martes, 18 de abril de 2017

EN SINALOA, MÁS DE 4 MIL PERSONAS DESPLAZADAS


Huyen del clima generalizado de violación a sus derechos, violencia e impunidad

Durante 2016, más de 4 mil personas del estado dejaron sus hogares por la ola de violencia.

El municipio de Badiraguato fue el más afectado por los enfrentamientos que se registraron entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

El informe Desplazamiento Forzado Interno, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), establece que el año pasado fueron desplazadas al menos 23 mil 169 personas en todo el país.

Señala que durante el año 2016 hubo 29 episodios de desplazamiento masivo, impactando en al menos 12 estados.

Las entidades donde más impactaron los desplazamientos fueron Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Sinaloa se dieron seis desplazamientos masivos en el transcurso de 2016, representando el 18.2 por ciento de todo el país.

En total fueron 4 mil 208 personas las que dejaron sus comunidades por la violencia.

La localidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato, fue la que presentó un mayor número de eventos de desplazamiento.

A lo largo del 2016, tres veces se registraron desplazamientos internos masivos en la  comunidad.

En una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96 por ciento de sus habitantes.

En esa comunidad el año pasado se desató una ola de violencia por el pleito entre el Cártel de Sinaloa con el Cártel Beltrán Leyva.

En septiembre, un grupo armado liderado por Aureliano Guzmán Loera, el Guano –hermano de Joaquín Guzmán, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa extraditado a EU-, tomó por asalto la localidad controlada por los Beltrán Leyva.

De 150 familias que habitaban el poblado, solo quedaron 20 tras la serie de enfrentamientos y la irrupción de grupos armados.

El informe detalla que de los 29 episodios de desplazamiento de todo el país, 20 fueron causados de manera directa por la violencia.

En 2016, al menos 21 mil 031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.

Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

El año pasado el sector indígena fue el más afectado, en al menos siete eventos de desplazamiento interno forzado.

El estado de Michoacán fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia con al menos 10 mil personas desplazadas.

En la entidad se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población que no fue debidamente registrado los días 23 y 24 de mayo; sin embargo, de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana.

El estado de Chihuahua registró tres eventos de desplazamiento masivos, con una población afectada de 4 mil 747 personas.

En Guerrero hubo siete eventos en los que mil 650 personas abandonaron sus comunidades por la ola de violencia.

En el estado de Chiapas se presentaron dos eventos de desplazamiento masivo causados por violencia política, uno más por conflicto religioso y otro a causa de un conflicto territorial.

Esos eventos forzaron el desplazamiento de mil 117 personas.

El Zacatecas hubo un evento de desplazamiento interno que impactó a 67 personas, por causa de la actividad extractiva; y en Hidalgo un conflicto territorial desplazó a 74 personas.

En Jalisco se presentó un evento de desplazamiento ligado a un conflicto religioso que impactó a 30 personas.

Oaxaca tuvo dos eventos de desplazamiento interno masivo, que afectó a  850 personas, ambos como consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población.El primero ocurrió en Nochixtlán en el que participaron policías federales y estatales. El segundo, derivado de un  conflicto agrario y post-electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales que realizaron detenciones arbitrarias y ataques armados a la población.

Las víctimas de desplazamiento, abunda el documento, son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios y mayoritariamente mujeres, madres de familia.

Los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

La CMDPDH señaló que derivado de la ausencia de instituciones y programas oficiales o no gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento, no se tiene certeza del número de retornos que ocurrieron en el año y de las condiciones de seguridad en las que tuvieron lugar.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota, tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. La movilización simultánea de diez o más núcleos familiares por una misma causa, tiende a tener lugar después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad.

“Frente a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral y soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento interno en México, la población víctima de desplazamiento interno forzado continúa en aumento”, indica el informe.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/17 ABRIL, 2017)

CULIACÁN, EL SÉPTIMO MUNICIPIO CON MAYOR ROBO DE VEHÍCULOS EN EL PAÍS


En 2017 se han robado 19 carros diarios

La maestra Lina murió asesinada la noche del 17 de octubre del año pasado.

La docente de la preparatoria Central de la UAS pretendía abordar su vehículo Nissan Versa, cuando hombres armados intentaron despojarla del automóvil.

La maestra se opuso y fue asesinada en una de las calles de la colonia Solidaridad.

Durante el año pasado, Culiacán tuvo una alta incidencia de robo de vehículos con violencia.

De acuerdo con el informe Reporte de Robo y Recuperación de Automóviles Asegurados 2016, de la Asociación  Mexicana de Instituciones de Seguros, la capital del estado se ubicó entre los 15 municipios o delegaciones con mayor incidencia de vehículos robados con violencia, con mil 216 robos.

El municipio con más robos violentos es Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, seguido de Guadalajara, Jalisco; Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, ambos en el Estado de México.

Por robos con violencia y sin violencia, Culiacán se ubicó como el séptimo municipio con mayor número, al sumar mil 572 hurtos.

La entidad con más robos fue Ecatepec de Morelos, en el estado de México, con 6 mil 44 vehículos robados.

En todo el estado, el año pasado aumentó el robo de vehículos asegurados en el estado y disminuyó la cantidad de unidades recuperadas. En la entidad hurtaron 2 mil 318 vehículos asegurados y recuperaron 927.

Desde 2011 hasta el año pasado suman 18 mil 803 vehículos asegurados robados y solo el 40 por ciento han sido recuperados.

Después de 2011, cuando robaron 4 mil 635 vehículos, se presentó una tendencia a la baja hasta 2015 con 2 mil 265, pero el año pasado la incidencia subió 2 por ciento.

La recuperación de vehículos robados también bajó, pues del 58 por ciento que se recuperaban en 2014, cayó a 40 por ciento el año pasado.

A nivel nacional, Sinaloa ocupa la segunda posición en robo con violencia, ya que el 74 por ciento de los hurtos ocurre de esta forma y solo se encuentra por debajo de Tlaxcala, donde el 75 por ciento de las unidades es robado con violencia.

El año pasado entre vehículos asegurados y no asegurados, en el estado robaron 4 mil 852 vehículos.

En el primer trimestre de 2017 suman mil 759 robos, un promedio de 19 por día, mientras que en 2016 fueron 13 vehículo por día.

La semana pasada el director de Seguridad Pública de Navolato, Sergio Lagunes Inclán, reconoció que en la carretera Culiacán-Navolato opera una banda de roba carros.

Mencionó que sobre esa rúa cada día despojan de dos a tres vehículos.

Justificó que los delincuentes aprovechan los cambios de turno de los policías para cometer los robos.

El Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, dijo que la dependencia ha reforzado los operativos contra el robo de vehículos.

Mencionó que se aumentó la presencia de la Policía Federal en las carreteras para inhibir la comisión de este delito y detectar unidades robadas ya que los vehículos robados en la ciudad son trasladados a las sindicaturas.

En los primeros tres meses de este año el robo de vehículos con violencia cobró la vida de por lo menos dos personas.

Uno de ellos fue un elemento de la Dirección de Servicios de Protección asignado a la seguridad de una empresa comercializadora de metales.

El policía fue asesinado el pasado 5 de abril en la sindicatura de Pericos, en Mocorito, cuando circulaba en un automóvil propiedad de la empresa junto con un trabajador.

Hombres armados intentaron despojar el vehículo, pero el agente opuso resistencia y lo asesinaron, mientras que su acompañante quedó herido.

Otro más ocurrió en Mazatlán el 28 de marzo pasado, en el fraccionamiento Valle Dorado.

La víctima era un maestro jubilado de la UAS quien fue hallado asesinado en su vehículo.

Días después el presunto responsable fue detenido y presuntamente asesinó al maestro para robarle el vehículo.

De enero a diciembre de 2016 se robaron 71 mil 58 automóviles asegurados en todo el país, lo que representa un incremento de 14.1 por ciento respecto al año anterior.

Desde el 2012 se reportaba una disminución en el robo de vehículos asegurados y al cierre de 2016 tuvo un cambio importante la tendencia.

La zona conformada por la Ciudad de México y el Estado de México registra el 42.7 por ciento de los hurtos con 30 mil 374 automotores.

Después sigue el occidente con el 14 mil 443 unidades, en tercer lugar se ubica el sureste con 7 mil 912, y la cuarta posición la tiene la zona centro con 7 mil 831 autos.

En el norte robaron 5 mil 693 vehículos y en el noroeste 4 mil 805.

Además, se presenta una reducción de 3.5 por ciento en el número de vehículos recuperados; durante el año pasado se encontraron 27 mil 627 automóviles, que en términos porcentuales significa 38.8 puntos con respecto al total de automotores hurtados.

Del total unidades hurtadas, 57 mil 613 son automóviles y pick ups, 8 mil 723 camiones y equipo pesado y 4 mil 753 motocicletas.

Las cinco marcas con mayor número de autos particulares hurtados son: Nissan, seguido de Volkswagen, General Motors, Chrysler y Ford.

Por submarcas el más robado es el Tsuru, le sigue la Pick-Up Corto, Largo, Doble, y King de Nissan; Versa, Sentra y el Jetta Clásico.

(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 17 abril, 2017)



LA INVITACIÓN RESTRINGIDA


Compra de videocámaras, primera licitación de Quirino Ordaz que termina en adjudicación

La primera licitación pública del gobierno de Quirino Ordaz Coppel para adquirir cámaras de videovigilancia y lectores de placas para Culiacán, por un costo de 47 millones de pesos, que se transmitió en vivo y después se declaró desierta, terminó adjudicándose a una de las empresas participantes.

Valiéndose del argumento de “la seguridad pública” y la “urgencia”, se evitó una segunda convocatoria y se optó por el procedimiento de invitación restringida, a través del cual se eligió a Abasi Servicios Integrales, S.A .de C.V.

El segundo proceso, a diferencia del primero, se operó casi en secreto y sólo hasta el 6 de abril, es decir un mes después de que el primer concurso se declaró desierto porque las empresas no cumplieron con la totalidad de los requerimientos, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, lo dio a conocer.

“En el caso de la licitación de videovigilancia, esta que se declaró desierta, ya se hizo una invitación a los principales proveedores y ya se adjudicaron digamos estas, las cámaras”, mencionó el funcionario durante una conferencia en la que informó los principales ingresos del gobierno estatal.

Aun cuando las empresas que participaron en la primera convocatoria no cumplieron con la totalidad de los requisitos, para la invitación restringida se invitó a las mismas.

El secretario de Innovación Gubernamental, José de Jesús Gálvez Cázares, dijo que llamaron a las mismas porque “ya conocían los precios”, y que “en la segunda vuelta”, los concursantes cumplieron con lo estipulado.

Eligieron a Abasi Servicios Integrales, porque ofreció el precio más “barato”.

La realidad es que la propuesta de la empresa ganadora es muy similar a la que presentó durante el concurso declarado desierto el 28 de febrero, y que ascendió a 47 millones 807 mil pesos.

Dicha oferta no fue de las más “baratas”, sino que se ubicó entre las tres más caras en aquel momento, junto con Equipos y Productos Especializados, SA de CV, que planteó un contrato por 48 millones 671 mil 424 pesos y Seguritech Privada SA de CV con 113 millones 345 mil 674 pesos.

Las ofertas que sí fueron menores en precio provinieron de Ingeniería de Enlaces SA de CV por 42 millones 651 mil 909 pesos; Index Datacom SA de CV por 44 millones 266 mil 142 pesos y SYM Servicios integrales SA de CV, que entregó una propuesta de 42 millones 999 mil pesos.

“En la primera etapa todas las empresas cumplieron y hubo cuatro que cumplieron en prácticamente todo, del 99 por ciento hay un rubro que no cumplió ninguna, hay un rubro de minería de datos que es un tema de seguridad, que ocupaba más tiempo y por eso la declaramos desierta”, explicó.

“Hicimos una segunda vuelta con los mismos proveedores que ya se conocían los precios de manera competida, y ahí definimos a un ganador, donde por lo menos tres cumplían con todo y por precio se definió, o sea, la licitación se fue a una segunda etapa que la ley lo permite, de (invitación) restringida, por tema de seguridad pública y por urgencia”.

En el proceso de invitación restringida, dijo que también se invitó a Telmex.

“Este tema de las cámaras ya tenemos un precio muy bajo y de mucha calidad”.

En una revisión al portal de Contratobook que retoma información de Compranet, en donde se publican los concursos a nivel nacional, se encontró que Abasi Servicios Integrales ha obtenido contratos desde 2006 y hasta 2015, con instituciones como Petróleos Mexicanos, Instituto Nacional de Migración y secretarías federales, la mayoría por compra de computadoras de escritorio, equipo de comunicaciones, impresoras, tonners, bienes informáticos, suministros de cómputo, tinta, papel bond, bolsas de plástico, licencias de software, entre otros.

En 2013, durante el gobierno de Mario López Valdez esa empresa ganó un contrato por 38.7 millones de pesos para realizar el proyecto “Wi-Fi Metropolitano y Centro de datos”, y en 2009 el Ayuntamiento de Culiacán le adjudicó a través de un proceso de invitación a tres, un contrato por 775 mil 133 pesos para la compra de cableado estructurado.

En el sitio web no se localizó ningún contrato obtenido por Abasi Servicios Integrales, relacionado con equipo de videovigilancia.

En el portal del Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía, que concentra una base de datos sobre las empresas del país, tampoco se encontró información sobre la misma.

La empresa cuenta con la página abasi.com.mx, creada en 2017, y en la que se menciona que se dedica “a producir soluciones innovadoras de Alta Tecnología y Servicios de Calidad”, y que cuenta con una “red de asociados en toda la república mexicana, los cuales están certificados en varias plataformas”.

No se detallan los servicios y productos que ofrecen. No viene el domicilio, y sólo se proporcionan tres teléfonos y un correo electrónico de contacto.

Al llamar a uno de los números, una operadora señaló que se sitúan en la Ciudad de México, en calle Nayarit 85, colonia Roma Sur, domicilio que en “google maps” remite a una calle angosta, en la que predominan casas y un par de edificios de tres plantas, pero en el que no se muestra el número exterior proporcionado.


Al cuestionar a la mujer por la falta de información sobre los servicios que prestan y las obras realizadas, y si han hecho otros trabajos similares al que desarrollarán en la entidad, señaló que no estaba autorizada para dar dicha información y que en ese momento no había ninguna persona más en la oficina.

Gálvez Cázares adelantó que en el futuro, los concursos y obras que Ordaz Coppel se comprometió a “transparentar”, podrían no licitarse cuando se relacionen con la seguridad pública.

“Esta primera licitación para nosotros fue importante para saber los precios como estudio de mercado competido, porque aunque pidamos cotizaciones, la realidad es que tenemos que competir en una licitación pública, y ya de aquí en adelante por tema de seguridad podríamos algunas cosas licitar y otras no”.


(RIODOCE/ ROXANA VIVANCO / 17 ABRIL, 2017)

NADIE QUIERE SER POLICÍA EN NAVOLATO


En plena guerra entre miembros del Cártel de Sinaloa en Navolato, la Policía Municipal podría perder a la quinta parte de sus elementos.

La corporación está envejeciendo y los agentes están solicitando su prejubilación al Ayuntamiento.

Hasta la fecha, un total de 19 policías pidieron su retiro anticipado.

La corporación cuenta con apenas 100 agentes, y de aprobar esas prejubilaciones quedarán solamente 81.

Los elementos con los que cuenta la policía preventiva están distribuidos en tres turnos y en cada jornada solo hay alrededor de 30 policías para resguardar a 154 mil 352 habitantes.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está debilitada desde 2008, cuando se presentaron renuncias masivas, a causa de una disputa por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y los hermanos Carrillo Fuentes, que tenía el dominio del municipio. Inició entonces una ola de asesinatos de policía y muchos renunciaron.

Este año hay una nueva guerra entre narcotraficantes y en los primeros tres meses se han cometido más asesinatos que en todo 2016.

El presidente municipal Rigoberto Valenzuela Medina, dijo que actualmente la corporación tiene un déficit de 220 elementos.

“Se han acercado 19 elementos de seguridad pública con el propósito de solicitar su prejubilación anticipada, es un caso que vamos a atender”, indicó.

Manifestó que el Cabildo municipal todavía no ha aprobado ninguna jubilación anticipada pues se está analizando cada caso para determinar si cumple con los requisitos y también se revisa la situación económica del Ayuntamiento, para solventar las prejubilaciones.

“Es un derecho que tienen ellos y nosotros habremos de revisar, uno el estado de salud y la antigüedad que tiene cada quien y también las condiciones financieras que tiene el municipio para ver hasta dónde pudiéramos nosotros cubrir este caso.

“Lo que ellos están solicitando y en base a derecho habremos de reconsiderar la situación hacia el Ayuntamiento y creo que con el diálogo que tengamos con ellos y con las áreas responsables de finanzas y recursos humanos, habremos de generar los mejores acuerdos”, señaló.

Comentó que los ingresos de nuevos elementos a las filas han sido muy pocos.

Este año apenas entraron cuatro agentes de tránsito y dos de la Policía Municipal, lo que significa que no se compensará el número de elementos que salen con los de nuevo ingreso.

La convocatoria de reclutamiento para captar aspirantes siempre está abierta, manifestó.

Ante la falta de elementos, detalló, el municipio tiene el apoyo de la Policía Estatal Preventiva, que tiene agentes asignados a ese municipio.

Desde el mes pasado, elementos de la Policía Militar patrullan las calles para reforzar la vigilancia.

“Con el apoyo del estado, los recorridos permanentes y con la presencia de ellos notamos que por lo menos en estos días por fortuna hemos tenido un saldo muy positivo en Navolato”, expresó.

En el municipio hay 400 efectivos de la Policía Militar en cuatro bases provisionales instaladas en las sindicaturas de Villa Juárez, Altata, San Pedro y Las Aguamitas, y elementos de la Marina tiene una en Bachimeto y otra en el campo pesquero El Castillo.

SIN ELEMENTOS DESDE 2008

La Policía Municipal de Navolato es una corporación que ha estado debilitada desde 2008.

En ese entonces tenía más de 300 agentes, pero con la violencia que se registró en el municipio y los asesinatos de policías, empezaron a renunciar.

Las renuncias masivas de grupos de hasta 26 agentes, dejaron a la corporación con un mínimo de 72 elementos, distribuidos en tres turnos y con elementos asignados a la vigilancia de edificios y custodia de funcionarios.

En esa ocasión las bases de las sindicaturas se quedaron sin elementos.

La corporación fue recuperando agentes con elementos de nuevo ingreso pero apenas llegó a 100 miembros.

La crisis de seguridad obligó al entonces presidente municipal, Evelio Plata Inzunza, a pedir apoyo al Gobierno del Estado.

En 2012, el Gobierno Estatal asumió la responsabilidad de la seguridad del municipio y de la corporación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)  envió elementos del grupo Elite de manera permanente al municipio ante la falta de policías.

Cinco años después los agentes estatales continúan en Navolato, debido a que la Policía Municipal no ha podido recuperar el número de elementos que perdió.

En una nueva lucha entre delincuentes, la corporación se debilita otra vez.

Desde febrero, Aureliano Guzmán Loera, el Guano; y Dámaso López Núñez, el Licenciado, libran una batalla a balazos.

De acuerdo con la SSPE se disputan el control de territorio: narcomenudeo, robo de combustible y salidas al mar.

La rivalidad se recrudeció desde febrero, con una serie de enfrentamientos que inició en la sindicatura de Villa Juárez y luego se extendió a la cabecera municipal.

Con la lucha intestina en el Cártel de Sinaloa los homicidios repuntaron, de seis cometidos en enero, a 22 en febrero y 34 en marzo.

Durante todo el año pasado, asesinaron a 56 personas y en este 2017 ya suman 62 ejecutados.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 17 ABRIL, 2017)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, NIDO DE CORRUPCIÓN


Desde cobros de servicios no prestados, hasta asignación gratuita de escoltas

La cloaca de corrupción al interior de la Dirección de Servicios de Protección empezó a destaparse.

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene investigaciones contra funcionarios y elementos de esa corporación.

Las irregularidades van desde cobros de servicios no prestados, hasta asignación de escoltas sin justificación o de manera gratuita.

Una de las investigaciones fue iniciada de oficio luego de que Ríodoce publicó que la Dirección de Servicios de Protección prestó servicios de vigilancia a la empresa Bonatti y los alrededor de 5 millones de pesos que se pagaron nunca ingresaron a las arcas del Gobierno del Estado.

El Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que han encontrado una serie de irregularidades en la corporación.

“Tenemos varios detalles que estamos corrigiendo, es una realidad las malas prácticas que se realizaban, la instrucción que nosotros tenemos del Secretario de Seguridad es que no haya impunidad y ese tipo de aspectos, hay algunas deficiencias que hemos notado y se está haciendo una investigación de parte de Asuntos Internos”, dijo.

En el caso de Bonatti, manifestó, ya se han removido algunos funcionarios de la dependencia como parte de las investigaciones.

En enero y marzo, Ríodoce publicó que Servicios de Protección prestó el servicio de vigilancia en las zonas donde se construía el gasoducto en el norte y sur del estado, pero el pago se hizo de manera irregular.

Agentes consultados dijeron que el pago semanal lo recibían en efectivo y además les daban un sobre con dinero para que lo entregaran en las oficinas de la zona Centro, a sus superiores.

Ese dinero, acusaron los elementos, no ingresó a las cuentas de las dependencia y había funcionarios que se estaban beneficiando.

Los policías involucraron en una red de corrupción al ex Director de Servicios de Protección, César Yunué Santa Cruz Oliden; al Coordinador de la Zona Centro, David Mendoza Leyva; y al segundo comandante, Rafael Gaxiola Medina.

Los elementos señalaron que el mes pasado fueron citados a declarar en la Unidad de Asuntos Internos y luego fueron amenazados por David Mendoza.

Castañeda Camarillo dijo que son varias personas involucradas en ese caso pero por el momento no puede dar a conocer la identidad debido a que siguen sujetas a investigación.

Aseguró que pronto habrá resultados en la indagatoria interna y se procederá contra quien le resulte responsabilidad.

El funcionario comentó que entre las irregularidades encontradas, también detectaron asignación de escoltas sin justificación y servicios que no se cobraban.

“Había algunos funcionarios que no tenían razón de ser que tuvieran escoltas y se retiraron; había unas situaciones que se prestaba una servicio que no pagaban al Estado y se están cobrando, se está regularizando todo y a medida que se han detectado las cosas se está actuando en consecuencia”, aseguró.

La semana pasada, elementos de la Dirección de Seguridad Pública(DSP) denunciaron ante Ríodoce que desde hace cuatro meses no les pagan los resguardos extras.

Castañeda Camarillo indicó que se está investigando esa situación debido a que los servicios al parecer sí se pagaron, pero no a la gente que los prestó.

Los policías señalaron que a cada agente le deben alrededor de 15 mil pesos.

Esos resguardos, explicaron, son los que prestan fuera de su jornada de trabajo y el servicio es pagado por la empresa que los contrata.

Anteriormente se retrasaban hasta un mes para hacer el pago, pero en esta ocasión ya pasó demasiado tiempo, expresó un agente.

Los policías señalaron que reciben un sueldo quincenal de 5 mil 200 pesos y con los resguardos buscan un ingreso adicional.

“Hacemos esos resguardos para tener un dinero extra porque lo necesitamos, dejamos a nuestras familias para trabajar extra porque la quincena no nos alcanza, tenemos familias, tenemos deudas que pagar, para eso los hacemos y no nos lo pagan”, indicó un elemento.

Cuando reclaman el pago en la DSP, dijo, solo les dicen que no hay dinero a pesar de que esos servicios ya deben estar pagados.

Castañeda Camarillo comentó que se están revisando la relación de agentes que prestaron los resguardos y quiénes fueron los que cobraron.

“Era una práctica que era común anteriormente, lo que estamos tratando de hacer ahorita es garantizar que el elemento que tenga servicios extraordinarios que representa una remuneración, lo reciba quien lo tenga que recibir y que no se apunte alguien más, lo famosos voladores. Al que le pagaron no fue, pero si se prestó el servicio, esa es una de las principales líneas de investigación, alguien cobró ese dinero”, expresó.

En coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la dependencia que recibe el dinero, explicó, están revisando los ingresos y egresos de dinero de esa dependencia.

Hay servicios en los que no cuadran los números, pues hay pagos a un número de elementos mayor al que realmente se necesitaba, detalló.

Aseguró que para evitar más actos de corrupción, la Secretaría de Seguridad Pública está colocando mayores filtros, entre ellos más supervisores.


(RIODOCE/ REDACCION/ 17 abril, 2017)

REPORTAN ENFRENTAMIENTO EN ELOTA; CIERRAN AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN


Un enfrentamiento entre grupos armados y elementos del Ejército en Elota, llevó al cierre de la autopista Mazatlán-Culiacán.

De acuerdo a los primeros reportes, el enfrentamiento está ocurriendo Elota, y se menciona también a la comunidad de Potrerillos y La Cruz, aún cuando dicha información no ha sido confirmada.

Por el momento los vehículos están siendo desviados desde la caseta de peaje ubicada en el Mármol, en el kilómetro 27.

La mañana de hoy, habitantes de las comisarías y rancherías alertaron a las corporaciones policíacas estatales y federales sobre la presencia de grupos armados en la zona.

En la comandancia de Seguridad Pública de La Cruz de Elota se confirmaron dichas llamadas provenientes de las comunidades y la propia cabecera municipal.
Elementos de la Policía municipal hicieron rondines, pero se informó que no habían localizado personas muertas, armadas o carros incendiados.

Personal de Protección Civil hizo un llamado a la población a guardar la calma y a no caer en versiones difundidas en redes sociales.


(RIODOCE/ REDACCION/ 18 abril, 2017)

EL TERROR DE LAS ENCUESTAS

En este momento las encuestas dicen que Morena está muy cerca del PRI, el cual ya lidera las preferencias electorales para los próximos comicios por la gubernatura del Estado de México

Las últimas experiencias que hemos tenido en el mundo con las encuestas y con las tendencias que han marcado, no nos permiten al día de hoy ser optimistas.

Y es que, da lo mismo que registren quién va a la cabeza considerando una diferencia técnica o que muestren el seguimiento cuando la posición de un candidato empieza a ser insalvable o absolutamente incontestable en la medida en la cual la diferencia sea más notable, porque al final de la jornada siempre puede ocurrir un desconcertante fenómeno al estilo Donald Trump.

En este momento las encuestas dicen que Morena está muy cerca del PRI, el cual ya lidera las preferencias electorales para los próximos comicios por la gubernatura del Estado de México.

En ese sentido, creo que Morena debe tener mucho cuidado con la sensación que se está produciendo.

Por una parte, porque no es la primera vez que López Obrador gana una elección que al final la acaba perdiendo pese a las encuestas.

Y por otra, porque el presupuesto que maneja el Edomex, que para este año supera los 260 mil millones de pesos, con una burocracia tan compleja y un vínculo tan fuerte hacia la estructura del poder, hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice porque hay miles y miles de personas que se están jugando su vida en el resultado electoral.

Hay una encuesta que no es precisa, que no tiene todavía la metodología necesaria para que se considere confiable, sin embargo, funciona y ha funcionado muy bien, y es que es esa encuesta la que llevó a un magnate irracional hasta la Presidencia de los Estados Unidos de América.

Porque mientras las encuestas tradicionales aseguraban que ganaría Hillary Clinton, las otras encuestas, las emocionales, las que no tienen metodología, las de las redes sociales, decían que podía ganar Donald Trump.

Ahora independientemente de las encuestas tradicionales, los programas que están desarrollando las candidaturas del Edomex demuestran que existe un fenómeno por lo menos de ansiedad compulsiva para lograr el cambio.

Pero también es verdad que con el tiempo que queda de aquí hasta la elección se pueden llegar a cometer tantos errores por confiarse en los números que arrojan las encuestas, que al final se puede perder después de haber ganado.

Ese es el riesgo de los vencedores, pero en cuanto al riesgo de los perdedores ustedes se imaginan el pánico que se ha de estar generando en este momento en los cuarteles generales del partido que actualmente está en el poder y que nunca antes durante más de 80 años ha perdido esa elección en el Edomex.

Pero al final del día la pregunta sigue siendo: ¿Y Los Pinos?


(REPORTE INDIGO/ ANTONIO NAVALÓN /Martes 18 de abril de 2017)

LA CAÍDA DE UNA GENERACIÓN


En lo que va del año, cuatro ex gobernadores han sido detenidos acusados de corrupción y uno más está prófugo de la justicia. La era de los considerados virreyes en México está llegando a su fin de tan baja credibilidad

Muchos de quienes hoy ocupan las primeras planas de los diarios nacionales por sus hechos delictivos, ayer posaban sonrientes y abrazados a las primeras figuras de poder en el país

Contrario a este sexenio, los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón en pocos casos llevaron a gobernadores ante la justicia

Durante su gobierno, el panista Felipe Calderón no hizo nada contra Humberto Moreira. Prefirió ‘mantener la fiesta en paz’

“Cuando estaba el gobernador Humberto Moreira, todos los cabecillas de Los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila. Aquí vivía Lazcano, aquí vivía Miguel Treviño, aquí vivía el ‘Z42’; todos cómodamente”

Felipe Calderón
Expresidente de México

A partir del año 2012, los excesos cometidos en los gobiernos estatales dejaron de ser invisibles gracias a mecanismos de transparencia, lo que impidió que se mantuvieran en la impunidad

Durante este sexenio han sido sometidos a proceso más gobernadores que nunca en la historia del país; también, han sido encarcelados más que en ningún otro tiempo

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (2010-2016) fue detenido este 15 de abril en Guatemala para enfrentar cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Se espera su extradición a México

Todo apunta a que el Gobierno federal y el PRI no piensan desperdiciar la oportunidad de tener en prisión a algunos que han sido señalados como los personajes más corruptos de los últimos años

Todo indica que la era de los virreyes está terminando en México.

Como nunca antes, gobernadores y ex gobernadores están siendo perseguidos por la justicia o, al menos, condenados por la opinión pública.

Investidos desde el año 2000 con un manto de poder absoluto en sus regiones, los gobernadores incrementaron su poder, al tiempo que el país comenzaba a experimentar la alternancia política.

Ante un poder que no se controlaba desde la Administración central, los mandatarios hacían y deshacían en sus entidades sin rendir cuentas; ahora, sin embargo, la suerte ya no les sonríe como antes.

Presionados por lograr buenos resultados electorales y preservar el poder, el Gobierno federal y el PRI han emprendido una cacería contra gobernadores y ex gobernadores acusados de cometer delitos de corrupción y desviar cientos de millones de pesos para beneficio personal.

Como en ningún otro sexenio, son varios los gobernadores que ahora están encarcelados o sujetos a procesos judiciales; y esta circunstancia no va a ser desperdiciada desde el poder en un momento de tan baja credibilidad.

LOS GOBIERNOS DE LA IMPUNIDAD

Lejos quedaron aquellos tiempos en que el candidato Enrique Peña Nieto se refería a los jóvenes políticos priistas que formaban la nueva generación de gobernadores.

“Son jóvenes, o actores, de la nueva generación política, el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva que han sido parte del proceso de renovación del partido”, dijo el entonces candidato presidencial en mayo del 2012.

Salvo el mencionado entonces gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, los otros tres personajes son requeridos por la justicia por haber cometido delitos de corrupción: el uso de recursos públicos con fines privados, el desvío de miles de millones de pesos del erario para sus cuentas personales o la compra de bienes para su beneficio, o la comisión de otros delitos que permitieran engrosar sus cuentas bancarias.

Y no son los únicos, pues se suman a otros mandatarios que han sido señalados por la justicia y que hoy se encuentran en prisión o son parte de un proceso judicial.

Ahí quienes han sido procesados: Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge, de Quintana Roo.

A quienes se suman quienes están en prisión: Andrés Granier, de Tabasco; Mario Villanueva, de Quintana Roo; Jesús Reyna, de Michoacán; Guillermo Padrés, de Sonora; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; y Javier Duarte, de Veracruz.

Varios de ellos han alcanzado su destino en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Muchos de quienes hoy ocupan las primeras planas de los diarios nacionales por sus hechos delictivos, ayer posaban sonrientes y abrazados a las primeras figuras de poder en el país.

JUSTICIA INVISIBLE

El encuentro de mandatarios estatales con la justicia no se había visto en ningún otro sexenio.

Con el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron dos gobernadores: en 1989, Xicotencatl Leyva, de Baja California, quien no apoyó su candidatura presidencial; y en 1992, Guillermo Cossío Vidaurry, de Jalisco, a quien se acusó de presunta negligencia en el caso de la explosiones de Guadalajara. Ambos solo pidieron licencia a sus cargos.

Con Ernesto Zedillo (1994-2000), pidieron licencia tres gobernadores: Eduardo Robledo Rincón, de Chiapas, en 1995 –tras solo dos meses de ejercer el cargo- porque el EZLN se negaba a dialogar con el Gobierno federal si él seguía en la gubernatura.

Sócrates Rizzo, de Nuevo León, en 1996, por escándalos de corrupción; y Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero, en 1996, porque organizaciones sociales lo señalaron como autor intelectual de la masacre de Aguas Blancas.

En abril de 1999, meses antes de terminar la presidencia de Ernesto Zedillo, el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Dos días antes de que terminara su periodo como mandatario estatal, huyó y no fue aprehendido sino hasta el 2001, ya en el sexenio de Vicente Fox.

Con Zedillo, los gobernadores comenzaron a pedir mayor libertad para manejar sus estados. Incluso, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, tuvo un enfrentamiento con el Gobierno federal. Fox se convertiría en el año 2000 en el primer presidente de la República del PAN.

Con Vicente Fox (2000-2006) se crearía la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como un mecanismo de defensa de los gobernadores –mayormente priistas- que se habían quedado sin el patronazgo de un presidente de la República de su partido.

Con tal de mantener la estabilidad del país, Fox procuró respetar la independencia de los gobiernos estatales y darles recursos económicos para lo que solicitaran.

El modelo se repitió con el panista Felipe Calderón (2006-2012). Empañado por el conflicto electoral del 2006 y tratando de ganar legitimidad, el expresidente enfocó su relación con las entidades en los aspectos de seguridad; los gobernadores, por su lado, fueron objeto de un escaso control y aprovecharon para endeudar a sus entidades por generaciones enteras.

A pesar de los escándalos de mandatarios como el priista Humberto Moreira, de Coahuila, sobre quien pesaba la sospecha de actos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado, Felipe Calderón esperó hasta este 2017 para acusarlo públicamente.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Martes 18 de abril de 2017)

LA MAFIA EN PROBLEMAS


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una organización política que carece de cualquier ideología o proyecto político. Lo único que une a sus integrantes es un enorme pacto de corrupción e impunidad. Como una gran mafia donde todos deben algún favor a los demás, y donde cada uno es testigo de las faltas de los otros, esta enorme red de cinismo institucionalizado solamente funciona cuando puede seguir garantizando cada vez mayores oportunidades de lucro así como efectivos salvoconductos frente a la ley.

Las detenciones del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, en Italia, y de Javier Duarte, en Guatemala, demuestran que la red de autoprotección llamada PRI empieza a fragmentarse y debilitarse. Yarrington era prófugo de la justicia desde 2012, acusado de crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos. El exgobernador había podido caminar libremente por el mundo durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de la misma manera en que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte lo hizo desde su escape pactado hace seis meses, y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, lo hace hoy en El Paso.

Pero de repente las autoridades estadunidenses interrumpieron los planes de golf y buen vino de Yarrington en Florencia y alertaron al gobierno italiano sobre la ubicación del prófugo. El gobierno guatemalteco hizo lo mismo en el caso de Javier Duarte, quien disfrutaba del centro vacacional de Panajachel en el hermoso Lago de Atitlán. Hace un año ocurrió algo similar en el caso de Humberto Moreira. Las vacaciones de lujo del exgobernador de Coahuila fueron abruptamente interrumpidas por las autoridades españolas actuando en respuesta a una orden de detención emitida por Washington.

Todo parece indicar que en su desesperación por salvarse a sí mismos, la cúpula del PRI-gobierno está dispuesta a traicionar a todos, incluyendo a sus aliados y amigos más cercanos. Ofrecerán todas las cabezas necesarias a los leones del norte con tal de salvar sus propios pellejos.

Esta coyuntura evidentemente genera gran nerviosismo en las filas del PRI y podría tener un fuerte impacto en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Si el régimen es incapaz de proteger a sus generales, los ex gobernadores, tampoco podrá garantizar la impunidad para sus soldados y sargentos, los miles de operadores políticos que manejan directamente la compra, la coacción y el acarreo de votantes el día de las elecciones.

De acuerdo con la ley, quien condiciona apoyos gubernamentales al voto por un candidato, retiene la credencial de elector de un votante, pide alguna evidencia del sentido voto, o transporta los votantes a la casilla electoral, comete un delito y podría terminar en la cárcel de seis meses y hasta tres años.

Aún si ganara el PRI la elección correspondiente, no existe garantía alguna de que los operadores gozarán de la protección necesaria. Los líderes del “nuevo” PRI han demostrado una y otra vez que son capaces de dar la espalda a absolutamente todos, aún a los más leales y sobre todo a los más débiles, cuando es necesario.

Quizás esta situación es lo que explica el inaudito crecimiento de la candidatura de Delfina Gómez, de Morena, en el Estado de México. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo para apoyar a un sistema en franca descomposición que ya no ofrece ninguna recompensa segura hacia el futuro? Es la pregunta que hoy se están haciendo los operadores del PRI en todo el país.

Pero no podemos permitirnos el lujo de observar pasivamente desde las gradas la autodestrucción del régimen del partido de Estado. Tenemos la obligación ciudadana de participar directamente en la construcción de una nueva república basada en la justicia y la equidad.

Es por ello que un amplio grupo de escritores, académicos y artistas hemos unido esfuerzos para lanzar la iniciativa “Ni un fraude más” que busca garantizar la equidad en la contienda electoral en el Estado de México, y en particular evitar la imposición fraudulenta de Alfredo III como el próximo gobernador del Estado de México. El pasado jueves, 6 de abril, celebramos nuestra conferencia de prensa de lanzamiento. Asistieron Lorenzo Meyer, Rubén Albarrán, Epigmenio Ibarra, Fabrizio Mejía, Irma Eréndira Sandoval, Margarita Favela, Jorge Zarate, Manuel Fuentes, y Gerardo del Fuente, entre otros. También asistieron, en calidad de invitados especiales, Delfina Gómez y Horacio Duarte.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la denuncia ciudadana y apoyar con la documentación de irregularidades electorales en el Estado de México. Ya empiezan a fluir las denuncias a las redes sociales de la iniciativa (Facebook: NiUnFraudeMasMX, Twitter: @NiUnFraudeMasMx)

Todos sabemos que las instituciones electorales simplemente se hacen de la vista gorda. Pero en lugar de sólo quejarnos de la evidente traición de los consejeros y los magistrados electorales a sus mandatos, los ciudadanos también tendríamos que actuar para suplir esta ausencia y construir directamente un nuevo contexto de exigencia democrática.

Urge recuperar el espíritu de participación ciudadana y de esperanza de transformación que motivó a tantos ciudadanos a participar en la política a finales del siglo pasado. El contundente fracaso de la transición PANista no implica necesariamente que la próxima transición, la Morenista, tendría el mismo resultado.

La historia no siempre se repite y depende de nosotros hacer otro mundo posible. México lo merece.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman


(PROCESO/ JOHN M. ACKERMAN/ 18 ABRIL, 2017)

LA GUERRA ENTRE ZETAS Y EL CDG, TELÓN DE FONDO EN TAMAULIPAS


CIUDAD VICTORIA, Tamps. (Proceso).- Llamadas de última hora les salvaron la vida a Enrique Martínez y Martínez y a Baltazar Hinojosa Ochoa. La mañana del 28 de junio de 2010 recibieron advertencias en sus celulares para que no acompañaran al aeropuerto al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien se dirigiría a Valle Hermoso para celebrar el mitin de cierre de su campaña.

Ambos personajes eran colaboradores del candidato, pero también amigos muy cercanos del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. Esa mañana Martínez (quien dos años después sería titular de la Sagarpa y ahora representa a México en Cuba) e Hinojosa (frustrado aspirante al gobierno en 2016) no abordaron las camionetas que los llevarían al aeropuerto.

Cuatro meses antes Los Zetas se habían separado de su matriz, el Cártel del Golfo (CDG). Para mediados de 2010 ambas bandas estaban en medio de una disputa por las principales plazas del estado y los primeros ganaban todas las batallas militares. Gracias a los documentos de la Corte Sur de Texas –que se hicieron públicos en días recientes– ahora se sabe que también estaban ganando la contienda política.

Los líderes zetas acababan de enviar 4.5 millones de dólares a Rodolfo Torre Cantú mediante el empresario Antonio Peña Argüelles –el enlace de ambos cárteles con los políticos– para financiar su campaña.

Con lo que no contaban Los Zetas era con que Jorge Eduardo Costilla, El Coss, líder del CDG, y los políticos que lo protegían –entre ellos Tomás Yarrington– echarían abajo sus esperanzas de tener un gobernador “aliado”.

A las 10:40 horas de ese 28 de junio, seis días antes de los comicios estatales, Rodolfo Torre Cantú fue asesinado.

NARCOGOBERNADORES

El acercamiento del CDG con los gobernadores tamaulipecos comenzó a estrecharse durante la administración de Manuel Cavazos Lerma. Antes, cuando el narcotráfico no tenía los alcances de ahora, los políticos importaban menos para los narcos. En esos tiempos se centraban en sobornar a jefes policiacos o a mandos del Ejército.

Pero en el sexenio de Cavazos Lerma el CDG “compró” a uno de sus familiares, que se desempeñó como comandante de la Policía Estatal en Reynosa y Miguel Alemán: Gilberto Lerma Plata, primo del gobernador.

Lerma tenía bajo su mando al joven policía Samuel Flores Borrego, quien años después se convertiría en el Metro 3. También al policía Aurelio Yankee Cano Flores, que posteriormente sería jefe de plaza del CDG en Los Guerra, localidad del municipio Miguel Alemán.

Gracias a la información que recibían desde la capital sobre los operativos de los policías judiciales federales y de los militares, así como a la protección que les brindaba el primo del gobernador, el cártel transformó a Los Guerra en su principal punto de cruce de mariguana hacia el norte.

La DEA conoció los detalles de ese trasiego; la agencia antinarcóticos estableció en Houston un wireless room, desde donde una empresa subcontratada monitoreó y grabó todas las conversaciones de los miembros de la organización en la Frontera Chica, pues éstos usaban celulares Nextel, los cuales buscaban las antenas de Estados Unidos en la frontera como repetidoras.

Así la DEA supo que Flores Borrego coordinaba el incipiente contrabando de armas AK-47 y R-15 para el CDG.

Dichas grabaciones fueron presentadas en la cortes de Estados Unidos cuando se juzgó allá a Lerma Plata y a Cano Flores.

Cavazos Lerma fue sustituido en el gobierno por Tomás Yarrington. Cuando éste ganó la elección, su relación con el CDG ya era muy estrecha. Gracias a esa amistad el cártel pudo elegir a los comandantes de la Policía Ministerial en las plazas que controlaba. También recibió de la oficina del gobernador, a cambio de sobornos, información relevante sobre operativos militares.

Los dólares que mandaron al siguiente gobernador, Eugenio Hernández Flores, les permitieron seguir su expansión y disfrutar de la protección estatal. La DEA y otras dependencias supieron que durante su administración Hernández recibió millones de dólares, primero del CDG, y al final de su mandato, de Los Zetas.

En las indagatorias contra ese gobernador participaron, además de la DEA, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El centro de operaciones se ubicó en Houston, donde se revisaron cuentas bancarias, llamadas y correo electrónicos de Eugenio Hernández. Así se supo de los sobornos del crimen organizado y, además, que el mandatario violaba las leyes para adjudicarse jugosos contratos de obra pública mediante una constructora que tenía en sociedad con el gobernador que lo sustituyó: Egidio Torre Cantú.

Los resultados de las investigaciones se hicieron públicos y para octubre de 2014 Hernández ya era considerado prófugo.

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal trasnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, destacó la acusación de los fiscales de Texas.

El dinero de los sobornos fue lavado en bancos texanos por el empresario Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, quien mantenía cuentas en Texas por alrededor de 30 millones de dólares. Además, el gobierno estadunidense le confiscó a Hernández varias residencias.

Ese exgobernador también lavó y “escondió” parte de su dinero ilegal en México mediante su cuñado Óscar Gómez Guerra, quien fue investigado por las autoridades fiscales por “enriquecimiento ilícito”. Durante un breve lapso el fisco mexicano congeló sus cuentas, pero un juez le otorgó un amparo para mover su dinero y sacarlo del país. Manejó cuentas por montos superiores a los 4 mil millones de pesos, pese a ser un funcionario de tercer nivel en las administraciones estatales de Yarrington y Hernández.

Actualmente Hernández y Gómez están en la lista de criminales buscados por la justicia estadunidense. El FBI ofrece una recompensa por ellos.

No obstante, Hernández aparece regularmente en actos políticos en Tamaulipas. Se dejó ver como “invitado especial” en el último informe de Egidio Torre, y en la elección pasada acudió a votar como cualquier ciudadano. En cada acto donde aparece, ofrece improvisadas conferencias de prensa, resguardado por los escoltas que le proporcionó Torre Cantú.

EL INTERMEDIARIO

A Eugenio Hernández lo remplazaría Rodolfo Torre Cantú, pero su asesinato hizo que su hermano Egidio llegara a la gubernatura de Tamaulipas.

Egidio Torre siguió los pasos de sus antecesores. Además se deslindó de las investigaciones sobre el asesinato de su hermano, cediendo la batuta a la Procuraduría General de la República (PGR). También proporcionó ocho escoltas a Yarrington.

Un año después del asesinato, los líderes zetas descubrieron que Antonio Peña Argüelles no había entregado los sobornos que le habían enviado a Rodolfo Torre Cantú, según las confesiones que están en poder de los fiscales de Texas.

Así que Miguel Ángel Treviño, El Z-40, ordenó secuestrar al hermano mayor del empresario, Alfonso, cuyo cuerpo apareció el 29 de noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón, en Nuevo Laredo, sitio preferido por Los Zetas para tirar cadáveres.

El cuerpo de Alfonso Peña fue cubierto con un narcomensaje en el cual acusaban a su hermano de haber robado 4.5 millones de dólares y de “no cumplir con sus obligaciones”.

La mañana de ese día Antonio Peña Argüelles recibió un mensaje en su BlackBerry de parte del Z-40. El texto fue reproducido en la confesión que rindió ante la DEA.

En el mensaje le advierte que regrese el dinero o no tendrá lugar donde esconderse: “Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla, mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido…

“No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás (Yarrington) y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.”

Tras la amenaza, Peña Argüelles viajó a San Antonio y se entregó a la DEA.

PRESUNTAS ÓRDENES DE DETENCIÓN

Un día después de que se anunció la detención en Italia de Tomás Yarrington, el actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, declaró que esa captura ayudaría a resolver el homicidio de Rodolfo Torre.

“Queremos que se profundicen líneas de investigación, como el doloroso caso del cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú, y que se pueda concluir con todas esas averiguaciones”, afirmó.

Destacó que en su administración se denunció que Yarrington y Hernández tenían a efectivos de la Policía Ministerial fungiendo como sus escoltas, los cuales fueron asignados por el anterior gobierno de Tamaulipas, pero que ya fueron retirados.

Agregó que buscarán recobrar los bienes ilegales del exgobernador. No obstante, hasta ahora la procuraduría estatal no tiene programada acción legal alguna contra Fernando Cano Martínez, principal lavador de Yarrington, con cientos de propiedades en el estado.

“La violencia desmedida que sufre Tamaulipas fue por la complicidad de Tomás Yarrington con el crimen organizado”, concluyó.

Ese mismo día comenzaron a circular en las redes sociales mensajes con rumores sobre “la llegada de personal de la SEIDO y PGR para rastrear todo lo relacionado a tres exgobernadores: Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington” y, además, para conocer la carpeta de investigación y todos los hechos asociados al asesinato del excandidato del PRI.

Otro rumor señaló que ya se habían girado órdenes de aprehensión y abierto averiguaciones contra jefes de grupo de la Policía Ministerial y mandos de la procuraduría y de la Unidad General de Investigaciones, por estar implicados en el asesinato de Torre Cantú.

Los textos incluían nombres de algunos comandantes y funcionarios en la procuraduría estatal que han permanecido desde la época de Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú y que el nuevo gobernador panista dejó en sus puestos.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JUAN ALBERTO CEDILLO/ 18 ABRIL, 2017)