jueves, 26 de octubre de 2017

35 EJECUTADOS EN 10 DÍAS

En semana y media hubo un ejecutado en Ciudad Constitución, municipio de Comondú; uno en Loreto, 15 en Los Cabos y 18 en La Paz. Autoridades describen una batalla entre Sinaloa a través de la célula de “Los Chapitos” y “Los Dámaso” contra el CJNG o CTNG, pero poco hacen para combatir al crimen. Octubre podría cerrar como el mes más violento en lo que va de 2017

“Lo que no se hace a tiempo, nos genera que después se tenga que partir prácticamente de cero. Parecía que aquí no pasaba nada, y nunca iba a pasar nada, por eso es que debemos tomar con mucha seriedad el tema de seguridad, tenemos que hacer acciones preventivas”, señaló Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación a nivel federal, durante la primera sesión del Gabinete de Seguridad Pública Nacional en Baja California Sur, realizado el 16 de noviembre de 2016 en La Paz.

En ese entonces la estrategia era sacar al municipio de la lista de los 50 más violentos del país, sin embargo, 35 muertos en diez días de octubre de 2017 en Baja California Sur describen una realidad que Osorio Chong no quiso ver: en Sudcalifornia: los hechos de sangre se han vuelto cotidianos.

En semana y media hubo un ejecutado en Ciudad Constitución, municipio de Comondú; uno en Loreto, 15 en Los Cabos, la Capital del turismo; y 18 en La Paz.

El sangriento enfrentamiento que se libra en las calles, según investigaciones de los cuerpos de inteligencia federal, se debe a una pugna entre células del Cártel de Sinaloa a través de la célula de “Los Chapitos” y “Los Dámaso”, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), este último con personajes afines a “El Babay” y/o a “René 00”.

Así es como la entidad “se ha convertido en un vaivén entre los grupos criminales, mueren narcomenudistas de un lado como del otro, pero hay datos curiosos: ambas estructuras han sido afectadas en logística, los oficiales que los apoyaban hoy están limitados o ya dejaron de formar parte de la lista de las corporaciones, pero los malos elementos no se acaban, siguen dentro”, reveló un efectivo de la Zona Militar.

Abraham Cervantes Escareaga, alias “El Babay”, líder de plaza de Los Cabos, capturado la madrugada del 19 de junio de 2017 en Cabo San Lucas, trasladado días después por efectivos de la Secretaría de Marina a Ciudad de México.

“Ha sido detectada la operación de gente cercana al Cártel de Sinaloa o al menos así parece, pues siguen con la limpia que en su momento traía ‘La China’, tres muertos en el ‘picadero’ de la Carballo Félix, cuando el año anterior su célula inició con esa limpia y fue parada porque detuvieron a los sicarios”, refirió el efectivo militar.

Al menos tres cateos de gran escala se han desarrollado por fuerzas de seguridad de los tres niveles en conjunto para ubicar sicarios, de momento no hay reporte de aseguramientos.

En la actualidad, la noche del lunes 9 de octubre fueron acribilladas tres personas del sexo masculino en la colonia Carballo Félix de La Paz, en un almacén de lavadoras y “picadero”. Los fallecidos contaban con 41, 40 y 23 años de edad, “eran originarios de La Paz, Isla de Cedros y Ciudad Constitución. De acuerdo con el programa Plataforma México, contaban con antecedentes penales por los delitos de robo simple, contra la salud y robo agravado”, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En referencia, el 2 de septiembre de 2015, en el mismo sitio fue ejecutada una persona del sexo masculino, quien fue abordado por tres hombres armados, “desde ese entonces y mucho tiempo atrás, ya era sabido por los vecinos y los mismos cuerpos de seguridad que ahí había relación de droga”, sin embargo, los sicarios fueron vistos por una patrulla de la Policía Ministerial que circulaba a unas cuadras.

Al escuchar las detonaciones, el reporte y el vehículo a alta velocidad, los sicarios se refugiaron en un domicilio de las calles Diamante y Esmeralda del fraccionamiento Coromuel.

Los detenidos son “El Gasparín”, de 19 años; “El Oso”, de 34; y uno más que resultó lesionado, los tres originarios del Estado de Sinaloa.

A ellos se les aseguraron tres pistolas semiautomáticas 9 milímetros (Glock, Taurus y Beretta), un fusil de asalto .223 y dos más 7.62, además de un par de chalecos tácticos.  Uno con seis cargadores abastecidos con 173 cartuchos calibre .223, y otro con cuatro cargadores con 108 cartuchos 7.62 x 39. Se les vinculó con por lo menos diez homicidios calificados, ocurridos en La Paz.

De acuerdo con datos brindados por agentes de Inteligencia Militar, la cruenta y sanguinaria pelea entre los dos cárteles en Baja California Sur se reanudó a raíz de la ejecución de Javier Lucero Martínez “El Javi”, ex camarógrafo de Canal 10, ocurrida el 30 de septiembre en una plaza comercial de La Paz.

“Ya no se trata solo de un ajuste de cuentas o de una pelea por recobrar el control de la plaza, es una pelea a muerte, se ha visto muy claro, sicarios con vasta experiencia se dirigen a sus blancos sin hacer muchos disparos y utilizan técnicas de tortura y ejecución específica”, indicó el efectivo consultado por este Semanario.

De esta manera, octubre de 2017 podría terminar siendo el mes más violento en la historia de Baja California Sur, con 3.5 muertos por día. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se veían tantos homicidios en BCS desde enero del presente año, con 42 ejecuciones, seguido de marzo, con 58. El comparativo es el siguiente:

CON LICENCIA PARA MATAR

“Ha quedado claro que la manera de operar de los dos grupos en pugna, tienen algo de espacio, me arriesgaría a decir que cierta complicidad, los agentes de seguridad de ningún nivel están cerca casualmente o no tienen una reacción rápida, un claro ejemplo fue la ejecución del ‘Marrufo’, oficinas de gobierno cerca, el propio Ayuntamiento de La Paz, a no más de cinco minutos del lugar está el corazón de la seguridad pública de Baja California Sur, además, tenían la imagen del vehículo y los sicarios, no pasó nada”, expuso un experto en seguridad pública consultado.

En el caso de la llantera, se ve cómo uno de los sicarios apenas va descendiendo de la camioneta tipo pick-up de color blanco dispara en varias ocasiones, cuando se acerca a su víctima, ésta ya se encuentra en el suelo, prácticamente sin vida, persiguen al acompañante y antes de irse lo rematan, lo que demuestra la hipótesis de las fuerzas federales de investigación.

Óscar Marrufo “El Marrufo” fue ejecutado al mediodía del 4 de octubre en Delta y J Mújica, en la Llantera Marrufo, negocio que ya había sido atacado el 6 de noviembre de 2016, donde tres personas fueron privadas de la vida.

Según los hechos sangrientos recientes, los sicarios han sido certeros en cada uno de los eventos en los que han participado, “disparan de manera certera y la víctima está en el suelo, a veces ni siquiera los rematan, pero ya están heridos de muerte. Están muy bien entrenados y conocen y saben lo que hacen, pero también hemos notado que van a atacar sin detenerse, ya ves la familia lesionada, no mataron a ninguno, pero en forma de aviso descargaron sus armas sin importar quien estuviera, o quizá se percataron y detuvieron el ataque”, indicó un agente federal de Investigación.

El viernes 6 de octubre una familia fue atacada a balazos en pleno Bulevar Forjadores, frente a la colonia Fovissste, a escasos metros del Tecnológico de La Paz. Los heridos fueron un hombre de 32 años, su esposa de 27 y una menor de 3 años, un menor más resultó ileso. Según la PGJE, “fueron dados de alta horas después”.

Otro de los hallazgos que preocupa a las autoridades, es el realizado en las calles Quetzalcóatl y Monte Albán de la colonia Puesta del Sol; en el interior de un domicilio fueron localizados los restos de dos hombres el domingo 8 de octubre.

Más de mil 100 elementos de diferentes corporaciones están reprobados en Control y Confianza, para contrarrestar la falta de policías elementos de la Marina y SEDENA refuerzan operativos.

“Los sicarios ingresaron por la parte frontal, aquí lo que no conocemos del todo, si los fallecidos estaban dentro de la vivienda o fueron privados de su libertad, ya que están relacionados con los dos fallecidos un día antes en Sonora, entre Revolución y Serdán; supuestamente son ‘Layos’ y eso es lo que preocupa, grupos que no habían sido tocados”, refirió la fuente militar.

De acuerdo con datos recabados en la escena del crimen, las víctimas vestían pantalón de mezclilla azul marino, tenis café, playera tipo polo negra con rayas grises; pantalón de mezclilla azul, playera blanca y tenis negros. Este último contaba con un alambre de color gris “del cable” enredado en la muñeca izquierda. Asimismo, había manchas hemáticas en el pasillo lateral izquierdo de la vivienda, lo que arroja que fue arrastrado al patio trasero.

El primero de los fallecidos denota hematomas en el rostro, indicio de que pudo haber sido torturado antes de darle muerte. El segundo también exhibe moretones.

El testimonio brindado por la esposa de una de las víctimas involucra supuestamente a agentes de seguridad. Guillermo Israel Santiago García fue asesinado el 7 de octubre. La mujer subió una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, señalando: “Envidioso maldito, envidioso hijo de perra, vivimos ahí desde cuando nos estaban esperando. Él tiene una empresa con su papá, los dos son comerciantes; maldito hijo de perra, fuiste tú, pinche, te fuiste mejor de aquí”, al parecer platica con un agente de seguridad pública.

La víctima fue asesinada en la calle de San Ramón entre San Felipe y San Fabián de la colonia Santa Fe en La Paz, al parecer una patrulla andaba cerca.

“Son pequeños detalles que nos encienden los focos de alerta para no perder cada detalle, estamos atentos y en espera de las investigaciones, comparar las del Estado y las que traemos en curso”, señaló el militar.

La mañana siguiente, es decir, el domingo 8 de octubre en la delegación Los Planes, fue localizada una patrulla de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal -SSP 0045-, en la playa, calcinada por completo. La institución emitió un escueto comunicado:

“Derivado de las acciones preventivas implementadas por el Mando Mixto en el poblado de Los Planes, en donde elementos de seguridad pública se encontraban durante su servicio la madrugada de este domingo, se registró el incendio de una unidad de esta corporación, debido a una falla mecánica en el sistema eléctrico de la misma, sin que resultaran lesionados por este hecho, ninguno de los agentes que viajaban al interior de la patrulla”.

Sin embargo, un experto en peritaje de siniestros dijo que “es muy raro el evento, para que sea una falla eléctrica no tiene por qué prenderse la cajuela, por obvias razones podría pensarse que esa patrulla fue encendida con un acelerador combustible, la ignición eléctrica no es suficiente para que se consuma por ejemplo la cajuela”.

Asesinos a sangre fría ejecutan y torturan a sus víctimas, la mayoría narcomenudistas o personal con amplio historial delictivo.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también se expresó: “Dicen que se las quemaron, pero aún no están las cosas claras”, lo que se conoce como una duda razonable.

CESE DE POLICÍAS

A finales de 2016 y principios de 2017, autoridades revelaron que se buscarían recursos a través de la Secretaría de Gobernación para liquidar policías reprobados en Control y Confianza. Primero Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que mientras la estrategia de seguridad ha sido fallida hasta el inicio de la actual administración, dejó en claro que lamentablemente el problema se dejó crecer y se busca regresar la tranquilidad, pero se encuentran con ciertos problemas; el principal, el gran número de agentes reprobado en los Exámenes de Control y Confianza.

“No han pasado los controles de confianza, no pueden seguir salvaguardando la seguridad de los habitantes, así que se retirarán del servicio de manera inmediata, también los mandos que no han pasado los controles y confianza, si es que existen, también se habrá de tomar una decisión al respecto, son solo ejemplos, no le puedo decir la estrategia en su conjunto, pero son algunas acciones que se toman con alguna claridad, con mucha transparencia y que es a favor de la seguridad del Estado de Baja California Sur”, señaló.

Antes de continuar, el secretario de Gobernación dejó claro que “se retirarán del servicio de manera inmediata, también los mandos que no han pasado los controles y confianza”, pero pareciera que el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, no entendió el mensaje, ya que después de al menos tres ocasiones en que Godofredo Contreras ha reprobado el examen, sigue como encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.

A mediados del mes de septiembre, alrededor de 80 elementos del Mando Mixto se manifestaron en las instalaciones de la explanada del Gobierno del Estado. Elementos de la Policía Estatal solicitaban la destitución del antiguo comisario por presiones de control y confianza, homologación de sueldos, bono de riesgo y el aumento al sueldo.

Del mismo modo, elementos de la Policía Ministerial advirtieron de “un problema fuerte de seguridad pública, al despedir a un gran número de policías, las calles van a estar con escasa vigilancia”.

Y así ocurrió. Desde el anuncio del despido de policías de diferentes corporaciones, los hechos han ido en aumento, los policías como meros observadores y los ex policías supuestamente en sus casas, pues es sabido que algunos siguen en actividades en las corporaciones debido a un amparo.

Mientras tanto, para La Paz no significa un problema el que haya menos agentes en las calles, ya que “de momento no tenemos intenciones de contratación hasta que concluya el proceso de liquidación”, alertó Godofredo Contreras.

En contraparte, elementos capacitados y aprobados en Control y Confianza, es decir, aquellos que no tienen riesgo de perder su empleo, manifestaron a ZETA que “hay elementos reprobados que no tendrían por qué estar dentro de las listas, personal de oficina, que siempre ha operado detrás de un escritorio y que hoy están fuera, mientras tanto, varios malos elementos siguen encabezando la Municipal”, denunció un agente enlistado en el Mando Mixto.

En La Paz, al inicio de la administración de Armando Martínez Vega, se tenía un listado de 160 elementos reprobados en Control y Confianza, pero parece que en el Poder Legislativo desconocen los quehaceres de los sistemas evaluadores de Control y Confianza y de la seguridad misma, pues según Edson Gallo Zavala, legislador del Partido Acción Nacional (PAN) y encargado de la Comisión de Seguridad, tiene que haber una segunda oportunidad.

“Estas personas que no son aprobadas en los Exámenes de Control y Confianza pueden tener una segunda oportunidad y así aprobar, puedan reingresar a las academias; yo creo que debe dársele un seguimiento a toda esa policía, de manera minuciosa, de darle continuidad al policía que no aprueba y darle la oportunidad de que se siga preparando dentro de la academia”, consideró, sin embargo, quizá no entendió por qué fueron dados de baja, al no cumplir con sus funciones y su deber, pero también hay los menos que por motivos de salud, no pueden continuar en las corporaciones, sin embargo, el tema más relevante es que determinados elementos de seguridad tenían nexos con la delincuencia organizada.

En La Paz se cuenta con 897 policías, de los cuales 532 son operativos, es decir, se desempeñan en calle; de esta cifra 79 realizan actividades de oficina, bajo el concepto oficina y comisionado, ahí entran labores como limpieza, mantenimiento, secretaría. De los casi 900 elementos existen 15 mujeres que no han subido a una patrulla y su actividad laboral es de oficina, sin embargo, cuentan con plaza de policía y esto ocurre con personal que labora en otras áreas lejos de la operativa, en su mayoría los que están dejando la corporación.

En total desconocimiento, Gallo Zavala criticó el que no se brinden por completo los detalles de las evaluaciones para determinar si son agentes coludidos con el crimen organizado, “queda la incertidumbre de conocer al policía, qué fue lo que falló, o qué le faltó, qué es lo que lo hizo desprenderse de su trabajo, así son las reglas en cuanto a Gobierno Federal, el CISEN, los exámenes no te dicen”, finalizó.

Precisamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica reveló los resultados de los Exámenes de Control y Confianza aplicados a alrededor de 3 mil 100 agentes de diversas corporaciones de seguridad pública de BCS. Los datos están actualizados al 31 agosto de 2017.

En el Seguimiento de Evaluaciones por Entidad Federativa y Dependencia, destaca:



Lo que refleja un importante nivel de reprobación, y que de 300 elementos dados de baja en una primera etapa, menos del 30 por ciento debe ser despedido.

Ante la necesidad de mayor atención, y sobre todo que sean cubiertos los espacios abandonados por policías que estaban coludidos o que atendían las medidas de protección a la ciudadanía, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, reflexionó que es un panorama complicado. Pero que, con la llegada del nuevo comisario de la Policía Estatal, Capitán de Navío Víctor Beltrán Peña, y la apertura de la Academia de la Policía, habrá elementos para bajar los índices delictivos.

“Muy complicado, creo que estamos en ruta de sentar los elementos que van a asentar el problema, estamos a unas cuantas semanas de poder aperturar nuestra Academia de Policía para poder enriquecer al personal de la Policía Estatal. También celebro que tengamos un relevo, un relevo totalmente capacitado y habremos de continuar con los trabajos pendientes”, informó el Ejecutivo estatal.

De igual mansera, se busca incrementar la presencia de efectivos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar), pero el esfuerzo económico más fuerte debe ser por parte del Gobierno del Estado para ofrecer las condiciones idóneas a los efectivos federales para prestar sus servicios a la entidad y “puedan incrementar aquí tanto sus instalaciones físicas, como la presencia de efectivos y recursos humanos, de tal manera que la Secretaría de la Defensa pueda incrementar en 600 sus efectivos militares que están desplegados en el Estado, y la Marina duplicar los que actualmente tiene; para eso estamos pensando que el Gobierno del Estado deberá hacer un esfuerzo y un apoyo en poder facilitar un aparte de las instalaciones que habrán de ocupar”, resumió Mendoza Davis.

DESPIDO MASIVO DE AGENTES

Era un aviso y desde el principio fue aclarado por las autoridades, no se trata de que podrían ser dados de baja: “Ese tema no está en discusión, lamentablemente tendrán que darse de baja”, debido a que no se cumplió con lo que la Federación considera un elementos primordial para resguardar la seguridad de los ciudadanos. A la fecha se tiene un estimado de 300 elementos dados de baja en una primera etapa.

Una lucha sin cuartel entre células delictivas del Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación se encuentran en purga, tras reanudar la lucha en las calles de La Paz y Los Cabos.

“Hay de todo tipo de situaciones, los elementos que están como no aptos han sido revisados ampliamente, revalorados algunos, estaríamos hablando de alrededor, no les digo exactamente porque hubo unos últimos que se revaloraron, de alrededor de 300 elementos, de las municipales, de la PEP, de la Policía Ministerial y por supuesto de los cinco ayuntamientos”, indicó Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

Indicaron que hay elementos que fueron dados de baja por incumplimiento de sus funciones, vínculos con la delincuencia organizada y algunos por temas físicos. El tema de mayor relevancia ha sido los vínculos con la delincuencia, “la autoridad solo los está despidiendo y algunos, como ha pasado y actualmente ocurre, están operando para el narco, y las investigaciones y todo lo que se iba a implementar contra los malos elementos, es lo que pedimos nosotros como ciudadanos”, expresó un experto en seguridad pública.

La revaloración y oferta de finiquito se hizo conforme a Ley y respetando sus derechos, así lo dio a conocer De la Peña Angulo: “Se está haciendo un manejo muy cuidado, respetando los derechos humanos más que nada de los compañeros, de las compañeras, que lamentablemente van a tener que ser dados de baja, eso no está a discusión, no es un tema de gusto del secretario, del gobernador, es un tema de Ley que tenemos que cumplir, y entonces son los resultados que arrojaron esto. Se está cuidando mucho, no se está haciendo un despido abusivo, arbitrario, y mucho menos ilegal”, reiteró el funcionario estatal.

Precisamente tras la salida de policías reprobados y la disminución de agentes de seguridad en las calles, “la estructura de la Naval tiene con exactitud la distribución de los delitos de alto impacto, ellos tienen un mapa de distribución de los delitos, qué preferencias tienen los delincuentes, ese trabajo de inteligencia fue elaborado por marinos y militares. Se cansaron de la falta operatividad de los funcionarios de medio mando, esa burocracia, pero esa información de inteligencia se perdió o se quedó en stand by, debido a que no hubo acción de las autoridades civiles”, acusa Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

Pero no solo hay denuncias por parte de la ciudadanía, también los agentes pegaron el grito en el cielo, debido a que el municipio de La Paz supuestamente los despidió de manera arbitraria.

El encargado de despacho de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Godofredo Contreras, minimizó el tema, incluso dijo que 42 elementos fueron despedidos.

“Hasta el momento no tenemos nada, pero entendemos que en su momento tal vez algunos elementos se inconformen y presenten los recursos correspondientes legales, pero por el momento no hay manifestación alguna. De la Policía Comercial como elementos que se encontraban en sectores, comandancias, en algunas delegaciones como Los Barriles, etcétera”, refirió.

Aunque es muy probable que de este número, haya un gran porcentaje de policías amparados ante el intento por minimizar el problema, lo cierto es que hay un grupo de policías que comparten información a través de redes sociales, donde han convocado a no permitir que sus derechos sean violentados. Se habla que de 42 elementos reprobados y listas sus bajas, cuatro firmaron su renuncia y 38 se ampararon.

Cuestionado respecto a si cuenta con un estimado de recursos para liquidar a los policías, Contreras declaró: “Estaríamos hablando de 10 millones de pesos. Hubo un apoyo de parte del Gobierno del Estado en ese sentido, en el momento que se les notificó su baja se les entregó a quien así lo aceptó, la cantidad de indemnización correspondiente. Están legalmente ya desincorporados, incluso fue tramitada su baja”, y confirmó que no se encuentran en funciones.

Irónicamente, el actual encargado de despacho ha reprobado el Examen de Control y Confianza en varias ocasiones, aun así, Armando Martínez Vega lo ratificó en su función, la cual jurídicamente no existe, situación  por la cual muchos de los policías consideran injusta su salida de la Dirección, cuando aún no hay un director aprobado y el encargado sigue por encima de Ley, lo que deja a desear desde la cabeza de la corporación municipal y el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur lo sigue permitiendo, con total arbitrariedad.

(SEMANARIO ZETA BCS/ DESTACADAS BCS / REDACCIÓN ZETA /MARTES, 17 OCTUBRE, 2017 12:00 PM)


JORNADA VIOLENTA DEJA 9 MUERTOS EN BCS

Nueve muertos fue el saldo final de una jornada violenta en Baja California Sur, 8 homicidios cometidos en el municipio de La Paz y uno en Los Cabos en menos de nueve horas.

De acuerdo con la información obtenida por ZETA, se trata del reinicio de la guerra entre células criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el resurgimiento del Cártel de Sinaloa (CDS).

“El recuento de víctimas nos da fallecimientos tanto de un lado como de otro, lo que representa un grave riesgo por el enfrentamiento que se está dando en las calles, cada vez más sangrientos”, así lo dio a conocer fuentes de Seguridad Pública en la entidad.

Los hechos iniciaron cuando fue reportada la muerte de un joven de 25 años, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de las 13:00 horas en San José del Cabo, cabecera municipal de Los Cabos.

Cuatro horas más tarde, pero en La Paz, un comando armado ejecutó a dos jóvenes, de 20 años, en las calles de Degollado y Regidores de la colonia Francisco Villa.

Otro más en Navarro y M. Diéguez de la colonia Los Olivos, allí murió un joven de 29 años.

“Se han dispersado los ejecutados, pero a la vez no, si te fijas son puntos en los que ya había denuncias de distribución o ya se habían presentado ejecuciones, pero es obvia la purga”, dijo para ZETA el agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

PUGNAS ENTRE SICARIOS DEL CJNG Y CDS

En dos hechos simultáneos, fueron privados de la vida cinco personas, 4 hombres y una mujer.

A las 22 horas y 16 minutos, fueron encontrados los cadáveres  de un hombre y una mujer, los cuales estaban maniatados y presentaban el tiro de gracia en el Puente Pino Payas, situado en el acceso al Fraccionamiento Alteza.

6 minutos después, ahora en la calle Acceso entre Bordo y Colima, de la colonia Carballo Félix, tres hombres fueron privados de la vida.

Cerrando una jornada violenta con 9 personas privadas de la vida, la mayoría contaba por antecedentes por robo, lesiones y delitos contra la salud.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS  ZETA/ MARTES, 10 OCTUBRE, 2017 02:39 PM)

GOBERNADOR DESPIDE A DANIEL DE LA ROSA

El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, despidió este día de sus funciones como secretario de Seguridad Pública a  Daniel de la Rosa Anaya. Su lugar será ocupado por Gerardo Manuel Sosa Olachea.

De la Rosa Anaya ocupo el cargo en los últimos 10 años, durante el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán y lo que va de la administración de “Kiko”.

Sosa Olachea, es abogado de profesión de la Universidad de Guadalajara. Ha sido catedrático en Derecho y Ciencias Políticas, así como Sociología Jurídica en la Universidad Autónoma de Baja California.

Se ha desempeñado como Director de Policía y Tránsito en Tijuana, Delegado de la Oficialía Mayor del Estado, desde 1989 es Notario Público. Fue presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Magistrado Numerario del  Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, subprocurador de Justicia en Tecate, entre otros.

Trascendió que el cambio de mandos fue realizado este 26 de octubre en Tijuana.

Momentos más tarde el gobernador escribió en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje:

“Amigas y amigos bajacalifornianos, este jueves tomé la protesta de Ley al licenciado Gerardo Sosa Olachea, como Secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien encomendé firmemente fortalecer el trabajo y la estrategia implementada para brindar seguridad a la ciudadanía, siempre en un esquema de coordinación de los tres órdenes de gobierno y de trabajo conjunto con la sociedad, así como seguir impulsando la “Cruzada por la Seguridad, Tarea de Todos”. En ese marco agradecí el trabajo y el esfuerzo del licenciado Daniel de la Rosa Anaya, quien hasta este día estuvo al frente de esta Secretaría de Seguridad Pública. ¡Saludos!”


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  ZETA/ Jueves, 26 Octubre, 2017 12:03 PM)

EXHIBEN EN ESPECTACULAR AL MAGISTRADO VÁSQUEZ; LO ACUSAN DE NARCO

Un espectacular instalado en Centro Cívico, en Mexicali exhibe al magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, como “narco”.

La cartelera firmada extrañamente por un grupo llamado Mexicali Contra la Corrupción, precisa que el titular del Poder Judicial fue detenido en junio de 1980 por narcotráfico en la garita Centro Cívico.

Cabe señalar que esto se da a una semana de la elección del nuevo Presidente del Tribunal y el Consejo de la Judicatura.

Más información en la edición impresa


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  EDUARDO VILLA LUGO/ JUEVES, 26 OCTUBRE, 2017, 09:19 AM)

VIDEOS GRABADOS POR LOS REOS EN LAS PRISIONES DE EDOMEX REVELAN TORTURA, EXTORSIÓN E IMPUNIDAD



En el Estado de México hay 21 penales estatales con una población penitenciaria de 25 mil presos, los centros de Readaptación Social de Chalco y Ecatepec figuran en la lista de las 10 cárceles más saturadas de México. Con 4 mil 657 internos, el de Ecatepec es el penal con mayor hacinamiento, pues está diseñado sólo para 958 espacios.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los internos de Neza-Bordo, Chiconautla (Ecatepec) y El Altiplano son víctimas de vejaciones para presionar la entrega de dinero y bienes materiales– como casas, terrenos e incluso automóviles– bajo amenaza de que, quien no ceda a sus demandas, “será torturado hasta que muera”.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los miembros de un grupo delictivo presos en cárceles del Estado de México torturan a otros reos para extorsionar a los familiares, todo en aparente complicidad con de las autoridades penitenciarias, reveló este día Noticias MVT.

Varios videos, entregados a dicho medio, documentan los métodos de tortura de un grupo delictivo que opera en el Centro de Prevención y Readaptación del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, y cuyo líder es identificado como Luis Fernando Arias, alias “El Tato” o “El Tatos”.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los internos son víctimas de vejaciones para presionar la entrega de dinero y bienes materiales– como casas, terrenos e incluso automóviles– bajo amenaza de que, quien no ceda a sus demandas, “será torturado hasta que muera”.

Las torturas son grabadas por los mismos reos, de acuerdo con Noticias MVT. Primero, las víctimas son obligadas a llamar a sus familiares para pedirles que realicen el depósito o cedan los bienes a alguna cuenta bancaria. Después, casi de inmediato, les hacen llegar los videos.

En el primer video que se hace público de esta serie de actos de tortura y extorsión, se observa al sujeto identificado como Fernando Arias dentro de una de las celdas de la cárcel del Bordo de Xochiaca, vestido con el pantalón color naranja del uniforme de la penitenciaría, una playera, gorra y lentes de marcas famosas como Convers y Ray Ban, lo que evidencia también los privilegios que le son otorgados.

En ese material, “El Tatos” aparece presionando la válvula de un aerosol al que prende fuego con un encendedor para quemar el pecho, la cara y la espalda de la víctima, quien trata de alejarse, pero es alcanzado en repetidas ocasiones.

El reo le dice insistentemente que sus familiares ya van a depositar el dinero y pide a “El Tatos” que no lo siga quemando, que lo deje en paz: “¡Ya, aguanta!”. “¿Cuándo van a depositar? ¿Qué te hago si no depositan?”, insiste el líder criminal.

A pesar de que en el video– el cual fue enviado vía WhatsApp a la hermana del reo– se escuchan los gritos de la víctima, nunca se ve que algún custodio se acerque.



En otro video, proporcionado por familiares, se observa a un interno vestido totalmente con el uniforme naranja del reclusorio, a un lado de la caseta telefónica. Se presume que acaba de concluir una llamada con sus familiares para solicitarles que hagan un depósito a “El Tatos”, quien de repente llega con un palo y, sin mediar palabra, lo agarra a golpes.

De acuerdo con Noticias MVT, la banda que opera en el penal de Nezahualcóyotl es liderada por “El Tato” o “El Tatos”, un convicto de máxima peligrosidad relacionado con delitos de secuestro, extorsión, homicidio y delincuencia organizada. Los operadores de este jefe delincuencial que se mantienen libres son los que reciben el dinero– que van de 15 a 70 mil pesos– y los bienes.

Estas prácticas no sólo se cometen en el penal de Nezahualcóyotl, también en el de Chiconautla, en Ecatepec, y en el de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, según familiares de presos que en varias ocasiones han solicitado por escrito la intervención del director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, Luis Arias González, para frenar el “ambiente de terror y extorsión en contra de los presos”.

En uno de los oficios enviados por las familias– al que Noticias MVT  tuvo acceso– se lee: “tengo el temor fundado de que le vayan a privar de la vida a mi señor esposo, por no cumplir con los depósitos que piden…”. Nueve días después, el hombre al que se hace referencia fue encontrado muerto en su celda.

Los familiares de los internos acusaron que estos grupos operan con la complicidad (u omisión) de las autoridades penitenciarias, pues “cada vez que presentamos una denuncia, arrecia el maltrato para nuestros internos”.

Según las denuncias, las torturas han causado la muerte de varios reos. El último fue un hombre de 35 años de edad, a quien trasladaron a Nezahualcóyotl por el presunto delito de Intento de Fuga del Penal y lo colocaron en el pabellón que se conoce como “La Fortaleza”, pues una jueza lo calificó “de alta peligrosidad”.

Familiares y conocidos de este hombre hicieron varios depósitos a una cuenta del Banco Azteca, incluso entregaron escrituras de bienes inmuebles y otros valores. La extorsión fue denunciada y, casi de inmediato, el reo apareció muerto “por asfixia mecánica” que él mismo se causó al colgarse de lo alto de la reja de su propia celda, “sin que los celadores se percataran del suicidio”, según consta en el acta del médico legista que publica Noticias MVT.

En el Estado de México hay 21 penales estatales con una población penitenciaria de 25 mil presos, los centros de Readaptación Social de Chalco y Ecatepec figuran en la lista de las 10 cárceles más saturadas de México. Con 4 mil 657 internos, el de Ecatepec es el penal con mayor hacinamiento, pues está diseñado sólo para 958 espacios, mientras que el penal de Neza Bordo tiene una población de 3 mil 700 reos en un espacio diseñado para mil 800, por lo que su sobre población es mayor al 100 por ciento.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 26, 2017, 11:55 AM)

UN PÉTRUS PARA EL FISCAL

Santiago Nieto, quizás involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el Gobierno, para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están viendo.

Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aún si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez, también tiene que ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.

El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el ex fiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al ex fiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal, lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado -si se le confirmaran una ilegalidad-, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.

Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación, se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial.

En este sentido, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un ex funcionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien, si se analiza el escenario más ominoso para el ex candidato y su partido, sería la protección del ex director de Pemex.

Si uno revisa la gestión de Nieto en la fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono, es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aún así, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.

El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquél entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.

La energía de los senadores de oposición esta muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y banalidades, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y ex funcionarios de Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Este es el tema de fondo, oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.

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(NOROESTE/Estrictamente Personal/ Raymundo Riva Palacio/ 26/10/2017 | 04:07 AM)  

NO HAY MUERTO MALO

La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64 por ciento de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al ex fiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

Describir al ex Fiscal como un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de Derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.

Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales… en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.

Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado, se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como Procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la Fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.
  
El impacto de la carta expuso el desgaste del Gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, pero sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el País. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del Gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.

No hay espacio para la legalidad cuando la violación se justifica porque coincide con el imaginario colectivo. Según GLAC, entre el 15 y el 22 de octubre, el periodo entre la entrevista de prensa donde afirmó falsamente que Lozoya le había pedido que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht y su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre el cese, de las cuales el 64 por ciento eran positivas para Nieto, y 33 por ciento negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del Gobierno dos por uno. El débil frente al poderoso; la víctima ante el victimario.

El dinamismo en las redes sociales tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, y obligó al Senado a tomar posición. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, sobre todo los senadores, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes, ni estado de Derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza de cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 25/10/2017 | 04:03 AM)  


2012: EL DINERO SUCIO

La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones circunstanciales, pero existe como un hecho. Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o ex funcionarios de Pemex durante seis años y nada ha pasado. Le lentitud de la PGR para investigar, comparada con la justicia expedita en otras naciones latinoamericanas salpicadas por la misma corrupción, fortalece la idea, en México y el extranjero, de que hay algo podrido en este país que tiene como su raíz el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La destitución de Santiago Nieto como fiscal para delitos electorales, no contribuye a cambiar la percepción, sino la hace verosímil, al haberlo despedido luego de que hablara públicamente de la investigación sobre presunto financiamiento de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Peña Nieto, a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

El binomio de Mexicanos Contra la Corrupción y Reforma, aportó una nueva capa al territorio de esas percepciones. El lunes se publicó el trabajo del reportero de esa ONG, Raúl Olmos, quien ha cultivado buenas fuentes de información en la Fiscalía brasileña en Curitiba, donde se radica la investigación contra Odebrecht, a partir de la transcripción de la conversación de una reunión en 2013 del ex director ejecutivo de Braskem, Carlos Fadigas, con inversionistas, a quienes dijo que habían acompañado “de tiempo completo” la campaña presidencial de Peña Nieto. ¿Qué quiso decir Fadigas? No lo aclara la información publicada, pero abre el camino a todo.

Braskem es una filial de Odebrecht, que se instaló en México en 2010, y comenzó a operar una empresa conjunta con Grupo Idesa, de Guillermo Gutiérrez Zaldívar –los brasileños tienen el 75% de las acciones-, para participar en el Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. La publicación del binomio relacionó las confidencias de Fadigas con la construcción de esa petroquímica, pero según los ejecutivos en México de Braskem no son lo mismo. “No existe relación alguna de carácter operacional o administrativo.. con Odebrecht en México”, explicó un vocero. “Braskem Idesa, diferente de la Constructora Odebrecht, es solamente un cliente de Pemex, por lo cual no tiene relación de proveedor de servicios”.

La relación de Braskem con el esquema de corrupción de Odebrecht en México se ha hecho a partir de un pequeño gran error, la adjudicación directa del contrato para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería en la obra en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, por 115 millones de dólares, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública tiene una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la operación. Braskem precisó que quien hizo esa obra fue Constructora Odebrecht México, y no ella, como se ha publicado reiteradamente, incluso en este espacio.


Ejecutivos de Braskem México aseguraron a quien esto escribe que no existe ninguna investigación sobre la empresa en la PGR. Según sus ejecutivos, sus negocios en México “fueron y son desarrollados con total independencia” de los de Odebrecht. ¿Significa que el vínculo que tejió el binomio es erróneo? Tampoco. La publicación recuerda que la Fiscalía brasileña detectó tres transferencias por un millón y medio de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, registrada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, que según ex ejecutivos de Odebrecht que colaboran con las autoridades brasileñas, han sido vinculadas a Lozoya. Luis Alberto de Menseses Wyell, ex director en México de Odebrecht, según la publicación, se reunió dos veces con Lozoya en marzo de 2012, cuando arrancaba la campaña presidencial, donde se pactó un financiamiento oculto por cuatro millones de dólares, que se canalizaría a través de Latin America Asia Capital y Zecapan SA, en Islas Vírgenes.

Braskem México subraya que ni De Meneses Wyell ni otro funcionario de Odebrecht, participaron en ninguno de los momentos en que junto con Idesa concursaron y se les adjudicó el contrato de suministro de materia prima con Pemex para Coatzacoalcos. Lozoya sostiene que no recibió dinero para apoyar proyectos de obras de Odebrecht o de Braskem, o para financiar la campaña de Peña Nieto. Los ejecutivos de Braskem México reconocen que directivos de la empresa en Brasil participaron en hechos de corrupción, por lo que están pagando a la ley, pero que ellos estuvieron y están al margen de esas ilegalidades. En el deslinde, no metieron las manos al fuego por ellos, pero no quieren que se extienda la corrupción a su operación en México.

Fadigas y Lozoya, por otra parte, deben ser viejos conocidos. Antes de asumir la dirección ejecutiva de Braskem en 2010, Fadigas fue director de Finanzas de Odebrecht y miembro del Foro Económico de Davos en su capítulo de América Latina, que en ese tiempo dirigía Lozoya. Pero esto ¿es prueba de que haya recibido dinero ilícito? Tampoco. ¿Hubo dinero brasileño apoyando la campaña presidencial de Peña Nieto? Los involucrados aseguran que no y que no hay pruebas –sólo testimonios- que los vincule a actos ilegales. En la Fiscalía brasileña están seguros que sí.

Ante la falta de documentos probatorios, es una batalla de dichos, y en el campo de batalla de las percepciones, el Presidente Peña Nieto está derrotado a priori ante la opinión pública. Falta la bala de plata contra el Presidente para que este caso se judicialice, pero en términos de imagen, no hay nada que pueda hacer para revertir el negativismo en su contra.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 24/10/2017 | 03:00 AM)   

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN DEJA LA PRESIDENCIA DE TELEVISA DESPUÉS DE 20 AÑOS


Emilio Azcárraga deja la compañía presuntamente por la caída en los ingresos de publicidad a la compañía, así como por la falta de audiencias en los últimos años.

Emilio Azcárraga Jean dejará Televisa después de ser su presidente ejecutivo durante 20 años, reportó Wall Street Journal. Su partida, dijo el diario, sería por la caída en los ingresos de publicidad a la compañía, así como por la falta de audiencias en los últimos años.

“El vástago” de 49 años, como lo llamó el periódico estadounidense, renunció en un momento en el que una de las televisoras con mayor producción de programas en televisión hispana, no logra captar a las audiencias juveniles, quienes abandonaron el “formato obsoleto de telenovelas de bajo presupuesto de Televisa” y optado por los servicios de transmisión profunda como Netflix con series en español.

La empresa ha sufrido una fuerte caída en los ingresos y la rentabilidad en los últimos años, reportó WSJ. Ahora representa solo un tercio de las ventas totales y menos del 40% del beneficio operativo en comparación con aproximadamente el 60% de las ventas y el 70% de los ingresos de explotación hace 10 años.

Solo en la primera mitad de este año, los ingresos publicitarios cayeron un 8.9% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Durante décadas, el producto de marca registrada de la compañía han sido sus telenovelas, producidas de manera rápida y económica. Varios de sus telenovelas al estilo de ‘Cenicienta a la riqueza’ fueron grandes éxitos en mercados tan lejanos como Rusia y Filipinas”, evocó WSJ.

Por su parte, el cineasta mexicano Luis Estrada consideró que Televisa perdió a sus espectadores de clase media, pero mantiene un “gran poder de penetración” entre la gente pobre del país por lo que augura una larga vida por delante.

SALE EMILIO AZCÁRRAGA, ENTRAN BERNARDO GOMEZ Y ALFONSO DE ANGOITIA

El Consejo de Administración de Grupo Televisa confirmó en un comunicado que Emilio Azcárraga Jean dejó de ser Presidente Ejecutivo de la empresa de medios y contenidos en español más grande del mundo.

Su lugar será tomado por Bernardo Gómez y de Alfonso de Angoitia como Co-Presidentes Ejecutivos de Televisa, reportando directamente al Consejo de Administración.

Este Consejo de Administración será presidido por el mismo Emilio Azcárraga, quien continuará al frente del desarrollo de la estrategia de largo plazo de la compañía.

Asimismo, Emilio Azcárraga continuará teniendo responsabilidad directa de la división de futbol de Grupo Televisa, incluyendo al equipo América, así como de la Fundación Televisa.

Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del 1ro de enero de 2018.

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Grupo Televisa nombra a Bernardo Gómez y a Alfonso de Angoitia
Co-Presidentes Ejecutivos de Grupo Televisahttp://www.televisa.com/sala-de-prensa/corporativo/1024240/grupo-televisa-nombra-bernardo-gomez-alfonso-angoitia-co-presidentes-ejecutivos-grupo-televisa/
11:39 - 26 oct. 2017


 “Nuestra industria está pasando por una transformación muy importante, que nos presenta grandes retos, pero oportunidades aún mayores. Por más de dos décadas, y durante periodos críticos en nuestro negocio, Bernardo y Alfonso han mostrado ser ejecutivos con gran compromiso y dedicación y sus contribuciones a Televisa superan el cargo que ocupan. Sus nuevas funciones y su liderazgo me permitirán enfocarme en la estrategia de largo plazo de la Compañía”, dijo Azcárraga tras confirmar su salida.


(REPORTE INDIGO/ INDIGO STAFF /OCT 26, 2017)

TOYOTA REDUCIRÁ PLANTA EN MÉXICO Y LA LLEVARÁ A EU, PERO ¿NOS AFECTA?

Durante los primeros nueve meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al exterior tuvieron como destino principal Estados Unidos

En medio de un mes que registró baja en venta de automóviles para el país Toyota Motor Corp. confirmó el miércoles que reducirá una planta automotriz prevista en México, pero un alto ejecutivo explicó que la decisión se debe a las necesidades del mercado y no a una decisión política.

La venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en septiembre 2017 propiciada en cierta medida por el sismo del día 19. Durante el noveno mes del año se vendieron 116 mil 356 unidades, 11.5% menos que las unidades vendidas en septiembre 2016.

Con esto suman 1,106,848 vehículos comercializados en el acumulado 2017, 1.1 por ciento inferior a las unidades vendidas en el mismo período del año pasado.

En el acumulado enero-septiembre 2017 se registran 2,829,761 vehículos producidos, 9.8 por ciento por encima de las unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a la inversión en la planta de Toyota en Guanajuato, que está previsto que comience a funcionar en 2019, bajará a 700 millones de dólares desde los mil millones que se anunciaron en 2015, y la producción anual se reducirá a la mitad hasta 100 mil vehículos, según Toyota.

El plan inicial era construir 200 mil autos del modelo Corolla al año, pero el vicepresidente ejecutivo de la automotriz, Didier Leroy, dijo a reporteros en un aparte del Tokyo Motor Show que la producción de este vehículo irá a una planta que tiene prevista con Mazda Motor Corp. en Estados Unidos. El lugar en el que se ubicará la factoría y su apertura todavía no se han decidido.

La planta mexicana fabricará camiones Tacoma para cubrir la creciente demanda. Esta decisión forma parte de la restructuración de la producción de Toyota en Norteamérica, agregó.

Leroy negó que la medida buscase contentar a nadie, en una aparente referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No estamos entrando en ningún juego político, para contentar a nadie”, apuntó Leroy, destacando que la medida busca mejorar la eficiencia en la producción. “Solo estamos haciendo lo que es mejor para la empresa”.

DESDE LA ERA TRUMP

Trump ha expresado su oposición a la planta de Toyota en México, amenazando con aranceles, y dio la bienvenida a los planes de la firma para su factoría con Mazda en Estados Unidos.

Las automotrices japonesas están nerviosas por posibles represalias políticas en Estados Unidos tras haberse visto discriminadas en la década de 1980 por las exportaciones de Japón que se pensaba estaban sacando el trabajo a los estadounidenses.

Sin embargo, la exportación desde México también registra cifras récord, tanto para un septiembre como para el acumulado enero-septiembre. En el noveno mes de 2017 se exportaron 270,899 vehículos ligeros, mostrando un incremento de 15 por ciento con respecto a los vehículos exportados en el mismo mes del año previo.

Durante los primeros nueve meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al exterior tuvieron como destino principal Estados Unidos, representando el 76.1% del total de las exportaciones, la segunda posición fue para Canadá con el 8.7%, y en tercer lugar está Alemania con el 2.9%.


(REPORTE INDIGO/ INDIGO STAFF/  OCT 25, 2017)

SALARIOS DIGNOS: LA PRIORIDAD

En plena renegociación del TLCAN, donde se han discutido los bajos ingresos de los trabajadores mexicanos, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó ayer aumentar el salario mínimo. El monto del incremento se definirá en los próximos días, pero la Coparmex propuso llevarlo a los 95.25 pesos

La iniciativa de la Coparmex de subir el salario mínimo fue confirmada ayer por el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez  aseguró que el aumento será en los próximos días.

En conferencia de prensa, el presidente de Conasami explicó que el alza mediante la fórmula del Monto Independiente de Recuperación (MIR) se daría de la siguiente forma: un aumento en porcentaje en diciembre, como cada año sucede por ley y otro incremento en pesos que podría darse en los alguna fecha cerana.

Además, el Congreso del Trabajo entregó una propuesta de aumento al salario a 100 pesos, detalló González Núñez. 

La Coparmex propuso que el aumento al salario mínimo deberá  cubrir el 100 por ciento del monto necesario para alcanzar la Línea de Bienestar.

En su nivel actual de 80.04 pesos sólo cubre el 84 por ciento del monto necesario para alcanzar la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Gustavo de Hoyos, presidente del organismo patronal explicó que la medida plantea que el incremento sea definido en pesos y no a través de un porcentaje, sino bajo el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) el cual sería únicamente al salario mínimo general, como sucedió en diciembre de 2016.

De esa manera se acelera en forma diferenciada el fortalecimiento del poder adquisitivo y el bienestar de cerca de 488 mil trabajadores que son los que menos ganan en la economía formal.

“El aumento al salario mínimo de estos trabajadores no sería tan sustancial pero activaría la economía del país”, expuso Gustavo de Hoyos.

Según la Coparmex, la mecánica propuesta basada en el MIR ya demostró, a partir de enero de este año, que no tuvo un efecto importante en la inflación ni en las negociaciones contractuales, tampoco en más informalidad ni en una reducción en la creación de empleos.

El aumento salarial sería a partir del 1 de noviembre, según Coparmex.

 Luego de que la Conasami dio a conocer el inicio del proceso de revisión del aumento al salario mínimo general, Coparmex urgió a acelerar el ritmo.

En caso de aprobarse la propuesta del aumento al salario mínimo, ésta entraría en vigor a partir del 1 de noviembre de 2017

QUE CONASAMI CUMPLA

En es sentido, la Coparmex nacional dijo que la Conasami debe cumplir con su mandato ya que retrasar la decisión es injustificada más allá de las presiones de la Secretaría de Hacienda o de posiciones irreductibles del Banco de México.

En cuanto al reto en el campo laboral, sostuvo que no sólo es lograr un millón 200 mil puestos de trabajo por año, sino que estos sean de calidad. De los 800 mil empleos adicionales al cierre del presente año sólo el 61 por ciento son de tiempo completo y con un nivel de ingreso que permite al trabajador cubrir sus necesidades básicas según el Coneval.

El desafío es que México deje de ser el país con los sueldos más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en Latinoamérica, donde sólo  se encuentra por arriba de Nicaragua y Venezuela.

Esa situación se ha convertido en un obstáculo para la negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó Gustavo de Hoyos.

En el oficio entregado ayer  por Coparmex al presidente de Conasami, Basilio González Núñez destacó que en junio pasado se pronunció por impulsar una nueva cultura laboral y también hizo referencia a que en el país hay condiciones económicas para que el salario mínimo fuera de 92.62 pesos diarios, pero no resolvió sobre el particular en la sesión del 29 de junio de este año.

“Es indispensable que la propuesta que sabemos que ya formuló el sector de los trabajadores, como la que plantea Coparmex por este conducto, se resuelva en forma tripartita”, explica el documento.

Por otro lado, el presidente de Grupo de Economistas y Asociados (GEA), Mauricio González, declaró en entrevista que la coyuntura actual no es propicia para un alza al salario mínimo como lo propone Coparmex.

La medida podría poner freno a la economía mexicana que no está en posición para detener su marcha.

“Esa es la parte que nadie puede asegurar que no sucedería de darse el incremento de salario mínimo como se está planteando y no es una situación de justicia económica”, agregó.

La medida busca el fortalecimiento del poder adquisitivo y el bienestar de aproximadamente 488 mil trabajadores


PROPUESTA DE COPARMEX: MARGINAL

La discusión del salario mínimo debe trascender el debate técnico e incorporar elementos políticos e institucionales como sucede en el grueso de las democracias

Democracia Deliberada, una organización política de izquierda conformada por  profesionistas y activistas de la sociedad civil organizada, considera que la propuesta de Coparmex de elevar el salario mínimo a 95.25 pesos es limitada.

Si bien, se argumenta que es un paso en la dirección correcta, la medida representa una mejora marginal ya que aún está restringida por un temor infundado de que se pudiera generar un alza significativa en la inflación.

El grupo, que aglutina a académicos de peso como el economista Gerardo Esquivel y el politólogo José Merino, sugiere que la discusión del salario mínimo debe trascender el debate técnico e incorporar elementos políticos e institucionales, tal como sucede en el grueso de las democracias occidentales consolidadas.

En teoría, el alza salarial se determina por los incrementos de la productividad laboral. Sin embargo, Democracia Deliberada argumenta que la falta de mecanismos propicios para las negociaciones obrero-patronal y las presiones de un sistema de corporativismo sindical son dos factores que han mantenido al salario mínimo deprimido durante décadas. En ese sentido, se explica que una verdadera mejora en el nivel de vida de los trabajadores formales más pobres del país reside en gran medida en que el Estado ofrezca condiciones institucionales para una negociación salarial justa y equitativa.

Este argumento hace eco en los dichos de Sander Levin, un congresista demócrata de Michigan que ha sido particularmente crítico con las políticas laborales de México. Desde su punto de vista, el Estado mexicano ha mantenido los salarios deprimidos de manera sistemática mediante el impedimento a la formación de sindicatos independientes.

Levin refiere que ésta es la única explicación posible al hecho de que la productividad laboral en México se haya incrementado 80 por ciento entre 1994 y el 2011, mientras que los salarios y los beneficios reales han caído 20 por ciento en el mismo periodo.

Para Sander Levin, esta postura institucional del gobierno mexicano deriva en un fenómeno que él ha denominado como “pobreza de alta productividad”.  Según datos del Coneval, el 96 por ciento de la población indígena y el 85 por ciento de la población no indígena ganan hasta tres salarios mínimos al día. Estas cifras son parte de una realidad en la que el 46 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza, de acuerdo a las mediciones de este organismo.

Por si fuera poco, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído de manera consistente desde 1982, cuando estalló la crisis de final de sexenio de José López Portillo y que abrió paso a la instauración de un nuevo modelo económico enfocado hacia la liberalización del sector productivo.

Tres décadas después, México se ha convertido en la economía emergente de referencia  en la implementación de políticas económicas de corte ortodoxo. Pese a los avances y logros en materia de estabilidad macroeconómica, este modelo de desarrollo ha tenido un efecto distributivo adverso para los trabajadores mexicanos.

De acuerdo a Democracia Deliberada, México cuenta con una distribución funcional atípica del ingreso: “El pago al trabajo representa alrededor del 27 por ciento del ingreso nacional, mientras que el pago al capital significa el 73 por ciento, cuando en el mundo las proporciones son inversas”.

La captura de este ingreso obedece no sólo al mantenimiento de bajos salarios, sino a que los ingresos al capital no son gravados en la misma proporción que los ingresos al trabajo.

El poder adquisitivo del salario mínimo ha caído de manera consistente desde 1982, cuando estalló la crisis de López Portillo

RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO

En el 2014, Democracia Deliberada planteó un aumento al salario mínimo de 46.7 por ciento, superior al 18.99 por ciento que ahora busca implementar la Coparmex.

En ese entonces se dijo que el cambio apenas era suficiente para mantener el nivel de vida que tenía la población en 1995.

Sin embargo, la medida no prosperó ni logró convertirse en parte de la agenda de la izquierda que ya reclamaba un aumento al salario mínimo. Desde la derecha, los críticos de la propuesta argumentaron que un cambio de esta magnitud necesariamente se iba a traducir en un choque de oferta inflacionario.

Democracia Deliberada ofreció tres razones para desestimar este argumento. Primero, que el efecto en la inflación sería nulo porque la medida únicamente afectaría a una minoría de la población. Segundo, que representaría una mejora sustancial para el nivel de vida de la población más pobre del país que está concentrada en los estados más marginados de México. Tercero, que un alza relevante al salario mínimo puede significar un precedente serio para darle más poder de negociación a otros trabajadores mexicanos.

En suma, la propuesta de Democracia Deliberada intentó cerrar la brecha cada vez más amplia entre el avance en los precios de la canasta básica y el precio del trabajo en el mercado. Entre 1995 y el 2014, el índice de la canasta básica creció 504.2 por ciento, mientras que el salario mínimo se incrementó sólo 311.8 por ciento.

El grupo Democracia Deliberada señaló que México cuenta con una distribución funcional atípica del ingreso

SUELDOS: OBSTÁCULO PARA EL TLCAN

El capítulo laboral y de mejora salarial ha sido una demanda constante de EU y Canadá desde que arrancaron las conversaciones para la modernización del acuerdo
El tema laboral por parte de Canadá fue llevado a la mesa de la renegociación del TLCAN por el dirigente del mayor sindicato canadiense, Jerry Dias; mientras que Estados Unidos lo ha colocado en el aire y México ha cambiado su postura original de un rechazo tajante.

“México de ninguna forma tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos”, declaró Jerry Dias en su visita a la ciudad de México para participar en la segunda ronda de renegociación.

El líder laboral de Canadá explicó que esa situación es un sinsentido y es indignante.

A su vez, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá puso el tema en el centro de su discurso en su visita del 12 de octubre a tierras mexicanas ante presiones de los sindicatos de Canadá, en particular de Unifor, que es la mayor organización sindical de ese país.

La petición responde a temas políticos porque con la huelga de la planta de General Motors en Ontario, la empresa amenazó con traerse la producción de la camioneta Chevrolet Equinox a México que fabrica el mismo vehículo.

Pero también, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que las empresas de su país sacan sus fábricas para instalarlas en México por el costo laboral, y que por eso hay el déficit comercial que busca abatir, con la revisión al TLCAN

Tanto el gobierno mexicano como el sector privado se han opuesto a que en el asunto laboral se formule un objetivo explícito en cuanto a salarios.

Pero a los negociadores de Estados Unidos y Canadá no les preocupa el tema del salario mínimo en México.

El centro de la atención es el salario manufacturero que se paga en las empresas exportadoras, que da ventaja a las que operan en México.

Ante la queja contra México por los bajos salarios, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida aseguró, que es debido a los trabajadores con pocas capacidades.

A la vez, las diferencias asimétricas en las economías son la causa de los bajos salarios en México. Sin embargo, reconoció que en México sí se han mejorado las condiciones laborales.

El centro de la atención es el salario manufacturero que se paga en las empresas exportadoras y da ventaja a las fábricas que operan en México.

(REPORTE INDIGO/ LOURDES GONZÁLEZ/  OCT 26, 2017)