Alcalde, síndico y presidenta del DIF
cuentan con guardaespaldas, incluso un regidor de Tijuana; mientras los
regidores de Ensenada no tienen cómo justificar la presencia de un oficial a su
alcance, el propio director de seguridad se mueve con una nube de agentes a su
alrededor, situación que no hacían sus antecesores. Lo anterior acrecienta la
crisis de inseguridad y falta de efectivos en el municipio para prevenir la
inseguridad
Mientras Ensenada enfrenta
una fuerte crisis en materia de seguridad por la falta de agentes municipales,
el Cabildo concentra a buena parte de los efectivos que fungen como escoltas o
asesores jurídicos de regidores, presidente municipal, síndico procurador,
presidenta del DIF y secretario del Ayuntamiento.
Información de cómo y quiénes
miden la vulnerabilidad de los servidores públicos es totalmente confidencial,
por lo que la actividad de custodiar se presta a la opacidad, además, no existe
una Ley que regule a cincuenta policías comisionados como escoltas.
“Están fuera de control,
libres”, reprendió un abogado.
Dos elementos de Ensenada
pagados por el gobierno municipal del alcalde Marco Novelo Osuna, están
comisionados para cubrir la espalda del regidor priista de Tijuana, Eligio
Valencia López.
En la lista de protegidos
también está el edil independiente Rodolfo Mellado Pérez, quien tiene un
escolta para su asesor Alfredo Rosales Green, director de Seguridad Pública en
la administración priista de Enrique Pelayo Torres y, justo el mismo agente,
fungió como su guardaespaldas.
Mellado Pérez no tiene cómo
justificar la presencia de un oficial a su alcance, ni siquiera ha presentado
una iniciativa relacionada con seguridad pública.
“El agente asignado a ambos
ya no quiere ser policía, aunque tiene más capacidad para realizar otras
funciones, no se atreve a renunciar”, criticó un empleado de Cabildo.
Samuel Albestrain Pérez, es
otro edil priista que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal (SEDESOM), cuyo escolta es supuesto asesor legal.
Por ejemplo, el agente
Eduardo Ramírez cobra en la nómina de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal (DSPM), pero en la pasada administración fue subdirector de SEDESOM,
es decir, tiene casi cuatro años sin patrullar.
A diferencia de los anteriores directores de
seguridad, Emilio Camarena Castillo se mueve entre una nube de agentes y
numerosas unidades, excusado en una Ley de seguridad inexiste.
Aunque se reservó datos por
cuestión de seguridad, la síndico procuradora Karina Castejón Bañuelos
considera éste un tema indispensable para revisar, incluso hizo solicitudes de
información a la DSPM para esclarecer las asignaciones de policías a
escoltas.
PELIGRO CON HORARIO DE OFICINA
A los policías comisionados
se les ve como choferes, asesores jurídicos y políticos, e incluso llegan a la
complicidad cuando estrechan fuertes relaciones de amistad.
Los guaruras son personas
armadas que reciben una compensación mensual, discrecional, de entre 2 mil y 3
mil pesos por catorcena.
Se calcula que el sueldo neto
alcanza los 20 mil pesos mensuales, es decir, el gobierno municipal invierte 12
millones de pesos al año en 50 elementos con cualidades específicas, como la
prudencia, además del uso de las unidades, gasto de gasolina, alimentación y
desplazamientos.
Como si el peligro tuviera
horario de oficina, hay quien dispone de ellos a su antojo y les asigna días de
descanso principalmente en domingo, platicó un comisionado.
“Desde el sábado en la tarde
estoy libre hasta el lunes”, expuso uno de ellos.
La figura de escoltas no está
reglada ni regulada, es un tema que nadie toca y responde a intereses
políticos.
La asignación de guaruras es
un desorden, y aunque el alcalde es quien debe intervenir, así como la DSPM,
ninguno se hace responsable y optan por abrir más plazas para la contratación
de efectivos aun sin academia, pues consideran la posibilidad de ingresar a
personas con formación militar.
Existe una gran cantidad de
elementos adscritos a la DSPM que se encuentran gozando de licencia de algún
tipo, algunos de ellos participan en la promoción de ascensos 2016,
contraviniendo lo establecido en el Artículo 99 del Reglamento de Servicio de
Carrera Profesional Policial, que entre sus requisitos, determina que la
persona debe “estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia”.
Sin una denuncia penal ni notificación de
riesgo, menos aún una amenaza de muerte en la administración municipal,
regidores, directores y familiares directos gozan de los beneficios de tener a
un efectivo a su disposición.
DSPM OCUPA
GENTE CON VOCACIÓN
En la opinión del subdirector
de Seguridad Pública Municipal, Rafael Luna Lezama, ser policía es cuestión de
vocación y que por ningún motivo sobrepone el oficio por alguna carrera
profesional. “Aquí nos debemos al servicio, por encima de grado jerárquico,
antigüedad, capacidad e incluso de preparación académica. Aquí estamos por
vacación y no por conveniencia personal”, sostuvo.
La mayoría de los uniformados
se inclinan por estudiar carreras profesionales como licenciatura en Derecho,
Ciencias Policiales o Seguridad Pública, permitiéndoles un ascenso, sin
embargo, Luna Lezama resolvió:
“Sin demeritar, yo elijo a quien me sea útil,
si no le interesa más esta actividad, que dejen la plaza a otro”.
González Green ex candidato y
ahora asesor trae escolta.
Acompañado de un escolta, el
ex funcionario rechazó a los agentes que se niegan a cumplir con el origen
policial para dar gusto a servidores públicos.
Asimismo, no es garantía que
los nuevos uniformados vayan directo a patrullar; una parte se quedará en el
Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) o el Centro de
Operaciones Policiales (COP).
De igual manera, aclaró que
serán 54 elementos los que egresarán en 2017 y se sumarán a las filas de la
corporación.
“Desafortunadamente no le
puedo decir qué policías entran a la corporación y van directamente a la calle,
en mayor proporción son para esos fines (patrullar), pero las tareas de
seguridad pública no solo ocupan el área de patrullaje, sino que hay elementos
comisionados monitoreando el COP, C4”, lamentó el ex agente de Ensenada.
Los tres hombres que
monitorean en el C4 están en buenas condiciones de salud, con portación de
arma, pero de los próximos que evalúen, es probable resulten cuatro o cinco con
alguna discapacidad.
CONFIDENCIALIDAD DE LAS AMENAZAS Y RIESGOS
Para el secretario del
Ayuntamiento y ex síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, el tema de los
escoltas es ajeno a sus funciones, no obstante, también tiene asignado personal
de seguridad.
“Desconozco el tema, y si hay
una petición de un escolta para los regidores, creo debemos analizar bajo qué
argumentos. En mi caso no es fácil dejar el trabajo de la Sindicatura, llevar a
cabo los expedientes que ordena la Comisión Disciplinaria de Carrera Policial,
donde inhabilitaron o suspendieron personal”, fueron los argumentos.
Habló de la inseguridad de
los últimos tres meses, la cual ha incrementado considerablemente en la ciudad,
incluso han tenido que llevar a cabo más reuniones de coordinación.
“Se viven momentos delicados
y se toman cartas en el asunto, se ve con preocupación”, apuntó Barbosa para,
por último, informar que actualmente se hace un análisis del tema de
guardaespaldas con el presidente municipal, así como con Tesorería, debido a la
situación presupuestal que tiene al gobierno en una situación difícil.
TODOS CORREMOS RIESGO: IP
El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Coronado, criticó estos actos
cuando la ciudadanía enfrenta una fuerte situación en materia de seguridad:
“Estos cincuenta agentes
deben estar en la calle haciendo la labor que les corresponde: cuidar y servir
a la comunidad, no a unos cuantos”.
Como empresario, agregó, se
debe asumir el riesgo de la inseguridad no solo por el manejo de dinero, sino
como líder de opinión, asegurando que sus ingresos no le permiten darse un lujo
como el de contratar personal privado.
QUE RENUNCIEN POLICÍAS “CHOFERES”
Los escoltas son necesarios
para quienes asumen una responsabilidad de alto riesgo que conlleva en
ocasiones al repudio, determinó el coordinador del Comité Ciudadano de
Seguridad Pública, Faisal Díaz Nasif, pero en los regidores no se justifica.
“Si los regidores tuvieran un
poco de prudencia, sabiendo la problemática que hay con los policías, no lo
harían. Sabemos de algunos elementos que están fungiendo como asesores
jurídicos de regidores, cosa que lo vemos muy mal”, apuntó.
Alcalde, director de
Seguridad, secretario del Ayuntamiento y síndico procurador, en ese orden, son
cargos que pueden justificar la presencia de un guarda particular.
Para el presidente municipal
es obvio, pues para Oficialía Mayor es imposible que un empleado del
ayuntamiento intente entregarse a las filas de la Policía si no cuenta con
formación de academia.
“No puede haber ese tipo de
intercambio porque ellos están capacitados para ser policías, los
uniformados deben estar dentro de la
corporación para servir a la comunidad en lo que fueron formados”, comparó.
Además, reiteró la
incongruencia de los ediles al quitar elementos a la corporación, e hizo un
llamado a los servidores públicos a dejar esas comodidades.
Para el representante
ciudadano, Novelo Osuna debe decidir los puestos de gobierno en crisis de
seguridad, y de esa manera se asignen, de forma prioritaria, efectivos al
servidor público, y ser retirados cuando el riesgo baje.
“Están haciendo función
específica como escoltas de funcionarios o realizando una actividad específica,
sin embargo, te puedo decir que a nuestro criterio no realizan labor propia de
seguridad sino ajena a ésta”, finalizó Díaz.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS/ DOMINGO, 16 ABRIL, 2017 12:00
PM)
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