miércoles, 22 de junio de 2011

DENUNCIAN A ITSON-GUAYMAS DE ABUSO DE AUTORIDAD

GUAYMAS, Son.- Recientemente les envié una carta sobre mi visión de lo que es una Universidad, específicamente lo que debe ser nuestro ITSON.

Es de todos sabidos que junto con cada vez más y más gente hemos venido uniendo fuerzas y voluntades para crear entre todos un ITSON fuerte, legal, ordenado, incluyente, justo, y transparente.

Esto incomodó a tal grado a las autoridades que hemos señalado envueltas en muchas de las irregularidades que se han detectado, que este viernes 17 de Junio esas mismas autoridades decidieron unilateral y arbitrariamente rescindirme mi contrato con la institución violando garantías, leyes, contratos y normas por demás básicas.

Amo mucho a ITSON, quiero que de él nos sintamos orgullosos por reflejar lo mejor de nosotros. Esto lo llevaremos por cauces legales, pero dado que muchos me preguntan y quieren detalles en cuanto a mi despido injusto, arbitrario y autoritario por parte de las autoridades del ITSON, aquí pueden ver, analizar y concluir sobre la relatoría de hechos en la que he tratado de ser lo más objetivo posible: www.casoitson.cjb.net

Aclaro que la lucha es contra estas autoridades que usan su poder no para servir, sino para servirse de él y para abusar.

ITSON es una gran Universidad, su gente es noble, honesta y trabajadora, sus alumnos son dinámicos, activos y llenos de esperanza, y su potencial como Universidad no tiene límite; y son estos valores y estas características las que desde cualquier trinchera, de manera ordenada, legal e institucional, buscaremos sean el sello que caracterice a nuestro ITSON.

De igual forma quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Dr. Roberto Celaya Figueroa
www.rocefi.cjb.net

Relatoría de Hechos
(sin quitarle ni ponerle)

En función de ciertos señalamientos que hace la autoridad (y que abordaré más adelante), el 17 de Junio se me presenta la siguiente Notificación de rescisión de la relación laboral. Aclaro que: (1) no se realizó proceso alguno y no se me permitió audiencia tal como señala el Art. 68 del Reglamento del Personal Académico, (2) Sindicato no fue notificado, no hubo proceso, ni estuvo presente mi representante sindical, contraviniendo lo señalado en la Cláusula 5 así como la 22 del Contrato Colectivo de Trabajo, (3) a pesar de ser una garantía constitucional establecida en el Art. 14 de la Constitución Mexicana no se me respetó el derecho de audiencia ni me permitió un proceso debido donde fuera vencido con argumentos y evidencias.

Respecto de esta notificación y para que se conozcan los elementos a los que se refiere esta notificación se comentan a continuación con las evidencias debidas:

Respecto de las injurias hacia compañeros:

A pesar de públicamente se sabía que los estudios doctorales de la Pacific Western University no los reconocía la SEP e incluso que en Estados Unidos esos estudios no son acreditados

1.-Se envía a las autoridades institucionales un correo que incluía respuesta de la SEP a consulta efectuada por un servidor para comprobar por cuenta propia lo anterior, donde se señala la carencia de validez de ciertos grados ostentados por algunas personas en nuestra Institución.
2.- A falta de respuesta, se envía una nueva solicitud al Rector para su conocimiento y atención.
3.-Dado que las personas involucradas interponen una queja aduciendo daño moral, desprestigio y falta de respeto, se envía la siguiente solicitud a mis autoridades.

Pregunta al lector: ¿En qué país del mundo, en que régimen jurídico, o en qué sistema, si una persona señala una irregularidad antes las instancias correspondientes, mediante los procesos establecidos y con las evidencias de sus dichos para que sea la autoridad la que decida, se convierte uno automáticamente en delincuente e infractor?

Respecto a la segunda causal invocada relacionada perjuicios ocasionados a la infraestructura tecnológica, señalo que el primer correo que se indica fue un correo a toda la comunidad ITSON para compartirles una carta pública sobre la visión personal que tengo de la educación universitaria específicamente en el caso ITSON, esto a raíz de los problemas que han venido afectando a nuestra Universidad; el segundo correo se debió a un artículo que publique en un medio y que considere de importancia tanto para maestros, administrativos como alumnos el cual se envió como texto invitando a leer ese articulo.

Preguntas al lector: En ITSON, el uso del correo masivo por parte de las autoridades es algo común, ¿de qué manera si uno hace lo mismo que la autoridad común y normalmente hace puede afectar gravemente la infraestructura tecnológica?; y finalmente, ¿enviar correos ahora es causal de despido, no de un señalamiento de la autoridad, no de un llamado de atención, no de una aclaración de cómo son los procesos, sino de despido?

Pero peor aún: La SCJN acaba de concluir que los correos electrónicos no son prueba y que incluso estableciendo claramente que “la Constitución protege la privacidad de las comunicaciones y de los datos que la identifican, como pueden ser: números marcados en un teléfono, la identidad de los comunicantes, la duración de la llamada y en el caso de los correos electrónicos, la dirección de protocolo de Internet”

En función de eso realice la siguiente Declaración pública 17 de Junio de 2011

De las anteriores violaciones legales, normativas, contractuales y procedimentales hago directamente responsables a

Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector;
Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico;
Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo;
María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria de Rectoría;
Juana Elsa Ibarra Villarrreal, Jefa de Departamento de Personal; Jorge González Hernández, asesor jurídico, y quienes resulten responsables.

Ante la falta de razón, ¿el abuso de autoridad?


Dr. Roberto Celaya Figueroa
www.rocefi.cjb.net

BRONCA DEL PRI GUAYMAS, AL CEN

Lunes 20 de junio de 2011
Fernando Villa Escárciga


En la tierra que vio nacer a Plutarco Elías Calles pasan cosas tan retorcidas que el mismo tricolor se confronta entre el pasado y el presente, entre el cochambre y la legalidad.


Es la lucha de poderes entre los cacicazgos perniciosos y el espíritu de la ley contenida en los estatutos del partido, los mismos que consagran los derechos de la militancia.


Por eso y por mucho más en Guaymas el PRI está en barandilla, a expensas del máximo tribunal partidista. Y puede complicarse más.


El proceso de renovación de la dirigencia municipal está judicializado en un expediente que analiza el Comité Ejecutivo Nacional.


Es una situación que supera los caprichos, los intereses, los acuerdos bajo la mesa, la necedad de imponer órdenes a costa del sentir y los derechos de los tricolores.


Eso fiscaliza Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Procesos Internos del CEN y en consecuencia deberá resolver.


Es una historia plagada de chuecuras que nacieron desde que Antonio Astiazarán Gutiérrez inventó un Consejo Político Municipal a su modo.

Hoy en esa representación tricolor abundan personas sin trayectoria, ni militancia ni compromiso en evidente violación a los estatutos.


El ex alcalde, pues, para controlar al partido hizo consejeros a decenas de sus funcionarios cuando presidió el Ayuntamiento.


Claudia Pavlovich Arellano, la dirigente estatal, desde siempre ha hecho mutis en posible connivencia de comadrazgos de llamar la atención.

Sometida a las órdenes de los caciques del estado, la presidenta del PRI sigue la línea en Guaymas pero aquí se están estrellando las imposiciones.


El abogado Edgar Alán Jaramillo Pérez, priísta con 23 años de militancia puso a todo mundo en jaque con una serie de recursos legales que traspasaron las fronteras de Sonora.


Y es que el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal, Virgilio Ríos Aguilera, adoptó la actitud del avestruz ante el primer recurso.


Al efecto, Jaramillo instó a revisar la conformación del Consejo Político en términos del artículo 51 estatutario pero el directivo priísta desdeñó tal requerimiento.


Posteriormente, al mismo Virgilio se le exigió considerar los artículos 72 y 147 de los estatutos, entre otros fundamentos, para renovar un Consejo Político a todas luces ilegal.


Con vista al delegado de membrete para Guaymas, Rolando Tavares Ibarra, los recursos fueron arrojados al cesto de la basura con la complacencia de la Pavlovich.

Todavía más, cebados los dirigentes estatales en sus cuchupos con los caciques del puerto, convocaron a una sesión de consejeros el 30 de mayo.


Cebados en su chapoteo sobre el fango, la sesión se convirtió en un carnaval de barbajanadas, con cambios sobre la marcha en el orden del día al gusto de Astiazarán.

Sin convocatoria pública ni declaración de quórum, inventando una secretaría general y otras ilegalidades, también esa asamblea se cuestionó.


Todo en la casa de Plutarco, en el edificio sede donde el delegado Julio César Rodríguez asumió una burda actitud de lacayo al servicio de los señores del dinero.


La consigna, sea como sea, valiendo gorro los estatutos, es sentar en la silla Susana Corella Platt, la distinguida comadre de la dirigente tricolor en la entidad.

En ese empecinamiento, además de Astiazarán, participan el diputado Otto Claussen, delfín de los Ricardos (Mazón y Bours) y prospecto para hacerla de virrey en Guaymas a través de la alcaldía.


En la otra esquina también busca la dirigencia Pedro Romano Terrazas, apoyado por la militancia de a de veras, como Julia Astrid Tapia, Alma Campos y Manuelita Ojeda.

A Romano Terrazas, empresario de conducta social y partidista intachable, soldado del PRI en todas las trincheras, se le “acusa” de ser amigo de Germán Uribe Corona.

Por otra parte, se cuestiona que la gente del Toño y de Susana pretendan utilizar al PRI como defensoría de oficio contra las más de 15 denuncias que les encauzaron por presuntos manoteos al erario.


En esas condiciones, pisoteando las formas políticas y estatutarias con un consejo político más amañado que un mono cilindrero, el proceso de renovación dirigencial está en una encrucijada.

Ante el vacío legal provocado por el Comité Estatal, Alán Jaramillo recurrió a las instancias superiores de procesos internos que encabeza Pedro Joaquín Coldwell.

Todas las irregularidades expuestas ante máximo tribunal del tricolor podrían derivar en la cancelación de todo el proceso y en un quemadón para Claudia.


De proceder el recurso la Comisión de Procesos Internos determinaría ordenar la renovación del Consejo Político de Guaymas, echando abajo el proceso en marcha.

Así, para empezar, quedarían en el limbo Pedro y Susana que el 14 de junio se registraron como candidatos a dirigir al PRI con miras a las elecciones del 8 de julio venidero.
Pero el consejo, considerado por estatutos “la fuerza más significativa del partido”, incumple con los principios de equidad y representatividad con la chiruza de Astiazarán, incluyendo a su chofer.


A eso agréguese la violación a los artículos 73 y 129 donde los “electos” (por el Toño, operando al modo de Eduardo Bours), superan con mucho a los verdaderos cuadros y representantes de sectores.


El aberrante modus operandi, además de la normatividad interna del partido, violenta los principios de participación política contenidos en el 41 de la Constitución de la República.

Cualquier abogado medianamente ducho entiende que los partidos son entidades de interés público y sus leyes y códigos reglamentarios emanan de la Constitución.
Considerando que las irregularidades expuestas ponen en riesgo la unidad partidista y socavan los derechos de la militancia la resolución del CEN será crucial.


Todavía más, las derivaciones de la causa podrían llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), el mismo que le acaba dar tremendo palo al Consejo Estatal Electoral de Sonora.


Jaramillo advierte que sí hay plazos fatales, pues el código federal establece que en octubre se abren los procesos y, en consecuencia, los partidos deben estar listos para el arranque.


De no resolver el CEN del PRI esta controversia –se esperan noticias la próxima semana --, el partido en Guaymas quedaría muy vulnerable en términos de legalidad.
Y sí, sería un manjar para los afanes de denuncias de los opositores con riesgo de volver a perder… En la tierra de Plutarco.
Salud como siempre. A todos.


fdovilles@hotmail.com