martes, 5 de septiembre de 2017

RUPTURA ENTRE LAS ÉLITES DE MÉXICO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante décadas, la familia de los Claudios fue indisoluble con el poder político. El padre, Claudio X. González Laporte ha sido pilar en la consolidación del modelo de liberalización económica acelerado por Carlos Salinas, de quien fue asesor para asuntos empresariales.

Su influencia como presidente de lo que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la élite de la élite empresarial ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios, lo ha convertido a pulso en un ideólogo de los empresarios.

Ha sido un entusiasta promotor de la alternancia entre el PRI y el PAN en la Presidencia de la República, y del grupo de altos funcionarios que lo mismo han servido a los gobiernos de un partido que del otro.

Hasta ahí nada nuevo en la relación entre el gran empresariado y el poder político. Desde el régimen autoritario del PRI del siglo pasado, los empresarios se amoldaron al viejo sistema y su economía cerrada aun cuando tuvieran enfrentamientos con Los Pinos, como en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, en los años setenta y principios de los ochenta.

Pero nada como la confrontación de fondo que ahora tiene la familia del presidente de Kimberly Clark en México, ex consejero de Televisa y asesor de múltiples empresas e iniciativas con la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Esta vez, la batalla es más que coyuntural. Claudio X. González Guajardo, quien durante dos décadas se ha dedicado a promover agendas específicas a través de fundaciones, que han gozado de beneficios fiscales, ha logrado dar el salto de la élite económica heredada de su padre al terreno de la sociedad civil.

Su graduación como activista social se la otorgó hace unos días el diario The New York Times, cuando publicó una alegada persecución a la que estaría sujeto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Después de impulsar desde los gobiernos del PAN la reforma educativa, desde el año pasado González Guajardo encabeza un sólido proyecto de agenda pública que va más allá del gobierno de Peña, cuya marca de por sí ha sido la de la corrupción.

A través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el empresario ha logrado establecer la agenda pública ante las demandas de transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales es imposible la existencia de un Estado democrático moderno.

Auténticas, tales exigencias parecen ser ahora un ariete de un proyecto empresarial que le ha causado graves daños a la imagen del gobierno y sus colaboradores, incluida la excandidata presidencial del PAN y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.

De ahí los escándalos que ha documentado sobre la corrupción, principalmente del gobierno federal. El más reciente, el Ferrari hasta ahora desconocido del aspirante a fiscal general de la República, Raúl Cervantes.

Todo lo que abone a la transparencia y a un esperado castigo de la cleptocracia en México es bienvenido periodística y socialmente. Pero una pregunta válida es hasta dónde quiere llegar la familia de Claudio X. González con la gran cantidad de información que posee sobre las élites políticas y económicas del país.


(PROCESO/ ANÁLISIS/  JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 4 SEPTIEMBRE, 2017)

ATAQUES DE COMANDO EN APASEO EL ALTO DEJAN CUATRO POLICÍAS Y TRES CIVILES MUERTOS (VIDEO)


CELAYA, Gto. (apro).- Siete personas, entre ellas cuatro policías municipales, una empleada de Tránsito y dos despachadores de una gasolinera, fueron acribillados por varios sujetos a bordo de cuatro camionetas en una agresión con armas largas, en Apaseo el Alto.

Cerca de la medianoche del lunes, a la gasolinera ubicada en la esquina de las calles Daniel Ángel Ortega y Guadalupe Mandujano arribaron cuatro camionetas tipo Tahoe con un numeroso grupo de hombres con armas largas, quienes comenzaron a disparar.

Los despachadores que se encontraban en ese momento laborando sólo atinaron a aventarse al piso. Sin embargo, varios de los integrantes del comando se acercaron y les dispararon a una muy corta distancia.

Antes de retirarse del lugar les dieron otro disparo en la cabeza a dos de ellos, quienes allí fallecieron.

Al sitio arribaron dos policías municipales en una patrulla, alertados por una llamada que les informó de los disparos, pero fueron recibidos con ráfagas y fallecieron también en la gasolinera.

Los agentes fueron identificados como Mario Patiño Núñez y Uriel Alejandro Carbajal. Un guardia de seguridad privada quedó herido.

Posteriormente, por lo menos dos de las camionetas de los agresores se enfilaron hacia la calle Ávila Camacho y llegaron hasta un módulo o caseta de vigilancia de la Policía Municipal, misma que rafaguearon.

Una empleada de Tránsito Municipal que se encontraba en el interior fue alcanzada por las balas y falleció en el lugar.

La mujer, Irma Guadalupe Durán Durán, tenía poco tiempo de haber ingresado a esta dependencia municipal.

Otra patrulla municipal con dos preventivos a bordo se topó con el comando, que los obligó a descender de la unidad y a subir a una de las camionetas.

Tras estos asesinatos y el “levantón” de los dos preventivos –Gelasio Martínez de la Cruz y Joel Lara Paredes- se implementó un operativo intermunicipal con apoyo de agentes estatales y federales, sin que pudiera localizarse al grupo.

A las siete de la mañana de este martes, los cuerpos de los dos policías privados de su libertad fueron localizados, también acribillados, en la carretera Acámbaro-Parácuaro.

En la misma región, pero en Salvatierra, esta misma noche del lunes un hombre y su hijo fueron asesinados por un sujeto que les disparó cuando se encontraban en un domicilio, ubicado en la entrada a la comunidad Santo Tomás Huatzindeo. Otra persona que estaba con ellos resultó lesionada.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/  5 SEPTIEMBRE, 2017)

A TRAVÉS DE UNIVERSIDADES, 11 DEPENDENCIAS FEDERALES OPERARON MEGA ESTAFA MILLONARIA: MCCI


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la ayuda de universidades estatales y mediante un complejo esquema fraudulento, 11 dependencias del gobierno federal desviaron tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014, reveló una investigación periodística publicada esta tarde por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tres dependencias destacaron en aquella “estafa maestra”: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga; Banobras, durante la administración de Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–, y Pemex, en plena gestión de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

En 2013 y 2014, las dependencias firmaron “convenios” con universidades estatales por siete mil 670 millones de pesos. Estas instituciones educativas, a su vez, tomaron comisiones –por mil millones de pesos, según la investigación– y posteriormente contrataron una cadena de empresas –muchas de ellas “fantasmas”– para supuestamente realizar los servicios.

Sin embargo, de los siete mil 670 millones de pesos erogados en convenios con las universidades, no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones de pesos.

Y, según la investigación mencionada, 128 de las 186 empresas que fueron contratadas “no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados, o simplemente porque no existen”.

Si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y denunció estos esquemas fraudulentos desde hace años –en febrero de 2015, Apro documentó cómo la Sedesol de Rosario Robles desvió 845 millones de pesos con esta maniobra–, el trabajo publicado hoy permite entender la magnitud de la estafa operada desde el gobierno federal.

De acuerdo con el reportaje, además de la Sedesol, de Banobras y de Pemex, participaron en el fraude el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP), de Agricultura (Sagarpa) y de Economía (SE), así como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Por parte de las instituciones educativas, fueron involucradas la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comacalco.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 4 SEPTIEMBRE, 2017)

EL NUEVO AEROPUERTO: SUPERNEGOCIO TRANSEXENAL DE PEÑA Y LA ÉLITE EMPRESARIAL


Sin importar el cambio de un gobierno a otro, lo cual ocurrirá a fines del próximo año, los empresarios que tienen contratos de obra para la construcción del nuevo aeropuerto internacional –un puñado de personajes cercanos al priismo y, sobre todo, al salinismo– no sufrirán: el dinero seguirá llenando sin medida sus bolsillos el próximo sexenio, pese a todos los señalamientos de corrupción y opacidad que rodean a la obra cumbre del peñanietismo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Despojado de su traje oscuro, en camisa roja a cuadros, el presidente Enrique Peña Nieto parece estar en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en medio de dos personas jóvenes, cuya presencia se justifica sólo por asentir a los dichos presidenciales, lo mismo que quienes aparecerán en el resto del spot tras esa primera toma.

La escena cambia. Ahora Peña Nieto sobrevuela la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dibujada sobre el vasto terreno del vaso de Texcoco. Entonces subraya que ahí cabe siete veces el aeropuerto actual.

Nueva estampa. Peña Nieto aparece ahora entre cinco personas cuya indumentaria permite advertir sus oficios. Al fondo aparecen fotografías de obras de infraestructura que el mandatario enlista por sector, para luego pronunciar su slogan de esta campaña por el V Informe de Gobierno: lo bueno cuenta y queremos que siga contando.

El slogan es apropiado cuando de las cuentas del NAICM se trata, pues ese, su proyecto de infraestructura más ambicioso, no estará terminado cuando concluya el sexenio, pero las empresas que tienen contratos ahí mantendrán sus ingresos a través del tiempo.

Y es que el NAICM es también emblemático de aquello que ha marcado la gestión peñanietista: una elite de contratistas favorecida de manera transexenal, como la propia obra que ya tiene tempranos señalamientos de corrupción y negligencia; clientelismo para imponerlo y represión a quienes se oponen.

Añejo proyecto del llamado Grupo Atlacomulco –con el que se identifica al presidente Enrique Peña Nieto– los contratos más grandes del NAICM, así como de la obras hidráulicas y carreteras que reclama para su funcionamiento y conectividad, fueron asignadas a una decena de nombres cercanos a la cúpula priista y salinista.

Desde la presentación del proyecto en septiembre de 2014 quedó claro que uno de los principales beneficiarios sería el magnate Carlos Slim –ultraenriquecido con las privatizaciones salinistas–, cuyo yerno, Fernando Romero, fue quien diseñó el plano, asociado con el arquitecto británico Norman Foster.

FRAGMENTO DEL REPORTAJE ESPECIAL PUBLICADO EN PROCESO 2131, YA EN CIRCULACIÓN


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRIGUEZ Y ARELI VILLALOBOS/  2 SEPTIEMBRE, 2017)

LEVANTAN A COMISARIADO EJIDAL EN SONORA; ACUSAN A TÍO DE LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH


SALTILLO, Coah., (apro).- Representantes del ejido Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, privaron de la libertad a José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, junto con otros ocho campesinos.

En entrevista telefónica con Apro, Manuel Jesús Hernández Collazo, tesorero del Comisariado, señaló que vecinos de Robledo Cruz vieron cuando lo subían a una Cheyenne blanca, con placas de circulación MU-8383-B del estado de Michoacán.

 “La gobernadora Claudia Pavlovich ya tenía conocimiento de que su tío Rafael Pavlovich amenazó de muerte a Robledo Cruz, ya que los campesinos lo denunciaron y le llevaron escritos a su oficina exponiéndole el problema”, agregó.

Hernández mencionó que los ejidatarios identificaron a Luis Enrique Cruz Figueroa como uno de los pistoleros que “levantó” a Robledo Cruz, y quien trabaja para el tío de la mandataria sonorense en la custodia de la mina Dipolos.

Durante 17 años, la mina –propiedad de la estadunidense Penmont– despojó ilegalmente terrenos del ejido Bajío de Caborca para explotar oro. Después de un litigio los ejidatarios ganaron legalmente el pleito, por lo que deben recibir una indemnización millonaria.

No obstante, un juez del Tribunal Agrario de Hermosillo incluyó de manera ilegal a Rafael Pavlovich Durazo como ejidatario, y actualmente es quien resguarda la mina para su propio beneficio y de su familia, denunció Hernández Collazo.

Según el tesorero del ejido, después de que Robledo Cruz fue privado de la libertad, sus vecinos siguieron a tres camionetas en las que se llevaron al presidente del Comisariado y a los otros ocho ejidatarios, y se dirigieron hacia la mina Dipolos.

Señaló que los campesinos se mantuvieron a cierta distancia y pidieron apoyo a la guarnición del Ejército en Sonoyta, Sonora, que aseguró los apoyaría, pero después de ocho horas los militares dijeron que no era posible acudir al lugar.

“Mientras los vecinos esperaban el apoyo del Ejército, arribaron tres patrullas de la policía municipal de Caborca y cinco de la policía estatal en apoyo de los sicarios, amenazando a los campesinos con desaparecerlos”, destacó Hernández Collazo.

Los ejidatarios se mantuvieron en el lugar hasta que fueron rodeados por al menos 50 elementos y obligados a retirarse.

“El presidente y los ejidatarios continúan desaparecidos y los campesinos no se atreven a denunciar, pues las autoridades, lejos de servir a la población, trabajan para proteger a los delincuentes”, denunció el tesorero del ejido Bajío de Caborca.

Aseguró que en lugar de rescatar a las víctimas, los policías llegaron para proteger a los sicarios, y dejó en claro “que la señora gobernadora no es diferente a sus antecesores, ya que protege a sus familia de saqueadores”.


(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 4 SEPTIEMBRE, 2017)