Protestan en La Paz y Los Cabos contra
el proyecto Los Cardones que la empresa Desarrollo Zapal pretende desarrollar
en una Área Natural Protegida. “De ninguna manera, el Gobierno del Estado está
a favor de la minería tóxica”, respondió Álvaro de la Peña, en representación
del Gobierno de Mendoza Davis. Profepa busca una razón para frenar la obra
Más de mil personas se dieron
cita a las diez de la mañana del miércoles 29 de agosto, en la explanada del
Palacio de Gobierno en La Paz; mientras que por la tarde, en Los Cabos, cientos
de personas acompañaron el movimiento en defensa del agua y la vida,
manifestándose en contra del proyecto minero Los Cardones, que se pretende
desarrollar en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida (ANP),
Reserva de la Biósfera Sierra de La Laguna, la cual alimenta de agua al 80% de
la población de la entidad.
En medio de la manifestación
surgió la melodía del “Cielito lindo”, pero con una letra arreglada por los
grupos ambientalistas.
“Ya tenemos más de 11 años
cuidando nuestra tierra para que venga Salinas con sus Cardones y se nos
pierda. Ay, ay, ay, ay, ay, oye Mendoza (gobernador), ya hoy debes mandar
lejos, lejos, muy lejos a Los Cardones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, oye Sotelo
(delegado Semarnat BCS), la orden es mandar lejos, lejos, muy lejos a Los
Cardones”, cantaron en la explanada.
Y es que el proyecto minero
de la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V., pretende deforestar 506.965
hectáreas de vegetación de las 541.630 hectáreas que abarca.
El tipo de flora a dañar es
matorral sarcocaule, selva baja caducifolia, vegetación halófila y bosque de
mezquite. La zona de afectación son los puntos conocidos como La Junta, Jesús
María, El Bajío, El Aguajito, ubicados en el municipio de La Paz.
“El día 20 de agosto de 2018,
Desarrollo Zapal S.A. de C.V., promovente del megaproyecto minero, ingresó la
solicitud a la delegación federal en la entidad, en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que le sea autorizado el cambio de
uso de suelo forestal a industrial. Solicita autorización para deforestar de
manera absoluta, más de 500 hectáreas”, expuso Diana de Anda, miembro del
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) de Baja California
Sur.
Participaron miembros de más
de 30 asociaciones civiles que integran el Frente Ciudadanos en Defensa del
Agua y la Vida Acudieron.
“Para que declare abierta,
categórica y de forma específica, de frente a la ciudadanía, que el Gobierno
del Estado, ante la petición del cambio de uso de suelo forestal de Los
Cardones, como presidente del Consejo Estatal Forestal, en sentido negativo”,
así lo reveló la doctora en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los
Recursos Naturales, Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas.
Ciudadanos exigieron al
gobernador que establezca su postura en contra del proyecto minero Los
Cardones, pues informaron que de manera legal no hay explicación alguna, ni
motivo por el cual se apruebe dicho proyecto, la aprobación solo se daría por
encima de la Ley y en contra de la voluntad de los ciudadanos.
Álvaro de la Peña Angulo,
Secretario General de Gobierno salió ante la turba de manifestantes y dijo que
el Gobierno del Estado desaprueba al Proyecto Minero Los Cardones y todo aquel
que afecte al medio ambiente y los derechos de las personas
“Apegado al derecho, no
existe la mínima posibilidad de que tal solicitud sea autorizada de manera
legal. Invocamos el derecho de audiencia en los términos expuestos para con
usted, licenciado Carlos Mendoza Davis; de manera personalísima, abordar el
peligro de vida que representa el megaproyecto minero Los Cardones”, lanzó
Diana de Anda, miembro del Freciudav.
Una comisión del Frente fue
atendida por autoridades estatales, mismas que revisaron el tema ante miembros
del Consejo Forestal de Baja California Sur. La reunión fue encabezada por el
secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, el cual comprometió
una nueva Ley que antepondrá el derecho a la vida saludable y esto con el apoyo
de los miembros del Frente.
AUTORIDADES DESAPRUEBAN LOS CARDONES
En la administración de la
priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán y su sucesor Francisco Javier Monroy
Sánchez, el Cabildo hizo de las suyas. La XIV Administración del Ayuntamiento
de La Paz, en una sesión secreta, aprobó el cambio de uso de suelo para la
empresa minera Desarrollo Zapal, ante eso, el actual alcalde, Armando Martínez
Vega se adelantó un poco y dijo lo siguiente:
“El XV Ayuntamiento de La Paz
no reconoció los efectos jurídicos a la sesión secreta, ya que no existe
registro de la misma en sus archivos”, dijo.
Tres años de juicio dieron
como resolutivo, que fuera el actual Ayuntamiento quien reconociera si tenía o
no efectos jurídicos lo que se había hecho por debajo del agua a favor de la
minería. Finalmente, fue esta mañana durante sesión pública extraordinaria de
Cabildo, que el alcalde anunció que se ganó la batalla jurídica, aunque aún no
eran notificados al cierre de esta edición, solo existía en estrados.
Esto en contra de la empresa
Desarrollo Zapal, quien pretendía establecer la Minera Los Cardones.
“Echa abajo la orden del
Juzgado Federal, de reconocer los usos de suelo y darle las licencias que
requieren para operar, regresando las cosas hasta la sesión de Cabildo, lo que
obligó a la empresa a tramitar y cumplir con las licencias y permisos ante las
instancias. Señores, con esto les informo que debemos, ustedes y nosotros,
sentirnos orgullosos de esta lucha de casi tres años con tantas horas de
trabajo”, celebró el alcalde.
Este comentario es una
respuesta a favor de lo que la población paceña ha exigido todos estos años,
sobre todo porque fue la bandera de Martínez Vega el día que rindió protesta
como edil paceño.
GOBIERNO ESTATAL RESPONDE
Luego de la manifestación,
las alarmas se encendieron en el Palacio de Gobierno, los manifestantes exigían
un posicionamiento, para ello salió el secretario general de Gobierno, pero no
fue suficiente el compromiso de voz, por lo que solicitaron algo por escrito.
Fue precisamente que se
convocó a una reunión con una comisión del Frente Ciudadano y miembros del Consejo
Estatal Forestal. Allí, autoridades informaron que están en contra de todo
proyecto que atente contra el ecosistema y los ciudadanos de Baja California
Sur, por lo que hicieron pública la postura.
“El Gobierno del Estado no ha
estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales
(minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y
la ecología. En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como
Los Cardones, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la
postura de ‘no viable ambientalmente’, como lo hizo de conocimiento de la
Semarnat, mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental”.
Reiteraron su compromiso de
lado de los ciudadanos, buscando siempre atender las necesidades de la
población y no exponer al medio ambiente.
A la par, y en respuesta a la
manifestación convocada por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida,
el grupo denominado “Minería Responsable de Baja California Sur”, afín de Los
Cardones, convocaron una manifestación en favor de la prosperidad del Estado.
Principalmente en contra de
la familia Trasviña, los cuales encabezan parte del movimiento y pertenecen a
una de las 33 asociaciones que se manifestaron.
El encargado de manifestar su
inconformidad en contra de la familia fue Agustín Espinosa Laguna, coordinador
del Congreso Agrario Permanente (CAP), en Sinaloa, y delegado en el Estado.
“Por ejemplo, La Testera, por
qué La Testera no la habían denunciado, no la habían denunciado porque hay un
antecedente que trabajaron algunos de los Trasviña para esta empresa, entonces
a eso nos referimos nosotros. El Congreso Agrario Permanente está a favor del
progreso, está favor de las nuevas oportunidades, y puede ser Los Cardones y
puede ser cualquier otra que cumpla los lineamientos de utilizar nueva
tecnología para que no contaminen”, dijo Espinosa Laguna.
Los manifestantes llegaron
hasta el Palacio de Gobierno, los únicos ausentes fueron los miembros del grupo
“Minería Responsable”, quienes dejaron morir solos a los del CAP y a los
cientos de ciudadanos que fueron acarreados desde las colonias de La Paz, ni
siquiera a los habitantes de San Antonio y El Triunfo, o las rancherías de la
Sierra la Laguna, donde se pretende instalar la mina.
“Porque no han dicho
realmente lo que propone, por ejemplo, la empresa, cómo se llama la que
mencionas ahorita, Los Cardones. Esta empresa dice, por ejemplo, que no va
utilizar agua de subsuelo, que va a jalar agua del mar, que va instalar la
desalinizadora, que le va a dar agua a las comunidades cercanas; dice por
ejemplo, que no va a haber polvo porque va a construir un domo, como ya se
utiliza en otras partes; dice, por ejemplo, que la presa de jales no es tal
cosa, que ahora va a hacer combinado, va a ser espacios cerrados, este el
proceso de los jales”, cerró Agustín Espinosa Laguna.
Los ciudadanos, los cuales
fueron acarreados en peseros y camiones, se manifestaron en el sitio, pero tal
era su desconocimiento de quién los estaba convocando, que todas las opiniones
fueron en contra de la Minera Los Cardones.
“Aquí le digo, para apoyar a
la mina, no a la mina, para que no contamine más este pueblo… Yo nomás estoy en
contra de la minería, vengo por eso, una compañera de Ciudad del Cielo nos
convocó…Pues estamos en contra de lo que quieren hacer, pues quieren
contaminar; estamos en contra de que se contamine. Los que quieren meter
maquinaria, que quieren, o sea, en pocas palabras, quieren destruir el
patrimonio de Baja California Sur, y no es justo; por eso estamos aquí”,
dijeron los múltiples manifestantes entrevistados por ZETA.
Elia, la cual llegó desde la
colonia El Panteón, expresó que “nos avisaron la líder de colonia. 150 pesos,
aunque no me hubieran dado apoyo, yo de igual manera hubiera venido, porque
estoy en contra de la minería”, reconoció.
Los manifestantes recibieron entre
100 y 200 pesos por manifestarse en la explanada de Gobierno; aun así, cientos
de personas se fueron molestas debido a que los líderes de colonia no les
pagaron lo prometido.
Cada una de las cabezas de
comunidad, fueron vistas portando listas, folders y pacas de billetes de
diferentes denominaciones para pagar a los “voluntarios” que llegaron a
manifestarse, haciendo ver al movimiento Pro-Minería, como una farsa para
aprobar el Proyecto Minero Los Cardones.
Después de tres años, pudiera
ser el primer caso que gane el jurídico de La Paz, Santiago Leal Amador. “Damos
una respuesta a la población, a la ciudad, lo que todo mundo exigía que esto
fuera en contra, y hoy tenemos que celebrar que finalmente tendremos conservada
nuestra Sierra de La Laguna, nuestro pulmón de Baja California Sur, eso que nos
ha hecho orgullosos desde hace muchos años y que seguirán las generaciones
disfrutando, de esta zona tan verde y tan bonita”, finalizó el alcalde de La
Paz.
Finalmente, le corresponderá
a la siguiente administración lidiar con los procedimientos de nuevas licencias
y permisos de la empresa con actividad minera; por lo cual, el tema no ha
muerto y quedan 15 días hábiles para que la propia Semarnat resuelva.
Ante la solicitud sentida de
los ciudadanos en cuanto a la postura del Gobierno del Estado en referencia al
proyecto minero Los Cardones, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la
Peña Angulo, informó que están en contra de la minería tóxica.
“Precisamente estoy aquí para
informarles y decirles muy clara la postura que tiene el Gobierno del Estado en
este tema. No nos dejemos engañar; de ninguna manera el Gobierno el Estado está
a favor de la minería tóxica; de ninguna manera, ante ninguna. En 2015 tuvimos
el mismo encuentro con muchas y muchos de todos ustedes, les dijimos muy claro
que nunca el Gobierno del Estado apoyaría este tipo de minería”, mencionó De la
Peña.
Para aclarar el término de
“tóxica”, comentó que están en contra de todo proyecto que afecte a la
biodiversidad y el agua. En concreto, afirmó que es un “No” al proyecto Los
Cardones.
“El gobernador cuando inició
el periodo de su gobierno, se comprometió con las ciudadanas y los ciudadanos
de Sudcalifornia, a que nunca, nunca, se comprometería la naturaleza, la
biodiversidad o el agua; nunca. El Gobierno del Estado no apoya la minería que
pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto”,
finalizó.
Por su cuenta, el delegado de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado,
Axxel Sotelo Espinoza de los Monteros, expresó que tienen 15 días hábiles para
elaborar un dictamen jurídico y si la empresa Desarrollo Zapal se inconforma,
que seguramente así será, se darán 15 días más para que presenten lo que en su
derecho les convenga.
“Tenemos 15 días para
elaborar dictamen jurídico y verificar si cumple o no con los requisitos de
Ley. Yo asumo la posición como autoridad, cumple o no
con los requisitos de Ley. Yo
asumo la posición como autoridad, pues tengo que ser responsable del trámite,
de ser imparcial. Vamos a hacer un análisis escrupuloso de la normativa y desde
luego, del cumplimiento estricto de los elementos que la Ley dispone; es
importantísima la opinión del Consejo Estatal Forestal y sobre eso vamos a
basar nuestro resolutivo. Es una opinión que no es vinculante, pero para
criterio de la delegación, va a ser determinante. En términos normativos,
tenemos 15 días para emitir el dictamen jurídico; de ahí, si hay deficiencias
en el trámite, se le otorgan hasta 15 días al promovente y posteriormente si
subsanan, se turnan a los consejos”, se justificó el delegado de la Semarnat.
Autoridades están en revisión
del proyecto Minero Los Cardones, mientras que la ciudadanía ha exigido que se
dé una negativa rotunda a la minería en la zona de la Reserva de la Biosfera
Sierra de La Laguna y evitar la contaminación que puede causar la acción minera
que a decir del alcalde entrante, Rubén Muñoz Álvarez, la “empresa está en su
derecho de solicitar permisos, pero su ayuntamiento se reserva el derecho de
aprobar”.
NUEVAS LEYES CONTRA LA MINERÍA
Durante esta protesta
ciudadana en contra de la minería tóxica, el alcalde electo, Rubén Muñoz
Álvarez, arribó a la explanada del Palacio de Gobierno, acompañado de su
esposa, con la intención de ratificar el compromiso con la ciudadanía durante
su campaña y reiterando que su postura ahora y para su próxima administración,
es no a la minería tóxica.
Habitantes desde La Paz a Los
Cabos dieron un rotundo NO a la Minera Los Cardones, pues dicen que de manera
legal no pasarán, a menos que funcionarios públicos les den el visto bueno en
lo oscurito
Expresó que su compromiso de
campaña es auténtico y es en contra de cualquier proyecto minero que atente
contra el medio ambiente.
“Al ratificar lo que firmamos
ante el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, el compromiso que
hicimos con los habitantes de La Paz no podemos más que ratificar la postura
que es única. No a la minería tóxica en el municipio de La Paz, esa va ser la
postura de la próxima administración municipal”, señaló.
Agregó que es el principio de
la congruencia, que no se trata de un compromiso personal, sino de la Síndico y
de los regidores electos, por lo cual deberán atender a fin de proteger los
recursos naturales y particularmente el agua de La Paz y Los Cabos.
“El compromiso que hicimos no
solamente es personal, es un compromiso de la síndico y de los integrantes del
Cabildo. En la próxima administración no habrá autorización de uso de suelo
para minería tóxica en La Paz. Lo que queremos es preservar inviolable toda el
área de la Sierra de La Laguna porque ahí están los afluentes hidráulicos de La
Paz y de Los Cabos”, finalizó Rubén Muñoz Álvarez.
Por otro lado, la respuesta a
las denuncias de los ciudadanos que conformaron el Frente Ciudadano en Defensa
del Agua y la Vida del Estado no se hizo esperar, la primera en alzar la voz de
los legisladores fue la diputada, Milena Quiroga, quien dijo que habrá de
formularse una Ley que proteja el agua del Estado. Afirmó que si la Ley no lo
establece, la legislatura entrante blindará de toda contaminación al medio
ambiente.
“Hay muchas leyes que ya
están a favor, tanto federales como estatales, que implican que el cuidado del
agua va por sobre todo y excluye el trabajo de peligro en la contaminación del
agua. Entonces, nosotros al defender esas leyes que vienen de la federal,
también son del ámbito local, y si tenemos que blindar algunas zonas para
proteger nuestro mantos acuíferos, lo vamos a hacer”, afianzó.
La protección principal será
basada en los puntos de recarga, para que estén libres de cualquier agente,
proyecto o persona que pretenda realizar actividad alguna que ponga en riesgo
el recurso hídrico. Agregó que hubo una propuesta de decreto de Ley que
pretendía cuidar los mantos acuíferos, pero ésta, por alguna extraña razón, fue
puesta en la congeladora.
“Hay una Ley que propuso la
diputada, Guadalupe Rojas, que se trata de zonas de salvaguarda la protección
de los mantos acuíferos, es una iniciativa muy favorable que trabaja en
conjunto con el Poder Ejecutivo, está en la congeladora por alguna razón. Una
vez que entremos, vamos a ver por qué, pero es una iniciativa muy buena que
vamos a sacar, porque con esa vamos a blindar nuestros mantos, es decir, arriba
de donde se infiltrar el agua, no vamos a permitir ninguna actividad que vaya a
contaminar esa agua”, comprometió Milena Quiroga.
Dijo que la legislatura
entrante se caracterizará de ser abierta para toda petición de los ciudadanos y
afianzar los lineamientos en protección del medio ambiente, de modo que si es
necesario, crearan un marco normativo que prevenga a los gobiernos de
contaminación alguna.
Buscarán que Baja California
Sur sea un verdadero Estado sustentable, el cual siga viendo las bellezas
naturales como un motor económico y no como una zona para explotar de forma
irracional.
“Si no está en la Ley, lo
vamos a implementar, con esa iniciativa que ya está y está muy bien hecha, la
vamos a rescatar. Va a ser un Congreso abierto. Necesitamos que los congresos y
los gobiernos tengan la apertura de la gente, es una de las propuestas que
vamos a platicar con ustedes en nuestra agenda legislativa. Vamos a reglamentar
y vamos a hacer una Ley Orgánica en donde vamos a tener un Congreso abierto,
austero y transparente”, finalizó Quiroga.
Por otro lado, a nivel
nacional, Alfredo Porras Domínguez, diputado federal por Baja California Sur se
manifestó en contra de cualquier proyecto minero que atente contra la
integridad del medio ambiente en la entidad, dijo que no deben existir
proyectos por encima de la voluntad de los sudcalifornianos.
“Un no rotundo a la minería
que pretende contaminar y destruir a la Reserva de la Biosfera Sierra de La
Laguna, pero también un no a toda esa minería que pretende contaminar los mares
de Baja California Sur. Yo precisamente lo manifestaré en el Máxima Tribuna del
país, apoyando a los ciudadanos y desde luego que trabajaremos desde el
Congreso de la Unión para proteger nuestros recursos naturales”, lanzó Porras
Domínguez.
PROFEPA INCREPA A MINEROS
El primero de mayo de 2018,
inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
acudieron a las instalaciones de la mina La Testera, ubicada muy cerca de las
comunidades de San Antonio y El Triunfo, en el municipio de La Paz. La
institución determinó clausurar las operaciones de la minera por violar la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Según la Profepa se encontró:
“Aproximadamente 165 litros
de aceite lubricante usado, 60 litros de agua aceitosa, 190 kg de sólidos
impregnados de aceite lubricante usado, así como cuatro acumuladores de
plomo-ácido usados, estos últimos no se encuentran incluidos en su registro
como generador que la empresa realizó ante la Semarnat”.
La Doctora en Ciencias en el
Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, Elisa Jeanneht Armendáriz
Villegas, exigió al Gobierno del Estado su posicionamiento en contra de una
minera tóxica como Los Cardones
De acuerdo al relato de la
Procuraduría, la empresa no cuenta con el registro de cuatro baterías para
carro que estaban dentro del almacén, así como: el almacén temporal carece de
señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos.
No se realiza la
identificación, etiquetado y marca de los RI.
Además, la Profepa aclara que
no acreditó en el momento:
*El manejo de una bitácora de generación
de residuos peligrosos.
*Haber presentado ante la Semarnat, la
Cédula de Operación Anual que los
residuos peligrosos generados, fueran llevados a tratamiento, reciclaje
y/o disposición final.
*Contar con contrato de un seguro
ambiental vigente.
La empresa minera cuenta con
una autorización en materia de impacto ambiental expedido en 2009 por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la “operación
y mantenimiento de una planta de beneficio metalúrgico en el sitio La Testera,
Baja California Sur”; según la empresa, solo se trata de un acoso por parte de
la Profepa y su delegado, Saúl Colín Ortiz.
“Tenemos algunas visitas de
inspección por ahí de Profepa, nos han estado solicitando alguna documentación,
básicamente las verificaciones han sido de ese orden. Verificación documental
no ha habido ninguna situación que tenga que ver con contaminación. En este
caso, yo lo calificaría, probablemente de esa manera, no, porque la propia Ley
te dice que todos los procedimientos deben de ser con esa objetividad, con esa
imparcialidad y con legalidad. No hay, de esa manera se desarrolla. Entonces,
yo creo que pudiéramos decir que sí, si hay una actuación de ese tipo de abuso
de la autoridad”, explicó Jaime Ramírez Contreras, representante Legal de la
Minera La Testera.
Señaló que la Profepa, lo
único que busca es una razón para detener al proyecto, incluso cuando existen
todos los permisos, aduciendo que la empresa La Testera no cuenta con
autorizaciones, por ejemplo de la Presa de Jales, la cual es utilizada para el
método de flotación, situación que según la institución, no se encuentra
registrada, sin embargo, la minera respondió diciendo que “en la Manifestación
de Impacto Ambiental está inscrito y detallado y lo saben, pero quieren que el
personal tenga los documentos en la mano, cuando pueden comunicarse con los
abogados”, refirió el Representante Legal.
“Verifican aspectos que ya
conoce la autoridad, al menos en papel, entonces inicialmente considero yo que
si se nos va a verificar alguna situación que consideran como omisa,
primeramente debería de hacerse una verificación de lo que es el expediente,
constatar si realmente sí hay alguna deficiencia de ese tipo, y en
consecuencia, proceder; pero en el caso, lo que se hace por parte de
autoridades, llegan, te verifican y para ellos están mal y te clausuran, sin
antes tomar en cuenta que ya hay autorizaciones previas, que ya se han obtenido
una solución; están pidiendo soluciones que ya se obtuvieron en su momento y
que debieron primero corroborarlo antes de ir a hacer una clausura”, agregó
Jaime Ramírez Contreras.
La clausura, obedece a que la
empresa supuestamente no tiene autorizado un método de flotación, pero este
recurso está claramente estipulado dentro de la Manifestación de Impacto
Ambiental, la cual es pública.
“Nosotros lo que esperamos es
que se haga una revisión del procedimiento y de acuerdo a lo que ellos nos
solicitan, es lo que nosotros estamos, ahí lo que ellos nos califican de
omisos, es lo que en realidad no es un omisión, sino es una falta de
verificación de parte de ellos, de los expedientes administrativos. Entonces,
yo apostaría más a que ellos hagan una revisión de acuerdo a lo que marca la
Ley, en los tiempos que se estipulan y nos den en consecuencia la respuesta”,
lanzó el representante legal.
LA TESTERA Y EL REMEDIO
Otro proyecto minero asomó la
cabeza. Se trata del Proyecto Minero La Testera de la empresa MEXXIM S.A. de
C.V., el cual está encargado de la remediación de los residuos mineros de
antaño que quedaron regados en la comunidad de San Antonio, principalmente;
según la Profepa, establece que el proyecto se encuentra fuera del polígono que
pertenece a la Sierra de La Laguna, se localiza en el predio conocido como
Demasías de las Flores.
La empresa se defendió ante
los señalamientos de contaminación que podría estar generando, indicaron que su
labor es de remediación.
Jaime Ramírez Contreras,
Representante Legal de la Minera La Testera denunció que la PROFEPA acosa a la
empresa y sólo busca motivos para sancionar, la mina fue clausurada por falta
de oficio de inspectores
“Tiene que ver con una
remediación de sitios que tienen terreros, estos terreros son residuos de
minería que se hicieron hace muchos años ahí, en los en los pueblos de San
Antonio, El Triunfo. Este material o residuos de la de la minería son los que
estamos trabajando nosotros. Con este
material lo que se hace es retirarse de los sitios donde fueron en su
momento dispuestos y se envían al centro que tenemos nosotros ahí con las
instalaciones habilitadas para el proceso, o sea, se usa un método de
flotación, en este método se aplica en algunas sustancias, como aceite de pino,
para provocar lo que es la separación del material”, comentó el representante
legal.
De acuerdo a la empresa
minera, el trabajo que se realiza en el Estado tiene que ver solo con la
separación de los terreros, discriminando la arena o tierra del material
metalúrgico, es decir, aquella que contiene oro y plata, ésta no se procesa en
el Estado por lo que es colocado en costales y se envían a China.
“Ese es como un lavabo. Tomas
ese terrero, es residuo de la de la minería y aplicamos un lavado, y haces una
separación; al final de cuentas, obtienes una arena o una tierra que le envías
a una a una presa de jales, que le llamamos y obtienes al mismo tiempo este
otro material del cual se obtiene el oro y la plata; sin embargo, aquí no es
donde se obtiene ese material, nosotros lo que hacemos es la separación o
lavado de eso. Aquí en el Estado dejamos lo que es la tierra y de aquí se va el
resto del material al extranjero y en el extranjero es donde se hacen los
procesos para la separación del oro y la plata”, agregó Jaime Ramírez
Contreras.
Pero otras de las situaciones
que llama la atención es que, según La Testera, la obtención del material con
contenido de oro y plata, también se extrae el arsénico, según revelaron a
ZETA. El agua que se contiene en la presa de Jales, está libre de arsénico,
además, los lodos y arena que queda dentro, están libres de dicho metal
contaminante.
“A ese lodo y esa agua se les
toman muestras para análisis, esos análisis se hacen en laboratorios
acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación. Esos laboratorios que
tienen reconocimiento para ese tipo de trabajos, arrojan resultados del lodo y
del agua, y la calidad del agua sin arsénico en cantidades importantes. Toda
agua contiene un cierto nivel de arsénico. En el en el caso de nosotros, los
niveles que te manejamos, muy por debajo, incluso, del agua que tú tienes de
cualquier, casi cualquier pozo del Estado. Esos estudios ya se les hicieron
llegar a la Conagua”, reiteró Ramírez Contreras.
Según los mineros, están
liberando a la zona, no solo de los terreros y la contaminación que generan en
cada lluvia, sino que además del oro y plata.
Pero no todo termina con lo
que dice la empresa minera, el Freciudav interpuso una denuncia ante la
Profepa, debido a que supuestamente la empresa se encuentra no solo retirando
el material o terreros de la minería de antaño, sino que supuestamente están
sacando más material del hoyo minero que se encuentra en el sitio.
Es decir, supuestamente están
extrayendo, cuando su permiso no es extractivo, sino de remediación.
El 3 de mayo de 2018, el
Frenciudav presentó la denuncia ante la Profepa, la cual exige a grandes rasgos
lo siguiente:
Que Profepa efectúe análisis
químicos completos de los desechos para identificar las sustancias tóxicas
presentes en la presa de jales.
Su autorización para que un
técnico de un laboratorio certificado, contratado por nuestra organización,
acompañe al inspector de Profepa y también tome muestras.
Su autorización para que un
grupo de compañeros expertos en diversas áreas de la ciencia, acompañen a su
inspector para verificar qué tipo de procesos realmente está efectuando esa
empresa respecto a los terreros antiguos, y si acaso es verdad que están
extrayendo mineral nuevo, hacer caer el rigor de la Ley por no tener permisos.
Si los desechos contienen
tóxicos, entonces que se les obligue a retirarlos de la zona y a disponerlos en
un sitio en donde no puedan contaminar ningún acuífero o cuerpo de agua
(arroyos, esteros, mar, etc.).
5. Si el agua de la presa de
Jales y/o del arroyo cercano a esta, contienen sustancias tóxicas del mismo
tipo y también estas sustancias están presentes en los sedimentos; entonces a
esta empresa y/o personas responsables se les debe obligar a que efectúen una
remediación completa del agua y los sedimentos contaminados.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ANTONIO CERVANTES
/MARTES, 4 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)
