martes, 25 de febrero de 2014

NO EXISTE NINGUNA DUDA SOBRE LA IDENTIDAD DE “EL CHAPO”: PGR

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que no existe ninguna duda sobre la identidad del capo Joaquín El Chapo Guzmán.

En conferencia de prensa, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Sara Mónica Medina, titular de la Coordinación de Servicios Periciales, informaron que con base en estudios de identificación fisonómica y antropométrica, de dactiloscopía forense y de muestras de ADN se tiene plenamente identificado al narcotraficante.

Los funcionarios detallaron que el primer análisis pericial practicado a El Chapo fue el de ADN, mediante un raspado bucal para obtener material genético y contrastarlo con el de sus familiares.



Medina Alegría aseguró que la dependencia federal ya contaba con elementos de identificación genética de familiares cercanos que tienen una relación de parentesco paterno con el capo.

En relación al estudio de identificación fisonómica, los peritos forenses identificaron los rasgos en común al superponer las fotografías de 1993, cuando lo aprehendieron, con las del presente año.


La conclusión fue que se trata de la misma persona desde el punto de vista antropométrico.

Respecto al tercer análisis, las autoridades informaron que se hizo un estudio de las 10 huellas decadactilares, las cuales se confrontaron con los registros que se tenían cuando estuvo preso en los penales de Occidente y el Altiplano, entre 1993 y 2001.

“En esta confronta, de 10 dedos contra 10 dedos, el resultado fue positivo”, dijo la coordinadora de Servicios Periciales.






(PROCESO / LA REDACCIÓN /25 DE FEBRERO DE 2014)

EN LA CAPTURA DE EL CHAPO, TRABAJO DE INTELIGENCIA… DE LA DEA


Pese a que el gobierno mexicano omitió precisar el papel desempeñado por la agencia antidrogas estadunidense en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, aparentemente el trabajo de inteligencia que llevó a la localización del capo sinaloense fue obra de la DEA. Al menos eso se desprende del comunicado que el procurador Eric Holder emitió la mañana del sábado 22 y de declaraciones de un funcionario antidrogas de Estados Unidos consultado por este semanario.

WASHINGTON (Proceso).- La ubicación y movimientos de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán fueron detectados desde hace dos semanas por los servicios de inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA) y sirvió para que la Secretaría de Marina (Semar) atrapara al máximo capo del Cártel de Sinaloa.

“Nuestros servicios de inteligencia (informantes) lo ubicaron. Se enteraron que estaría en Mazatlán para supuestamente asistir a una reunión social”, revela a Proceso un funcionario de la DEA.

“La información se la dimos al gobierno de México, directamente a la Semar, con la cual tenemos una excelente cooperación”, matiza el funcionario entrevistado vía telefónica, quien pide el anonimato.

Aun cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el presidente Enrique Peña Nieto –éste a través de su cuenta de Twitter y aquél en el hangar de la Semar– fueron parcos en mencionar la participación del gobierno de Estados Unidos en la captura del Chapo y se aseguraron de no mencionar a la DEA, en Washington el gobierno de Barack Obama se encargó de que esto no pasara inadvertido.

“Estamos complacidos de haber podido trabajar efectivamente con México por medio de la cooperación y relación que tienen con sus contrapartes mexicanas las agencias de la aplicación de la ley de Estados Unidos”, destacó el procurador estadunidense Eric Holder en el breve comunicado de felicitación al gobierno de Peña Nieto.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1947 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

“ENCAPUCHADAS” OBLIGAN A REPORTERO A BORRAR IMÁGENES DE OPERATIVO EN EDIFICIO MIRAMAR


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Primero, el periódico El Noroeste recibió llamadas telefónicas de amenaza por cubrir la captura de “El Chapo”, seguido por una campaña de amenazas en redes sociales. El día de hoy dos mujeres encapuchadas, custodiadas por elementos de la Secretaría de Marina, amagaron con despojar del equipo fotográfico a un periodista de este mismo diario cuando tomaba imágenes del nuevo operativo que montó la Secretaría Marina en el edificio Miramar, donde fue recapturado el líder del cártel de Sinaloa.

Alrededor de las 09:00 horas –según la nota que publica hoy el Noroeste– elementos de la Infantería de Marina-Armada de México regresaron al sitio referido y establecieron un cordón de seguridad. Se introdujeron al departamento donde colocaron una pequeña cinta y un letrero con la palabra “peligro”.

Cuando del fotorreportero tomaba dichas imágenes, dos mujeres con pasamontañas se le acercaron y le obligaron a borrar las imágenes, luego lo amenazaron con que si volvía a tomar fotografías de ellas, le quitarían el equipo. Luego de “acordonar” la zona, ordenaron además borrar las fotografías que la gente había tomado con sus teléfonos celulares.

Esas mujeres, que no se identificaron, exigieron al fotógrafo de Noroeste una identificación oficial, de la que tomaron sus datos, además de solicitar los nombres de personal de la empresa.

Tras su actuación, de inmediato salieron custodiadas por personal de la Infantería de Marina, con quienes se retiraron del lugar.

Al día siguiente de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la redacción del diario se recibieron dos llamadas de amenaza contra el reportero que indagó con fuentes oficiales del ayuntamiento de Mazatlán una acusación contra policías municipales que supuestamente pertenecerían al círculo de protección de “El Chapo”.

“Mira, pen…, dile a… pin… que no queremos que saque nada de la Policía Municipal porque se… va cargar la ver… y a ti también, cómo chin… con la policía”… fue el mensaje de la primera llamada.

Tan sólo unos minutos después entró una segunda.

“Te estoy pidiendo que ya no subas notas. Déjate de eso…”, dijo una voz de hombre. “Pu… ma…”.

Eso informó la noche del domingo el diario en su portal, que explicó que la amenaza ocurrió luego de que se buscó la versión oficial de las autoridades municipales de Mazatlán en torno a las acusaciones ventiladas en medios nacionales de que en el círculo de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán estarían policías municipales.

La información con el señalamiento contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán la publicó el diario Reforma hoy y la retomó el portal de la revista Proceso.

“Luego de buscar telefónicamente a autoridades municipales, y sin haber subido aún información directa de la acusación al portal de Noroeste, se recibieron las llamadas de amenaza en la redacción de este diario”.

Al día siguiente, en otra nota informó que su cobertura sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán no sólo ha generado que se recibieran llamadas de amenazas, sino que también en la red social Facebook se han creado cuentas para festinar esas agresiones.

Con tres diferentes perfiles, un usuario que utiliza nombres de mujer ha estado celebrando que el trabajo periodístico de Noroeste haya sufrido amenazas.

Primero fue con la cuenta de Norma García en la que acusa a Noroeste de una supuesta alianza con los “beltrán-zetas-arellanos” (sic).

Un segundo comentario con esa cuenta acusa que Noroeste está con los “beltrán-zetas” y “por eso ahí le fueron a tirar una cabeza”.

Vendría un tercer comentario con ese perfil, en el que dice que Noroeste se merece eso y más, tras las amenazas recibidas y la opinión que en torno a ese tema había dado el gobernador Mario López Valdez.

Y uno más de Norma García advierte que por culpa del trabajo periodístico de esta casa editora entrarían a Sinaloa grupos delictivos como los “zetas-beltrán”. Con ese perfil, realizó seis comentarios en publicaciones que Noroeste hizo en la cuenta de Facebook.

Posteriormente creó un perfil nuevo, el de Ednita Torres, en el que acusa a Noroeste de ser el responsable “del baño de sangre que va a ver (sic)”.

Y otro perfil creado con el fin de lanzar las mismas acusaciones fue el de Liliana Manríquez, en el que insiste en la posible incursión del grupo criminal “Los Zetas” a Sinaloa, ahora diferenciando el trato del gobierno federal hacia la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la atención que se le ha dado a “Los Zetas”.

En cada uno de estos casos, explica el diario en una nota, los comentarios se han eliminado por respeto a los lectores, que han estado atentos a la cobertura que se ha hecho de este tema en Sinaloa y en el país.

En los últimos años, Noroeste ha sido objeto de numerosas amenazas, robos, ataques e incluso en 2010 el edificio del periódico en Mazatlán fue tiroteado con armas de alto poder.

De todos los ataques –explica la nota– se han interpuesto denuncias ante las autoridades competentes. Todos continúan impunes y el gobierno no han ofrecido garantía alguna.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/25 DE FEBRERO DE 2014)

ARRESTO DE EL CHAPO NO CONCLUYE LA MISIÓN: NY TIMES


Nueva York– Muchos mexicanos podrían haberse mostrado incrédulos de que en verdad era él. Que ese hombre regordete con el bigote parecido al de Súper Mario siendo escoltado rumbo a un helicóptero por un marino enmascarado fuera ‘El Chapo’ Guzmán, el más buscado y elusivo narcotraficante en el mundo.

Pero sí era él. Guzmán fue arrestado en la mañana del sábado en un hotel-condominio en Mazatlán, Sinaloa, el estado mexicano que es el centro global de las operaciones del narcotráfico dirigidas por El Chapo. Más difícil de creer, fue el hecho de que fue capturado con prontitud y sin que hubiera un enfrentamiento a tiros.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene un triunfo que celebrar, pero también debe enfrentar el enorme reto que trae consigo el haber puesto bajo custodia a alguien tan poderoso. Nadie sabe qué nuevo tipo de violencia pueda llegar a emerger tras la decapitación de una red criminal de múltiples billones de dólares que se extiende desde las montañas rurales en México hasta los centros en Chicago y otras ciudades estadounidenses. Aunque Guzmán se mantenía distante del control cotidiano de su vasta operación, muchos están seguros que los tentáculos de su imperio harán que le crezca otra cabeza y continúe operando como siempre lo ha hecho. Hay bandas que están compitiendo por ocupar ese puesto, como los Zetas, conocidos por su insana violencia y por haber expandido sus acciones criminales incursionando en el tráfico de personas y la extorsión. Hay otros grupos escindidos del narco, y la desconocida red de influencias entre el gobierno y otras empresas se tendrá que ajustar a esta nueva realidad.

Hay dudas, también, que apuntan a que el gobierno mexicano no podrá mantener a Guzmán tras las rejas; ya se había escapado con anterioridad de una prisión de máxima seguridad, y ha demostrado tener la habilidad de dirigir sus asuntos desde dentro de las paredes de la prisión. Ya existe presión para extraditar a Guzmán a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos por narcotráfico.

Ningún mexicano olvidará las guerras del narco que conllevaron a la muerte de decenas de miles de personas, convirtiendo a Ciudad Juárez, justo al sur de El Paso, en una de las ciudades más violentas en el mundo. La confianza de los mexicanos en su gobierno, seguridad y el apego a la ley, no se restaurará de la noche a la mañana.

Aunque Guzmán ha sido celebrado, perversamente, por músicos que han cantado sobre su brutal reinado, hay ciertamente una especie de alivio de que ahora se encuentre bajo custodia. Su arresto contradice las tristes aseveraciones de los cínicos que dijeron que la corrupción era tanta que Guzmán nunca iba a ser capturado. Tal como fue reportado por Damien Cave en el New York Times, el arresto fue posible por los duros esfuerzos de la marina mexicana y un pequeño grupo de agentes estadounidenses de la Administración Anti-Drogas (DEA) y del Servicio de los Marshals de Estados Unidos. México y Estados Unidos no deben bajar la guardia para atrapar a los capos de la droga y llevarlos ante la justicia, inclusive cuando la batalla se torne más violenta, más difusa y más difícil.

No se deben hacer las ilusiones que un solo arresto significa que la misión está cumplida. Fue Estados Unidos quien suministró la insaciable demanda por las drogas de Guzmán, junto con el dinero y las armas. La responsabilidad por la continua tragedia que dio origen a criminales como Guzmán recae sobre ambos lados de nuestra frontera.


(EL DIARIO,EDICION JUAREZ/ NY Times | 2014-02-25 | 13:18)

ENCUENTRAN A RECIÉN NACIDO EN CONTENEDOR DE BASURA EN HOUSTON


Houston — Un recién nacido fue encontrado en una bolsa de plástico en la basura de un complejo de apartamentos en Houston.

Un hombre que sacó su basura hoy por la mañana en el complejo ubicado en el sureste de la ciudad, noificó a la Policía tras escuchar un ruido y descubrir al infante en una bolsa.

La Policía dice que el recién nacido respiraba cuando fue llevado a un hospital. Aún no se sabe en qué condiciones se encuentra, pero se espera que sobreviva.

Las autoridades no ofrecieron mayor información.


(EL DIARIO,EDICION JUAREZ/ Associated Press | 2014-02-25 | 11:40)

CARLOS SLIM SE ADUEÑA DE LORETO



A partir del 7 de febrero, el Banco Nacional Mexicano (Banamex) en el puerto turístico de Loreto, cerró sus puertas al servicio de los ciudadanos.

La decisión –según el banco– fue motivada por la falta de circulante en la zona, y todo porque desde hace cinco años, el destino de playa y paraíso de los llamados “baby boomers”, cayó en una terrible parálisis económica de la que no ha podido recuperarse.

El de Banamex es el segundo cierre en el puerto, pues apenas un par de años atrás el Banco Comercial (Bancomer) terminó el ciclo de sus operaciones.

Pero como el multimillonario mexicano Carlos Slim arrancó con su incursión en este destino turístico tras comprar el proyecto “Loreto Bay” a través del Grupo Carso ya anunció la apertura del banco Inbursa.

La noticia dada a conocer por el ejecutivo bancario de esa institución, Carlos Nery, fue tomada por los ciudadanos como el inicio formal de operaciones del adinerado empresario y propietario de Teléfonos de México (Telmex).

No obstante, todavía no se determina la ubicación exacta del nuevo banco y la fecha de apertura del edificio del grupo empresarial.

Como públicamente es conocido, el empresario Carlos Slim es el principal accionista del Grupo Carso, quien a finales del 2013 firmó el contrato de compraventa del proyecto “Loreto Bay” con el grupo Homex.

La operación fue expuesta por el secretario de Turismo de Baja California Sur, Rubén Reachi, cuya operación fue de cincuenta millones de dólares.

El proyecto turístico de “Loreto Bay” –según el alcalde de Loreto, Jorge Avilés Pérez— representa la esperanza de reactivar la economía de la zona, después de que el megaproyecto Puerto Escondido fracasó y fue abandonado hace casi 15 años.

Actualmente, la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ofreció a la venta 9 polígonos y derechos de la marina dentro de ese fracasado proyecto y trata de reactivar la zona.

Al cierre de esta edición, la institución había lanzado una segunda convocatoria de venta –tras haberse declarado desierta la primera— donde buscaba vender 9 terrenos de suelo turístico hotelero, corredor urbano habitacional, comercial y de servicios en un precio de 119 millones 719 mil pesos.


(SEMANARIO ZETA-BCS Antonio de Jesús Cervantes  / febrero 25, 2014 12:00 PM)

LA CAPTURA DE "EL PELACAS"



Daniel Fernández de La Vega dejó amenazas y muerte a su paso por Baja California Sur. Según la declaración de Jesús Manuel Reyes Flores “El Negro”, capturado y procesado en Aguascalientes, es responsable de los crímenes del ex jefe de la plaza del narcomenudeo de Cabo San Lucas, Eleazar García Gómez “El Belén”, del ex comandante de la Policía Ministerial, Martín Márquez Ruiz y del Teniente de Corbeta de la Secretaría de Marina, Enrique Gervasio Martínez, así como del narcomenudista José Luis Oceguera “El Chilango”, registrados entre el 2011 y 2012 en Cabo San Lucas y San José del Cabo.


Al momento de ser capturado, Daniel Fernández de la Vega “El Pelacas”, “El Calaveras” o “El 7”, dormía cerca de las 4 de la mañana del pasado 12 de febrero en su residencia del exclusivo fraccionamiento “La Vista Country Club” en San Pedro Cholula, Puebla.

El líder de cártel de “La Oficina” prácticamente fue sorprendido durante la madrugada por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Marina.

Durante el operativo no hubo un solo disparo y fue incautada un arma larga y dos vehículos de lujo estacionados en la cochera de la vivienda de doble pisos y valuada en 10 millones de pesos.

El líder del nuevo cártel surgido de una escisión de Los Beltrán Leyva, Los Zetas y del Cártel de Sinaloa, tenía, al cierre de esta edición, 7 averiguaciones previas del fuero común y federal en el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur.

Las que destacan son:

1.- El crimen de su novia, una brasileña estudiante de odontología de nombre Pollyanna Melo Viera, y la cual fue encontrada muerta el 29 de enero de 2010 en el interior de un vehículo sobre la avenida Jesús del Monte en Huixquilucan, Estado de México.

2.- El secuestro del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, ocurrido el 14 de mayo de 2010 en su rancho del municipio de Pedro Escobedo en Querétaro.

3.- El asesinato y decapitación del sobrino del entonces Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, Felipe de Jesús Muñoz Vásquez, Israel Muñoz Marmolejo, registrado el 15 de junio del 2011 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el cruce de las carreteras que conducen a San José de la Ordena y al relleno sanitario de San Nicolás en la ciudad de Aguascalientes.

4.- El crimen del ex jefe de la plaza del narcomenudeo de Cabo San Lucas, Eleazar García Gómez “El Belén”, el del ex comandante de la Policía Ministerial, Martín Márquez Ruiz y del Teniente de Corbeta de la Secretaría de Marina, Enrique Gervasio Martínez, así como del narcomenudista José Luis Oceguera “El Chilango”, registrados entre el 2011 y 2012 en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Aunque oficialmente el titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, no detalló el trabajo de ubicación del jefe criminal, el secretario general del gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, expuso que “la captura fue porque en materia de seguridad existe plena coordinación con los órdenes de gobierno y las distintas corporaciones” y agregó que “día a día intercambiamos información y coadyuvamos entre sí para lograr una estrategia integral y de mayor impacto”.

La última morada del líder del Cártel de “La Oficina” era de lo más exclusivo en Puebla y la cual tenía lo siguiente:

1.- Planta Baja: cochera techada para 3 autos, cocina integral equipada con cubierta de granillo, desayunador, comedor, sala, bar, despacho, baño de visitas y centro de lavado.

2.- Planta Alta: recámara principal con vestidor, baño y jacuzzi, 3 recámaras más, tenía 4 recámaras y 4 baños, cochera para 3 automóviles, cocina integral equipada con cubierta de granillo con vestidor y baños completos y un centro de entretenimiento.

El terreno de la vivienda es de 466 metros cuadrados y 405 metros cuadrados de construcción y la cual tenía vista al campo de golf del Country Club.

El jefe criminal utilizaba los alias de “Daniel Fernández Domínguez”, “Daniel Fernández Luna” y “Daniel Fernández Barraza”, sin embargo, entre sus pertenencias, los efectivos de la AIC y la Secretaría de Marina, encontraron una credencial de elector con su verdadero nombre, expedida en 1995, y cuando entonces tenía 30 años.

Según un funcionario de la PGR, la identificación oficial tenía el domicilio “de cuando todavía era célula del Cártel de Sinaloa”. Esa dirección es en Cerro de la Breña 453 en el Fraccionamiento Las Fuentes en Santillo, Coahuila.

El secuestro del Jefe Diego

Aunque oficialmente el director del AIC, Tomás Zerón de Lucio, dijo que no tienen la certeza de que el líder del Cártel de “La Oficina”, Daniel Fernández de La Vega, sea el responsable del secuestro del ex candidato presidencial de México, Diego Fernández de Cevallos, porque “su búsqueda y persecución, derivó de algunos crímenes, entre ellos el de su novia, Pollyanna Melo Viera”, el ex líder criminal de la organización “La Mano con Ojos”, Óscar Osvaldo García Montoya “El Compayito”, y quien dicho sea de paso, fue policía municipal de La Paz, relevó –después de ser capturado en agosto del 201— que el responsable de la privación ilegal del Jefe Diego era “El Pelacas”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, grabó un video sobre su confesión, y el siguiente es extracto de lo declarado en aquel entonces:

- ¿A quién secuestró El Pelacas?

“Secuestró parece ser… al barbón… este del PAN, hombre, a Diego Fernández de Cevallos”.

- ¿Y tú por qué sabes que esta persona secuestro a Diego Fernández de Cevallos?

“Por la información de esta que le digo, todo mundo se entera de esto, de andar en la maña, uno anda en la maña y se entera de todo: quién hizo esto, quién no hizo esto. Todo se entera uno acá”.

Sin embargo, el director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que actualmente trabajan con el Procurador de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, a fin de saber que más datos pueden aportar sobre el caso del Jefe Diego.

Las primeras declaraciones del panista, Diego Fernández de Cevallos –tras la captura de “El Pelacas—, dijo que “como creyente, todo está perdonado; como ciudadano naturalmente reclamo que las autoridades en este caso, y en cualquier otro, cumplan con la ley, que investiguen la verdad, sancionen a los culpables, pero respetando los derechos humanos”, consideró en el acto de presentación de la Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable, encabezado por el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

La llegada a BCS

El llamado Cártel de “La Oficina”, prácticamente debutó en el 2011 en Baja California Sur.

Según el mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, la organización criminal irrumpió violentamente después de levantar y ejecutar al ex jefe de la plaza del narcomenudeo en Cabo San Lucas, Eleazar García Gómez “El Belén” y tres de sus colaboradores: Octavio Herrera López, Fidel Valenzuela Sánchez y Heriberto Enrique Cejudo.

En el inicio de la disputa por el control de la plaza, otros dos conocidos criminales fueron perseguidos: Carlos Granados Ruiz “El Guayabo” y Abraham Cervantes Careaga “El Babay”, y quienes tras pactar con el líder de “La Oficina” –según confesó Jesús Manuel Reyes Flores “El Negro”, cuando fue capturado en Aguascalientes— “terminaron operando para él”.

El crimen de “El Belén” generó una cacería en contra de los presuntos responsables, y donde la investigación llevó a la captura de tres policías municipales en activo del Estado de México, Alejandro Hernández Hernández, Martín Martínez Sandoval y Raúl Ramos Salazar.

En operativos posteriores también fueron detenidos: Hermes Heladio Rivera Reyes, José Ramón Cota y Néstor Adrián Vélez Victorio “El Cuervo” y quienes confesaron trabajar para “El Pelacas”.

Sin embargo, y de acuerdo a la confesión de Jesús Manuel Flores Reyes “El Negro”, el líder del cártel de “La Oficina”, Daniel Fernández de la Vega, ordenó levantar y asesinar al comandante del Grupo contra Homicidios de la Policía Ministerial del estado, Martín Márquez Ruiz, porque “le andaba siguiendo la pista”, y el cual fue encontrado asesinado el 25 de octubre del 2011 en un camino de terracería en la colonia “Lomas del Sol”.

Las investigaciones –según el expediente— llevaron a una casa de seguridad localizada en el fraccionamiento Brisas del Pacífico en Cabo Can Lucas, y donde tras una balacera de 4 horas entre sicarios y fuerzas policiacas y militares, perdió la vida el Teniente de Corbeta de la Secretaría de Marina, Enrique Gervasio Martínez y fue abatido un sicario de la organización criminal apodado “El Mazo”.

Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado, buscó a los criminales no pudo detenerlos hasta el 26 de junio del 2012, cuando los sicarios Jesús Manuel Reyes Flores “El Negro” y Jaime Alberto Alvarado Moreno “El Jimmy” fueron capturados tras haber levantado y secuestrado al narcomenudista Luis Alfonso Gamboa Valenzuela y recluido en una casa de seguridad en Aguascalientes.

Al rendir su declaración ministerial, los criminales confesaron ser integrantes del Cártel de “La Oficina” y haber cometido una serie de criminales en sus zonas de operación que son Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Baja California Sur.

Por órdenes del líder de la organización criminal, Daniel Fernández de la Vega “El Pelacas”, cometieron los siguientes crímenes en el caso de Baja California Sur:

1.- El comandante de la Policía Ministerial, Martín Márquez Ruiz.

2.- El Teniente de Corbeta de la Secretaría de Marina, Enrique Gervasio Martínez.

3.- El narcomenudista José Luis Oceguera “El Chilango”. En este último participaron también tres sujetos identificados como “El Coreano”, “El Chinola” y “El Barbas”.

Los detenidos –según sus confesiones que obran en expedientes— “tomaron por asalto la plaza del narcomenudeo de Cabo San Lucas, y fuimos a refugiarnos, en virtud de la persecución del cártel en el estado de Aguascalientes, y de entrada, investigamos y asesinamos al jefe de la plaza del narcomenudeo allá”.

El cártel de La Oficina

En el último mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, Daniel Fernández de la Vega, figura como el líder del cártel de “La Oficina”, cuyo hermano identificado como “El 30” es el responsable de las operaciones en Baja California Sur.

Un integrante del Grupo de Coordinación indicó que organización criminal desde su entrada pretendió extender sus operaciones de Los Cabos hacia La Paz y Comondú, como un segundo paso de su incursión.

El cártel de “La Oficina” había hecho alianza con el ex jefe de la plaza del narcomenudeo en La Paz, Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”, y el cual posteriormente fue asesinado cuando planeaba tomar el mando de la plaza en Comondú.

“El Pelacas” y su hermano “El 30” eran considerados –según autoridades federales y militares— “como los responsables de la violencia y matanza de agosto del 2011 a la fecha en La Paz, Los Cabos y Comondú, tras haber iniciado operaciones en el estado”.

El líder del cártel de “La Oficina”, Daniel Fernández de la Vega “El Pelacas”, “El 7” o “El Calaveras”, fue descrito por una agente de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), “como un tipo extremadamente violento y sanguinario, que infunde miedo con escalofriantes asesinatos que generan terror y zozobra entre la población”.

El investigador dijo que “el delincuente es amante de la obediencia absoluta y quien no se sometía a sus órdenes y caprichos era asesinado de forma sanguinaria y violenta, a manera de mensaje a otros de lo que podía sucederles en caso de una rebelión”.

En un informe de la SEIDO, “La Oficina” fue considerada “como un nuevo cártel y producto de una escisión de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y la de Joaquín El Chapo Guzmán, y cuya zona de mayor influencia es Aguascalientes y los estados circunvecinos como Zacatecas, Querétaro y Jalisco, así como Baja California Sur”.

El documento transcribe que “La Oficina” tejió incluso una alianza criminal con el brazo armando del cártel de “Los Beltrán Leyva”, Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” y quienes disputaban el control y trasiego de droga en la zona centro del país contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su relación de amistad con el pistolero de Héctor Beltrán Leyva “El H”, Fausto Isidro Meza Flores –según el documento—“El Pelacas” logró tener acercamiento y estar al servicio del llamado Jefe de Jefes, Arturo Beltrán Leyva, y donde ocupó –en su momento—un nivel de rango criminal a la altura de Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, y el cual desertó de la organización tras la muerte del cabecilla del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

De acuerdo al informe, la principal actividad de “La Oficina” es el narcotráfico, secuestros, extorsiones y asesinatos de personas que actúan en contra de los intereses del cártel y sus aliados.

Los principales cabecillas, como Daniel Fernández de La Vega “El Pelacas” o “El Calaveras”, –según el informe—“tuvieron que emigrar a otros estados a esconderse, derivado de la persecución de fuerzas federales y armadas en su principal centro de operaciones y donde estaban siendo capturados y asesinados importantes células de su estructura criminal”.

“No podemos decir que la organización está absolutamente liquidada, porque no tenemos elementos de prueba, pero creo que hemos menguado su poder que ha sido reducido a una expresión mínima”, reconoció el 30 de octubre de 2011 –en aquel entonces– el jefe de gabinete de seguridad del gobierno de Aguascalientes, Antonio Javier Aguilera García, a la par de admitir que la banda “es extremadamente peligrosa y violenta”.

Un grupo importante del cártel de “La Oficina”, hoy opera en Los Cabos, entre los que destaca el hermano del ex líder, Daniel Fernández de La Vega, identificado –por autoridades federales y militares— como “El 30”.

La última vez que “La Oficina” hizo una aparición pública en Baja California Sur fue en Los Cabos y donde el 25 de julio del 2012, envió un mensaje a cuatro agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

En una manta de aproximadamente 4.00 x 1.20 metros, colocada sobre el puente peatonal y localizada frente a la Plaza de Cabo San Lucas, las células criminales que operan en el destino de playa de Cabo San Lucas, dejaron el siguiente recado: “Pinches municipales mierdas ya agarraron ya se chingaron quieren guerra les damos guerra están embarrados de mierda Alfonso Meza: chinga tu madre Julio Cesar Castillo:¿quieres carro nuevo? ‘chíngale’ Daniel Rodríguez (turística) les pelas la &%(*&% a la oficina, Claudia pinche manflora crees que te van a defender los marinos mejor culetéalos pa que te cuiden pendeja! pendeja! Llego la SIEDO quieren hacerse los santitos chinguen a su madre cabo esta tranquilo porque queremos que este tranquilo atentamente La oficina”.

El cartel filmado por la nueva organización criminal no pasó desapercibido para los jefes de seguridad y fuerzas armadas, ya que –según un integrante del Grupo de Coordinación—derivó de una pugna entre criminales y policías municipales coludidos en actividades del narcotráfico en el gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.

DATOS GENERALES DEL DELINCUENTE

Nombre: Daniel Fernández de La Vega

Nombres falsos: Daniel Fernández Luna, Daniel Fernández Domínguez y Daniel Fernández Barraza.

Edad: 48 años

Apodos: El Pelacas, El 7, El Calaveras, El Danny, El Z27, El Seven o El 7 de Aguascalientes.

Cártel: La Oficina

Rango criminal: líder

Sucesor: El 30


Organizaciones a las que perteneció: Cartel de Sinaloa, Beltrán Leyva y La Oficina.

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta/ febrero 18, 2014 12:01 PM) 


TESORERO BAJO INVESTIGACIÓN



Gerardo Manríquez Amador es uno de los cuatro funcionarios implicados en transferencias, ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2012, que suman un monto superior a 200 millones de pesos

Los Cabos, Baja California Sur. Desde el 7 de octubre de 2013, el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, ordenó la apertura de una investigación en contra de cuando menos cuatro servidores públicos implicados en diversas irregularidades sobre transferencias, ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2012.

Conforme al reglamento interior de la Tesorería Municipal del destino de playa, los presuntos responsables son:

* Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal.

* Ana Luis Guluarte Arista, directora municipal de Contabilidad.

* Susana Burgoin Amézquita, directora municipal de Ingresos.

* Héctor Jesús Olmos Ceseña, director municipal de Egresos.

En la solicitud de investigación firmada y enviada al contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, bajo el número de oficio PM/949/2013, el alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoce que “los servidores públicos han cometido diversas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la normatividad”, por lo que instruyó que en el ámbito de sus atribuciones, “se inicie procedimiento de investigación, y en su caso, y de proceder, determine las responsabilidades administrativas”.

La orden de deslinde de responsabilidades partió después de que en la sesión pública número 41, registrada en octubre de 2013, 11 de los 13 integrantes del Cabildo de Los Cabos, rechazaron aprobar el gasto de un excedente estimado en 224.6 millones de pesos de 70 partidas presupuestarias en el ejercicio fiscal 2012, el cual nunca fue aprobado por Cabildo.

La votación quedó de la siguiente manera:

- A favor, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la regidora Emilia Vega Uribe.

- En contra, el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez, Juan Mauricio Albañez Albañez, Juan Octavio Arvizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador; Víctor Manuel Ortegón Góngora, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zatarain Valera, Mario Fernández Alonso, Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro.

El propio contralor municipal, Héctor Aréchiga de la Peña, reconoció: “Nadie estaba enterado de ese gasto que representa el 23 por ciento del presupuesto anual, hasta que fue solicitada la autorización del Cabildo para ser validado, el cual ahorita estamos revisando a la par de una auditoría externa”.

Durante una entrevista con ZETA, el funcionario agregó que “en octubre recibimos la orden de investigar, y después de girar algunos oficios en noviembre, recibimos una serie de carpetas con documentación en diciembre. Ahorita estamos revisando toda información de la tesorería, porque es mucha información la que estamos revisando de manera minuciosa, y posiblemente este mes o el próximo estaremos en posibilidades de emitir una resolución al respecto”.

— ¿Recibieron el oficio?

“Sí se recibió el oficio, sí se radicó y sí se determinó abrir la investigación en contra de los servidores públicos de la Tesorería, porque el alcalde ha sido muy claro que cuando haya o detectemos una irregularidad, hagamos lo que marca la Ley, y apliquemos las sanciones que correspondan”.

— Entonces, ¿todavía no llaman a nadie a rendir cuentas?

“¡No!, porque estamos dando el primer paso, que es revisar la información, posteriormente, y si así lo consideramos, tenemos la facultad legal de mandar llamar a cualquier servidor público a que rinda cuentas, conforme al reglamento interno y la Ley Orgánica.

“Ligeramente estamos desfasados en tiempo, porque aunque recibimos la contestación en diciembre, traemos una carga muy pesada de trabajo y nos ha distraído algo de tiempo”.

— ¿Pero sí están investigando?

“Sí estamos investigando, porque hubo irregularidades desde el momento mismo que el Cabildo no fue informado, a sabiendas de que se estaba gastando un dinero que provenía de un excedente y no del presupuesto fiscal que había sido autorizado y votado en el seno de la sesión de la máxima autoridad”.

EL GASTO IRREGULAR

Según el informe desglosado sobre el gasto irregular del excedente del ejercicio fiscal  2012 del Ayuntamiento de Los Cabos, obtenido por ZETA, a pesar de que el tesorero Gerardo Manríquez Amador se ha venido negando a entregar la información vía el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, el dinero del excedente tiene su origen en lo siguiente:

* 50 millones 870 mil 640 pesos de recursos propios.

* 43 millones 480 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

* 32 millones 322 mil 042 pesos de participaciones federales.

* 25 millones 074 mil 731 pesos de participaciones estatales.

* 25 millones de pesos de la Cumbre del G-20.

* 20 millones de préstamos.

* 17 millones 719 mil 468 pesos del Programa Hábitat 2011.

* 12 millones 725 mil 137 pesos del Programa Hábitat 2012.

* 9 millones 500 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN).

* 9 millones 603 mil 411 pesos de estímulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

* 9 millones 581 mil 274 pesos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

* 8 millones 062 mil 020 pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS).

* 1 millón 204 mil 214 pesos del Programa de Rescate de Espacios Públicos.

En total, 224 millones 643 mil 638 pesos gastados y autorizados indebidamente por el tesorero y sus colaboradores.

El tesorero Gerardo Manríquez Amador prácticamente tiene bajo llave las cuentas del gasto del excedente, y desde octubre de 2012, se ha negado a entregar la información a regidores, como el panista Juan Fernández Sánchez Navarro.

Como si temiera ser descubierto -según el edil- “hemos enviado tres memorándums solicitando la información, e incluso exhortamos al alcalde y el contralor que ordenen la entrega de la información, y no han querido. Siento que si no quieren abrir las cuentas de gastos, es porque algo muy grave están ocultado”.

En el tema de rendición de cuentas, ZETA solicitó desde noviembre de 2013 la entrega del “informe desglosado sobre el gasto del excedente del ejercicio fiscal 2012, donde sea entregada toda la documentación en los conceptos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Apoyos, Bienes Muebles e Inmuebles, Obras Públicas, Erogaciones Extraordinarias y Deuda Pública”.

La solicitud, elaborada a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, actualmente se dirime bajo el número de juicio PR-III/027/2013, ya que el tesorero municipal se ha negado reiteradamente a entregar la información solicitada.

La última vez -según su respuesta por escrito- justificó su negativa de entregar la información porque “implica la clasificación y procesamiento de información de una manera distinta a como obra en los archivos de la Tesorería municipal, obligándonos a generar datos y textos a partir de los ya existentes, así como la coordinación con otras dependencias, ya que no toda la información solicitada, obra en el registro contable existente”.

Peor aún, el  tesorero Gerardo Manríquez Amador, contravenido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se niega a entregar “copia de cada uno de los recibos, notas de venta, facturas o cualquier documento que soporte documentalmente cada gasto del excedente realizado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, incluyendo contratos de obras y/o adquisiciones y servicios, y dependencia y/o servidor público que ejerció el recurso”.

El responsable de manejar el dinero de los cabeños agregó que la información del gasto del excedente “no se encuentra respaldada en archivo digital, por lo que en términos de logística, el envío de tal soporte documental se torna impráctico, toda vez que la documentación consta de mil 046 tomos en total, lo cual involucra un gasto extraordinario en papelería que se deberá absorber fuera del presupuesto, además de las horas-hombre que deben ser aplicadas para la separación de la glosa y copia de los comprobantes fiscales requeridos”.

Sin embargo, y con base a la última parte del juicio, “el semanario correrá con el gasto de todas las copias, tal y como lo mandata la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cuyo caso está por resolverse.

LA AUDITORÍA

Desde un principio, la negativa del tesorero municipal de Los Cabos, de esconder el destino final del gasto del excedente, levantó sospechas, por lo que la mayoría de los regidores solicitaron la elaboración de una auditoría externa y revisar cada centavo y peso gastado del dinero de los cabeños.

El sindico Oswaldo Murillo Martínez, responsable de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos, indicó que actualmente “estamos auditando el gasto de ese recurso, y en su momento vamos a informar lo que encontramos”.

Lo anterior, después de que el Cabildo en pleno aprobó, el 16 de octubre de 2013, un punto de acuerdo para la contratación de un despacho contable y realizar una auditoría a las finanzas públicas de los siguientes periodos:

* De mayo a diciembre de 2011.

* De enero a diciembre de 2012.

* De enero a junio de 2013.

Sobre el gasto irregular del recurso público, ni el propio contralor municipal, Héctor Aréchiga de la Peña, supo explicar “cómo es que no se detectó el gasto del excedente”.

— Dice Usted que realizan aproximadamente seis auditorías por año. ¿Cómo es que Contraloría municipal no se dio cuenta que se estaba gastando más dinero del autorizado por Cabildo?

“Bueno, las auditorías que te comentaba son elaboradas principalmente por otras entidades de gobierno, particularmente por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, y la Contraloría General del Estado. Ellos se abocan principalmente a recursos federales, y son investigaciones contables muy específicas”.

— ¿Y el tema de los 224 millones de pesos?

“Lo que te puedo decir hasta donde tengo entendido, es que de esa cantidad, en números aproximados arriba de 164 millones, fue recurso federal, y el resto, que son como 60 millones, es el que en todo caso pudiera revisarse y donde se pudo haber dado la omisión de no haber informado y tener la validación del Cabildo”.

No obstante, el contralor municipal expuso que por ahora se está revisando una controversia en torno al caso, por las siguientes razones:

* Cada mes, la Tesorería rinde un informe al Cabildo como parte de la cuenta pública, y hasta donde se tiene conocimiento, el ejercicio del gasto mensual fue aprobado por todos los regidores.

* En contraparte, el gasto del excedente anual no fue aprobado por la mayoría de regidores, cuando fue presentado el informe detallado del Presupuesto de Egresos de transferencias, ampliaciones y reducciones, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

“En todo caso debemos llegar al punto de si se aprobó o no por parte del Cabildo, y si así fuera, tenemos que aplicar la Ley, que va desde un apercibimiento o sanción, y enviar a la Tesorería un exhorto de cómo se tiene que aplicar el gasto”, concluyó el funcionario.

 EL PERMISO

Después del escándalo del excedente de los 224 millones de pesos, y tras fuertes sospechas de estar desviando recursos públicos a favor del ex presidiario y ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el 12 de febrero de 2014, el tesorero Gerardo Manríquez Amador solicitó licencia temporal para separarse del cargo por 30 días. En su lugar quedó Héctor Jesús Olmos Ceseña.

Aunque al cierre de esta edición, la solicitud no se había hecho de manera formal y por escrito en el seno del Cabildo, el director municipal de Egresos ya despachaba en la oficina de Manríquez, quien justificó su ausencia “por motivos de salud”.

Datos recabados por ZETA con base a testimonios de algunos empleados de la Tesorería municipal de Los Cabos, indican que el responsable de las finanzas se ausentó de su oficina desde el 3 de febrero hasta el 12, cuando fue confirmada la separación temporal del cargo.

El responsable de la hacienda del gobierno municipal de José Antonio Agúndez Montaño, y coordinador de la campaña de su hermano, el ex presidiario Narciso, registró las siguientes faltas en dos semanas:

* El 3 de febrero tomó su día de descanso, previsto por la Ley Federal del Trabajo, en el marco de la celebración del Día de la Constitución; y el 4, 5, 6 y 7, no se presentó a trabajar.

* Los días 8 y 9 -sábado y domingo- descansó, mientras que el 10, 11 y 12, otra vez faltó, por lo que tuvo que solicitar licencia temporal, según un empleado, “era evidente que algo había pasado”.

Efectivamente, este Semanario confirmó que el tesorero salió del país desde el 3 de febrero, aprovechando su día de asueto, para pasar vacaciones en Big Bear Lake, en el Condado de San Bernardino en California, Estados Unidos.

Ni en sueños, ni cuando fue supervisor de ventas de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Gerardo Manríquez Amador, acarició la posibilidad de estar rodeado de nieve, preciosos lagos y enormes pinos, característicos de esa zona turística.


Acompañado de su esposa Mónica Barraza Valdés, el funcionario aprovechó la última etapa de la temporada de invierno y esquió en la nieve que rodea el Bosque Nacional de San Bernardino.

Pero la diversión y la buena vida del responsable del dinero de los cabeños terminó cuando sintió un fuerte dolor en la parte central de su cuerpo y se dobló, hasta el punto de ser internado en una clínica.

Según el diagnóstico médico obtenido por ZETA, la vesícula del tesorero no resistió y reventó, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para limpiar la bilis almacenada, derivado de una peritonitis.

El cuadro clínico -de acuerdo a un doctor consultado por este Semanario- “no es otra cosa que una infección, porque al reventar la vesícula, genera un fallo orgánico múltiple o multi-sistématico, y deshidratación, lo cual puede llevar a la muerte”.

Los síntomas “son dolor abdominal repentino, náuseas, vómitos, taquicardias y fiebre”.

El tesorero fue sometido a un proceso de drenado y tardará aproximadamente diez días en recuperarse.

De acuerdo con el médico consultado, luego de confirmarse que Manríquez carece de seguro médico en el extranjero, la operación tendría un costo estimado en 70 mil dólares, independientemente del internamiento que podría variar -según la evolución del paciente- entre 80 mil y 120 mil dólares.

Se esfumó dinero de cuentas congeladas del Ayuntamiento de La Paz

En el último capítulo del congelamiento de cuentas bancarias del Ayuntamiento de La Paz, el saldo se esfumó misteriosamente, y de tener 12 millones, solo hay un millón 600 mil pesos en el estado financiero.

La información, leída el jueves 13 de febrero de 2014 durante la audiencia incidental –tras ser leídos los estados de cuenta- por los magistrados del Vigésimo Sexto Circuito Colegiado del Poder Judicial de la Federación, donde estuvieron presentes los representantes del gobierno municipal y de la ex trabajadora Juana Rosa Isela Avilés Núñez, levantó sospechas de un desacato, principalmente del banco Santander al tribunal burocrático; por lo que de inmediato el abogado defensor de la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento, Salvador Krieb Almeida, presentó una queja y solicitó una investigación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No obstante,  poniéndose “el huarache antes de espinarse”, el Ayuntamiento de La Paz, a través de Guillermo Rochín Beltrán, Rosa María Montaño y Rosendo Castro Orantes -secretario general, oficial mayor y tesorero, respectivamente-, salieron a informar el 19 de febrero que habían dispuesto “de 11 de los 12.6 millones congelados, porque la dirección jurídica del banco Santander, tomó la decisión de movilizar el dinero, por tratarse de recursos federales”.

Los funcionarios agregaron que “la movilización del recurso público, no derivó de la orden de un juez, tampoco del tribunal burocrático, sino de una determinación motu proprio del banco”, y de haber alguna demanda, “tendrá que responder por la decisión, porque los abogados de la institución bancaria fueron los que determinaron que el embargo era improcedente”.

Como era de esperarse, el abogado defensor de la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, consideró que la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán orquestó todo junto con el poderoso secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sacar el dinero del banco, desacatando y violentando la orden del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Baja California Sur.

A decir del abogado, la alcaldesa “solo utilizó el tema de las cuentas embargadas para no pagar a tiempo el sueldo a los trabajadores y proveedores, e incumplir en el pago de créditos bancarios, bajo el argumento de que no podía disponer de dinero del banco”.

Por lo pronto, el caso amenaza con salpicar a los directivos del banco Santander, a pesar de que el próximo 5 de marzo, el embargo de las cuentas en la audiencia constitucional podría resolverse de manera definitiva.

El secretario general de La Paz, Guillermo Rochín Beltrán, anticipó que preparan un recurso legal para tratar de desaforar al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Baja California Sur, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, a través del Congreso, para después presentar una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad, tras haber ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias.

Obviamente la advertencia del Ayuntamiento de La Paz fue vista como una amenaza -y hasta cierto punto venganza- en contra del tribunal burocrático, por resolver un asunto que data desde 2003.

(SEMANARIO ZETA EN BCS/ GERARDO ZUNIGA PACHECO/  FEBRERO 25, 2014 12:01 PM)