viernes, 19 de abril de 2013

HIJO DE PATISHTÁN ENCABEZA PROTESTA FRENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA



Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), encabezados por Héctor Patishtán, hijo del indígena preso en Chiapas desde hace 12 años, se manifestaron frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), localizada en insurgentes sur.

Los inconformes exigieron que las autoridades liberen al profesor tzotzil, condenado a 60 años de prisión por el presunto asesinato de siete policías en junio de 2000, un caso que podría resolverse en los próximos días en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez, donde también se realizó de manera simultánea una peregrinación-marcha.

Héctor Patishtán pidió a los magistrados encargados del caso que actúen de forma legal y transparente, y subrayó que la campaña por la liberación de su padre ya ha recabado más de 4 mil firmas de apoyo en 15 países, mismas que, dijo, se entregarán a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado y al ministro Juan Silva Meza, presidente del CJF.

Un integrante de la Red de Apoyo a la Salud en Acteal, Rogelio Rueda, informó que Patishtán se encuentra en buenas condiciones de salud y su vista se ha recuperado de forma considerable.

“Está contento y en buenas condiciones porque sabe que estamos trabajando en su favor”, resaltó.

(PROCESO/ Redacción/ 19 de abril de 2013)

APREHENDEN EN MORELOS A 24 INTEGRANTES DE “LOS ROJOS”



Redacción/ Proceso
CUERNAVACA, Mor., (proceso.com.mx).- El gobernador Graco Ramírez anunció la detención de 24 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Rojos” a los que les fue decomisada armas y droga.

La detención se habría realizado en tres municipios de la  región sur de la entidad, pero se concentró en Tlaltizapan,  donde por horas, según trascendió, la policía con ayuda del Ejercito y federales cateó diversos  domicilios para lograr asegurarlos.

Sin mayores detalles se ha sabido el decomiso de 20 kilos de mariguana, seis automóviles con reporte de robo,  y armas cortas y largas.

Los operativos se realizaron  durante la noche  del jueves y madrugada de hoy viernes. Sed dan horas después de que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) regresó armas a los municipios.

A las policías de Tlaquiltenango, Amacuzac y Tetecala les fueron retiradas las armas al sospechar  vínculos con bandas criminales. Durante dos meses los elementos funcionaron sin armas.

Después de realizar exámenes de control y confianza a los elementos municipales, la SSP finalmente decidió  regresar las armas vía la licencia colectiva de portación de armas.

(PROCESO/ Redacción/ 19 de abril de 2013)

HALLAN RESTOS ÓSEOS EN URIQUE, CHIHUAHUA



Redacción/ Proceso
CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Agentes de la Fiscalía de la Zona Occidente localizaron restos óseos en la comunidad Cruz Quemada, del municipio de Urique, que al parecer corresponden a un hombre

Las piezas localizadas son un cráneo, fémur y mandíbula, así como un pantalón de mezclilla café, una chamarra blanca con azul, un cinturón color negro, un huarache café, un reloj de plástico en color negro, un cordón nylon amarillo y un aro que al parecer es de unas esposas.

El hallazgo ocurrió el martes alrededor de la una y media de la tarde, luego de que unos pobladores que pasaban por el lugar observaron la osamenta en su camino.

Los agentes ministeriales de la zona se hicieron cargo de los hechos y los peritos levantaron las evidencias para iniciar el procedimiento de localización.

En ese municipio se han registrado desapariciones de personas, ya que los mismos pobladores han denunciado que la zona es controlada por un grupo delictivo. Sólo en febrero pasado, desaparecieron diez hombres relacionados con la minera Días Bras Exploration de México.

(PROCESO/ Redacción/ 19 de abril de 2013)

PANDILLAS AMENAZAN LOS CABOS



Operan 13 grupos delictivos en cabo San Lucas y San José del Cabo

El último mapa delictivo de la Unidad de Inteligencia de la PGJE incluye 13 pandillas. En Cabo San Lucas están “Los Maras”, “Los Sureños”, “Los Kachacos”, “La Bola 8”, “Los Norteños”, “Sombras 7” y “Los 18WS”. En San José del Cabo hay “Los Batos Firmes”, “El Barrio 13”, “Los Sureños 13”, “Vatos Locos”, “Los Pelones” y “Los Guadalupanos”. Los jóvenes criminales atacan escuelas de colonias de la periferia, distribuyen droga y atracan a transeúntes, negocios y viviendas de la zona centro y del corredor turístico
  
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- La costa de oro sudcaliforniana y el destino turístico de talla internacional de Los Cabos está amenazado por pandillas que delinquen en escuelas de colonias de la periferia, distribuyen droga y atracan a transeúntes, negocios y viviendas de la zona centro y del corredor de este lugar de playa.

Se trata de bandas juveniles integradas por 10, 20, 30, 50, 100 y hasta 120 jóvenes –en su mayoría menores de edad que son fieles imitadores de organizaciones transnacionales de pandillas criminales como la llamada “Mara Salvatrucha”, “Mexican Mafia” o “El Barrio 18”.

En Los Cabos, en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a cargo del teniente Salvador Castellanos Álvarez, prácticamente no tienen ni idea de cuántas bandas operan, quiénes son sus líderes, cuántos integrantes forman cada una de las bandas, zonas de influencia y actividades delictivas desempeñadas.

Y es que no es para menos. Según datos recabados por ZETA el último mapeo delictivo que se hizo en este destino de playa sobre pandillas juveniles fue hace poco más de tres años, cuando el director era Apolinar Ledesma Arreola, en el trienio del ex alcalde René Núñez Cosío.

Por increíble que parezca, en las propias estadísticas oficiales de la policía municipal, y de acuerdo al secretario técnico de la policía municipal, Luis Ángel González Rubio, “los operativos contra pandilleros han terminado en ceros hasta donde yo tengo conocimiento”, porque “no habido detenidos en los operativos que empiezan entre 6 y 7 de la tarde y terminan a las 2 de la mañana por todas las calles”.

Sin embargo, contradictoriamente y en base al último mapa delictivo de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente operan 13 pandillas distribuidas de la siguiente manera:

En el puerto de Cabo San Lucas están “Los Maras”, “Los Sureños”, “Los Kachacos”, “La Bola 8”, “Los Norteños”, “Sombras 7” y “Los 18WS”.

En San José del Cabo hay “Los Batos Firmes”, “El Barrio 13”, “Los Sureños 13”, “Vatos Locos”, “Los Pelones” y “Los Guadalupanos”.

Como segundo destino turístico en México, Los Cabos registra una explosión demográfica del 6.6 por ciento, muy por encima de la media nacional –es del 2.5 por ciento–, lo que ha ocasionado la migración de personas de todo el territorio nacional, quienes trajeron otros usos y costumbres y algunos de los cuales se destacan por formar pandillas que tienen en alerta constante a la población.

La mayoría de los miembros de estas bandas juveniles son de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán, y no rebasan los 18 años de edad, pero ejercen un verdadero dominio y control en algunas colonias marginadas y sobre todo en escuelas públicas.

La principal actividad delictiva y operativa de estas organizaciones –según el mapa delictivo de la PGJE– se centra en las colonias Rosa Delia, Cactus, Tierra y Libertad, Chula Vista, Aztecas, Cabo Fierro, Las Palmas, Lomas del Sol, Caribe Bajo y Caribe Alto en Cabo San Lucas, así como Santa Rosa, El Zacatal, Vista Hermosa, La Ballena, Rosarito y Zona Centro en San José del Cabo.

El poder ejercido por estos grupos delictivos es tan real que algunas instituciones educativas como la Escuela Secundaria Técnica No. 19 de Cabo San Lucas, tuvieron que pactar una tregua con la banda de “Los Sureños” en el 2012 y evitar extorsiones, cobros de cuotas, asaltos, robos, venta y distribución de drogas y atentados a pedradas a estudiantes y la propia institución, como lo expuso el director de la escuela, Miguel Antonio Olachea Ochoa.

Durante una entrevista con este Semanario, Olachea reconoció que algunos profesores de la escuela considerada como “la más conflictiva” de todo el estado y localizada en una de las zonas más marginadas y peligrosas del destino turístico, cedieron a otorgar mejores calificaciones a ciertos estudiantes, y no ponerles falta, cuando no entraban a clases, “porque de plano, no podíamos realizar ninguna actividad académica, cultural y deportiva, sobre todo en el turno vespertino, y quienes constantemente nos asediaban y atacaban con piedras y amenazaban a los maestros”.

El directivo admitió que la escuela se convirtió automáticamente en rehén de las pandillas y donde tuvo que intervenir el Consejo Técnico de la Escuela, porque “estábamos fuera de contexto” y “enfrentábamos una realidad muy dura solo por el hecho de estar en una zona marginada” y donde pocas escuelas se salvan de las bandas juveniles, sobre todo cuando carecen de vigilancia policiaca y son víctimas de la inseguridad.

Tan solo en marzo, y lo que va de abril, y de acuerdo a datos recabados por ZETA, los alumnos y tres instituciones escolares fueron atacadas por pandillas de Los Cabos.

1.- En el periodo de Semana Santa, la Escuela Secundaria Técnica No.14 de San José del Cabo fue víctima del robo de toda su cooperativa.

2.- El 8 de abril, la Escuela “Moisés Saiz Garza” de Cabo San Lucas fue el escenario del robo de un celular y de una computadora de un estudiante a la salida y el cual tuvo que entrar corriendo a protegerse a la institución, porque era golpeado brutalmente por los pandilleros, cuando trató de impedir el robo.

3.- El 9 de abril, la Escuela Secundaria Técnica No.16 de Cabo San Lucas fue víctima del robo de toda la cooperativa escolar.

Actualmente, datos de la PGJE revelan que las pandillas tienen reclutados y en actividad constante a poco más de 900 miembros en Los Cabos; y que para aceptar integrantes éstos tienen que tatuarse alguna parte del cuerpo, aprenderse su propio lenguaje oral y de señas, igualar la vestimenta y lo más cruel es pasar el llamado “Rito Mara” o “Rito de Iniciación”, que no es otra cosa que soportar una paliza dada por los demás miembros que van de 8 a 13 segundos entre los que se incluyen patadas, trancazos, rodillazos, codazos y cabezazos, algunos de los cuales quedaron grabados en los propios teléfonos celulares de algunos pandilleros que circunstancialmente han caído en manos de la justicia.

LA EVOLUCIÓN

En lo que va del año, la PGJE abrió 15 averiguaciones previas en contra de pandilleros y quienes están implicados en delitos de robo, asalto, extorsión, portación de arma de fuego, venta y distribución de droga al menudeo, daños y perjuicios contra servidores públicos y graffitti en espacios públicos y privados.

El subprocurador de la zona sur, Mario Zazueta Obeso, descartó la presencia de células auténticas de la “Mara Salvatrucha” o “Barrio 18” en Los Cabos, mismos que pudieran estar integrando y alentando la proliferación de estas bandas juveniles que en las últimas semanas han cobrado fama por ser protagonistas de hechos delictivos.

El funcionario consideró que “los  miembros de las actuales bandas tiene que ver con jóvenes descarriados que se han estado multiplicando peligrosamente, y estamos preocupados porque ya no únicamente agreden a los estudiantes, sino de un tiempo a la fecha, se han metido a escuelas a amenazar a los propios maestros y algunos de los cuales están realmente asustados”.

Durante una entrevista con ZETA, dijo que –según las investigaciones— la pandilla más problemática de la región es la de “Los Kachacos”, seguidos de “La Bola 8” y finalmente “Los Sureños” y quienes el 20 de noviembre del 2012 en un intento de captura de algunos de sus integrantes se enfrentaron con la policía y militares, destrozaron una patrulla e hiriendo a dos policías, lo que prueba que “andan desatadas”.

El día de la agresión –cerca de las 9 de la noche— la dirección de la Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos recibió un reporte de que integrantes de las pandillas “Los Kachacos” y “La Bola 8” estaban golpeando a un joven sobre las calles de Vía Láctea y Estrella en Cabo San Lucas, cerca de la comandancia de la colonia Lomas del Sol, por lo que algunos elementos fueron al rescate y sorpresivamente fueron recibidos a pedradas y con detonaciones de arma de fuego.

Los agentes solicitaron refuerzos vía radio y hasta donde llegaron más policías municipales, ministeriales y soldados y quienes tuvieron que cubrirse de una lluvia de piedras que tardó más de dos horas en ser controlada, y quienes como pudieron, rescataron malherido al joven agredido de nombre José Manuel Avendaño Hernández de 20 años.

En la gresca, el comandante del Sector 3 de la policía municipal, Édgar Daniel Castro Crespo y el agente de investigaciones de la Policía Ministerial, René Humberto Muñoz, resultaron heridos del brazo izquierdo y cara, respectivamente, y donde también resultó dañada una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, modelo 2011.

A diferencia de las pandillas de La Paz, Ciudad Constitución, Loreto y Mulegé, las de Los Cabos están más organizadas y activas en actividades delictivas y quienes son más violentas y peligrosas porque –según el abogado Gerardo Vázquez Alatriste— “emergieron del maltrato y desprecio social”.

El enfrentamiento de pandilleros contra policías y militares es, desde su punto de vista, un síntoma de que la autoridad prácticamente está siendo rebasada por la propia delincuencia juvenil y “es un fenómeno social que tiende a evolucionar”, según la situación geográfica, económica y política en relación a la función del estado y de la autoridad sobre los grupos más vulnerables, desprotegidos y radicados en áreas marginales y donde no llegan los programas de asistencia social, como el llamado “Valor Sudcaliforniano”.

Ex jefe de la Unidad Fiscal Especializada para el “Caso Posadas Ocampo” y ex asesor del coordinador general de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que “las pandillas” son el caldo de cultivo perfecto de la delincuencia convencional y organizada, sobre todo cuando los jóvenes “no tienen oportunidades, estudios y son marginados en programas institucionales de cualquier índole de gobierno”.

El abogado comentó que los miembros de las bandas juveniles entonces pasan de pandilleros a delincuentes convencionales y la propia dinámica en detenciones o experiencias criminales los va envolviendo hasta que permite en el futuro que sean reclutados por el crimen organizado o empresas criminales.

“La delincuencia permea y evoluciona y entonces toman forma los modus operandi de los delincuentes y se van modernizando en la medida en que se van progresando en sus actividades ilícitas y todo tiene que ver con la falta de respuesta de la propia autoridad e instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, porque encuentran un escenario favorable por corrupción o incompetencia de la autoridad”, dijo.

“…y lo podemos ver en que los principales cuadros operativos, logísticos y técnicos que son policías, ministerios públicos, peritos y jueces, y quienes me ha tocado ver que algunos no están actualizados y desconocen la más mínima y elemental técnica jurídica y pericial, y eso genera expedientes deficientes, y después jueces no necesariamente corruptos, finalmente y por desconocimiento, no emiten sentencias condenatorias y entonces se genera impunidad en este tipo de grupos”, explicó.

El abogado con diplomado en delincuencia organizada en España, comentó que la presencia de pandillas es única y exclusivamente el resultado de la falta de atención de la mayoría de sus miembros por parte de la autoridad, por lo que “el gobierno municipal y estatal debería de voltear hacia ese lado, porque es evidente que algo está fallando, sobre todo cuando los jóvenes empiezan a reunirse en grupitos y después a integran una pandilla”.

En base a su experiencia y especialidad Gerardo Vázquez Alatriste, consideró que “el fenómeno del pandillerismo es porque la autoridad no está ofreciendo ningún tipo de alternativa ni tampoco está bajando en esas zonas programas sociales y actividades deportivas y culturales e inclusive impartiendo cursos u oficios que puedan generarles en un futuro oportunidades de empleo a todos esos grupos.

“Lo que se traduce a una autoridad omisa en el cumplimiento de sus funciones y de generar opciones o alternativas, y por otro lado, la mala circunstancia de que tampoco previene porque la propia constitución mandata que debe prever la delincuencia a través de rondines, redadas o pláticas en las escuelas, y hasta donde tengo conocimiento, no hemos visto a policías impartiendo pláticas en escuelas primarias o secundarias”, señaló.

LOS ATAQUES

No obstante, y en virtud del crecimiento de este fenómeno social, la PGJE inició prácticamente la primera reunión con profesores de la Escuela Secundaria Técnica No. 19, y la cual por su compleja situación, aparece en la lista como la primera institución educativa donde iniciarán pláticas con jóvenes sobre el tema del pandillerismo y sus consecuencias.

Tan solo esa escuela –y según el director Miguel Antonio Olachea Ochoa— se tienen detectados a 90 miembros de bandas juveniles distribuidos de la siguiente manera.

1.- 30 hombres y 35 mujeres de “Los Sureños”.

2.- 15 hombres y 20 mujeres de “Los Maras”

El número de miembros de bandas juveniles es para el director del plantel un “volumen muy considerable”, tomando en cuenta que la institución cuenta con una población estudiantil de mil 600 alumnos distribuidos en dos turnos y 32 grupos de 50 alumnos cada uno.

— ¿Cómo fueron detectados?, preguntó ZETA.

“Bueno, la vestimenta, el modo de hablar y las señas que se hacen y sobre todo el comportamiento que presentan dentro de la institución”.

La escuela secundaria técnica núm.19 es quizá la más golpeada por las bandas juveniles por estar enclavada en la principal zona de influencia y operatividad y donde durante los casi cinco años de su creación ha sufrido el acoso de nueve pandillas entre la que destacan “Los Sureños”, “Los Maras” y “Sombras 7”.

El colmo de la impunidad se registró el 11 de marzo cuando una banda juvenil atacó y quemó completamente la dirección de la escuela y causó daños por más de un millón de pesos, y donde primeramente se robaron celulares y algunas computadoras y enseguida incendiaron 3 aires acondicionados, 12 archiveros, 5 computadoras, 20 sillas, 1 copiadora, 1 aparato de sonido, 2 laptops, 12 escritorios, 1 alacena y hasta la bandera de México.

El ataque fue adjudicado a la pandilla de “Los Sureños” y cuyo nombre fue pintado en una de las paredes.

No obstante, dos semanas después, la escuela nuevamente fue víctima de otro ataque por parte de esta pandilla y quienes en esta ocasión se robaron 5 computadoras y posteriormente rociaron de pino otras 35 para quemarlas por dentro.

Lo más grave de todo es que en el último ataque –y en virtud de uno anterior— la policía municipal tenía establecido un operativo de vigilancia y un supuesto cerco policiaco, el cual fue burlado por los pandilleros y consumaron otro delito más “en sus propias narices”.

Los hechos quedaron registrados en las denuncias penales 147 y 182 en la Agencia del Ministerio Público de la PGJE, y cuyas investigaciones, todavía no concluían y tampoco no se deslindaban responsabilidades en contra de los autores materiales.

El caso ameritó que las fuerzas armadas, como el Ejército y la Marina, tuvieran que hacer desde entonces operativos de sobrevigilancia en esa escuela particularmente y las zonas más amenazadas por los pandilleros.

Los primeros resultados surgieron –al cierre de esta edición— cuando en un recorrido detuvieron a cinco pandilleros de “Los 18WS”, cuando intervenían con graffitti espacios públicos y privados en la colonia 4 de Marzo de Cabo San Lucas, y quienes –según señalamientos de los propios colonos— “eran responsables de algunos robos y extorsiones que cobraban para no agredirlos y golpearlos”.

Los detenidos fueron capturados en posesión de 2 envoltorios de mariguana, 1 aguja hipodérmica, 1 machete, 3 cuchillos, 2 desarmadores, 1 bote de pintura de aerosol, 1 bastón metálico, 1 bote de mezcal y dos revistas pornográficos.

Los 5 miembros de la banda fueron consignados a la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

No obstante –y según el subprocurador de la zona sur, Mario Zazueta Obeso— el principal problema de los delincuentes juveniles es la participación de menores de edad en estas bandas, pues prácticamente “atan de manos” a la PGJE a actuar en consecuencia de manera rápida y expedita, sobre todo cuando no pueden detener a menores de entre 12 y 14 años, al menos que –como establece el artículo 120 de la Constitución— estén relacionados en delitos graves como homicidio doloso, lesiones que pongan en peligro la vida de una persona, privación ilegal de la libertad, secuestro, violación, terrorismo y robo en casa habitación, negocio o vehículo.

“Cuando hemos detenido jóvenes, finalmente tenemos que entregarlos a sus padres porque así lo mandata la Ley de Justicia para Adolescentes y desgraciadamente a veces o en la mayoría de los casos ni los propios padres se hacen responsables de los hijos porque trabajan y los dejan a la deriva”, concluyó.

“EL RETO ES TENER EN PAZ A LOS CABOS”: CCE

Las estadísticas de la PGJE indican que en Los Cabos están registrados mil 389 robos hasta el mes de diciembre del 2012, donde figuran las modalidades de robo a casa habitación, lugar cerrado, negocio, vehículos y robo con violencia, distribuidos de la siguiente manera:

1.- En el puerto de Cabo San Lucas 429 y donde destacan entre las zonas más afectadas la zona centro, El Tezal y la playa de El Médano, y las cuales son –según el mapa de la ciudad— puntos de afluencia turística y de empresarios de la zona.

2.- En la ciudad de San José del Cabo 960 y donde destacan por su importancia la zona hotelera y colonias como Mauricio Castro y Magisterial que –como en el caso de Cabo San Lucas— son puntos del turismo y de empresarios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, se dijo preocupado por la situación de la inseguridad en el destino de playa y “debemos actuar de inmediato porque la delincuencia parece estarse saliendo de control sobre todo en delitos patrimoniales, porque estamos viviendo una ola de robos y asaltos muy fuertes particularmente en las colonias de la periferia”.

“Lo que estamos viendo es que las estadísticas nos indican que casi se están cometiendo el mismo número de delitos en las colonias de la periferia que en las zonas residenciales”, expuso y resumió: “en una parte se roban el gas, ropa y aparatos electrodomésticos, y en otra, vehículos, motos, lanchas y lotes de joyas y eso es mucho muy grave porque indistintamente del lugar se están ocasionando serios daños patrimoniales a las familias”.

El líder de los empresarios reconoció que “los delitos de alto impacto prácticamente disminuyeron y logró controlarse”, pero de un tiempo hacia acá, “estamos siendo víctimas de la delincuencia común y creo que es un problema que debemos entrarle todos”.

“Para mí es una señal de alarma que está brincando, y si no lo atendemos puede complicarse, porque muchas de las ciudades que están en el mapa de las más peligrosas, hace 20 ó 30 años, empezaron con problemas semejantes y no los atendieron y las consecuencias saltan a la vista”, dijo.

El representante del Consejo Coordinador Empresarial dijo que los empresarios han puesto su granito de arena en esta lucha contra la inseguridad y expuso que donaron 20 de las videocámaras de seguridad que son usadas en el llamado C-2, y manejadas por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Asimismo, dijo que respaldaron el destino de 12 millones de pesos del llamado Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) en el 2012 a favor de la seguridad y de incrementar la presencia militar en el destino de playa.

Sin embargo, mientras la delincuencia crece, la situación dentro de la policía municipal cada vez es más compleja porque desde hace un año y medio no tiene un director confiable y quien haya aprobado los exámenes de control de confianza, exigidos como requisito por el Sistema de Seguridad Pública Nacional.

Después de la salida de Lennin Rodríguez Aguilar, y quien dicho sea de paso, reprobó el examen de control y confianza el 6 de agosto del 2011, la policía ha dado tumbos y se ha manejado a través de encargados de despacho.

Primero fue el teniente Román Martínez Marín, y actualmente el teniente Salvador Castellanos Álvarez, lo que permite que no haya una planeación ni una estrategia, como expuso el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

El propio secretario general de ayuntamiento de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, recientemente elaboró y aprobó el examen de control de confianza y quien podría ser nombrado, en los próximos días, nuevo titular de la dirección, luego de “haber sido destapado por el propio alcalde”.

Durante una entrevista con ZETA, dijo que la decisión dependerá del cabildo y reconoció que es “importantísimo que tengamos un director ratificado y certificado como lo establece la Ley y quien pueda establecer un plan de trabajo en los dos años que todavía faltan de administración y la sociedad tenga la certeza de que se va a seguir un lineamiento con miras de poder mejorar”.

“El reto es tener en paz a Los Cabos, aun y cuando, no es un secreto de que estamos enfrentando una oleada de robos a casa habitación, negocios y transeúntes y lo podemos atacar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, porque si los esfuerzos son aislados, los resultados van a ser mucho más lejos”, comentó.

El funcionario dijo que la evaluación de agentes policiacos va muy lenta por la carga de trabajo del Centro de Control y Confianza y donde actualmente se han sometido a pruebas 360 de los 620 elementos de la policía municipal, cuyos “resultados están en las manos del alcalde”. Esto va a ser el parte aguas de qué gente es confiable y de qué gente de plano no”.

(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ abril 15, 2013)