ocho días de búsqueda fueron encontradas bolsas con restos humanos en el municipio de Camarón de Tejeda; se les traslado a la Dirección de Servicios Periciales, en donde luego de agotar los protocolos que conllevaran a determinar su identidad, ayer sábado fueron plenamente identificados, tres de ellos por sus familiares, precisó la Fiscalía General del Estado Veracruz.

El cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares, quienes determinaron llevar a cabo el funeral en Jáltipan.

A través de redes sociales, amigos, familiares y usuarios demandan la pronta respuesta al homicidio de tres jóvenes y otro que se encuentra en calidad de desaparecido.

"Me uno al dolor que embarga a la maestra Ramona y el profesor Édgar Urrutia (docente del Cobaev 42 por muchos años) y familia por el sensible fallecimiento de su hija Génesis Deyanira Urrutia Ramírez. Q.E.P.D.

"De todo corazón pido a Dios que le dé mucha fuerza y resignación ante esta irreparable pérdida y que castiguen a los asesinos y no quede impune. Como ex-alumno y familia Cobaev me uno y les mando un fuerte abrazo”, señaló uno de los asistentes al cortejo fúnebre a la agencia Quadratín.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las Carpetas de Investigación que serán integradas hasta su total esclarecimiento.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 09/10/2016 - 04:48 PM)

‘HALLAN’ EL CONTINENTE DESAPARECIDO DE LA FAZ DE LA TIERRA


RT | Ciudad de México.- Hace alrededor de 60 millones de años, Eurasia e India colisionaron y, tal vez, el fruto más impresionante de esa fricción es la cordillera del Himalaya. Un grupo de geocientíficos de la Universidad de Chicago (Illinois, Estados Unidos) ha calculado la masa de corteza continental que tenía la Tierra antes y después de ese choque y ha descubierto que la mitad de ese terreno despareció.

En función de este estudio, la única manera de explicar el fenómeno es que la corteza se disolviera en el manto terrestre. De ser cierto, este hallazgo cambiaría la manera de entender los procesos tectónicos vigente hoy en día.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO DOS PLACAS TECTÓNICAS CHOCAN?

Cuando dos placas tectónicas chocan, una siempre supera a la otra y la que tiene la corteza continental más gruesa y resistente se eleva sobre la que tienen una corteza oceánica más fina, que se sumerge y disuelve parcialmente en el manto de la Tierra. Sin embargo, a la corteza continental más débil del choque entre Eurasia e India no le sucedió esto porque, como es menos densa, nunca se llegó a mezclar con el manto, sino que flota en su superficie.

Tras la colisión, parte de la corteza continental menos resistente se elevó e integró el Himalaya y otra se expandió por los laterales y formó el sudeste de Asia, mientras que algunos restos terminaron como enormes sedimentaciones de depósitos en el fondo del océano.

HALLAZGO SORPRENDENTE

Por su parte, los científicos de la Universidad de Chicago afirman que, en función de toda esa pérdida, "la mitad de la corteza continental involucrada en ese proceso aún está desaparecida" y que, "si hemos contemplado todas las opciones posibles en la superficie, eso significa que debe de haberse reciclado en el manto".

Además de ser, de por sí, un hallazgo asombroso, este descubrimiento permite explicar algunos fenómenos desconcertantes, como que la lava volcánica contenga plomo y uranio. Esos elementos abundan en la corteza terrestre, pero son muy escasos en el manto, con lo cual los especialistas desconocían cómo podían formar parte del magma que erupciona de los volcanes.


(ZOCALO/ AGENCIAS/ 09/10/2016 - 12:14 AM)