martes, 17 de octubre de 2017

PRESIÓN DE EU PARA DETENER A “CUINIS” Y CJNG

La presión de Estados Unidos ha movido a autoridades mexicanas a buscar la desarticulación financiera y detener a los miembros de la familia González Valencia, involucrados en el financiamiento y lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Elvis, uno de los “Cuinis”, está nuevamente en la mira de la PGR, tras verle salir en diciembre de 2016 del penal “Altiplano”. Familiares de los nominados por el Departamento del Tesoro han sufrido e aseguramiento de bienes muebles e inmuebles en Guadalajara

Apenas lo liberaron, previo a la última Navidad, y a las pocas semanas le dictaron orden de aprehensión. Ya les había ganado el camino y es hora que no lo pueden recapturar. Se trata de Elvis González Valencia, uno de los miembros de la familia de “Los Cuinis”, sobre quienes el gobierno norteamericano ha incrementado la presión para detenerles.

Con las recientes designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, el apremio para poner tras las rejas a los participantes de los grupos criminales que conforman el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han obligado a nuevas acciones de autoridades mexicanas y a buscar protección jurídica por parte de traficantes, lavadores de dinero y prestanombres.

Durante los últimos dos años, la Procuraduría General de la República (PGR),a través de sus unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha efectuado cateos y materializado aseguramiento de inmuebles vinculados con la organización delictiva, pero no ha detenido a los integrantes empoderados ni a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Los más recientes familiares políticos o directos del michoacano son Rubén Oseguera González “El Menchito”, que continuamente entra y sale de prisión, y Abigael González Valencia “El Cuini”, ambos aprehendidos en 2015. Mientras que en 2016, la Policía Nacional del Uruguay detuvo en Punta del Este a Gerardo González Valencia “El Lalo”.

Los nombres de las tres personas que la OFAC agregó el 14 de septiembre último a las listas de cabecillas del narcotráfico y/o lavadores de dinero sucio: Alfonso Corona Romero, su hijo Edgar Alfonso Corona Robles y Salime Abouzaid El Bayeh, están relacionados no solo con Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio, sino con la cuñada del capo, Berenice González Valencia, a quien la Policía Federal busca con motivo de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/076/2015, integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).

Tan luego se conoció de las nominaciones del gobierno estadounidense, representantes legales de los implicados acudieron ante la justicia federal para solicitar su protección. Alfonso Corona padre y su vástago presentaron escritos para demandar el amparo de jueces federales en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Ambos temen ser aprehendidos.

ELVIS, CASO COTIDIANO

La detención, enjuiciamiento y exoneración de algún presunto delincuente, premiado con la libertad y la supuesta enmienda del Ministerio Público Federal de volver a solicitar su captura cuando ya se les escapó, no es novedosa, sino más bien reiterada. Eso mismo ocurrió con Elvis González Valencia, presunto operador financiero de “Los Cuinis” y del CJNG.

Fue pública la noticia de la captura de Elvis. El sábado 4 de diciembre de 2015 fue presentado de urgencia en un hospital privado de Guadalajara, herido de bala en un hombro y antebrazo. Según su versión, fue agredido a balazos en el municipio de San Miguel el Alto cuando detuvo su vehículo sobre una carretera para desahogar una necesidad fisiológica. Por ser cuñado del “Mencho”, la SEIDO lo trasladó a Ciudad de México y lo arraigó. En Jalisco, la Fiscalía General aseguró que González Valencia estaba señalado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero común como daño en las cosas y extorsión.

Luego de cumplir con el arraigo, la PGR lo consignó sigilosamente ante un juez federal y lo internó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México. Nunca se informó del delito imputado ni se le volvió a mencionar. ZETA conoció de su presencia en el penal de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, por sus juicios de amparo por la falta de atención médica derivada del balazo recibido y problemas de salud que pedían la asistencia de un otorrinolaringólogo.

Del seguimiento realizado por este Semanario, un año después trascendió que el 15 de diciembre de 2016, Elvis solicitó nuevos amparos por la carencia de servicios especializados de salud, mas cuando trataron de notificarle la admisión de los recursos para pedirle la ratificación de los escritos, los directivos del reclusorio federal informaron a los jueces que “el quejoso fue egresado de dicho centro penitenciario” en la misma fecha de la promoción de garantías.

Muy hábil, González Valencia, que ya sabía de su inminente excarcelación, había presentado otro escrito en el que reclamaba la posibilidad de que a su salida de prisión la autoridad ministerial pudiese ejecutar actos de “retención ilegal, golpearlo, torturarlo, incomunicación o cualquier otro que constituya desaparición forzada”.  Nadie le molestó y pudo irse a casa. Los jueces buscaron, en vano, algún domicilio externo para notificarle los acuerdos de sus recursos. La PGR no reaccionó en lo inmediato.

Fue hasta iniciado el año en curso, cuando el Ministerio Público federal ejercitó nuevamente acción penal en contra de Elvis, uno de los menores de “Los Cuinis”. En el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Puente Grande, Jalisco, se obtuvo la orden de aprehensión que actualmente pesa en contra del antes exonerado, dentro de la causa penal 6/2017. De los asuntos locales pendientes en Jalisco, la Fiscalía General no se pronunció ni durante el encierro del hoy prófugo, ni después.

LOS SOCIOS DE BERENICE

El 28 de febrero de 2015, agentes federales del grupo especial del Gabinete de Seguridad atraparon en Puerto Vallarta, al único “Cuini” detenido hasta el momento en prisiones mexicanas, y próximo a ser extraditado a  Estados Unidos: Abigael González Valencia, presunto empresario que también se hacía llamar Paul Jonathan Tak Toledo alias “El Cuini” o “Cachetón”. Con él cayeron también Gilberto Mendoza González o Nicolás Murillo Alfaro “El Tapanco”; Óscar Betancourt Bermúdez, Miguel José Leone Martínez y Laura Alexandra Sánchez Ruiz. Los refundieron en la cárcel acusados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína en su hipótesis de fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada, al estimar que pertenecen al CJNG.

Durante las investigaciones, además de corroborar lo que PGR ya sabía del parentesco político de Abigael con “El Mencho”, por estar casado este último con Rosalinda González Valencia, hermana del primero, que otros miembros de esa numerosa familia estaban implicados en el financiamiento de actividades de narcotráfico y lavado de dinero para la organización criminal, cuyo inicio ocurrió tras una escisión en el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio, luego de la muerte del capo Ignacio “Nacho” Coronel en julio de 2010.

Durante 2015 y 2016, autoridades federales se dedicaron a ubicar a diversos integrantes de la familia González Valencia, sobre todo de Berenice, una de las menos mencionadas. Así se encontraron nexos de la mujer y su sobrina Jessica Johana con Salime Abouzaid El Bayeh, una joven tapatía de ascendencia libanesa y cuya familia ahora padece del aseguramiento de varios de sus bienes muebles e inmuebles, presuntamente ligados al CJNG.

Salime, de la que antes solo se conocía su existencia en litigios en materia familiar por un divorcio en 2008 y las secuelas de esa sentencia, trabajó para el restaurante japonés Mizu Sushi Lounge, que administraba la hija de “El Mencho”, y también desempeñó un papel en el periódico Unomasuno, designado el 16 de diciembre de 2015 por el Departamento del Tesoro por el supuesto apoyo que brindaba al grupo criminal. Presuntamente la mujer era más que una empleada.

En sus pesquisas, la UEITA aseguró casas y vehículos propiedad de los hermanos de Abouzaid El Bayeh y otros de sus parientes, conocidos en Guadalajara por tener un lugar relevante en la sociedad como comerciantes y empresarios, al estimar que existían indicios de que los bienes son producto del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Así, la PGR decretó aseguramiento precautorio de una residencia ubicada en la calle Unidad Nacional número 1275, en la colonia Conjunto Patria, en Zapopan. Un juez especializado en cateos de Ciudad de México autorizó la irrupción en la vivienda al estimar fundada la petición ministerial, que señala que Berenice González Valencia, hermana de Abigael, “cumple con una función de operadora financiera, utilizando el referido inmueble a fin de consumar actividades delictivas de carácter federal”. El dueño del inmueble desconoce a la presunta delincuente y busca acreditar que el inmueble le fue donado por sus padres hace varios años.

El Ministerio Público federal aseguró que algunos de los vecinos del lugar dijeron que era un secreto a voces que en ese lugar “se guardaban armas y droga y las autoridades no hacían nada”. Resultado del cateo se localizó una enorme caja fuerte (1.80 metros de altura x 1.10 metros de ancho o fondo), con documentos varios; un tocador en el que había dos armas de fuego calibres 38 súper y nueve milímetros; así como dos cargadores y una bolsa con cartuchos; y en la cochera dos camionetas y un automóvil sedán.
En otras residencias de la familia de Salime, luego de realizar “una búsqueda minuciosa en todas las áreas, se hace constar que no se localizó objeto, instrumento o producto de los delitos que se investigan”, pero igualmente, el fiscal federal decretó su aseguramiento. Incluso, la casa de una mujer de segundo apellido Valencia, que no tiene calidad de inculpada y que se localiza en el número 980 de la calle Paseo  de los Virreyes, condominio 7, interior 2 en la colonia Virreyes Residencial, en Zapopan, también fue inmovilizada.

LA DEFENSA LEGAL

Familiares de Salime, entre ellos algunos hermanos, ya acudieron ante jueces federales de amparo en Jalisco, obteniendo varios de ellos el otorgamiento de garantías para que el fiscal investigador exprese detalladamente los indicios existentes de que sus bienes son producto o instrumento de delito, y sí estos son suficientes para privarles de su uso y aprovechamiento, en tanto avanzan las investigaciones.

Por su parte, Rosalinda González Valencia y Jessica Johanna Oseguera, esposa e hija de “El Mencho”, líder del CJNG, han buscado asiduamente el amparo tanto en Jalisco como en Ciudad de México, en contra de alguna posible orden de aprehensión en su contra, pero las autoridades responsables han contestado en todas las ocasiones que no existe dicho acto reclamado.

Alfonso Corona Romero y su hijo Edgar Alfonso Corona Robles también corrieron en busca de la protección constitucional al enterarse de la nominación de la OFAC y temer alguna orden de captura que se les hubiese dictado en México. Sus demandas fueron admitidas en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, donde ya se realizan los trámites de rigor.

A quien le fue negado un amparo en contra del aseguramiento de sus bienes es Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, esposa de Gerardo González Valencia “El Lalo”, detenido en Uruguay, donde ambos, junto con sus hijos, pretendían hacer una vida alejada de la vigilancia policial en un lujoso chalet.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 16 OCTUBRE, 2017, 12:00 PM)

CERVANTES LLEGÓ, SE FUE, Y MÉXICO NUNCA SUPO SU FORTUNA; QUISO SER FISCAL Y APENAS SI FUE PROCURADOR


México amanece sin Fiscal General –una figura clave del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República. Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.

Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que ha asesorado.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Pero un año después, prefirió dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, sin el pilar fundamental.

Hoy, México, que en días recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.

En las manos de quien ayer renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.

Durante cuatro años, varias Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial.

Cervantes Andrade, Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Llegó para sustituir a Arely Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.

En el movimiento de fichas, a Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de 2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, también.

De la posición ya había caído Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.

Ahí llegó Raúl Cervantes, el hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.

Y, como en otros nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes, quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).


Raúl Cervantes en una imagen de julio de 2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro

¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?

En su año de gestión, el ex Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.

Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

De modo que, en este escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos.

En cuanto a sus posibles conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de Administración.

El 18 de julio, el Presidente promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.

Si bien estaba llamado a esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo 2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad donde no se paga el impuesto de la tenencia.


Juan Silva Meza, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro

***
Cuando asumió como Procurador tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero nada parecía perturbarlo con gravedad.

Aquel día de su nombramiento, en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal General de la República?”

No negó su pretensión. “Sí, vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a la Fiscalía”.

Luego, quien duraría sólo un año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.

Pero pronto, lo bautizaron “Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años más en el cargo.

El tiempo corría en contra. El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.

El cáncer avanzó, se reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.

En octubre de este año, México se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas ordenadas por Transparencia Internacional.

El diseño del SNA tomó cuatro años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el nombramiento del Fiscal.

La figura es tan fuerte que está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro “Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.

“Creo que la definición de un Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.
Será entonces, quizá, cuando se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.


Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto: Cuartoscuro


(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ OCTUBRE 17, 2017, 12:05 AM)

76% SE SIENTE INSEGURO EN MÉXICO: INEGI; CIUDADANOS DENUNCIAN SUS CASOS CON #NOSESTÁNROBANDO


La percepción de la inseguridad en México aumentó en el mes de septiembre. De acuerdo con el Inegi, el 76 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, el mayor registro que se tiene en México desde septiembre de 2016.

Las ciudades más inseguras son: Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz), región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec de Morelos (Estado de México). El 62.5 por ciento de la población manifestó que debido a la inseguridad modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito”, mientras que 54.3 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”.

Los resultados de esta encuesta se producen en medio de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que gana fuerza en la red social Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del país comparten anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El 76 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, la mayor percepción de inseguridad que se tiene en México desde septiembre de 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de esta encuesta se producen en medio de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que gana fuerza en la red social Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del país comparten anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

De acuerdo con el Inegi, las ciudades más inseguras son: Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz), región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec de Morelos (Estado de México), con 98.4, 97.0, 94.8, 93, 93.6 y 93.5 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta, el 81.8 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 74.6 por ciento en el transporte público, 68.1 por ciento en las calles que habitualmente usa y 67.7 por ciento en el banco.


En abril de este año, un hombre fue asesinado por dos sujetos que viajaban en una motoneta, después de salir de un banco. Los hechos ocurrieron en el Estado de México, uno de los estados más inseguros, según la encuesta del Inegi. Foto: Cuartoscuro.



De acuerdo con la encuesta, el 81.8 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 74.6 por ciento en el transporte públic. Foto: Cuartoscuro.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.3 por ciento, mientras que los hombres se ubicaron en 71.1 por ciento.

El 62.5 por ciento de la población en México manifestó que debido a la inseguridad modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 54.3 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3 por ciento cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 33.4 por ciento cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

PREVÉN QUE INSEGURIDAD AUMENTE

La encuesta arrojó que el 35.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Por otra parte, 37.4 por ciento de la población mencionó que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un aumento en este indicador de 3.3 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2016.

Los resultados del decimoséptimo levantamiento de la ENSU revelaron que, durante el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (65 por ciento), robos o asaltos (64.9 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (50.9 por ciento), venta o consumo de drogas (43.1 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (34.8 por ciento) y disparos frecuentes con armas (33.8 por ciento).

Respecto al tercer trimestre de 2016 se presentó un aumento de dos puntos porcentuales en cuanto a la atestiguación de robos o asaltos; mientras que, para los casos de vandalismo en las viviendas o negocios y bandas violentas o pandillerismo, se observaron disminuciones de 3.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.

DESEMPEÑO DE AUTORIDADES

La policía municipal fue la menos eficiente en su desempeño, con el 40.3 por ciento en la evaluación de los ciudadanos, seguida de la policía estatal (50.4 por ciento), Policía Federal (65 por ciento), Gendarmería Nacional (72.5 por ciento), Ejército (84.6 por ciento) y la Marina (87.3 por ciento).

La encuesta del Inegi, levantada en el mes de septiembre de 2017, genera información sobre diversos aspectos de seguridad pública: sensación de inseguridad por temor al delito; expectativa social sobre la tendencia del delito; atestiguamiento de conductas delictivas; cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito; percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería Nacional y, a partir del primer trimestre de 2016, incluye información respecto a la sensación de inseguridad en lugares físicos específicos, sobre conflictos sociales en el entorno, desempeño gubernamental y la incorporación en el tercer trimestre del Ejército y la Marina en las instituciones a valorar.

#NOS ESTÁN ROBANDO

Con el hashtag #NosEstánRobando, ciudadanos de distintas partes del país compartieron en la red social Twitter anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

La iniciativa surgió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, gracias al proyecto periodístico TerritorioMX. “Comparte tu historia de robo en la ciudad, ¿cómo nos afecta la inseguridad?”.

En cuestión de horas, habitantes de la capital del país y de otros estados se sumaron y compartieron sus experiencias.



En julio pasado, un presunto asaltante fue asesinado a balazos por un pasajero. El señalado como delincuente fue abatido cuando intento despojar de sus pertenencias a pasajeros de un camión del transporte público cuando circulaban en avenida Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem, en la colonia San Juanico, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Foto Armando Monroy, Cuartoscuro.

“Abrieron el carro, se metieron a la casa de mi suegra, nos robaron computadora y dinero”; “El sábado, una amiga que vive en la Americana [Guadalajara], me contaba cómo se habían metido a su casa Las amarraron mientras robaban”; “Mi sobrina de 16 años acompañó a su novio a la puerta. Solo vio la pistola apuntándoles. Le robaron celular y la mochila”; y “En Chapalita, hay un modus operandi para robar a chavitas. Hacen como que las secuestran, pero lo que hacen es robar autos”, fueron algunas de las experiencias que compartieron los ciudadanos.

Otros, acusaron que los políticos son quienes #NosEstánRobando: “[En Guadalajara], el Alcalde Enrique Alfaro de MC puso a un político al frente de la policía”; “No son delincuentes: Son políticos Esperen…es lo mismo!”; “Emilio Gamboa es Mafioso pero con estilo, los palos de golf los lleva el ayudante, eso si, en aeronave militar, como no”.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 9:29 AM)

OTRA MATANZA EN EDOMEX, AHORA EN HUEHUETOCA: 4 HOMBRES Y UNA MUJER SON EJECUTADOS EN UN AUTO


Vecinos de Puente Grande, Huehuetoca, escucharon detonaciones de armas de fuego; posteriormente se percataron que al menos seis personas habían sido baleadas en un vehículo. Dos de las víctimas– padre e hijo– fueron identificados por los colones como narcomenudistas.

Hace seis días, cinco miembros de una familia, de entre 14 y 51 años de edad, fueron hallados semienterrados en una jardinera de su casa en Tultepec. Todos estaban atados de pies y manos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Los cuerpos de cinco hombres y una mujer fueron hallados al interior de un automóvil en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Este es el segundo multihomicidio cometido en la entidad en una semana.

El hallazgo se realizó durante la madrugada del lunes, luego de que vecinos de la comunidad de Puente Grande alertaran a las autoridades sobre personas lesionadas con arma de fuego en un Jetta color arena, estacionado en la calle Francisco Villa.

Tras la denuncia, policías municipales acudieron al lugar, donde encontraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros y .223. En el asiento del piloto estaba una mujer y un hombre de copiloto, otros tres hombres viajaban en la parte de atrás; la sexta víctima quedó tendida junto al vehículo.

Los vecinos aseguraron que el hombre que quedó tirado en la acera era apodado “El Fanta”, mientras que “El Fantita”, su hijo, fue una de las víctimas asesinadas al interior del carro. Ambos fueron identificados por colonos como presuntos narcomenudistas.

Las autoridades desplegaron un operativo que se extendió al barrio de Salitrillo, donde lograron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego larga, por lo que se cree que está relacionado con el homicidio de las seis personas.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGEM) inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 10:06 AM)

lunes, 16 de octubre de 2017

GRUPOS CIVILES, PAN, MORENA Y PRD FESTEJAN RENUNCIA DE CERVANTES Y EXIGEN FISCAL PROBO Y APARTIDISTA


Grupos civiles y partidos opositores al Revolucionario Institucional, como PAN, PRD y Morena, celebraron la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República, no sin mencionar que el priista fue un Procurador incompetente y claramente parcial con los políticos del PRI ligados a casos de corrupción, como los de los sobornos de la brasileña Odebrecht y las acusaciones de desvíos de recursos e incluso ligas con el crimen organizado de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, sólo por mencionar algunos.

Además exigieron que se retome la discusión para terminar de armar una Fiscalía General imparcial y autónoma, que sea encabezada por un jurista probo. En esta nueva etapa, coincidieron, la sociedad civil debe tener voz para conformar la institución eficaz, justa y expedita que tanta falta hace al país, sumido en su peor crisis de corrupción y violencia en la historia.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles y partidos políticos opositores al Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en que, tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República, obliga al Poder Legislativo a incentivar una discusión abierta, donde la sociedad mexicana tenga voz, para terminar de conformar una Fiscalía General independiente y apartidista.

Tras conocer la decisión de Raúl, los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás reconocieron que la decisión abre la puerta a una discusión de Estado, y no sólo de Gobierno, sobre el futuro de la Fiscalía General de la República.

El mensaje del ahora ex Procurador sobre la importancia de que la discusión legislativa sobre Fiscalía General sea integral, fue interpretado como una coincidencia con lo planteado por diferentes especialistas, colectivos y legisladores, quienes han insistido en que además del método de selección del nuevo o nueva Fiscal General, es necesaria una discusión amplia sobre el artículo 102 Constitucional y el diseño de la Fiscalía.

El colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva coincidió en que ha llegado el momento de una discusión abierta a la sociedad, y junto con la sociedad, que permita crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente. La decisión de hacerlo está ahora en manos del Congreso.

En tanto, Marko Cortés Mendoza, Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y coordinador de ese instituto político en la Cámara Baja, expuso que Cervantes demostró incompetencia para resolver todos los casos donde se ligaba a políticos del PRI con la corrupción, como son los de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y los de ex gobernadores señalados por desvío de recursos públicos e incluso ligas con el crimen organizado.

En un comunicado, Cortés Mendoza destacó que el paso de Raúl Cervantes por la PGR “se caracterizó por su incompetencia para resolver temas tan relevantes como el espionaje a críticos del Gobierno durante la actual administración, a través del malware Pegasus, pero en cambio se prestó para hacer un golpeteo político electoral mediante filtraciones en contra de la candidata del PAN en el Estado de México”.



Raúl Cervantes Andrade asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República el 26 de octubre de 2016. Hoy presentó su renuncia, con carácter de irrevocable, al Presidente Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

También urgió a seleccionar como Fiscal a un jurista probo, sin filiación partidista alguna, para que pueda actuar con verdadera autonomía del propio Poder Ejecutivo.

“No olvidamos que la incompetencia del Procurador Raúl Cervantes estuvo de manifiesto para investigar la corrupción rampante que vive el país con este Gobierno. Abrigamos la expectativa que con esta renuncia se abrirá el camino para facilitar los entendimientos y convergencias políticas para someter al pleno las iniciativas en torno a la elección del Fiscal de la Nación”, planteó el legislador michoacano.
Rocío Nahle García, coordinadora de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), también celebró la renuncia de Raúl Cervantes pues, dijo, desde que asumió el cargo se dedicó a encubrir a funcionarios y ex funcionarios públicos vinculados al PRI, y dejó de lado el combate a la corrupción y la correcta procuración de la justicia.

En entrevista, la Diputada por Veracruz aseveró que Raúl Cervantes deja muchas carpetas de investigación sin resolver como el Odebrecht y los presuntos sobornos pagados al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

“Una de estas cuentas pendientes es el escándalo internacional, del tamaño del mundo, de Odebrecht, donde hasta presidentes han caído o están en la cárcel por la corrupción desmedida, mientras que en México se dio en forma mayúscula y él, simple y sencillamente, sirvió de tapadera. Nunca hizo nada”, aseguró.

Nahle García agregó que el ex Procurador tampoco tendrá las puertas abiertas si a través del Senado insiste en ser Fiscal General de la República.

“Si el señor Cervantes se regresa al Senado, muy bien. Pero que no esté pensando que se va a aprobar la Ley para que él se vaya de Fiscal. Si no dio la talla en la Procuraduría, mucho menos en un puesto de una reforma política-electoral que se espera que dé resultados sorprendentes”, destacó la legisladora federal por Veracruz.

EXIGEN UN FISCAL ÍNTEGRO

Por su parte, Francisco Martínez Neri, quien es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidió con sus homólogos del PAN y Morena, y añadió que la renuncia de Cervantes Andrade es “tardía”, pues su incapacidad siempre estuvo de manifiesto.

“Su incapacidad para procurar la justicia se ve reflejada en la impunidad en casos como Odebrecht y el espionaje a periodistas y activistas a través del software Pegasus”, destacó Martínez Neri.

El Diputado federal sostuvo que durante la administración de Cervantes Andrade “se dejó escapar a al menos cinco ex gobernadores priistas, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández flores, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, éste último sigue prófugo de la justicia, mientras los demás fueron aprehendidos por autoridades internacionales”.

Martínez dijo que ante esta renuncia el PRD exige un proceso abierto, transparente y democrático para poder nombrar al que será el próximo Fiscal General, en donde las organizaciones de la sociedad civil sean partícipes de este proceso y el nuevo Fiscal General del país sea una persona íntegra, independiente y autónoma tanto de los partidos políticos, como del propio Gobierno federal.

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, coincidió en que tras la salida de Cervantes el siguiente paso es eliminar el pase automático y avanzar hacia una Fiscalía verdaderamente autónoma que no sea resultado de acuerdos de grupos.

“Hay que avanzar no sólo eliminar el ‘pase automático’ sino a una Fiscalía verdaderamente autónoma que resulte de un proceso avalado por la sociedad, no como un asunto de resultado de acuerdos cupulares o de una propuesta de parte interesada de quien sea, y entonces –si aseguramos esto– también el Fiscal Anticorrupción [cuyo nombramiento sigue pendiente en el Congreso] tendrá que caer en la tesitura de ese paquete que debe cerrar el paso a la corrupción, a la impunidad y a los encubrimientos”, dijo Zambrano Grijalva.

“Hoy ya no tendremos la discusión de si será Raúl Cervantes o no. Está claro que él ya no; pero puede ser el que nombren en los próximos días y eso es lo que no queremos”, consideró.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 16, 2017, 7:00 PM)

EMILIO GAMBOA TOMA HELICÓPTERO OFICIAL PARA EL GOLF; INTERRUMPE PRUEBA DEL MUNDIAL DE ARQUERÍA


El Senador priista interrumpió por unos momentos el entrenamiento del equipo femenil de tiro con arco, que se prepara para el Mundial de Arquería, con su helicóptero de la Fuerza Area Mexicana en el que viajó con asistentes y palos de golf.


El poderoso Senador del PRI interrumpe Mundial de Arquería. Fotos: Cuartoscuro

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, fue captado subiendo a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el Campo Marte, donde ayer jugó golf.

En una serie de fotografías difundidas este lunes por la agencia Cuartoscuro, se muestra al Senador priista a un lado de la aeronave con matrícula XC-LNR, uno de los 11 helicópteros de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP), dependiente del Estado Mayor.

Por el aterrizaje y despegue del helicóptero –que fue piloteado por dos elementos de la Fuerza Aérea–, el equipo femenil de tiro con arco tuvo que interrumpir por unos 20 minutos su práctica con miras al campeonato Mundial de Arquería.

Gamboa Patrón estuvo acompañado por dos de sus colaboradores. Se desconoce cuánto tiempo estuvo en Campo Marte. En las fotos se puede ver a uno de sus colaboradores llevando palos de golf a la aeronave oficial. De acuerdo con el periódico Reforma, que publica fotos de su propio reportero gráfico, el Senador se dirigía a jugar golf.

Reforma entrevista a Alejandra Valencia, cuarto lugar en Río 2016 y quien presenció el aterrizaje y el despegue de la unidad. “Nunca había visto aterrizar un helicóptero tan cerca. Fueron como 15 o 20 minutos de pausa”, dijo al diario mexicano.

Emilio Gamboa es fuertemente criticado este día por usuarios de redes sociales, que lo cuestionan por disponer de recursos de la Nación para uso personal.  A principios de 2015, otro prominente político del PRI, David Korenfeld, entonces titular de la Conagua, fue sorprendido utilizando “como taxi” helicópteros oficiales.

La mañana del domingo 27 de marzo de 2015, el matemático y piloto Ignacio Vizcaino Tapia salió al balcón de su casa en Bosque Real, Huixquilucan, a fumar un cigarro. Al horizonte, un helicóptero blanco con rojo aterrizaba a mil 200 metros de donde él se encontraba.

Aficionado a la aeronáutica, el hombre decidió fotografiar la nave porque le gustó y quería capturar el despegue. Momentos después, una familia con maletas en mano descendió de una camioneta, subió al otro transporte y voló. Vizcaíno comenzó a disparar el obturador en ráfaga.

“Ha de ser millonario el dueño de ese helicóptero. Es grande, cabe una familia”, pensó entonces. Gracias a su telefoto logró captar las imágenes con nitidez.

Eran Korenfeld y su familia, en viaje de placer. Tuvo que renunciar al cargo en medio de un gran escándalo.

“Qué piensa [Korenfeld], ¿que somos estúpidos? Sale con sus hijos con maletas para ir al hospital, ¿acaso los niños se van a dormir al hospital? De hecho si fuera una emergencia, a cinco minutos tenía el Ángeles de Interlomas. Le quedaba más lejos el helicóptero de su casa que del hospital. Para llegar al punto de despegue tuvo que recorrer varios kilómetros de autopista. No es una zona de fácil acceso”, dijo a SinEmbargo el autor de las fotos.

Pero el poderoso Senador Gamboa Patrón es un hombre de numerosas tormentas sin que ninguna haya logrado hacerle daño. Ha sido, junto a Manlio Fabio Beltrones, el músculo del PRI, antes y ahora. Su fuerza ha sido invencible ante el huracán de cualquier escándalo.



FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM
Uno de los hombres fuertes del PRI, operador del Presidente Enrique Peña Nieto en el Senado. Foto: Cuartoscuro

En octubre del año pasado, el legislador priista llegó en helicóptero al Parque Nacional Arrecife Alacranes, en Yucatán.

Emilio Gamboa iba acompañado por Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y por el presidente de Grupo Dicas, Emilio Díaz Castellanos, largamente señalado como un prestanombres del Senador.

El Senador aceptó que aterrizó a la zona protegida tras recibir una invitación de Díaz Castellanos a un paseo en helicóptero y en yate, acción que calificó como un “error”.

La SCT dijo, a raíz del escándalo, que Guillermo Ruiz de Teresa no acudió a la “reunión dominical” en calidad de funcionario público, “sino a título personal”. Él, agregó, y Díaz Castellanos, son amigos desde hace varios años.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sólo multó al piloto del helicóptero, al arrendador y al propietario de la embarcación.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 16, 2017, 9:31 AM)

DEJÓ IR A BORGE, DUARTE 1, DUARTE 2, YARRINGTON, EUGENIO… Y AHORA SE VA: CERVANTES RENUNCIA A PGR


El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González. Su aspiración más reciente era ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, pero la sociedad civil se lo impidió.

En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.

Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Raúl Cervantes Andrade presentó este día su renuncia como Procurador General de la República, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Raúl Cervantes se reunió este día con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, donde presentó su renuncia.

El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González.

“Hace un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y ratificación del Senado, me convertí en el 43º titular de PGR”, escribió Cervantes en su cuenta de Twitter.

“Las instituciones deben dar 3 grandes resultados: 1. Ser más eficientes en la procuración de justicia; 2. Un compromiso indeclinable en combate a delitos electorales y corrupción; 3. Implementar un nuevo servicio profesional de carrera”, refirió Cervantes.

En otro tuit, coincidió en que “el Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma”, pues, agregó, esta deberá tomar la decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o ministerios públicos decidan si procede o no ejercicio de acción penal.

“Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, dijo.

Cervantes presumió que en los 12 meses que estuvo al frente de la PGR “no sólo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia, también hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”.

El ex Presidente del Senado también condenó que algunos legisladores y políticos hayan usado su nombre y sus “supuestas aspiraciones como excusa para NO avanzar en aprobación de las leyes, que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”.

“Yo NO tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, expresó en el Senado.

Raúl Cervantes, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aspiró a ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, gracias a una nueva reforma. Pero no pudo. La sociedad civil se movilizó intensamente, y luego los partidos polítcos.

La jugada de Cervantes y de Presidencia de la República era aprovechar un “pase automático” hacia la Fiscalía, de tal forma que el también ex representante legal del PRI se quedara todo el siguiente sexenio, ganara quien ganara.Ni Cervantes ni Presidencia pudieron.

De hecho, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena y puntero en las encuestas, ha pedido detener ese y otros nombramientos de fiscales y ministros hasta después de la elección, para evitar que el PRI o el Presidente Enrique Peña Nieto quieran dejar colocados a sus incondicionales en puestos clave.

Cervantes estuvo al frente de una de las peores procuradurías que se tenga memoria.

Los niveles de impunidad en México se elevaron a techos nunca antes vistos, a la par de la violencia. El número de ciudadanos asesinados en este sexenio se elevó, pero también se disparó la impunidad.

En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.

Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.


(SINEMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 16, 2017, 10:26 AM)

DETIENEN A PILOTO SINALOENSE CON 419 KILOS DE COCAÍNA EN GUATEMALA


Un piloto sinaloense fue detenido junto con otro mexicano con 419 kilos de cocaína que trasladaban en una avioneta, en Guatemala.

La Policía Nacional Civil informó que los detenido se llaman José Emiliano Maldonado Gutiérrez, de 40 años, originario de Sinaloa, quien era el piloto; y Julio César Rosales Loya, de 41, de Tepic, Nayarit.

El decomiso ocurrió la tarde del domingo en el municipio de Asunción Mita, del departamento de Jutiapa, en Guatemala, ubicado en los límites con El Salvador.



De acuerdo con las autoridades, la avioneta matrícula N6621Y tuvo un desperfecto por lo que tuvo un aterrizaje forzoso en un sembradío de melones.

El grupo Elite de la Fuerza de Tarea Xinca llegó a lugar y encontró la avioneta abandonada por lo que implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Alrededor de la medianoche del domingo encontraron a los mexicanos ocultos entre los matorrales y fueron detenidos.
En la avioneta hallaron 382 kilos de cocaína y a 200 metros del lugar otros 37 kilos ocultos entre las ramas.

También decomisaron una mochila con un teléfono satelital, un GPS terrestre y marítimo, dos celulares, un cargador portátil de teléfonos y chips de teléfonos.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 9 octubre, 2017)

ATACAN JORNALEROS A INDÍGENAS EN EL FUERTE


La disputa de tierras de uso común del empresario Antonio Aníbal Miranda López a indígenas del ejido El Pochotal, en el serrano municipio de El Fuerte dio un giro violento al recurrir el aspirante a terrateniente a la contratación de jornaleros para provocar un zipizape con sus detractores, y peor aún, reveló la cofradía de funcionarios priistas que comercializan sus funciones al mejor postor.

La componenda oficialista para legitimar documentos apócrifos otorgados mediante el tráfico de influencias involucra al recientemente designado delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Pablo Moreno Cota y a la supuesta defensora de los derechos indígenas, Maira Gisela Peñuelas Acuña, delegada de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros funcionarios agrarios.

“Son basuras, mentirosos, hipócritas, ruines, mercenarios, pues a sabiendas que van a traicionar a quienes les asiste la razón, el derecho y la justicia, maquinan y se confabulan para fregar al jodido; todavía los saludan, los palmean, les sonríen y se ofrecen a solucionar sus problemas, con aquel dejo de justicieros”, coincidieron Anselmo Vega y Martín López Félix, ambos representantes de los indígenas de El Pochotal.

Habiendo regresado de una reunión con Gonzalo Gómez Flores, en el despacho de la Secretaría de Gobierno de la administración de Quirino Ordaz Coppel, los representantes afirmaron que salieron asqueados por el hedor a cloaca que emana la dependencia y demás funcionarios porque sólo “nos jugaron el dedo en la boca” y a los indígenas les dieron “atole con el dedo” para favorecer a la contraparte, Miranda López, haciendo el papel de comparsa.

Y es que en la asamblea confabulada se reveló que Miranda López tiene certificados agrarios de un predio que se encuentra en disputa desde el 2012, y aunque los documentos no se mostraron, sí se exhibió un plano de aparcelamiento de 160 hectáreas de tierra de uso común fechado en mayo del 2017, en la víspera en que Moreno y Peñuelas asumían los cargos.

El plano presenta dudas más allá de lo razonable y no se acredita que fue presentado para su reconocimiento ante una asamblea ejidal.

Al plano, lo anteceden actas de asamblea que fueron invalidadas por el comisariado ejidal vigente por falsas y, aun así, la Promotoría Agraria y el Tribunal Agrario las validaron.

Los documentos de Miranda López serán combatidos en tribunales, hasta su cancelación, afirmaron Vega y López Félix.

En tanto, en la comunidad ejidal, la acción violenta intentada el pasado lunes fracasó al custodiar la Policía Municipal de El Fuerte a los nativos. No obstante, estos fueron agredidos con insultos, lengüetazos sarcásticos e imputaciones de robo de dinero que el empresario habría pagado como renta de cien hectáreas a la comisaria ejidal, María de los Ángeles Usacamea Valenzuela, depósito que fue rechazado por la dirigente en agosto del 2017 mediante escrito anexado al expediente 402/2017 que se desahogó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Fuerte para concluir el contrato de arrendamiento del 21 de diciembre del 2014cuando se apersonaron en las tierras para evitar.

Los jornaleros por ser ajenos al conflicto e ignorar el desarrollo del mismo continuaron con sus provocaciones. Incluso fueron equipados con machetes y se les permitió cubrirse los rostros para montarse como guardias blancas en el predio “El Capricho” e impedir que sus legítimos propietarios tomasen el terreno para iniciar la preparación para la siembra, dado que el módulo de riego Nohme había aprobado el riego a Miranda López sin existir contrato de renta de por medio y negado el derecho a los indígenas.

Pese a la provocación, los nativos mantuvieron la tranquilidad y no respondieron a las bravatas, cumpliendo con la palabra dada al secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores de que mantendrían las cosas en calma mientras se buscaba una salida al conflicto.

Usacamea Valenzuela y la ejidataria, Paula Buchía, afirmaron que no caerán en las provocaciones de Aníbal y sus empleados pues el conflicto data de cinco años atrás, y aunque ya ha sido vencido en todos los juicios que aquel ha intentado, las agresiones no serán respondidas, aunque sí las demandas en tribunales.

Cornelio Quijano, miembro del contingente agresor, aceptó que estaban en el predio para defender los intereses de Antonio Aníbal Miranda López pues este los alquila como jornaleros además de que les renta la tierra. “Quiero los 30 mil pesos que me corresponden de la renta de las 100 hectáreas que Aníbal me dijo que ya pagó. Esos tienen el dinero y no lo quieren repartir. No van a entrar a la parcela hasta que me den lo que me corresponde”, dijo

Usacamea dijo que en el grupo que los hostigó, sólo hay cinco ejidatarios, y todos ellos “mal vendieron” sus derechos de uso común a Miranda López.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ EL POCHOTAL EN 9 OCTUBRE, 2017)