El capo sinaloense
promovió un amparo en Guadalajara contra la orden de extradición a los Estados
Unidos. El asunto se maneja con sigilo y las notificaciones se hacen a través
de las listas del Juzgado. De cada actuación que se desarrolla en el juicio, el
fiscal adscrito solicita copia para informar a sus superiores. Autoridades
intensifican su búsqueda en el Occidente del país, aunque particulares ubican
al narcotraficante en la Sierra de Sinaloa, bajo el cobijo de “El Chapo” Guzmán
Desde las sombras de
algún escondrijo. Desde algún sótano o residencia campestre. Desde alguna
guarida de calles con acceso restringido. Desde algún punto insospechado en la
sierra o la ciudad, el narcotraficante Rafael Caro Quintero da señales de vida.
El sinaloense no solo
se oculta para no ser recapturado, sino que encabeza su defensa legal para no
ser extraditado a los Estados Unidos de América.
ZETA dio seguimiento
a un juicio de amparo “sospechoso” presentado desde el 28 de octubre de 2013 en
la ciudad de Guadalajara, en el que personal del Juzgado de Distrito ha actuado
sigilosamente para no revelar el nombre del peticionario.
Una vez realizada
una investigación rigurosa del asunto, este medio confirma que la solicitud de
amparo es del buscado Caro Quintero. Se trata de una demanda de derechos
fundamentales entablada por el capo, a través de sus abogados, contra el
secretario de Gobernación, el procurador General de la República, el titular de
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) y otras autoridades.
El acto reclamado
por Rafael Caro Quintero es, como lo fue en julio del año pasado antes de ser
liberado: la orden de detención provisional con fines de extradición
internacional.
Debido a lo
anterior, el juez que conoce del nuevo amparo solicitó a su homólogo que
sobreseyó el anterior juicio de garantías, remitiera copias para que no
existiese duplicidad en las solicitudes. La diferencia es que en julio, incluso
en agosto de 2013, cuando el sinaloense obtuvo su libertad, no existía la
petición de los norteamericanos.
ADMISIÓN
Y AMPLIACIÓN
La demanda de amparo finalmente fue aceptada
el 12 de noviembre de 2013, al comprobarse que aunque se trata del mismo acto
reclamado, aquel otro juicio fue concluido en su momento. Ese mismo día le fue
concedida la suspensión provisional para no ser molestado, pero después le fue
negada la definitiva, el día 22 de ese mes.
El anuncio de la
Policía Internacional Criminal (INTERPOL) desde Lyon, Francia, el 16 de
diciembre, en el que se exhortó a la comunidad mundial a denunciar el paradero
del traficante mexicano, movió a los abogados de Caro a presentar una
ampliación de demanda tres días después.
Caro Quintero señaló
como nuevas autoridades responsables al titular de la INTERPOL México y al
Congreso de la Unión que aprobó la Ley de extradición internacional. La
ampliación se admitió, pero ese 19 de diciembre de 2013 le fue negada la
suspensión provisional contra los actos y funcionarios de las citadas
dependencias.
La defensa del
sinaloense interpuso el 27 de diciembre el recurso de queja en contra de la
negativa de suspender provisionalmente los actos reclamados.
Debido a que los
Tribunales Colegiados en materia Penal gozaban del periodo vacacional
decembrino, tocó conocer de la queja a un Tribunal en Materia del Trabajo, el
cual resolvió que el reclamo del quejoso era infundado por haberlo interpuesto
extemporáneamente y no dentro de las 24 horas posteriores a la notificación,
como señala la Ley correspondiente.
El juicio de
garantías ha seguido su curso. La audiencia para resolverse en definitiva se ha
diferido al menos en cinco ocasiones, estableciéndose el mes de marzo como
fecha para el desahogo de esta etapa.
El 28 de enero
último se negó una vez más la suspensión definitiva solicitada en contra de los
actos y autoridades de la ampliación de la demanda. Este fallo ha sido
recurrido por los representantes legales con el recurso de revisión el 14 de
febrero reciente, por lo que el asunto será conocido por un Tribunal Colegiado
en Materia Penal para resolver el incidente.
EN LA SIERRA SINALOENSE
El subprocurador
jurídico y de Asuntos Internacionales, así como el subprocurador especializado
en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos adscritos a la Procuraduría
General de la República, rindieron sus informes justificados el 12 de febrero,
reconociendo que buscan aprehender al narcotraficante por la orden de detención
provisional.
Por su parte, el
Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Amparo no pierde
oportunidad de solicitar copias de cada uno de los autos que se decretan en el
juicio de garantías para mantener informados a sus superiores, pues así se lo
han ordenado.
A través de la
promoción de esta demanda, la presencia de Rafael Caro Quintero se siente
cercana, y aunque las diversas corporaciones policiales no han ubicado su
paradero, estiman que debe encontrarse en las regiones Noreste u Occidente, y
no ha abandonado el país.
Mientras autoridades
federales fijan su mira en ranchos o cotos de Guadalajara, particulares y voces
extraoficiales establecen la estadía del fugitivo en las inmediaciones de la
sierra en Badiraguato, Sinaloa, protegido por el también perseguido por la
justicia, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Los juicios de
garantías han acompañado los últimos años del fugitivo y éste es el amparo
número 65 promovido entre mayo de 2010 y octubre de 2013. Fue precisamente
mediante un fallo de amparo directo que Rafael obtuvo su libertad -el 9 de
agosto del año próximo pasado- del penal de mediana seguridad de Puente Grande,
Jalisco.
Recientemente,
Héctor Rafael Caro Elenes, hijo mayor de Caro Quintero, interpuso un juicio
similar en el Estado de Colima por una posible orden de captura o extradición
dictada en su contra.
El primogénito del
capo buscó protegerse tras los señalamientos realizados a mediados del año
pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el sentido de
que pertenece a la organización delictiva de su padre. Los actos reclamados
fueron negados por las autoridades y el juicio fue archivado.
Además, el gobierno
norteamericano, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por informes
que ayuden a detener a Rafael Caro Quintero, prohibió a sus habitantes realizar
negocios o transacciones económicas con la ex esposa, hijos y algunos allegados
al prófugo criminal.
(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES ZETA/ FEBRERO 24,
2014 12:01 PM )
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