lunes, 30 de noviembre de 2015

SE RECRUDECE CRISIS EN EL POCHOTAL, SINALOA


Denuncia a Procurador por abuso de autoridad

El conflicto agrario en el ejido El Pochotal del municipio de El Fuerte apuntó penalmente hacia un nuevo implicado, el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, a quien le endilgan el delito de abuso de autoridad por ordenar a la Policía Ministerial del Estado resguardar un predio agrícola ajeno y detener a los legítimos propietarios, sin investigación previa.

Además, imputaron al Jefe de Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente del módulo de riego Nohme, como cabecillas de una red de complicidades para favorecer con riego a Antonio Aníbal Miranda López, sin ser usuario.

Esta semana, poco más de 20 campesinos, en su mayoría indígenas, se plantaron a las afueras de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Norte, mientras que el abogado Martín López Félix y el rentador Erasmo Vega Zamora interponían la querella en contra de Higuera Gómez.

Estos basaron la acusación en hechos sucedidos días antes cuando habrían llegado a un predio de cien hectáreas de tierras de uso común para defenderlo, pues habían recibido avisos de que Antonio Aníbal Miranda López, un profesionista bajo contrato de una empresa agroquímica, pretendía destruir el marcado de surcos amparado en la protección de la Policía Ministerial del Estado. Al llegar, todos fueron amenazados, hostigados, detenidos y obligados a declarar, aunque esto último no lo consiguieron.

La implicación policial se debió a hechos tergiversados intencionalmente por el denunciante, Miranda López, con la aprobación del procurador Higuera Gómez, expuso López Félix.

“Es tan burdo el engaño, que en la investigación que se inicia saldrá a relucir toda la maquinación. Un dato es revelador, para utilizar a la policía inventaron fechas de un supuesto despojo y agresiones a Marisela Orrantia Rocha, esposa del acusador. El despojo no se da porque en la fecha indicada no había contrato existente”, sostiene.

Vega Zamora sostuvo que todo lo denunciado es una mentira que deberá desenmascararse en el proceso de investigación.

Los líderes ejidales Raúl Valenzuela Combera y Mario Valenzuela Cruz, aseguraron que el caso apesta a corrupción y a una treta operada desde funcionarios estatales para despojarles por medio del terror institucional las más de cien hectáreas que años atrás le dieron en usufructo a Miranda López, por labores de desmonte.

De acuerdo con los campesinos, en el año 2012 venció el contrato de beneficios mutuos y Miranda López entregó el predio, el cual en asamblea dura le fue asignado a un grupo de campesinos que formalizaron una asociación. Tres años después, la misma asamblea resolvió rentar las tierras a Erasmo Vega, reapareciendo en el terreno el profesionista de la empresa agroquímica internacional reclamando el predio bajo el argumento que esas tierras no eran las que entregó, sino unas que estaban más al sur.

“Ese amigo nos quiere engañar, pero los linderos están ahí, las marcas no se pueden mover, ni la tierra tampoco. La parcela que dice que entregó ya tiene dueño, desde hace mucho es de Óscar Rodríguez. Lo que ese quiere es seguir sembrando sin pagar renta. Nos quiere seguir chingando como desde años lo hizo en complicidad con la ex comisariada Olga Vázquez, que siendo trabajadora de una maquiladora, construyó una casa que en comparación con la que habitan los indígenas es toda una mansión”, dijo Valenzuela Combera.

Este, acompañado de Mario Valenzuela criticaron que las instituciones se vendan al dinero mal habido y acusaron al Jefe de Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente del módulo de riego Nohme, Vicente Silva, de reconocer como usuario a Miranda López y darle el derecho al agua para riego. “A esos ya les comprobamos que no es dueño de nada ni ejidatario, que sus papeles son una estafa pero se niegan a anularle la aprobación, y pues con ese derecho ilegitimo, Rodríguez, silva y Aníbal  nos siguen chingando”.

LA DENUNCIA.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Subprocurador Regional de Justicia del Estado dijo que no tiene impedimento legal para recibir la acusación en contra de su jefe, Marco Antonio Higuera Gómez, y aseguró que tampoco hay excepción para que declare.

“Los mecanismos de la dependencia están fijos. Hay formas para que un superior declare”, sostuvo.

La obligación de la dependencia es recibir la denuncia, que es un derecho de los particulares, investigar y resolver, que es una obligación de la autoridad. Los acusadores tendrán que aportar pruebas que acreditan su dicho, y el denunciado pretenderá desvirtuar lo afirmado. Es el procedimiento normal que se agotará, dijo el funcionario.


(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/ Los Mochis en 29 noviembre, 2015)

IMPARABLES LOS “LEVANTONES” EN LOS MOCHIS


Autoridades pasivas y misteriosas ante la violencia en Ahome

Un teléfono celular en el piso y un local de lavado de vehículos vacío fue lo único que militares, policías ministeriales y preventivos encontraron al arrancar la semana.

Las fuerzas del orden habían llegado al lugar ubicado en céntrico sector de la ciudad debido a un reporte de personas desaparecidas. Tres en total.

Las horas pasaron y los días pasaron, y nadie revelaba la identidad de los sustraídos del local.

Tres días después, el miércoles, el subprocurador Regional de Justicia en la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, aceptaba los hechos, obligado por la presentación de la querella en la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, el reconocimiento de los hechos fue somero. “No puedo revelar más. Son tres personas. Estamos investigando y por la reserva de la carpeta de investigación no puedo dar detalles”.

El reconocimiento oficial del “levantón” masivo fue precedido por una campaña de localización en las redes sociales.

Un día después de los hechos, el martes (24), familiares, amigos, y desconocidos de un profesor y de un técnico instalador de equipos de sonido los reportaban como ausentes y pedían cualquier informe para localizarlos, pues estos ya no regresaron luego de acudir a un taller ubicado en Miguel Hidalgo y Constitución, en la colonia Centro de Los Mochis.

El primero era el profesor preparatoriano Adrián J. Hernández, quien había acudido el taller a recoger su vehículo y ya no retornó. Era ajeno a las actividades que se desarrollaban en el taller de detallado automotriz, señala el aviso de búsqueda. El segundo es Jesús López, quien habría desaparecido del mismo lugar.

De la tercera persona no hay detalles públicos, aunque un segmento de la carpeta de investigación policial del caso señala que podría ser el encargado o propietario del establecimiento.

De acuerdo con la investigación policial consultada, el caso es sospechoso, pues la consulta a probables testigos no arrojó datos sobre la presencia de un grupo armado o que se hubiese presentado un hecho violento.

Para los investigadores es probable que todos los privados de la libertad fuesen reunidos en el lugar, sometidos y conducidos a un lugar diferente. Pero hasta ahora no encuentran un móvil, y tampoco a los tres jóvenes.

Antes, el 15 de noviembre, la misma suerte habían corrido Edy Alberto León Estrada y Geovany Daniel León Miranda, ambos vecinos de la colonia Jiquilpan. Ambos habían salido juntos a comprar cigarrillos a una tienda de conveniencia. Ya no retornaron a sus casas. Fueron encontrados sin vida y encobijados el 19 de noviembre, frente a una tienda departamental. Habían sido torturados y ejecutados. En el lugar también fueron dejados unos carros de juguete.

El sitio es el mismo en donde el 10 de mayo del 2013 fue emboscado el entonces director de la policía municipal de Ahome, Jesús Carrasco Ruiz. Sobre este pesaban denuncias públicas de comandar un grupo de policías autores de ejecuciones extrajudiciales y de privación de la libertad de civiles.

Doce días antes de ese hecho y apenas iniciando noviembre, el martes 3, los jóvenes guasavenses Juan Carlos Martínez y Eleazar Núñez se esfumaron de la tierra cuando habían visitado esta ciudad. Desde entonces, sus familiares los han buscado, pero no los han localizado.

Para el director de policía municipal de Ahome y Coordinador de la Policía Ministerial del Estado, Gerardo Amarillas Gastélum, la privación de la libertad o “levantones” de los muchachos en la ciudad son un misterio, pues en ninguno se han encontrado vestigios de violencia. Además, las familias han sido reservadas para colaborar con los investigadores, por lo que la localización de las personas resulta tardada.

“De que es raro todo esto, te aseguro que sí lo es. Que nos sorprende a nosotros, también. No hemos  logrado tomar el hilo, por las reservas familiares, pero estamos trabajando. Hacemos más de lo que se puede”.

Leonel Valenzuela Gastélum, presidente del Instituto de Criminología del Noroeste A. C. consideró que la serie de ausencias forzadas en familias locales revela que las operaciones policiales y su planeación fracasaron, pero también saca a la luz probables complicidades y “maridaje” entre el mando único y delincuentes, o en el peor de los casos, un grupo de policías encargado de la “limpieza” de lo que ellos consideran delincuentes. “Todo es muy lamentable y deprimente”.

Myrna Nereyda Medina, fundadora y dirigente de la Asociación Desaparecidos de El Fuerte, consideró irreal, dantesca, y como una realidad de pesadilla que aún desaparezcan personas sin que la autoridad pueda encontrar un solo rastro. “Todo es tan deprimente. Es tan horrible que uno no tiene capacidad para tener esas pesadillas, sin embargo sucede. Y la autoridad como si nada. A ellos nada importa”.

(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ LOS MOCHIS EN 29 NOVIEMBRE, 2015)





DESPLAZADOS EN RIESGO


COSALÁ, MÉXICO.- Pedro López Trujillo tienen desaparecido a su hermano Roberto, el busca el apoyo de los derechos humanos para encontrar a su hermano quien se encuentra desaparecidos debido a los ataques por parte de los elementos de la marina durante los operativos en busca del Chapo Guzmán.

Los elementos de la Secretaría de Marina continúan en la sierra de Durango en su “cacería” de Joaquín el Chapo Guzmán que inició hace un mes y medio y los pobladores desplazados temen volver, pues el fin de semana se registraron nuevas agresiones contra dos jóvenes.

Solo los pobladores de la comunidad El Verano pudieron regresar a sus casas, mientras que el resto permanece en Cosalá, dicen, desplazados en entrevista con Ríodoce.

En la cabecera municipal sigue pernoctando gente de las comunidades de El Limón, El Águila y El Comedero Colorado, en albergues que se habilitaron para apoyarlos.

Heraclio Peña Nájera, habitante de El Águila, aseguró que los agredidos son dos hermanos de 21 y 17 años, quienes tienen temor a denunciar públicamente debido a que fueron amenazados.

Los dos hombres regresaron al pueblo para revisar las condiciones en que se encontraban sus viviendas y el sábado 21 fueron golpeados por los marinos, según revelan los testimonios.

“Ya nos habían dicho que podíamos regresar y ya los muchachos iban adelante para ir limpiando el cochinero que dejaron”, dijo.

Después de 10 días de permanecer en la casa y haberse identificado con los Marinos, narró, los elementos navales llegaron a la vivienda donde se encontraban los jóvenes y les pusieron unos radios de comunicación para que escucharan y dijeran a quiénes se referían con las claves que mencionaban.

“Ellos contestaban que no sabían, que estaban cuidando el racho, ‘nada más se hacen pendejos’ les decían”, contó.

Al no obtener respuesta, los marinos supuestamente los empezaron a golpear desde las 13:00 hasta las 16:00 horas aproximadamente.

“Los golpeaban a manos extendidas en lo que era la nuca y les retacaron agua con una chira en la cara y les echaron agua en las narices y la boca y la bolsa en la cabeza”, abundó.

Los elementos de la Semar los amenazaron con matarlos si denunciaban y los dejaron golpeados en la casa de donde se llevaron comida y diversos objetos.

Los ofendidos acudieron el martes pasado en la mañana a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Cosalá a presentar denuncia pero fue rechazada debido a que es competencia de la Procuraduría General de la República.

Ese mismo día por la noche se fueron de Cosalá hacia el municipio de Elota.

PERMISO PARA VOLVER

Llevan más de 40 días de “arrimados” con familiares y quieren volver, pero además del temor porque los elementos continúan en el sitio y el fin de semana volvieron a golpear a dos pobladores, necesitan un permiso.

Hace aproximadamente dos semanas, durante la entrega de despensas, personal del Ayuntamiento de Tamazula dijo a los pobladores que ya habían tenido comunicación con la Semar y podrían volver a sus casas sin ningún problema.

Algunos, como Carmen, vecina de El Limón, que pidió no ser identificada, intentaron ir a su casa pero antes de llegar encontraron un grupo de agentes que les impidió continuar.

Los marinos, comentó, le dijeron que para volver necesitan solicitar un permiso a la Semar en la Ciudad de México y mostrarles el documento, de lo contrario no pueden ocupar sus casas.

“Dicen que tenemos que pedir permiso en México para que nos dejen pasar, que si no tenemos no podemos”, expresó.

“Lorena”, también residente de El Limón, había dejado su camioneta en el poblado días antes de que empezaran los operativos y la semana pasada que quiso recuperarla tampoco pudo llegar.

Los Marinos también le pidieron que solicitara un permiso para llegar hasta el pueblo.

La mujer no logró entrar al poblado pero en un barranco encontró su camioneta Jeep Cherokee, llena de balazos y volteada. Y una cuatrimoto totalmente quemada.

“Como puede uno va comprando sus cosas y ellos vienen y las balacean, yo lo único que quiero es que me paguen mi camioneta”, expresó.

Según los desplazados, los elementos navales continúan vigilando las comunidades y mantienen custodiado el rancho donde presuntamente se ocultaba el Chapo Guzmán.

YA LOS OLVIDARON

Los desplazados de Tamazula se sienten olvidados por el Gobierno pues no les dan la posibilidad de retomar su vida y dejaron de entregarles apoyos.

“Ya nadie hace nada, ni los derechos humanos que vinieron, no ha pasado nada y uno sigue aquí malviviendo”, manifestó Lorena.

En las primeras semanas recibieron ropa y en cinco ocasiones despensas, que dicen a lo mucho alcanzaban para comer dos días, y después ya no hubo ninguna ayuda de parte de los Ayuntamientos de Cosalá y Tamazula.

Los desplazados, dicen que están viviendo con lo que les dan sus familiares que les dieron asilo, en casas donde habitan hasta 12 personas.

“Allá tenemos muchas cosas, mi marido con ahorros había comprado herramienta de trabajo de mecánica, son cosas que para uno valen, porque aquí a como la anda sufriendo uno pues ya las vende o algo”

“Aquí no tenemos como vivir y no vamos a poder estar todo el tiempo aquí”, comentó Carmen.

Carmen cree que ya no encontrará ninguna de las herramientas en su casa y además hallará la vivienda llena de balazos. Aquella mañana del 6 de octubre no supo cómo quedó, apenas cesaron las ráfagas que salían del helicóptero salió corriendo con su hija dos años en brazos y durante tres días caminó hasta Cosalá junto a su esposo y cuñado que la alcanzaron en el camino.

“Lo único que nosotros estamos esperando es que regrese todo a la tranquilidad y podamos regresar sin ser molestado pero ellos todavía siguen abusando de poder y de autoridad los Marinos”, señaló Heraclio.

Peña Nájera manifestó que no tienen inconveniente con la presencia de las fuerzas navales pero siempre y cuándo respeten a los pobladores y no los agredan.

“LOS MARINOS LO MATARON”

Pedro López Trujillo no es desplazado ni está lejos de su casa, pero si lejos de su hermano Roberto.

Desde el 8 de octubre, el hombre de 44 años desapareció después de que junto con otras siete personas bajaba del poblado El Limón huyendo de los operativos y fueron atacados por los elementos de la Marina en una zona conocida como La Boquilla.

A estas fechas, Pedro duda que su hermano esté con vida, pues muy a su pesar está seguro que ya está muerto y acusa a los marinos de asesinarlo.

Ya pasó más de un mes y medio y es demasiado tiempo como para que no haya razón de él por eso cree que los mismos agentes lo sepultaron para que no quedara rastro.

“Yo pienso que a este hombre lo mataron, que digan ‘saben qué lo matamos en tal parte, ahí lo dejamos tirado, ya se lo comieron los animales’ o haber que paso con él o lo tenemos ahí está herido”, indicó.

Los primero días, pensó que estaba herido en algún hospital o detenido, pero ni una ni otra cosa pues no fue localizado en hospitales de Culiacán y Mazatlán y tampoco en las cárceles.

Cuatro días después de que desapareció fue al lugar donde les dispararon a buscarlo entre el monte y en el río y encontró solo su lámpara y la mochila con su ropa.

En esa ocasión preguntó a los marinos por su hermano sin obtener respuesta.

La única esperanza que le quedaba era que lo hubieran trasladado a la Ciudad de México y esa con el paso de los días también ya se desvaneció.

Según los testimonios que Roberto recabó con quienes acompañaban a su hermano, los ochos hombres venían caminando en la noche cuando de repente escucharon que montaron tiro en armas de fuego.

Los hombres dijeron buenas noches y no obtuvieron respuesta, al acercarse al monte donde escucharon los ruidos obtuvieron la respuesta: “de repente contestaron somos la marina perros y les empezaron a disparar”,

Todos corrieron hacia donde pudieron y uno de ellos asegura haber visto a Roberto caer al suelo.

Pedro planea presentar una denuncia por la desaparición de su hermano para que los Marinos digan dónde está.

“Yo pienso que los marinos lo tienen, ellos lo mataron o ellos lo tiene por ay, yo por eso quiero meter una demanda para si lo tienen ellos que digan lo tengo para no andarlo buscando”, indicó.


(RIODOCE/ Alejandro Monjardín en 29 noviembre, 2015)

EL CAMINO DE JAIME PALACIOS


Jaime Palacios Barrera es un militante de la izquierda desde que fue dirigente estudiantil a principios de los años 70 y formó parte de la triada PMT-PSUM-PMS para en 1989 ingresar al PRD. Después de estar ahí desde su fundación renuncia para sumar esfuerzos por Morena, donde luego, por su trayectoria y compromiso, es electo Presidente de su Consejo Estatal para finalmente en las últimas elecciones internas, alcanzar el máximo cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido asumir el cargo y no sólo eso, la Comisión de Honestidad y Justicia del CEN del partido lopezobradorista resolvió una queja interpuesta por del ex dirigente estatal Luis Guillermo Benítez, con la máxima sanción que fue la de destituir todos los cargos electos y mandata volver a realizar el proceso interno en una fecha todavía indefinida.

Palacios Barrera, junto con un grupo de los igualmente destituidos, ha decidido recurrir a las instancias de justicia electoral —que no las partidarias, y quizá es un error jurídico ir directamente a las jurisdiccionales— para que se revise su fundamento legal, que es un derecho que le asiste a él y al resto de los destituidos, y este recurso se presenta en primera instancia ante el Tribunal Estatal Electoral para que resuelva sobre la legalidad de las conclusiones de la citada Comisión y aquí pueden suceder dos cosas: Una, que se deseche porque no se hayan agotado las instancias partidarias; y la otra, que esgrima que no es de su competencia por ser un partido nacional.

En efecto, quizá este órgano considere que primero se deben agotar las instancias partidarias y una vez ratificada la resolución, entonces sí, entrar en el fondo de la demanda de justicia partidaria o trasladar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto esto sucede, la dirección política está acéfala y es previsible se elija un interinato en tanto se resuelva el caso. Así sucedió en Tlaxcala, donde existe problemas similares por el rechazo a la senadora Martha Palafox para que sea designada Promotora de la Soberanía Nacional en el estado; y en Sinaloa, se dirige la crítica a Jesús Estrada Ferreiro; en ambos casos, de sostenerse, serían virtualmente los candidatos a gobernador.

AMLO ha argumentado que la designación de Palafox y Estrada es resultado de una encuesta en donde salieron favorecidos y que detrás de las protestas se encuentra la mano de la “mafia del poder”, con sus exponentes locales, que en Sinaloa, según su decir en tribuna, se personifica en Malova y Juan Millán.

Es decir, rechaza cualquier tipo de protesta que tenga como propósito descalificar a quienes han sido definidos como Promotores de la Soberanía Nacional, sin considerar para nada los argumentos que se exponen, incluso negándose a escucharlos de viva voz.

En fin, el daño está hecho y los sucesos, que la prensa ha difundido profusamente, están destinados a la vía judicial. Esto no está del todo mal. Los problemas que los partidos son incapaces de resolver deben estar en manos de una instancia competente y garante de la ley de partidos, para que desde ahí se imparta justicia y contribuya a institucionalizar procesos como son la elección de dirigentes. Sé que esto no gusta mucho en un ambiente de desconfianza pública, pero es lo normal en sistemas institucionalizados y hay que apostar a ello, como sucede en otros países.

Jaime Palacios está molesto, lo deja ver en sus mensajes en redes sociales, no es para menos, se le ha destituido de un cargo que ganó hasta ahora legítimamente, aunque en la resolución de la Comisión se documenta una operación de acarreo y actos de proselitismo en las asambleas distritales. Contra eso tendrá que ir y demostrar que todo ello es un montaje que busca no sólo destituirlo sino, quizá, dañarlo en su honor y expulsarlo del partido.

Vienen tiempos difíciles para Morena Sinaloa, pues instancias jurisdiccionales deberán revisar con detalle los argumentos que expone la Comisión. Sea esto en las instancias partidarias —no se olvide que las resoluciones son de una Comisión ad hoc— pero debe la de Honor y Justicia revisar sus conclusiones, y en última instancia, resolver el caso en forma definitiva. Para que así, con una resolución definitiva ir al tribunal, para que conforme a la Constitución y su ley reglamentaria de partidos decida quien tiene la razón jurídica.

Lo cierto es que la división ya está instalada en Morena Sinaloa y los márgenes para una salida salomónica están prácticamente cerrados. Serán los tribunales los que digan la última palabra y ya sabemos, en caso de que favorezcan a Palacios Barrera, se dirá que el tribunal está al servicio de la mafia del poder.

Así de sencillo.


(RIODOCE/ Ernesto Hernández Norzagaray /  29 noviembre, 2015)

LA MUERTE TIENE PERMISO


Al fondo, un dibujo con el rostro de ella en color lila. Bajo esa manta, la leyenda “Yo no puedo quedarme sin hacer nada”. Alrededor de las oradoras unas veladoras y algunas flores de papel, sobre un trozo de pavimento hidráulico que alguna vez estuvo manchado por la sangre de una madre asesinada por buscar a su hijo.

La muerte tiene permiso, dijo Mara Aréchiga. Y su voz sonó como esas palabras escritas sobre piedra, a golpes de cincel. La activista se refirió al homicidio de Sandra Luz Hernández, la madre que buscaba a su hijo Édgar, desaparecido luego de un supuesto enfrentamiento, que por investigar su paradera fue ejecutada a balazos en mayo de 2014.

Ahí, donde fue muerta, integrantes del Colectivo de Mujeres Activas realizaron un plantón, como parte de las actividades del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres y un homenaje a Hernández. La cita fue en 30 de Septiembre y Constitución, en la colonia Benito Juárez.

“En Sinaloa las madres se convierten en detectives y la muerte tiene permiso: por machismo, porque no alcanza la justicia para atender a esas familias que son víctimas”, dijo Aréchiga.

La mancha de sangre sobre el piso de concreto había desaparecido, pero no el recuerdo. Alma Rosa, quien tiene a un hermano desaparecido y ha participado en actos de protesta para exigir al gobierno que lo busque y castigue a los responsables, recordó esa tarde: ella y Sandra Luz, que siempre andaban juntas, en la lucha, ese día se habían separado, justo cuando seguía una pista sobre el paradero de su hijo, fue asesinada, y ahí pudo también quedar ella.

Lo dice como si se viera ahí, inerte. Tendida y con esa fuga a borbotones. Sus frases salen y se quedan, suspendidas, en medio del dolor y la nostalgia. Sandra Luz, dijo, fue una gran mujer y madre, valiente e incansable, y por eso su vida terminó de manera violenta.

“Fuimos compañeras, hermanas. Fui una de sus mejores amigas, estuvimos mano a mano, y jamás la dejé sola, hasta ese día, desgraciadamente. A lo mejor hubiéramos quedado juntas, pero no pude acompañarla por cosas del destino. Estamos ante una justicia sin ley, porque ella investigó todo lo que pudo, dio su vida… buscó a su hijo y encontró la muerte”, señaló.

La voz quedó entrecortada, en el megáfono. Y a pesar de las grietas, de las palabras ondulantes, del anuncio del llanto tragado y pospuesto y ahogado en saliva y agua salada, se escuchó claro y fuerte y pegó en las moradas ensombrecidas de los asistentes: la muerte tiene permiso, repitió en tres ocasiones Mara Aréchiga.

Martha Vega, de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en los 70, afirmó que no quieren justicia para mañana, sino desde ahorita. En su discurso, la abogada y activista María Teresa Guerra Ochoa, manifestó que el de Sandra Luz es un caso emblemático, por ser madre de un desaparecido y luego víctima, además de que su homicidio sigue impune y sin detenidos. En respuesta, la hoy occisa se colocó en la línea de fuego.

“Es un caso emblemático, que indigna, que permanece impune. En su doble condición de madre y víctima, se dio a la tarea de realizar el trabajo que la procuraduría no realizaba, que era investigar el paradero de su hijo desaparecido. A ella no le correspondía, pero suplió la carencia de una investigación y la omisión de una autoridad que debió investigar, y eso la colocó en condición de riesgo. Hay una doble ofensa”, dijo.

Entre los casos de este tipo que no han sido resueltos, agregó, están el asesinato de la catedrática universitaria Perla Vega Medina, la desaparición de la joven madre Rosita Estela Anzures Jacobo, y otras que permanecen en la impunidad y que a pesar de que el gobierno no hace nada, es la familia la que en medio de protestas, investiga por su cuenta.

“Suman decenas de mujeres violentadas, asesinadas, en la línea de riesgo, porque son víctimas de violencia en el hogar. Y entonces hoy 25 de noviembre no tenemos nada qué festejar, porque sigue la violencia y la impunidad”.

Guerra Ochoa señaló que el gobierno de Mario López Valdez superará en mujeres asesinadas al mandatario anterior, el de Jesús Aguilar Padilla. De 2005 a 2010, sumaron 356 asesinatos de mujeres, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Pero en el gobierno actual, los informes oficiales señalan de 2011 y hasta octubre de este año, son 384.

En ese rincón extraviado, no tan lejos del primer cuadro de la ciudad, las brevísimas flamas de las veladoras peleaban con el viento. Varias de ellas habían cedido, extenuadas, y se habían convertido en un humo delgado y tenue. En nada. Las flores quedaron desacomodadas, a pesar de que las habían dejado en una suerte de semicírculo. Y al fondo, en la pintura acrílica color malva, Sandra estaba seria y ensombrecida. Seré una piedra en el zapato, había dicho, cuando buscaba a su hijo Édgar.

Pero ahí ni piedra ni zapato: acaso diez almas lloronas y encabronadas, un barrio de cuyas viviendas nadie quiso salir para homenajear a la madre mártir, igual que cuando la mataron de diez balazos, todos ellos en la cara. Y ahora, acaso una sombra, una mancha borrosa, en despedida, sobre el pavimento. Y pocas, muy pocas flamas.


(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 29 noviembre, 2015)

JUICIO EN FEBRERO (2016)


La defensa urge que el Mochomo sea llevado a la Corte para demostrar su “inocencia”

El juicio contra Alfredo Beltrán Leyva iniciará el próximo lunes 8 de febrero, informaron fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), y es muy posible que a partir de ese momento se den una serie de careos entre antiguos líderes del Cártel de Sinaloa que colaboran con el gobierno de ese país, y el Mochomo.

Pero además, según explican documentos en poder de Ríodoce, fiscales del USDOJ presentarán una serie de pruebas que incluye conversaciones grabadas, vídeos, y fotos que están en poder de la DEA y que fueron proporcionadas por ex colaboradores del gobierno estadounidense, las cuales serían usadas para hundir a Beltrán Leyva llegado el momento.

“Lo importante aquí es que ya hay una fecha de juicio, y que los fiscales tienen pruebas bien fundamentadas en contra del acusado”, dijeron a Ríodoce voceros del USDOJ.

De acuerdo a información extraoficial, los testigos con quienes se carearía Alfredo.

Beltrán Beltrán son Vicente Zambada Niebla el Vicentillo y Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey, antiguos capos del Cártel de Sinaloa que se habrían integrado al programa de Testigos Protegidos, y que hoy colaboran con el gobierno de Estados Unidos, aunque además el USDOJ también tiene contemplado a Juan Carlos Ramírez Abadía, el Chupeta, y a otros capos del Cártel del Norte del Valle de Colombia.

“Nosotros estamos conscientes quiénes son esas personas, pero también sabemos que todos ellos van a tratar de salvar el pellejo, y que van a exagerar muchas cosas, y todas esas acusaciones verbales los fiscales estadounidenses las tendrán que demostrar”, observó Eduardo Balarezo, abogado de Beltrán Leyva.

Ante ese señalamiento, al abogado se le observó que en repetidas ocasiones los fiscales del caso han reiterado tener pruebas físicas de las acusaciones, a lo que Balarezo dijo que esas pruebas tendrán que ser presentadas ente el juez, y tener validez jurídica.

“Eso es lo que siempre han dicho (los fiscales), pero la realidad es que no tienen nada, y en cuanto a los testigos, nosotros sabemos que estarán mintiendo gracias a los acuerdos que ya han hecho con la fiscalía de Estados Unidos, pero la verdad es que sólo van a decir lo que los fiscales les ordenen, y por consecuencia, todo va a estar exagerado”, reiteró Balarezo en entrevista telefónica con Ríodoce.

Por lo pronto, el juez Richard J. León, designó una última audiencia preliminar para el próximo 15 de diciembre, y que tanto fiscales como la defensa presenten otras pruebas y mociones pendientes antes de iniciar el juicio.

EL “AS” BAJO LA MANGA

De acuerdo a documentación clasificada, a la cual Ríodoce tuvo acceso, casi todos los ex integrantes del Cártel de Sinaloa que están en poder de Estados Unidos, entre ellos Rodrigo Aréchiga Gamboa el Chino Ántrax, Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, Serafín Zambada Ortiz el Sera, estarían dispuestos a testificar en contra del Mochomo.

Según se lee en el expediente número CR-12-184-01, radicado en la corte del Distrito de Columbia, en Washington DC, todos ellos en algún momento mantuvieron una relación muy estrecha, cuando el finado Arturo Beltrán Leyva, el Barbas  formaba parte del Cártel de Sinaloa, y llegó a traficar más droga que Joaquín Guzmán y que Ismael Zambada, juntos.

En aquel tiempo, entre 2001 y 2008, el brazo derecho del Barbas para supervisar los grandes cargamentos de droga que venían de Colombia y Bolivia, era el Mochomo, y según los documentos en algún momento interactuó con algunos de los testigos protegidos arriba mencionados, incluyendo el Chupetas, quien era el proveedor del Cártel de Sinaloa en Colombia.

Lo que no explica el expediente es cómo, dónde y en qué fechas ocurrieron esos encuentros, ya que tanto los Zambada como el Chino Ántrax pertenecían a fracciones distintas del Cártel de Sinaloa, y aunque la otra fracción del cártel era comandada por el Chapo Guzmán, no se tiene claro cómo es que pueden existir pruebas físicas para hundir al Mochomo, más allá de los testimonios de los testigos protegidos.

Andrea Goldbarg, asistente de la Sección de Antinarcóticos del USDOJ, aseguró que la fiscalía estadounidense sí cuenta con llamadas grabadas, fotografías y vídeos que en su momento utilizarán en el juicio contra el Mochomo.

Aunque  no se menciona, fuentes familiarizadas con el juicio consideran que a los testigos protegidos se les unirá Ismael Zambada Imperial el Mayito Gordo para que también testifique contra Beltrán Leyva, aun cuando se desconoce si ya fue extraditado a Estados Unidos o no.

“No tenemos noticia de él, no sabemos cuál es el estatus de su extradición”, confirmaron a Ríodoce la semana pasada fuentes del USDOJ.

No sería la primera vez que el USDOJ desconoce el estatus de un extraditado; apenas el 15 de noviembre pasado Cesar Gastélum Serrano alias la Señora, fue extraditado a Estados Unidos, integrándose inmediatamente al programa de testigos protegidos, incluso, antes de que se le presentaran cargos por tráfico de drogas.

Ciertamente, el que haya más testigos puede ser la diferencia entre ganar un juicio, o perderlo, según observan expertos y abogados en leyes, aunque lo más crítico es que se espera que durante el juicio se exponga toda una cloaca, no sólo a la forma en que ha operado el Cártel de Sinaloa, sino también es posible que algunos integrantes de la clase política del estado termine salpicada, puesto que se habla de la forma en que Alfredo Beltrán Leyva llegó a corromper a altos mandos policiacos, incluso, a un ex gobernador.

No obstante, se desconoce quién de los testigos protegidos puede señalar a mandos policiacos, incluso, a ex gobernadores, porque entonces sería la palabra de los testigos protegidos, contra la del Mochomo. Pero, además, la palabra de los ex narcotraficantes, contra la de un ex gobernador, que puede ser Juan Millán, o Jesús Aguilar, de acuerdo a las fechas en que habría ocurrido el soborno.

Alfredo Beltrán Leyva es acusado de introducir drogas a Estados Unidos, y de una serie de homicidios ocurridos fuera de su territorio jurisdiccional, incluso el de Julio Cesar Beltrán Quintero, el cual la misma fiscal Goldbarg había acusado previamente a Ismael el Mayo Zambada, y al Chapo Guzmán.

Ciertamente la defensa del Mochomo explicó que todo eso sería tomado en consideración, y que ellos estaban ya dispuestos a iniciar el juicio.

“Queremos iniciar ya porque mi cliente tiene ya desde el 2008 en prisión, y consideramos que es mucho tiempo el que se le ha castigado, y queremos ver eso ante un juez lo más pronto posible”, sostuvo Balarezo.

El Mochomo fue detenido en la colonia Burócrata, en Culiacán Sinaloa, en febrero de 2008, y de ahí llevado a una cárcel de máxima seguridad en el Estado de México.

Tras su detención, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó la extradición, misma que fue concedida por un juez federal mexicano, el 26 de noviembre de 2013, según documentos de la PGR. Sin embargo, sus abogados apelaron mediante un juicio de amparo, pero éste le fue negado en octubre de 2014.

Actualmente, Alfredo Beltrán Leyva se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad de Washington DC.


(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA / 29 NOVIEMBRE, 2015)

DESAPARECIDO


La madre vio al hombre aquel, en la camioneta gigantesca y nuevecita. Lo vio y los ojos se le pusieron de signo de pesos. Quedó embarazada después de los respectivos cortejos, nada sutiles: un arrepegón de pechos, cuatro sonrisas pícaras, siete guiños y cuarenta referencias a las billeteras, las trocas del año y esos relojes y esclavas y cadenas de oro de muchos gramos y quilates.

Salió un bebé hermoso, de ojos grandes, blanco y mucho pelo. Desde niño lo vistieron de botas picudas de piel de anguila y pantalones liváis, de mezclilla. Una esclava gruesa en la muñeca que el niño apenas movía y dos anillos para ocasiones especiales. Lo vestían así, de vaquero, con ropa de marca, para fiestas y para siempre.

Le pusieron la banda y bailaba al ritmo de la tambora. Cantó con los chirrines y el de la tuba varios corridos de gente pesada, de hombres armados, de historias en las que todos son guapos, leales y valientes. Conforme fue creciendo se adentró en ese ambiente, de muerte de rutina y abismo en el calendario. Tomó la escopeta y aprendió a disparar. Un juguete, un cuete para los guateques de la colonia, un artefacto para presumir. Después la colt y luego el kalashnikov. Al final, solo quería saber de las armas matapolicías, los chalecos antibalas, las camionetas blindadas y las bazucas.

Mandó poner oro a las cachas de su fierro y pidió de navidad un fusil con brillantes y sus iniciales doradas. La vida no vale nada, acaso dos cartuchos siete punto sesenta y dos. No más. Por eso, viviendo en ese ambiente de destrucción sin domingos de misa, mató y mandó matar. Cayeron primos, vecinos, amigos y ex amigos, enemigos y uno que otro que por capricho se atravesó en el camino. Y también los que no.

Bisnes son bisnes, repetía. Y pum pum, pa bajo cuanto cabrón quiso. Viajó a Durango y también a Chihuahua y la California de arriba, como le decía. Puros negocios y más y más y más dinero. Un día lo llamaron para reunirse y ver asuntos del trabajo. Drogas, dólares, mujeres, troconas y oro. Mucho oro. Eso se le vino a la mente, como a su madre el signo de billetes verdes y le billetera con sobrepeso.

Subió a la sierra. Eran él y su chofer. Así lo habían acordado. No hay pedo, son de confianza. Bisnes, bisnes. Repitió para sí, babeando. Se adentraron en la sierra, birlaron caminos de serpiente y llegaron a ese lugar. Nadie supo dónde era, solo ellos. Y ahí se quedaron, en ese rincón que nadie conoció. Desde entonces sus padres lo buscan, lo esperan: que baje de la sierra, que regrese en la troca y se ponga las botas picudas y baile con la banda. Pero solo son recuerdos, nostalgia con mirada de hocico de fusil automático. La verdad es que lo buscan y lo esperan, porque lo quieren enterrar.



(RIODOCE/ COLUMNA “MALAYERBA” DE  Javier Valdez/ 29 noviembre, 2015)

CUALQUIERA, MENOS JESÚS VIZCARRA


El gobernador, sin duda alguna, será un factor de poder en la sucesión gubernamental. Lo está siendo ya. La campaña adelantada de su secretario general de Gobierno, buena parte de ella con recursos del erario, no podría ser sin su beneplácito—complicidad. Mario López Valdez midió con varas distintas las aspiraciones de otros de sus hombres del gabinete. Eduardo Ortiz y Roberto Cruz no corrieron la misma suerte y tuvieron que salir de la administración, cada quien en su contexto.

Gerardo Vargas Landeros, sin embargo, sigue con su precampaña, haciendo caso omiso de leyes y ordenamientos, de críticas, reclamos y memes. Va de frente, hasta ahora, contra lo que se atraviese, Malova cuidándole la espalda. Sabe que no tiene oportunidad en el PRI, pero se han propuesto, ambos, estirar la liga con otro propósito: que no sea Jesús Vizcarra Calderón el candidato. Si esto se logra, solo con eso, habrán cortado un trébol de cuatro hojas.

Desde luego que este factor tiene sus límites. Con el regreso del PRI a Los Pinos se acabó el breve lapso en que virrey ponía virrey. Le tocó hacerlo a Juan Millán con Jesús Aguilar Padilla y si las condiciones fueran aquellas, estaríamos viendo ya a Vargas Landeros como virtual gobernador.

Pero Malova llegó con el panismo y se retirará bajo un régimen priista, lo cual modificó drásticamente sus escenarios. Ahora tendrá que negociar con el centro del poder su retirada. Tampoco, no hay que confundirse, es un subalterno de Enrique Peña Nieto, quien, por su lado también le conviene un buen acuerdo porque ocupa ganar gubernaturas para ir preparando su retirada dentro de tres años.

El gobernador trae una carga muy pesada y eso lo obliga, por sí misma, a sentarse a negociar: la enorme corrupción que hay en su Gobierno. Ya no digamos aquello relacionado con la seguridad y la complicidad de sus estructuras con los grupos locales del narcotráfico —porque también el Gobierno federal cojea de la misma pata—, sino aquella relacionada con el dinero. Si un sello le ha impuesto Malova a su paso por el Gobierno, es ese: la corrupción. Y como siempre se dejan huellas —en realidad estos traen un embarradero—, no sería muy difícil, si ese fuera el propósito, fincar responsabilidades contra los que pronto se irán de la administración. Y no serían pocos, incluyéndolo a él mismo.

¿Les dice algo lo que está ocurriendo en Sonora? Desde que arrancaron las precampañas en aquel estado surgieron las advertencias de que el todavía gobernador panista, Guillermo Padrés, estaba siendo investigado tanto por la administración federal, como por el gobierno norteamericano, debido a que se descubrieron transferencias millonarias a cuentas de Padrés en los Estados Unidos y Holanda, producto de contratos otorgados sin licitar. Lo publicó el The Wall Street Juornal en marzo.

Luego, ya como gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano anunció, al segundo día de su mandato, que inició una investigación por el sobregiro de 10 mil millones de pesos que encontró de la administración anterior. Un mes después, la segunda semana de octubre, su gobierno solicitó 67 procedimientos penales contra 12 ex funcionarios por el presunto desvío de 760 millones de pesos y actos delictivos contra el patrimonio estatal.

Por si esto fuera poco, la esposa del ex gobernador está siendo involucrada en el caso de tráfico de bebés a través, presuntamente, del DIF estatal, y que ha sido atraído por la PGR para su investigación.

Una cosa es el ruido electoral que siempre se provoca al calor de las campañas, pero otra muy distinta lo que se hace ya como parte de un gobierno. Y Guillermo Padrés está en serios problemas. Y que conste, Pavlovich no trae nada personal contra el ex gobernador.

¿Quién de los aspirantes priistas estaría en la tesitura de investigar a la administración saliente de Sinaloa? Sin duda, solo uno: Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón. Con ganas de meter a la cárcel a más de cuatro, incluyendo a López Valdez. Ninguno del resto. Por eso el gobernador está puesto para una buena negociación con Los Pinos. Sabe que si el candidato es el empresario de la carne le pedirán, por lo menos, que no meta las manos en el proceso electoral, so pena de enfrentar al poder central. Con la obviedad de que, si el candidato no es Vizcarra, apoyará con toda la estructura del gobierno estatal al candidato que mande el PRI. Al que sea. A ellos les dará lo mismo: tendrían el trébol en sus manos.

BOLA Y CADENA

ESTO MISMO SE APRECIA EN EL SENTIMIENTO de mucha gente y lo expresa a través de las encuestas. No son pocos los entrevistados que dicen votarían por Jesús Vizcarra, entre otras razones, porque desean “que meta a la cárcel a Malova”.

SENTIDO CONTRARIO

ESAS MISMAS ENCUESTAS reflejan otro dato incontrovertible: los aspirantes que se movieron todos estos meses, legal o ilegalmente, subieron en las preferencias. Al grado de que Gerardo Vargas se le encaramó a Aarón Irízar, que se ha mantenido quieto en aras de “respetar” tiempos y formas. Subió también Heriberto Galindo y hasta el Morrín, aunque éste sigue estando muy abajo en las preferencias de los electores a nivel estatal por razones obvias. Vizcarra no ha dicho esta boca es mía y ha bajado puntos aunque sigue arriba de todos.

HUMO NEGRO

¿ES POSIBLE QUE HASTA EL MOMENTO el empresario Jesús Vizcarra Calderón no tenga definido él, en lo personal, si se viene o no a competir de nuevo por la gubernatura? Sí, claro que es posible. Lo último que supimos es que, en una charla con el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, éste le preguntó si se vendría o no y Vizcarra le habría respondido que no lo tenía decidido todavía. Y que solo se vendría en el caso en que el presidente de la república se lo pidiera. Lo que tal vez Vizcarra, con toda su experiencia no alcance  entender todavía, es que en este país el presidente no pide: ordena.


(RIODOCE/ REDACCION

/  29 noviembre, 2015)

“AQUÍ SE TRATA DE ALINEAR”


Malova, factor de poder dentro del PRI, dice Ramiro Hernández, delegado del CEN

Está de paso en Sinaloa. En su austera oficina del primer piso del edificio del PRI estatal, con vista al bulevar Madero, Ramiro Hernández García no personaliza y solo colocó una carta enmarcada: es el nombramiento como delegado del PRI con la enorme firma de Manlio Fabio Beltrones. Es su respaldo. Es su poder.

“Yo no busqué venir, a mí me comisionaron estar aquí… el trabajo de un delegado es buscar conciliar, armonizar y coadyuvar para que se tomen las decisiones que mejor convengan al partido y a sus militantes,” dice a un mes de llegar a Sinaloa por tercera ocasión como enviado del PRI, las dos primeras como delegado del sector campesino.

Ramiro Hernández García tiene 61 años y asegura conocer al estado y a los protagonistas de la sucesión a la gubernatura. Y especialmente al gobernador Mario López Valdez, con quien coincidió en el Senado de la República cuando eran del mismo partido.

Se define sin preferencias de ningún tipo. Aquí se trata de alinear, dice, de que los intereses de cada aspirante estén por debajo de los intereses del partido:

“La conducción política tiene que ver de cómo se van alineando los intereses de unos y de otros y poniéndolos sobre todo en un nivel inferior al que representan los intereses del partido.”

EL PACTO DE LOS ASPIRANTES

A las dos semanas de su llegada a Sinaloa Ramiro Hernández sentó en la misma mesa a todos los aspirantes a la gubernatura —8 ó 9, según se vea—. Primero junto a la dirigente estatal, Martha Tamayo, platicaron por separado con cada uno de ellos. Los ánimos estaban caldeados y se desataban campañas negras contra algunos de los aspirantes.

No admite el delegado del PRI que haya sido su idea, pero sí que entre él y la dirigencia local optaron por una reunión completa, con todos los que han dicho que buscan la candidatura. Había reservas de que aquella plática se convirtiera en debate o reclamos por acusaciones, pero asegura que no fue tal y que se logró el objetivo de apaciguar.

Tampoco buscaron golpear la mesa o amenazar:

“El partido no es un órgano que privilegie el sancionar. Privilegia el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, el construir la armonía para, a partir de esto, tener la unidad y la fuerza que le dé capacidad de triunfo. Pero estamos obligados a cumplir con la ley. Hay una autoridad que se encarga de vigilar y sancionar cualquier violación a la ley. Que cada uno de los que tienen aspiraciones se apeguen a lo que establece la ley”.

MALOVA Y EL PRI

Mario López Valdez, el gobernador, está fuera del PRI desde 2010, cuando anunció su candidatura en una alianza de PAN, PRD y MC, y desde entonces no volvió al edificio del tricolor.

Aun así, Malova es una fuerza dentro del PRI en medio de la sucesión a la gubernatura, admite el delegado Ramiro Hernández, sin rodeos:

“Sin duda el gobernador es un factor de poder importante. En términos de alianzas y de acuerdos políticos tenemos que tomarlos en cuenta; nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de tomar en cuenta, de incluir, las opiniones de los diferentes factores de poder.”

Aunque de los anotados como sucesores solo uno forma parte del gabinete estatal, Gerardo Vargas, otros de los secretarios y funcionarios de primer nivel de Malova forman parte del Consejo Político del PRI —como Armando Villarreal y Karim Pechir— y han mostrado interés por candidaturas a diputaciones o alcaldías.

Así, rechaza Hernández García una repetición de los sucesos políticos de 2010 donde una ruptura interna volvió gobernador a López Valdez.

“Yo creo que hay condiciones políticas totalmente distintas. Y me parece que la experiencia que vivimos en el 2010 es algo que nos ha lastimado a todos los priistas, no solo a los sinaloenses, sino a los priistas de todo el país, y que hemos aprendido que en la medida de que nos ponemos de acuerdo nos salen mejor las cosas. Yo espero que en esta ocasión, por lo que hemos venido platicando con todos los aspirantes, hay condiciones para llegar en una situación de unidad y con una fortaleza de estar unidos.”

CANDIDATO SIN CONSULTA A LA BASE

En menos de dos semanas el PRI tendrá que estar decidiendo sobre el método de la selección del candidato a la gubernatura. Sus estatutos los definen claramente y la ley estatal marca los tiempos para informárselo a quienes aspiren a esa candidatura.

El Delegado no quiere revelar por cuál de esos métodos se decidirán, que como ya se viene comentando dentro del PRI, sería el de Convención de Delegados. Dice que se trata de una selección del candidato que privilegie la unidad y la armonía, al tiempo que los términos que establece la ley en materia de equidad de género.

“Esa es una posibilidad (la selección del candidato por la vía de convención de delegados) —dice Hernández García— lo que es un hecho es que no estamos considerando irnos a la consulta. Creo que las condiciones del partido en el estado y lo que los diferentes liderazgos del partido han venido manifestando es que privilegiemos la unidad y que podamos buscarla a través de métodos como la asamblea de delegados.”

Ramiro Hernández no habla de una lista de aspirante que va “decantándose” como dice Martha Tamayo, sino de aspirantes con más posibilidades que otros pero todos con el derecho de oportunidad. Aun así, queda claro que la decisión del método de selección de candidato será una decisión donde los aspirantes no podrán influir.

Dice Hernández García: “Quienes han expresado su aspiración, en todos hemos encontrado un ánimo de contribuir a la unidad y me parece que en esa actitud buscaremos seguir avanzando. Creo que para que esto se dé, se necesita que haya un permanente diálogo y, segundo, un trato de respeto para todos y cada uno de los que aspiran. Unos con más posibilidades que otros, pero todos haciendo uso de un derecho que en su oportunidad estaremos valorando a partir de los propios tiempos y procedimientos que se fijen. Buscando respetar y tomar en cuenta el interés y la disposición de cada uno.”

Ramiro Hernández hace unos meses era Alcalde de la tercera ciudad más grande del país, Guadalajara, y admite que en ese cargo lo que faltó es tiempo. Acá en Sinaloa, los tiempos se estrechan y en unas semanas se sabrá si la conducción del delegado llevó a la unidad que él mismo se ha encargado de repetir como objetivo principal.


(RIODOCE/ BREDACCION/ 29 noviembre, 2015)

MATAR POR CONSIGNA: LA MUERTE DE NARCOS EN MÉXICO VIOLENTA PROTOCOLOS INTERNACIONALES


HERIBERTO LAZCANO, NAZARIO MORENO. Muertos por las fuerzas armadas.

La muerte de narcos en México violenta protocolos internacionales de derechos humanos, sostiene especialista; aquí se les mata, cuando pueden respetarles la vida.

Especialistas en temas de seguridad y uso legítimo de la fuerza pública recomiendan a la sociedad civil exigir al Gobierno federal que retire al Ejército y la Marina de las calles porque ese no es su papel.

La ausencia de una ley general de Uso de la Fuerza Pública que regule la actuación de las policías y fuerzas armadas en el país está acentuando la crisis de derechos humanos en el país, coinciden en un foro organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El especialista en derecho penal, Héctor Chicuate, reconocido investigador en temas de delincuencia organizada, sostiene que la política que aplica el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, es excesiva e irracional.

Invitado a disertar sobre la importancia del Derecho Operacional Policial en el nuevo modelo de Justicia Penal sobre el tema del uso legítimo de la fuerza, destaca que el excesivo uso de la fuerza por parte de las policías, el Ejército y la Armada mexicanas en su combate contra organizaciones criminales, ha hecho que este sexenio y el anterior se cometan violaciones muy graves a los derechos humanos, que además ilustran cómo el gobierno federal encara la lucha contra la delincuencia organizada, sin atender los protocolos y principios del derecho internacional humanitario.

Si el sexenio anterior se ejerció una política criminal desafortunada, dice, en el actual la situación es más grave, porque los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán demuestran que hubo un uso desproporcionado, irracional y excesivo de la fuerza pública.

El especialista asegura que esto demuestra la forma arbitraria en que el Gobierno Federal justifica su lucha contra el narcotráfico creando la figura del “enemigo del Estado” y utilizando la violencia mortal en su contra, es decir, matarlo antes de consignarlo y juzgarlo.

“Esto solamente se da en un Estado totalitario que no respeta los derechos fundamentales de sus gobernados”, indica.

Para ilustrar estas violaciones flagrantes a las violaciones de los derechos humanos recordó las muertes de capos como Heriberto Lazcano Lazcano; Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormentas; Nazario Moreno González, el Chayo; Ignacio Coronel y Arturo Beltrán Leyva.

Especializado en temas de narcotráfico, el doctor en derecho penal asegura que en la lucha contra los capos de la droga el Estado ha cometido violaciones muy graves a sus derechos humanos. En  el caso de Arturo Beltrán Leyva, el enfrentamiento se dio en un edificio de condominios. Por tanto no había manera de escapar. Caso similar fue el de Ezequiel Cárdenas, quien estaba totalmente rodeado. Sin embargo se dio el enfrentamiento hasta privarlo de la vida.

Es aquí, dice, donde vemos el exceso en el uso de la fuerza, precisamente por la formación que tienen nuestras fuerzas armadas de que al enemigo hay que matarlo. Y se pierde de vista que estos operativos se realizan en un Estado democrático donde por ley se deben respetar los derechos fundamentales de las personas, pues con todas las atrocidades que se sabe cometen estos delincuentes, también tienen derechos.

Los “enemigos del Estado”, recalca, antes que todo son personas y las reglas de operativos para su abatimiento son peligrosamente flexibles.

Dice que la ley general sobre uso legítimo de la fuerza, que establezca buenas prácticas de los derechos humanos, permitirá evitar confusiones de roles y funciones policiales y militares así como la generalización de responsabilidades.

Considera urgente que México atienda esta disciplina del derecho operacional para regular las actividades policiales y de las fuerzas castrenses, para que todas las operaciones de combate contra organizaciones criminales se apeguen a protocolos uniformes y estandarizados.

ENGARZADA

A VECES HAY QUE MATAR PERSONAS, PERO ES NORMAL: VICEALMIRANTE RENATO BERMÚDEZ
                
El Almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores, miembro de la generación fundadora de Ciudad Universitaria y Profesor del Colegio Militar y del Centro Superior Naval, afirma que “nunca hemos salido con el armamento a matar a nadie. En los 40 años al servicio de la armada jamás recibimos una orden de matar a nadie. Tuvimos, si, la obligación muchas veces de ocasionar la pérdida de muchas vidas”.

Al abordar el tema, remarca que “posiblemente hemos sido atacados. No somos ni matones ni enemigos de la sociedad, somos los garantes de la seguridad en el país. No estamos contra el crimen organizado porque hayamos querido salir. No es nuestra función, nuestra tarea prioritaria es la defensa del país, pero cuando las demás autoridades no pueden hacer frente al flagelo del narcotráfico y demás delitos de alto impacto, alguien tiene que salir a hacerles frente”.

“Se ha considerado que sean las fuerzas armadas las que deban hacerlo y es una orden que debemos acatar. En la milicia las órdenes se cumplen, no se discuten. No es verdad que salgamos y andemos matando gente en la calle. Nos han tildado de que nuestra doctrina de guerra es matar al enemigo y eso no es cierto”.

Opina que la función de las fuerzas armadas es eliminar al enemigo, de acuerdo con las convenciones de Ginebra. “Posiblemente en esa eliminación hay que matar algunas personas, pero eso es normal. Pero ni el armamento ni las municiones que tenemos son de alto impacto para matar a nadie. En cambio, todos ustedes saben que nos enfrentamos a los señores del narcotráfico, a las hermanitas de la caridad que no hacen absolutamente nada, digo, trafican, y usan unas pequeñas armas que se llaman matapolicías que tienen mucho más capacidad que las armas que tiene la policía”.

El militar retirado afirma que “las fuerzas armadas nunca han usado bazukas o armas de gran poder para matar a narcotraficantes Estuve 40 años en las fuerzas armadas. Las defiendo creo necesario hacerle saber a la población que no somos matones, ni criminales, que no salimos a realizar ninguna actividad ilícita y salimos a aplicar la fuerza cuando es necesario.

Por su parte, Juan Ibarrola Carreón, Consultor de las Fuerzas Armadas y periodista especializado en temas de seguridad, se atrevió a afirmar que los muertos registrados en la estadística nacional en forma violenta no los mataron las fuerzas federales, no los mató ni la policía ni las fuerzas armadas, sino que “se mataron entre ellos”.

El también profesor del Centro de Estudios Superiores Navales, comenta que las escuelas de medicina del país deben estar contentas por tanto muerto por examinar, haciendo referencia a que en México los familiares no acostumbran a reclamar los cuerpos de sus hijos, esposos, hermanos, porque saben a lo que se dedican.

En respuesta a una pregunta hecha sobre el rol de los militares en la matanza de Tlatelolco, contestó que en el movimiento del 68 no fueron miles, ni siquiera cientos los muertos de aquella noche madrugada: “Solamente se presentaron 42 familias a reclamar a los ministerios públicos para que les entregaran los 43 cuerpos de fallecidos que reportó este suceso violento”.

Afirma que no hubo los miles de muertos ni un campo militar número uno que se ha hecho ver como el gran panteón donde quedaron sepultados muchos estudiantes desaparecidos aquel dos de octubre. Y lo refrenda argumentando que fuera de esas familias no hubo otra más que se acercara a reclamar la identidad de sus hijos supuestamente muertos o desaparecidos.

En su afán por justificar el abuso de la fuerza pública perpetrada por militares en la década de los 70, el columnista de Milenio Diario evidenció que las cifras sobre muertes violentas en el país no son confiables porque los medios de comunicación tienen unas y los familiares las suyas.

(RIODOCE/ Francisco Sarabia/Ciudad de México en 29 noviembre, 2015)