Distrito Federal— El
fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien con un
amparo salió de prisión en agosto pasado, tomará el lugar del recién capturado
Joaquín “El Chapo” Guzmán como el “capo de capos”.
Así lo afirmó Héctor
Berréllez, jefe de grupo que investigó el secuestro y asesinato del agente de
la DEA Enrique Camarena, caso por el cual el gobierno de Estados Unidos ofrece
una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura
del capo.
“Ahora va a reinar
como capo de capos, Caro Quintero [...] cuando arrestaron a Ernesto Fonseca y a
Caro Quintero, le dejaron el reino a cuatro personas: [Ismael] Zambada, [Juan
José Esparragosa Moreno] ‘El Azul’, ‘El Chapo’ [Joaquín Guzmán] y ‘Amadito’
Carrillo [Amado Carrillo Fuentes]. Pero la condición era que si salían iban a
tomar el reino”, dijo Berréllez a la agencia española EFE.
Caro Quintero había
sido sentenciado a 40 años de cárcel, acusado del asesinato de Camarena en
1985, condena de la que cumplió 28 años, ya que el 8 de agosto de 2013 salió en
libertad por un amparo concedido por un tribunal federal de Jalisco.
Ahora desde algún
punto insospechado en la sierra o la ciudad, Rafael Caro Quintero da señales de
vida. El sinaloense no solo se oculta para no ser recapturado, sino que
encabeza su defensa legal para no ser extraditado a los Estados Unidos.
El semanario ZETA de
Tijuana dio seguimiento a un juicio de amparo “sospechoso” presentado desde el
28 de octubre de 2013 en la ciudad de Guadalajara, en el que personal del
Juzgado de Distrito ha actuado sigilosamente para no revelar el nombre del
peticionario.
Una vez realizada
una investigación rigurosa del asunto, este medio confirmó que la solicitud de
amparo es del buscado Caro Quintero.
Se trata de una
demanda de derechos fundamentales entablada por el capo, a través de sus
abogados, contra el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el
Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, el titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, y otras autoridades.
El acto reclamado
por Rafael Caro Quintero es, como lo fue en julio del año pasado antes de ser
liberado, la orden de detención provisional con fines de extradición
internacional.
Debido a lo
anterior, el juez que conoce del nuevo amparo solicitó a su homólogo que
sobreseyó el anterior juicio de garantías, remitiera copias para que no
existiese duplicidad en las solicitudes. La diferencia es que en julio, incluso
en agosto de 2013, cuando el sinaloense obtuvo su libertad, no existía la
petición de los norteamericanos.
ADMISIÓN Y AMPLIACIÓN
La demanda de amparo
finalmente fue aceptada el 12 de noviembre de 2013, al comprobarse que aunque
se trata del mismo acto reclamado, aquel otro juicio fue concluido en su
momento. Ese mismo día le fue concedida la suspensión provisional para no ser
molestado, pero después le fue negada la definitiva, el día 22 de ese mes.
El anuncio de la
Policía Internacional Criminal (INTERPOL) desde Lyon, Francia, el 16 de
diciembre, en el que se exhortó a la comunidad mundial a denunciar el paradero
del traficante mexicano, movió a los abogados de Caro a presentar una
ampliación de demanda tres días después.
Caro Quintero señaló
como nuevas autoridades responsables al titular de la INTERPOL México y al
Congreso de la Unión que aprobó la Ley de extradición internacional. La
ampliación se admitió, pero ese 19 de diciembre de 2013 le fue negada la
suspensión provisional contra los actos y funcionarios de las citadas
dependencias.
La defensa del
sinaloense interpuso el 27 de diciembre el recurso de queja en contra de la negativa
de suspender provisionalmente los actos reclamados.
Debido a que los
Tribunales Colegiados en materia Penal gozaban del periodo vacacional
decembrino, tocó conocer de la queja a un Tribunal en Materia del Trabajo, el
cual resolvió que el reclamo del quejoso era infundado por haberlo interpuesto
extemporáneamente y no dentro de las 24 horas posteriores a la notificación,
como señala la Ley correspondiente.
El juicio de
garantías ha seguido su curso. La audiencia para resolverse en definitiva se ha
diferido al menos en cinco ocasiones, estableciéndose el mes de marzo como
fecha para el desahogo de esta etapa.
El 28 de enero
último se negó una vez más la suspensión definitiva solicitada en contra de los
actos y autoridades de la ampliación de la demanda. Este fallo ha sido
recurrido por los representantes legales con el recurso de revisión el 14 de
febrero reciente, por lo que el asunto será conocido por un Tribunal Colegiado
en Materia Penal para resolver el incidente.
EN LA SIERRA SINALOENSE
El subprocurador
jurídico y de Asuntos Internacionales, así como el subprocurador especializado
en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos adscritos a la Procuraduría
General de la República (PGR), rindieron sus informes justificados el 12 de
febrero, reconociendo que buscan aprehender al narcotraficante por la orden de
detención provisional.
Por su parte, el
Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Amparo no pierde
oportunidad de solicitar copias de cada uno de los autos que se decretan en el
juicio de garantías para mantener informados a sus superiores, pues así se lo
han ordenado.
A través de la
promoción de esta demanda, la presencia de Rafael Caro Quintero se siente
cercana, y aunque las diversas corporaciones policiales no han ubicado su
paradero, estiman que debe encontrarse en las regiones Noreste u Occidente, y
no ha abandonado el país.
Mientras autoridades
federales fijan su mira en ranchos o cotos de Guadalajara, particulares y voces
extraoficiales establecen la estadía del fugitivo en las inmediaciones de la
sierra en Badiraguato, Sinaloa, protegido hasta el pasado 22 de febrero por
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera quien ahora se encuentra en el penal de máxima
seguridad de el Altiplano.
Los juicios de
garantías han acompañado los últimos años del fugitivo y éste es el amparo
número 65 promovido entre mayo de 2010 y octubre de 2013. Fue precisamente
mediante un fallo de amparo directo que Rafael obtuvo su libertad -el 9 de
agosto del año próximo pasado- del penal de mediana seguridad de Puente Grande,
Jalisco.
Recientemente,
Héctor Rafael Caro Elenes, hijo mayor de Caro Quintero, interpuso un juicio
similar en el Estado de Colima por una posible orden de captura o extradición
dictada en su contra.
El primogénito del
capo buscó protegerse tras los señalamientos realizados a mediados del año
pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el sentido de
que pertenece a la organización delictiva de su padre. Los actos reclamados
fueron negados por las autoridades y el juicio fue archivado.
Además, el gobierno
norteamericano, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por informes
que ayuden a detener a Rafael Caro Quintero, prohibió a sus habitantes realizar
negocios o transacciones económicas con la ex esposa, hijos y algunos allegados
al prófugo criminal.
UN PACTO, LA CAPTURA DE “EL CHAPO”
La captura de
Joaquín “El Chapo” Guzmán está vinculada con la salida de prisión de Rafael
Caro Quintero, aseguró hoy Héctor Berréllez, jefe de grupo que investigó el
secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
En entrevista
telefónica con Efe desde California, el ex agente del Departamento
Estadounidense Antidrogas (DEA) afirmó que “El Chapo” había dejado de contar
con “protección del gobierno mexicano” y sabía que iba a ser capturado.
“Él sabía que lo
iban a arrestar porque siempre traía como 200 hombres protegiéndolo, incluyendo
militares. Y como se decidió que ‘Chapo’ Guzman, por sus tendencias tan
violentas, ya no iba a ser protegido [...], pues le dijeron: o entras a la
cárcel o vas a morir porque te vamos a quitar toda la escolta”, dijo el ex
agente de la DEA.
Para el agente
encargado de resolver el caso de Enrique Camarena Salazar, luego de su
asesinato en Guadalajara en 1985, este detalle confirma que había un arreglo
previo entre las autoridades mexicanas y el narcotraficante más buscado del
mundo.
“Cómo agarran al
narco más grande del mundo, con más millones que Pablo Escobar, como una rata.
Eso es un arreglo [...] Si no, hubiera sido una balacera tremenda”, agregó.
Berréllez opinó que
el presunto pacto debe incluir no ser extraditado a los Estados Unidos, país
que ya ha expresado su intención de reclamar a “El Chapo” para juzgarlo por los
numerosos cargos que pesan en su contra en este país.
Héctor Berréllez,
quien trabajó 27 años con la DEA y ahora es propietario de un negocio
relacionado con la seguridad y estrategia, mencionó que ni Ernesto “Neto”
Fonseca, ni Rafael Caro Quintero fueron extraditados a Estados Unidos.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ SinEmbargo.mx | 2014-02-24 | 22:11)
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