Sin estrategia
conjunta contra la inseguridad, con el Ejército echado para atrás, una Policía
Municipal descontrolada y sin liderazgo; cambios de mandos en la Policía
Estatal, una Procuraduría en “proceso de reingeniería” y aumento en el ingreso de droga al estado, las
células criminales del Cártel de Sinaloa crecieron, se reforzaron con armas y
dinero.
De nuevo pelean por el territorio en las
calles de Baja California, sin que las autoridades reaccionen con efectividad
Tan seguros estaban
los homicidas de que ni la Policía Municipal de Tijuana, ni la Estatal
Preventiva los encontrarían, que cometieron -por lo menos- dos asesinatos en
menos de seis horas, entre la tarde del 18 y la madrugada del 19 de febrero,
con la misma arma.
En 24 horas, cinco
hombres fueron asesinados en la vía pública de Tijuana, sin que ningún
responsable haya sido detenido hasta el momento.
Maniatados,
torturados y envueltos en cinta gris, “asesinan a uno, y dos horas después, los
mismos homicidas van a balacear al siguiente”, expuso uno de los
investigadores. Incluso una de las víctimas fue arrollada, pero como seguía
vivo, lo mataron a balazos.
Las corporaciones
policiacas, de investigación y preventivas, que integran el Consejo de
Seguridad Pública del Estado, sin grabadora ni micrófono de por medio, lo reconocen: “Andamos por encima del
promedio”, cuando la cuota mortal “normal” en Tijuana es de uno o dos
homicidios al día.
Entre el 1 de enero
y el 19 de febrero, 126 personas han
sido ejecutadas en Baja California:
* 83 en
Tijuana.
* 17 en
Mexicali.
* 12 en
Ensenada.
* 7 en
Tecate.
* 7 en
Rosarito.
Funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) han manifestado que se trata de pleitos entre células dedicadas a
la venta de droga al menudeo. Advierten que familiares, testigos y detenidos han
expuesto la labor criminal de las víctimas y delatan pleitos internos en el
narcotráfico local.
La versión en la
calle -recolectada por áreas de inteligencia- indica que se trata de una pugna
interna entre grupos que pertenecen a la célula de Alfonso Lira “El Atlante”,
sin embargo, los investigadores no han encontrado a nadie dispuesto a
declararlo formalmente, y no existe orden de aprehensión contra este cabecilla
delictivo, acaso algunos datos relacionados con la indagatoria del homicidio
cometido en contra de Víctor Reyes en la Zona Norte, el 12 de febrero.
Pero los asesinatos
son prácticamente en todo Tijuana, incluso en Rosarito.
— ¿Lira controla
todo ese territorio criminal? ¿Qué pasa con Alfonso y René Arzate, los
representantes del Cártel de Sinaloa?, cuestiona ZETA a uno de los investigadores
del Estado.
“No hay indicios de
que Lira se haya escindido de los Arzate, lo que se ha focalizado es que se
trata de una división interna del ‘Atlante’, una célula que se está
debilitando, tratan de independizarse y
peleando los espacios entre ellos, además, ya está todo cubierto y quieren
seguirse metiendo”.
— ¿Se puede
responsabilizar a un solo grupo de todos los muertos? ¿Nadie pone orden?
“Efectivamente, van
de un extremo a otro de la ciudad, y eso no cuadra con lo tradicional, pero no hemos encontrado
indicios de que otros grupos estén implicados”.
POLICÍAS Y
AUTORIDADES: CADA UNA POR SU LADO
Gran parte del descontrol y la falta de
efectividad del Consejo Estatal de Seguridad, radica en la ausencia de
coordinación, falta de información y la no definición de líneas de acción.
Cada semana, las
corporaciones e instituciones se reúnen para acordar operativos, pero poco o
nada coordinan, mientras las juntas encabezadas por el gobernador -de hecho
solo una ha tomado lugar-, las utilizan para compartir cifras alegres de
incidencia delictiva, en lugar de coordinar acciones y estrategias.
Cuando ocurre un
incidente, cada Policía operativa anda por su lado y el Ejército no se mete, a
menos que le llamen, y únicamente en calidad de respaldo.
La falta de
información es tan grave que tanto las corporaciones estatales como las
municipales, iniciaron apenas los trabajos
para redefinir el mapeo delictivo del estado, porque no los tienen, o
son muy viejos y en desuso.
De manera anónima,
jefes policiacos y medios de comunicación han vuelto a escuchar la denuncia:
“Los policías están bien puestos con la maña”, incluso señalan
específicamente a municipales y
estatales, dan nombres y apodos de sus contactos en el mundo criminal, los
describen. Los uniformados son
implicados como “cobradores de piso”, “bajadores de droga”, incluso
“homicidas”. Pero ni son investigados, ni remitidos a realizar nuevos exámenes
de confianza.
En las delegaciones,
ni los jefes de distrito ni sus policías detienen a los cabecillas. La
Municipal llena boletines de las capturas de pequeños distribuidores de droga que son liberados en poco tiempo,
esto, porque los uniformados -estatales y municipales- regresaron a la vieja costumbre de entregar
partes policiacos mal redactados que solo sirven para ordenar la liberación de
los delincuentes.
A través de sus
líderes, los sectores empresariales reclaman públicamente el desborde de la
inseguridad, la falta de estrategia y un Ejército echado para atrás.
En sus declaraciones
oficiales, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, no se reconoce desbordado,
pero manifiesta que si su secretario de seguridad no cumple con las
expectativas, deberá salir, pero aclara no se trata de un ultimátum. Mientras,
asegura que el Ejército redoblará sus patrullajes, vigilancia militar que los
tijuanenses no ven desde el 2 de enero de 2013, cuando el Presidente Enrique
Peña Nieto cambió los mandos y retiró el apoyo castrense a Baja California.
MUERTOS AL
MAYOREO POR NARCOMENUDEO
Alrededor de las 6:50 pm del día 18 de
febrero, según el reporte del C4, por lo menos dos sujetos persiguieron sobre
la Avenida Las Palmas del fraccionamiento con el mismo nombre, en la delegación
La Mesa, a Emilio Daniel López Gutiérrez, de 32 años de edad. Testigos
escucharon que uno de sus agresores le preguntó en repetidas ocasiones a
gritos: “¿Te quieres morir, hijo de la chingada?” mientras lo perseguía por la
calle ascendente de norte a sur y le disparaba la carga de un subfusil Uzi,
dejando un rastro de 19 casquillos, de los cuales solo acertó tres, en tórax,
hombro y cabeza, suficientes para quitarle la vida.
El desaseo de la
víctima, al igual que lo usado de su ropa, hizo presumir a la autoridad
inicialmente que se trataba de un ladrón que robó a la persona equivocada.
Después se dieron cuenta que además de tener documentos que lo acreditaban como
residente de San Diego, California, tenía consigo una dirección en Las Palmas,
y más tarde, que había sido víctima de unos homicidas en serie.
Alrededor de las
7:20 pm, media hora después del reporte de este asesinato, agentes de la PEP
que buscaban a los matones en la zona, recibieron la orden de abandonar el
operativo, para entonces ya habían ubicado dos carros que “aparentemente”
habían participado en los hechos, y aunque no tenían nada concreto, abandonaron la coordinación que traían con
los municipales.
Los policías de
Tijuana tampoco detuvieron a alguien, pero el secretario de Seguridad Pública
Municipal, Alejandro Lares, consideró buena idea emitir un boletín para
justificar su falta de resultados en el caso específico.
Aunque no era real,
aseguró que la búsqueda de los presuntos responsables continuaba en forma
coordinada, y tras informar que ellos decomisan armas diariamente y “han sumado
detenciones importantes”, reconoció la impunidad de “muchas personas que se
encuentran armadas, y resuelven sus diferencias de manera violenta y en la vía
pública, cuidando precisamente las zonas donde creen tener las condiciones para
cometer sus delitos”, como la delegación La Mesa.
Pero después del
adelantado comunicado, los asesinatos continuaron.
A las 22:13 pm, la
Policía encontró el cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años, a quien tiraron
en la calle Mazatlán de la colonia Las Torres. Lo ataron de pies y manos, y lo
mataron a golpes.
A las 11:00 pm, en
Calle Acapulco y Pacífico, del Parque Industrial Pacífico, se encontró el
cadáver de otro hombre, también alrededor de los 40 años, atado de pies y
manos. Los rastros indicaron que fue ultimado en plena vía pública. El homicida
lanzó cuatro disparos con una pistola calibre .380, tres acertaron en la cabeza
de la víctima.
Apenas pasaba la
media noche del miércoles 19 de febrero, cuando los homicidas que seis horas
antes actuaron en el fraccionamiento Las Palmas, volvieron a las andadas. La
misma Uzi calibre .19 volvió a retumbar en el Callejón Tamayo, a la altura del
número 18 de la colonia Mineral de Santa Fe, previo al abandono del cadáver con
dos tiros en la cabeza cubierta con tape gris. Estos homicidas múltiples habían
tenido el tiempo y la tranquilidad de, previamente, privar de la libertad y
maniatar a su víctima.
Parecía que la
jornada sangrienta había cerrado a las diez de la mañana de ese miércoles,
cuando un reporte llevó a las fuerzas del orden a recoger el cuerpo de otro
hombre de entre 35 y 40 años, localizado en la colonia Internacional. Estaba en
el interior de una bolsa. En el Servicio Médico Forense indicaron que
presentaba heridas de arma punzocortante en todo el cuerpo, pero está entero;
inicialmente el informe era de “un descuartizado”. El jueves 20 de febrero,
otro hombre de entre 35 y 40 años, asesinado con objeto punzo cortante y
calcinado en un 80 por ciento, fue localizado en un lote baldío de la colonia
Granjas Familiares.
Antes, entre el 9 y
el 16 de febrero, la PGJE había reconocido que Tijuana vivió su semana más
violenta de 2014, con 13 asesinatos en una semana, y de nuevo, a través del
análisis balístico, identificaron a unos
homicidas muy activos y una pistola muy usada.
Con estos datos, el
Ministerio Público ya tiene un sospechoso: su cómplice, autora intelectual y
pareja del muerto, Itzel Escobedo, quien fue detenida; lo mismo que María Inés
Núñez, quien le presentó al matón.
Se trata del hombre
que asesinó al mueblero de Rosarito,
Luis Alberto Zacarías Barajas, la madrugada del jueves 13 de febrero en el
Bulevar 2000, en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial del Bosque.
El arma usada con él, también se empleó un día antes para matar a Víctor Reyes
mientras conducía una Jeep Cherokee en la calle Primera de la Zona Norte; y de
Ricardo Mondragón Valencia el 15 de febrero, en el estacionamiento localizado
en la Avenida Ruta Mariano Matamoros, donde usaron dos armas, una .45 y otra
calibre .40, que era la que repetía. La misma que se usó en el homicidio de
otro hombre en el Grupo México, pero la autoridad no precisó fecha.
“LOS ATLANTES”,
OBJETIVO POLICIACO
Aun sin haber probado y judicializado la
actividad criminal de Alfonso Lira y su familia, las autoridades los
responsabilizan por la violencia detonada actualmente en Tijuana y Rosarito,
por lo que han implementado operativos con la intención de capturar a los
principales miembros de la célula en flagrancia.
Las versiones de las
áreas de inteligencia: Lira ya se les “escapó” dos veces, entre noviembre de
2013 y enero 2014. Algunos de sus cómplices detenidos lo ubicaron primero con
la Policía Estatal Preventiva, y después, ante una patrulla coordinada con
municipales, estatales y federales, informaron en cuál dirección (en el Este de
Tijuana) se encontraba, pero extraña y oportunamente, en ambas ocasiones el
presunto delincuente ha sido notificado del arribo de los policías con la
debida antelación. Ningún oficial ha sido investigado como posible “soplón”.
Como parte del
seguimiento a los recientes actos criminales, la noche del miércoles 19 de
febrero, la PEP capturó en posesión de un arsenal, chalecos antibalas, droga y
dinero, a tres jóvenes que aseguraron ser operadores de Javier Lira Sotelo “El
Carnicero”, hermano de “El Atlante”.
“El Carnicero” fue
detenido el 9 de abril de 2012 en posesión de 857.7 kilos de marihuana, 29
kilos de la droga conocida como cristal y 7.262 kilos de heroína, así como 15
armas largas nuevas, un arma corta, 200 cartuchos y 24 cargadores. Se le
consignó por posesión y fue liberado nueve días después, el 19 del mismo mes.
Ahora sus presuntos
cómplices, Fernando Montoya Reyna, Ricardo Ortega González y Horacio Eduardo
Villalpando Serna, fueron capturados con
un arma calibre .223; un arma larga
calibre 7.62 por 39; tres cargadores de disco calibre .223; tres cargadores de
disco calibre 7.62 por 39; 17 cargadores para AR-15 de diferentes capacidades,
calibre .223; 13 cargadores para arma calibre 9 mm; 30 cargadores de diferentes
calibres y capacidades; 16 cargadores para AK-47, calibre 7.62 por 39; 64
cartuchos útiles calibre 5.7; otros 325 cartuchos útiles calibre .45; 1005
cartuchos útiles calibre .223; 368 cartuchos útiles calibre 7.62 por 39; 170
cartuchos útiles de diferentes calibres.
Asimismo, diez
paquetes de marihuana con un peso aproximado de 19 kilogramos, cuatro chalecos
balísticos y una prensa hidráulica.
Habrá que esperar
cuanto tiempo permanecen presos, o siquiera llegan a ser consignados.
REUNIÓN
El jueves 20 de
febrero hubo indicios de una aparente
reacción del Estado ante el baño de sangre. De inicio, la información
pública respecto a las muertes dejó de fluir. La procuradora estatal, Perla del
Socorro Ibarra Leyva, llegó a Tijuana después del mediodía a una reunión en el
tercer piso del Centro de Gobierno en la Zona Río.
Al cónclave también
fueron citados el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa
Anaya; el comisionado de la PEP; el nuevo director de la Policía Estatal
Preventiva, entre muy pocos otros. En sigilo, quienes trabajan con ellos e
informaron de la junta, consideraron que se abordaría la escalada de violencia
en la ciudad durante los últimos días.
El tema de la
inseguridad en Baja California, particularmente en Tijuana, ya está
confrontando a niveles de gobierno y separando gabinetes. El miércoles 19 de
febrero, muchos fueron testigos de cómo el alcalde Jorge Astiazarán le reclamó
exaltado a Daniel de la Rosa, titular de Seguridad en la entidad, la falta de
coordinación y la ausencia de un combate estatal en el municipio.
Pero mientas las
autoridades no se coordinan, las células del narcotráfico en Tijuana se han
reordenado y armado, para iniciar una nueva guerra de criminales, que en lo que
va del año, suma ya 83 ejecutados en esta ciudad.
CAE GENTE DE “EL MAYO” ZAMBADA
Desde el 17 de
febrero, agentes federales y elementos de la Marina Armada de México realizan
un operativo de seguridad en Culiacán, Sinaloa, a fin de capturar a Ismael “El Mayo Zambada”. Ese día se informó
de la aprehensión de diez presuntos miembros de la organización criminal, entre
ellos, Joel Enrique Sandoval Romero, apodado “El 19”, supuesto jefe de sicarios.
En ese mismo operativo
se detuvo a Apolonio Sandoval Romero “El 30”; Cristo Omar Sandoval Romero “El
Cristo”; Jesús Andrés Corrales “El Bimbo”; y Marco Pérez Urrea “El Pitahaya”.
De igual manera, se
aseguraron 91 armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos
de diversos calibres, cuatro vehículos y 286 mil pesos en efectivo.
MIENTRAS QUE EN ACCIONES…
Un día después, en
Tijuana, fueron aprehendidos un sujeto apodado “El Compa Omar” junto a sus
cómplices, quienes tenían en su poder una granada de fragmentación, dos armas
de fuego y tres vehículos acondicionados para el trasiego de drogas.
Se conoció que Omar
Guillermo Cuen Lugo es el encargado del transporte de enervantes desde Culiacán
hacia los Estados Unidos, pasando por Baja California, para la organización de
“El Mayo” Zambada.
Tras una operación
especial implementada por elementos de
la Secretaría de Marina (SEMAR) en Culiacán, el jueves 20 de febrero fue
capturado Jesús Peña “El 20” o “El Compa
Peña”, presuntamente uno de los sicarios de alto rango al servicio del Cártel
de Sinaloa.
Autoridades de la
Armada de México peinaron la zona de Colinas de San Miguel, apostados en una
residencia ubicada por la calle Cerro de Las 7 Gotas.
En los últimos
meses, la facción que lidera Ismael Zambada ha sufrido varias bajas, entre las
que se encuentran Serafín, hijo de Zambada García, en Arizona; Gonzalo Inzunza
Inzunza “El Macho Prieto”, principal lugarteniente de “El Mayo” abatido en
Sonora; y José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, líder de una de las
células del Cártel de Sinaloa.
El titular de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, José Ramírez Cardoso,
dimitió a su función luego de que se diera a conocer que fue consignado por los
delitos de abuso de autoridad y acoso sexual en 1997, cuando ostentaba el cargo
de Coronel.
Ramírez Cardoso citó
a conferencia de prensa el viernes 14 de febrero en las instalaciones de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde reconoció los cargos que se le
imputaban en el fuero militar, pero desestimó las acusaciones al señalar que
era “algo común en las fuerzas castrenses”.
Ese mismo día, al
menos 13 elementos del Valle de Mexicali se manifestaron en las instalaciones
municipales para denunciar que fueron cambiados de la zona Valle a diversos
puntos de la capital, por lo que requerían apoyos económicos para llegar a las
nuevas adscripciones.
En ese contexto, fue
asesinada la agente Sandra Carrillo Moreno, de 31 años de edad, luego de un
enfrentamiento con dos hombres armados, quienes robaron un aproximado a 700 mil
pesos en el Valle de Mexicali. El sábado 15 de febrero, durante los funerales
de la agente, el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, ratificó la confianza
hacia el General en retiro, pero aceptó desconocer los cargos que le imputaron.
El propio presidente
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jonathan Díaz Castro, no quiso
polemizar en el asunto, aunque reconoció que existe un hueco en cuanto a los
exámenes de Control y Confianza, ya que los militares no informan de manera
oportuna sobre los antecedentes penales cuando son nombrados en cargos civiles.
Señaló que la
decisión estaba en el alcalde de Mexicali quien definiría, ante la información
surgida desde el portal de la Asociación de Periodistas Universitario (APU), si
Ramírez continuaba en el cargo o no.
De igual manera, la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de un boletín que por
“solicitud del XXI Ayuntamiento de Mexicali se procedió a realizar la
evaluación de Control de Confianza al General José Ramírez Cardoso, el Centro
de Evaluación y Control de Confianza (C3) procedió a practicar las pruebas
pertinentes, que constan de los exámenes, psicométricos, de investigación
socioeconómico, polígrafo, médico y toxicológico”, lo cual fue aprobado por la institución.
Por su parte, la
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
Cabildo mexicalense, retiró el voto de confianza al General en retiro, toda vez
que “en ningún momento los regidores tuvimos conocimiento que él mismo había
sido sentenciado por un tribunal militar por la comisión de los delitos de
abuso de confianza y hostigamiento sexual”, señalaron mediante un comunicado.
“Es una pena y una
vergüenza que el General haya omitido informar esta situación hoy pública por
todos, ya que deja en entredicho que otras acciones han sido omitidas, y más en
el cargo tan importante que ostenta”, concluye el escrito.
Fue hasta las cuatro
de la tarde del jueves 20 de febrero que el General Ramírez Cardoso presentó al
alcalde Díaz su renuncia al cargo.
Aduciendo razones
personales y de manera irrevocable, agradeció “el apoyo y confianza que tuvo al
invitarlo a formar parte del XXI Ayuntamiento”.
En su lugar, de
manera temporal se comisionó al ingeniero Jesús Alberto Ruíz Terán, subdirector
de la corporación. Cristian Torres Cruz.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA / febrero 24, 2014 12:01 PM)
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