martes, 26 de junio de 2018

VOTO, BALA Y LANA (ARTÍCULO)



Foto: Cuartoscuro

Nos acercamos al día del voto y como era de suponer, los niveles de violencia, corrupción e impunidad han golpeado seriamente el proceso electoral dejando muchas dudas sobre la calidad de democracia representativa que tenemos.

Pasamos del problema de que los votos cuenten y se cuenten a procesos determinados no solo por el voto sino también por la bala y la lana.

Sí, en paralelo corren tres elecciones muy distintas. La del voto difícilmente informado debido a que las campañas siguen siendo de baja calidad argumentativa, la de la bala que incide de manera violenta en las boletas y las carretadas de dinero para la compra del voto.

Un reciente estudio de la consultora Etellekt muestra que desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 han sido asesinados 120 políticos y 351 funcionarios no electos. Los asesinatos se dan en la precampaña, donde se eligen candidatos, y durante la campaña, donde ya se conocen las tendencias.

Comparando cifras con otros procesos electorales tenemos que 2018 es 13 veces mayor que en 2012 y 29 veces mayor que en 2006. Así de clara la descomposición.

La anestesia social que ha generado la violencia ya alcanzó a los procesos electorales. Como algo escenográfico ha sido tomado el asesinato de decenas de candidatos. La centralidad del proceso electoral para la presidencia ha invisibilizado lo que ocurre a nivel local. Incluso han pasado desapercibidos los llamados de alerta de la Unión Europea, la OEA y el de personalidades como Kofi Annan. ¿Qué democracia es esta?

Con los niveles de impunidad y la falta de investigaciones creíbles lo que queda es especular analizando los datos. El 67 por ciento de los asesinatos son perpetrados por comandos armados y el 14 por ciento mediante tortura.

Aquí una señal de los posibles perpetradores. Las agresiones se centran en funcionarios y candidatos municipales. En realidad no sabemos quiénes son los perpetradores ni cuáles son los motivos.

Los perpetradores pueden ser el gran crimen organizado, bandas delictivas locales, violencia política o lo que imaginemos. En México puede matar quien sea sin consecuencias. No solo es el del financiamiento ilícito de campañas por parte de grupos criminales en ciertas regiones sino incluso la imposición de candidatos.

Grupos criminales y/o políticos responsables de las agresiones pretenden controlar desde el nivel municipal a las instituciones, el territorio, los recursos, la población y/o las actividades criminales como el huachicol, trasiego, venta de droga, extorsión o cualquier otra que imaginemos. Se trata de un proyecto político- criminal de control de las instituciones.

Ante la falta de investigaciones quedan muchas preguntas abiertas. ¿En los municipios cercanos a los que han sufrido asesinato de candidatos, los punteros generan confianza a los perpetradores? ¿Qué certeza se puede tener de un sistema de representación expuesto a estos niveles de violencia? ¿Cómo explicar la falta de medidas urgentes para abordar el tema por parte de la clase política?

Las balas ya determinaron la dirección en varias regiones. Ahora entrarán a operar los miles de millones de pesos desviados que han sido documentados y otros miles de millones más. La lana en busca del voto. Así llegamos al 1 de julio. Instituciones electorales desacreditadas, campañas de bajo nivel, balas y lana determinando candidatos y voto. La impunidad, la corrupción y la violencia marcan las elecciones.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ CARONTE POR JACOBO DAYÁN/JUNIO 26, 2018 8:15 AM)

CONFIRMADO: DETENCIONES POR DESVÍOS EN PAN SONORA



Como lo adelantó DOSSIER POLÍTICO la semana pasada, los tres panistas fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Sonora y esperan la audiencia de vinculación a proceso programada para este miércoles 27 de junio…
Hermosillo, Sonora (DP).- Bajo la carpeta de investigación 876/2018, Juan Valencia Durazo, Enrique Terrazas Romero y el director general de Recursos Humanos, Miguel Méndez Méndez, permanecen en prisión preventiva en el Cereso Hermosillo I por el delito de desvío de más de 400 millones de pesos de cuotas de militantes panistas.

Como lo adelantó DOSSIER POLÍTICO la semana pasada, los tres panistas fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Sonora y esperan la audiencia de vinculación a proceso programada para este miércoles 27 de junio.
La detención de Juan Valencia Durazo al margen del proceso por presunta venta ilegal de terrenos en el Vado del Río, sería por la denuncia presentada el 29 de julio por presuntos desvíos que superan los 400 millones de pesos por concepto de cuotas de militantes panistas que nunca llegaron a las arcas el albiazul durante el sexenio 2009-2015.

DOSSIER POLÍTICO obtuvo informes que dichos desvíos de recursos públicos que el Nuevo Sonora descontó de la nómina a ex funcionarios como aportación “voluntaria” al partido del 2009 al 2015, fueron captados por la organización IEP Fuerza Sonora, asociación que lideraba Adrián Espinoza.

El 4 de agosto del año pasado, un grupo de panistas denunció este hecho ante la Comisión

Anticorrupción del Consejo Nacional del PAN que preside Luis Felipe Bravo Mena, documento firmado por Leonardo Guillén quien exigió “que se deslinden responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones de Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuen Aranda, los dos primeros en su carácter de ex secretarios de Hacienda y el tercero como ex tesorero  del gobierno estatal”.

De  igual forma se solicita “se investigue a Juan Valencia Durazo, ex presidente del CDE del PAN quien ejerció su cargo del 13 de septiembre del 2009 al 12 de septiembre del 2015 en relación a la retención, transferencia, administración y ejecución de recursos no enterados al PAN provenientes de descuentos hechos en calidad de cuotas aportadas por ex trabajadores del gobierno del Estado que militan en el PAN”.

La información proporcionada a DP señala que también se pide que se deslinden responsabilidades que pudieran tener Adrián Espinoza Espinoza, Lisette López Godínez y Raúl Herrera Sánchez, en relación a su participación en la constitución, representación y manejo de la Asociación Civil denominada “IEP Fuerza Sonora A.C:” como la de cualquier otra Asociación Civil, IAP y/o figura que haya sido utilizada para la administración y ejercicio de dichos recursos”.

Se aclara a su vez en el documento que no hay constancia de dichos ingresos.

“En la reunión interna celebrada el 22 de enero del 2016,  Alejandra López Noriega, actualmente candidata a secretaria general del PAN con la planilla de David Galván, externó  que consultó con el Comité Ejecutivo Nacional que fueron casi 400 millones de pesos en seis años los desaparecidos y que junto con otros panistas redactó una carta para presentarla ante el comité anticorrupción en México”, precisa el informe.

También indicó la existencia de 50 millones de pesos más que había en una fundación –no menciona cuál- que, deja entrever, desaparecieron también. Alegó entonces que con esos recursos pudieron haber generado la base para seguirse sosteniendo en el poder y no el estrépito político que llevó al PAN a perder la gubernatura.

Leonardo Guillén por su parte dijo en esa reunión:

“Unos me decían ¿en qué se gastó?, no sé, porque aquí en las cuentas del partido no está, así me lo dijeron de manera muy clara y estaremos con toda puntualidad y claridad, aquí no hay espacio para la simulación”.

La denuncia ante Bravo Mena, además de exhibir presuntos nuevos actos de corrupción durante el sexenio de Padrés Elías, revela también la debacle financiera por la que atraviesa el PAN Sonora y más aún, donde el Instituto Nacional Electoral deberá investigar el uso indiscriminado de recursos públicos para financiar la elección del 2015 que por mucho rebasó los llamados “topes de campaña”.

¿Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista o Mario Cuen hicieron entrega de esos 400 millones de pesos en forma de cuota al entonces presidente del PAN Sonora, Juan Valencia Durazo?, de lo contrario, ¿qué hicieron con ese recurso y a manos de quién fue a parar?, son las preguntas de panistas molestos por la situación que orilla al partido, sin pudor,  al peligro de extinción.

Pese a todo lo anterior, el 15 de agosto, Leonardo Guillén aseguró que el PAN Sonora cuenta con finanzas sanas que entregará al nuevo presidente estatal David Galván Cázares, a pesar de la denuncia del presunto desvío de más de 400 millones de pesos en cuotas que no llegaron durante el Nuevo Sonora.

(DOSSIER POLITICO/ ALEJANDRO MATTY ORTEGA/2018-06-25)

DENUNCIAS DEL PAN SONORA CONTRA LÓPEZ CABALLERO, CARLOS VILLALOBOS Y MARIO CUÉN, SIN RESOLVER


En la denuncia en poder de DOSSIER POLÍTICO presentada originalmente, el entonces presidente interino del albiazul, Leonardo Guillén, solicitó que “que se deslinden responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones de Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuen Aranda, los dos primeros en su carácter de ex secretarios de Hacienda y el tercero como ex tesorero  del gobierno estatal”…



 Acusan a ALC, Villalobos y Cuen

Hermosillo, Sonora (DP).- Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuen Aranda, fueron señalados por Leonardo Guillén como responsables de los desvíos de cuotas en el PAN Sonora. El caso sigue aún sin resolverse en el CEN panista.

En la denuncia en poder de DOSSIER POLÍTICO presentada originalmente, el entonces presidente interino del albiazul solicitó a la Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional del PAN, “que se deslinden responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones de Alejandro López Caballero, Carlos Villalobos Organista y Mario César Cuen Aranda, los dos primeros en su carácter de ex secretarios de Hacienda y el tercero como ex tesorero  del gobierno estatal”.

Recibida por la Comisión Anticorrupción el 29 de julio de 2016, segun consta en el sello de la carta, Leonardo Guillen pide también al titular, Luis Felipe Bravo Mena, “se investigue a Juan Valencia Durazo, ex presidente del CDE del PAN quien ejerció su cargo del 13 de septiembre del 2009 al 12 de septiembre del 2015 en relación a la retención, transferencia, administración y ejecución de recursos no enterados al PAN provenientes de descuentos hechos en calidad de cuotas aportadas por ex trabajadores del gobierno del Estado que militan en el PAN”.

La información proporcionada a DP señala que también se pide que se deslinden responsabilidades que pudieran tener Adrián Espinoza Espinoza, Lisette López Godínez y Raúl Herrera Sánchez, en relación a su participación en la constitución, representación y manejo de la Asociación Civil denominada “IEP Fuerza Sonora A.C:” como la de cualquier otra Asociación Civil, IAP y/o figura que haya sido utilizada para la administración y ejercicio de dichos recursos”.

Bajo la carpeta de investigación 876/2018, Juan Valencia Durazo, Enrique Terrazas Romero y el director general de Recursos Humanos, Miguel Méndez Méndez, permanecen el prisión preventiva en el Cereso Hermosillo I por el delito de desvío de más de 400 millones de pesos de cuotas de militantes panistas.

Como lo adelantó DOSSIER POLÍTICO la semana pasada, los tres panistas fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Sonora y esperan la audiencia de vinculación a proceso programada para este miércoles 27 de junio.
La detención de Juan Valencia Durazo al margen del proceso por presunta venta ilegal de terrenos en el Vado del Río, sería por la denuncia presentada el 29 de julio por presuntos desvíos que superan los 400 millones de pesos por concepto de cuotas de militantes panistas que nunca llegaron a las arcas el albiazul durante el sexenio 2009-2015.


(DOSSIER POLITICO/ ALEJANDRO MATTY ORTEGA/25 DE JUNIO 2018)

DEVUELVEN CASA DE 4 MDP A "REINA DEL PACÍFICO" EN SONORA


Se había retrasado la entrega ordenada por el juez a la PGR porque el inmueble había sido invadido

A casi dos años de haber ganado un amparo, Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, logró que la Procuraduría General de la República le devolviera una casa con valor de 4 millones de pesos que fue invadida mientras la PGR la mantenía bajo su resguardo.

Después de intentar evitar con diversas impugnaciones la devolución del inmueble, el fallo quedó firme a finales del año pasado y la PGR fue requerida desde enero de este año para dar cumplimiento a la sentencia emitida en septiembre de 2016.

La primera vez que la procuraduría intentó devolver el predio fue el 13 de marzo pasado, cuando citó a los representantes legales de La Reina del Pacífico para que acudieran a recibir física y jurídicamente el inmueble.

Al arribar al lugar, elementos de la PGR y los abogados de Ávila Beltrán descubrieron que la casa había sido invadida por una mujer que no acreditó la propiedad ni la calidad en la que se encontraba habitando la casa.

La defensa de Sandra Ávila Beltrán informó al juez Segundo de Distrito en el estado de Sonora que no pudo recibir el inmueble conforme a lo ordenado en la sentencia de amparo.

Los abogados solicitaron al juez que requiriera a la PGR entregar el inmueble en el estado en que lo encontró.

Ahora, a tres meses de la diligencia, la mujer abandonó el predio y, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal, la PGR informó al juez de amparo que pudo materializar la entrega del mismo a los representantes legales de La Reina del Pacífico, lo que fue confirmado por fuentes allegadas al caso.

La casa fue asegurada por la PGR desde agosto de 2004, como parte de la averiguación previa iniciada contra Ávila Beltrán por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero.

(DOSSIER POLITICO/AGENCIA EL UNIVERSAL/2018-06-26)

ESTADO DEL TIEMPO PARA BAJA CALIFORNIA SUR Y GOLFO DE CALIFORNIA


CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE MIAMI


SISTEMAS TROPICALES ACTIVOS EN EL PACÍFICO (5 DÍAS)


TEMPERATURA SUPERFICIE DEL MAR



MAPAS ANIMADOS EN TIEMPO REAL





(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ 26 DE JUNIO 2018)

EMPLEADOS BANCARIOS, PRINCIPALES SOSPECHOSOS DE CIBERATAQUES


Marco Arturo Rosales dijo que ya se identificó a 200 personas que realizaron retiros del dinero retirado de cinco instituciones financieras

Empleados bancarios son los principales sospechosos del ciberataque ocurrido el pasado 17 de abril, y en el que se vieron afectadas cinco instituciones financieras con el robo de alrededor de 300 millones de pesos.

Marco Arturo Rosales, jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer esta información.

Para ejecutar el ataque contra Banorte, Inbursa, Banjército, Casa de Bolsa la Huasteca Potosina y KUSPI, se necesitó la colaboración de los empleados con acceso al administrador de los servidores con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), según dijo al diario Reforma.

Aseguró que se han identificado a 200 personas que hicieron retiros del dinero, aunque muchos de ellos sin saber que se trataba de una operación ilícita, debido a que recibieron una comisión o porcentaje a cambio de aceptar los depósitos del dinero robado en el hackeo.

“En este momento creemos, por la evidencia que tenemos, que es muy posible que hubiera gente apoyando desde el interior del banco.

“No sabemos si alguien que tuvo acceso eventual o empleados que trabajan directamente para el banco tienen un contacto directo con la plataforma, pero lo que sabemos también después de este análisis que hemos hecho es que esto no ocurrió en un lapso de tiempo corto, esto lo vinieron trabajando desde hace algunos meses”, indicó.

(EJE CENTRAL/ REDACCION/ 26 DE JUNIO DE 2018)

DOS EJECUTADOS EN ENSENADA DURANTE EL FIN DE SEMANA


En Ensenada, en hechos por separado, este domingo se registraron dos asesinatos, uno en la colonia Lomitas Indeco y el segundo en la delegación de Camalú.

A las 8:21 horas por llamada telefónica a la delegación San Quintín, policías municipales atendieron un reporte de que en un camino vecinal hacia La Chorera, estaba un hombre lesionado con arma de fuego.

Agentes acordonaron el área y dieron aviso a la Policía Ministerial, quien se hizo cargo de la escena del crimen. Aún no ha sido identificado el cuerpo.

El segundo, fue a las  23:24 horas del mismo día sobre un hombre lesionado que quedó tendido en la vía pública sobre la calle Clavel, de las Lomitas Indeco.

La procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el hombre fue identificado como Juan Cuevas Gutiérrez de 37 años de edad. Tenía lesiones visibles en cabeza, pecho y espalda.

(SEMANARIO ZETA ENSENADA / LORENA LAMAS/ LUNES, 25 JUNIO, 2018 01:38 PM)

EX ABOGADO DE FAMILIA DEL “CHAPO” GUZMÁN COORDINA CAMPAÑA DE MORENA EN JALISCO


Juan Soltero representó en amparos a la esposa e hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa

José Juan Soltero Meza, coordinador de campaña del aspirante a gobernador del Estado de Jalisco por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Carlos Lomelí Bolaños, fue defensor de miembros de la familia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lo anterior fue publicado este martes por el portal de noticias Animal Político que entrevistó al profesionista, quien negó “rotundamente que tenga alguna relación profesional o personal” con la primera esposa y el hijo de Guzmán Loera.

La información fue obtenida de consultas en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal, donde aparece una queja derivada de un juicio de amparo promovido en favor de Alejandrina Salazar, ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Guadalajara.

En un acuerdo publicado el 27 de marzo de 2008 se lee textualmente: “… se admite el recurso de queja promovido por José Juan Soltero Meza autorizado de la quejosa María Alejandrina Salazar Hernández. Procédase a la formulación del proyecto de resolución correspondiente…”

La queja 20/2008 declarada parcialmente fundada para que a la quejosa, que reclamaba una orden de aprehensión, se le concediera la suspensión provisional de una manera más amplia, quedó sin materia al resolverse la suspensión definitiva.

Animal Político también publica que el abogado Soltero Meza fue autorizado para oír y recibir todo tipo de notificaciones en un amparo interpuesto en favor de Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito”, hijo de “El Chapo” Guzmán, en abril de 2008 ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco.

De acuerdo con el juicio de amparo 267/2008, “El Chapito” reclamó una posible orden de aprehensión por el homicidio de una joven canadiense de nombre Kristen Paige Deyell y del nacional César Augusto Pulido Mendoza, asunto por el que ya había sido exonerado en 2005.

El representante de MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, José Juan Soltero, quien también es representante legal de Banorte y Banco del Bajío en dicha entidad, respondió que los señalamientos son “consecuencia de una guerra sucia en el proceso electoral. Es una simple venganza por estar exhibiendo los actos de corrupción de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC)”.

Sin embargo, ZETA pudo corroborar –en búsquedas de expedientes judiciales- que el litigante ha sido abogado de otros célebres clientes en Jalisco, entre ellos Carlos González Rocha “El Balazo”, uno de los más importantes asaltantes de camiones blindados en la década de los noventa; al “asaltatraileres” Miguel Arellano Valencia, fugado del penal de Puente Grande el 3 de enero de 2008; y Thomas Frank White, un norteamericano acusado de pederastia en agravio de varios menores de edad en Puerto Vallarta.

En cuanto a los nombres de los abogados que aparecen en el escrito de amparo de “El Chapito” Guzmán, y que señalan como domicilio para recibir notificaciones el mismo de Soltero y Asociados en la avenida Lázaro Cárdenas 2850, cuarto piso, despacho 402 “A” y “B”, en Jardines del Bosque, en Guadalajara, también han tenido clientes interesantes.

Según notas periodísticas de 2015, Esteban Llamas García y Manuel Beltrán Navarro, representaron jurídicamente en juicios de garantías a Dámaso López Núñez “El Licenciado”, compadre y enemigo del “Chapo Guzmán”. Llamas defendió también al hermano de Guzmán Loera, Miguel Ángel “El Mudo” y a su sobrina política Claudia Elenes Salazar; mientras que, Beltrán, defiende actualmente al narcotraficante Felipe Cabrera Sarabia “El Señor de la Sierra”, del Cártel de Sinaloa.

José Juan Soltero fue designado como coordinador de la campaña a gobernador por el candidato de MORENA, Carlos Lomelí Bolaños el sábado 3 de marzo último y se señaló que tendría como responsabilidades: “organizar la campaña política, coordinar el ejército de militantes que tendrá la estructura electoral de movilización para la promoción y defensa del voto”.

Otros de los encargos a Soltero Meza son “la coordinación de los representantes generales y de casilla para el día de la elección, así como las estrategias jurídicas y de comunicación institucional que llevarán a cabo los candidatos a Presidentes Municipales, a Diputaciones locales y federales por Morena y homologar la campaña nacional de Andrés Manuel López Obrador a la de Carlos Lomelí”.

Se estima que en caso de que Lomelí Bolaños alcanzara la gubernatura, su coordinador de campaña estaría relacionado con el ámbito de la procuración de la justicia. O en su defecto, apoyaría al gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, de obtener la Presidencia de la República.

Soltero es abogado por la Universidad de Guadalajara y cuenta con un Doctorado en Derecho Constitucional. Es apoderado legal del Banco Mercantil del Norte (Banorte) y del Banco del Bajío, en Jalisco. Actualmente cursa una maestría en la Universidad California Western School of Law de San Diego California.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA /MARTES, 26 JUNIO, 2018 08:20 AM)

REPORTAN 9 EJECUTADOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN TIJUANA


En distintos hechos, nueve  personas fueron privadas de la vida; en dos de los casos los cuerpos de las víctimas se encontraron calcinados.

El lunes 25 de junio alrededor de las 12:55 horas se informó al C4 que en un camino vecinal en la colonia Alcatraces, Delegación San Antonio de los Buenos,  se encontrada un cuerpo sin vida calcinado. El sexo de la víctima no pudo ser identificado.

Luego, a las 14:15 horas cuando se realizaban movimientos de tierra en un talud a espaldas del fraccionamiento Natura, fue localizado un cuerpo sin vida maniatado.

En un barraco a la altura de la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Mi Rranchito, fue hallado el cadáver calcinado de un masculino. Los hechos ocurrieron pasadas las 17: 40 horas.

Un hombre identificado como Julián Palomar Moya, de 52 años fue asesinado por arma de fuego cuando se encontraba  en un domicilio en la calle Esteban Calderón en la colonia Obrera primera sección.

En el interior de un domicilio localizado en Hacienda San Miguel de la colonia Terrazas del Valle, dos hombres fueron acribillados por sujetos desconocidos. Las víctimas no han sido identificadas.

En el Hospital General murió René Sarabia Togo, de 36 años, quien fue herido de la bala en la cabeza en el Ejido Francisco Villa.

Mientras que en el Hospital General Regional N. 1 falleció un desconocido de entre 40 y 45 años. Sus homicidas le dieron un tiro en la región cefálica.

Tirado en la vía pública, fue localizado el cadáver de un hombre sobre el bulevar 3 de Octubre y esquina de Las Palomas en la colonia 3 de Octubre. Hasta el momento el occiso no ha sido identificado.

En ninguno de los crímenes hay personas detenidas por su probable responsabilidad en los hechos.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MARTES, 26 JUNIO, 2018 12:14 PM)

UNA TERMOELÉCTRICA DE 1976 DAÑA EL PARAÍSO NATURAL EN MAZATLÁN Y PONE EN RIESGO LA SALUD DE MILES



La Termoeléctrica no sólo contamina el aire, sino también el sistema estuarino Urías-La Sirena, de donde toma el agua para enfriar turbinas y luego la regresa el estero con altas temperaturas, rebasando en muchas ocasiones la norma oficial mexicana.
Al momento de su inauguración, la Termoeléctrica José Aceves Pozos contaba con la capacidad de generar 316 mil kilowatts, aunque su capacidad total es de 616 mil kilowatts. Es la principal fuente de energía para la ciudad de Mazatlán, pero es una energía “cara y sucia”, advierte Sergio Valle Espinosa, Secretario de biodiversidad del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz).

Sibely Cañedo
Mazatlán, Sinaloa/Ciudad de México, 26 de junio (Noroeste/SinEmbargo).- Una tos seca, una carraspera que nunca se le quita, ha padecido María Lizárraga desde hace tanto tiempo que ya no recuerda. Ha pasado toda su vida en el ejido El Castillo, a las orillas de la ciudad de Mazatlán junto a una zona de marisma.

A sus 70 años de edad, tiene que pagar un costoso tratamiento para limpiarse los pulmones del humo, que asegura le han detectado.

A ella le tocó estar ahí cuando instalaron la Termoeléctrica José Aceves Pozos aquel noviembre de 1976, y relaciona su enfermedad con el humo negro que todos los días arroja esta planta generadora de energía, que funciona a base de combustóleo.

“Siempre anda uno con la garganta irritada, y mi mamá tiene una tos que no se le quita, yo le echo la culpa a la Termo…”, declaró mientras se hallaba afuera de su casa. Desde allí se divisan las seis chimeneas que actualmente arrojan a la atmósfera toneladas de dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

María asegura no ser la única en padecer los efectos de la contaminación.

“Así andan muchos en el rancho, incluso han muerto personas por este problema”.

Otros vecinos entrevistados parecen estar acostumbrados. Afirman no tener ningún problema de salud relacionado con la Termoeléctrica. Algunos otros se quejaron del ruido de las turbinas. Y una de las maestras de la primaria del ejido consideró que hay una parte positiva de estar junto a la “Termo”, pues la central hidroeléctrica ha brindado empleos a muchas de las mujeres de los alrededores, a pesar de no contar con estudios profesionales.

Aunque las partículas contaminantes se dispersan en el aire y no se puede delimitar su campo de afectación, en algunas colonias cercanas se han reportado altos índices de enfermedades respiratorias y de la piel, entre ellas Santa Fe y La Sirena, como se ha dado a conocer en documentos del Senado de la República, donde en 2010 se emitió un punto de acuerdo para destinar mayor presupuesto a la modernización de la planta.

Sin embargo, la Termoeléctrica no sólo contamina el aire, sino también el sistema estuarino Urías-La Sirena, de donde toma el agua para enfriar turbinas y luego la regresa el estero con altas temperaturas, rebasando en muchas ocasiones la norma oficial mexicana.

Con esto se ha creado una zona a la cual los vecinos llaman “Agua Caliente”, donde el ecosistema ha sido alterado para perjuicio de los peces y otros organismos, tal como lo han documentado investigaciones del Instituto Tecnológico de Mazatlán y del Instituto de Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Y una de las maestras de la primaria del ejido consideró que hay una parte positiva de estar junto a la “Termo”, pues la central hidroeléctrica ha brindado empleos a muchas de las mujeres de los alrededores, a pesar de no contar con estudios profesionales. Foto: Noroeste

VIGENTE, LA DEMANDA COLECTIVA CONTRA CFE

Con estos antecedentes, la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa (ACS) interpuso en 2014 una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por daños a la salud y al medio ambiente, la cual fue admitida pero rechazada ese mismo año tras un recurso de apelación.

Luego de que ACS recurrió a un amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la validez del juicio en su modalidad de acción colectiva difusa, argumentando que intenta revertir un impacto ambiental que daña a miles de personas que no pueden ser representadas en lo individual.

El juicio se retomó apenas el año pasado, y hace unos días se inició con la fase de desahogo de pruebas, tras ampliar la demanda para tomar en cuenta tanto la polución por motivo de las descargas de aguas residuales al estero, como las emisiones atmosféricas.

De esta forma lo explicó el abogado David Cristóbal Álvarez Bernal, presidente de ACS, quien expuso que la exigencia en este litigio es poner un freno a la contaminación, además de reparar los daños al medio ambiente.

Aunque, aclaró, en muchos casos esto es físicamente imposible.

“También se busca que la CFE repare el daño causado durante todo el tiempo que ha arrojado aguas residuales y gases a la atmósfera por arriba de los límites normativos, sin embargo, cuando esto no es posible, peritos ambientales calculan el monto del daño y se le cobra a la entidad contaminante”, precisó.

En este tipo de casos, los pagos pueden llegar a ser millonarios y se van a un fondo especial del Consejo de la Judicatura Federal para promover nuevas acciones colectivas no sólo en Mazatlán, sino en cualquier otra parte del país.

“Es como si nuestro cliente fuera el medio ambiente, aquí uno de los propósitos es que la sanción sea ejemplar para disuadir a otros de contaminar, sean empresas o dependencias de Gobierno”, alegó Álvarez Bernal.

No se espera una sentencia en el corto plazo dado que la etapa de pruebas es la más tardada en cualquier juicio. Sin embargo, la expectativa es que esto sirva de incentivo para que la CFE agilice su reconversión para generar energía menos contaminante.



La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa (ACS) interpuso en 2014 una demanda contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por daños a la salud y al medio ambiente. Foto: Noroeste

ENERGÍA CARA Y SUCIA: CEMAZ

Al momento de su inauguración, la Termoeléctrica José Aceves Pozos contaba con la capacidad de generar 316 mil kilowatts, aunque su capacidad total es de 616 mil kilowatts. Es la principal fuente de energía para la ciudad de Mazatlán, pero es una energía “cara y sucia”, advierte Sergio Valle Espinosa, Secretario de biodiversidad del Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz).

El Cemaz es una asociación civil que ha pugnado por la transformación de la Termoeléctrica desde hace años. En 1997, presentó un estudio en el que se evidenció cómo la central hidroeléctrica emitía 118 toneladas de dióxido de azufre cada día en verano, y 112 en invierno, además de la contaminación térmica al lago estuarino, en ambos casos rebasando los límites máximos tolerados por las normas oficiales.

“Ha sido algo catastrófico para Mazatlán, por eso esperamos que lo más pronto posible comience a funcionar la gasoléctrica, que sería con la entrada del gas natural”, comentó.

Si bien se han realizado algunas adaptaciones, como la instalación de un sistema capturador de partículas en el área de las chimeneas, no se han dado a conocer mediciones más recientes para saber con certeza en qué grado han disminuido las emanaciones tóxicas, agregó Valle Espinosa.

El ambientalista dijo que la gasoléctrica fue una propuesta desde la sociedad civil, aunque hubo otras como la de utilizar los gases generados en el basurón como fuente de bioenergía.

La Secretaría de Desarrollo Económico ha informado que las dos centrales termoeléctricas de Sinaloa, la de Mazatlán y la de Topolobampo, se encuentran en procesos de transformación para utilizar el gas natural, con lo que habría una disminución considerable de contaminantes.

Se habla de un avance importante en las obras, pero no se han precisado los tiempos en que entraría en vigencia la conversión, luego de cuatro décadas de contaminación ininterrumpida.



El ambientalista dijo que la gasoléctrica fue una propuesta desde la sociedad civil, aunque hubo otras como la de utilizar los gases generados en el basurón como fuente de bioenergía. Foto: Noroeste

NORMAS QUE INCUMPLE LA TERMOELÉCTRICA, SEGÚN ACCIONES COLECTIVAS AC

NOM 001-SEMARNAT-1996:

La asociación civil destacó, con base en un estudio del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONAGUA-CONACYT, se aprecia que la descarga proveniente de la termoeléctrica llega hasta los 48.6 grados Celsius, cuando el límite máximo permitido es de 40 grados Celsius.

NOM-085-SEMARNAT-2011:

Regula las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes tales como bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas suspendidas.

CRONOLOGÍA

1976

Inauguración de la Termoeléctrica José Aceves Pozos junto al estero Urías-La Sirena.

1986

Inician los estudios sobre los efectos producidos por la adición de calor al sistema acuático.

1997

Cemaz presenta estudio donde informa que las emisiones de dióxido de azufre, un gas altamente tóxico, es de 118 millones de toneladas diarias en temporada de verano.

2012

Se publica informe sobre el Proyecto Integral para disminuir Emisiones a la Atmósfera por parte de la Termoeléctrica José Aceves Pozos, que incluye

a) Instalación de tres precipitaderos electrostáticos y su respectivo sistema de dosificación de sustancias químicas para el control de partículas suspendidas totales y trióxido de azufre, y se construirán tres chimeneas nuevas de 60 metros cada una.

b) Los subproductos resultantes se recolectarán en unos silos, para después ponerla a disposición final.

2017

Con el impulso del gas natural en Sinaloa, Gobierno del Estado anuncia que las plantas termoeléctricas pasarán a un proceso de conversión energética.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOROESTE.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / JUNIO 26, 2018, 2:00PM)

MALAYERBA ILUSTRADA: DISNEYLANDIA



La cárcel: un hotel, un prostíbulo, una narcotiendita, un motel, un espá, una oficina, un refugio para pasar los días de la semana con excepción de sábado y domingo. Eso era para él el penal al que lo habían mandado, acusado de narcotraficante, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de droga.

Cada viernes, o a más tardar el sábado muy temprano, salía de ese centro penitenciario. Los custodios iban por él a su celda. Acudían en su búsqueda como quien se apronta para encontrar un amigo e ir a dar la vuelta. Llegaban y lo saludaban con afecto, sin dejar de lado el respeto. Jefe, a sus órdenes. Casi se le cuadraban. Él respondía también con afecto, pero no hacía más ceremonias.

Lo esperaban afuera. Él salía como si anduviera solo. Ellos tras él, escoltándolo. Mientras caminaban, le sacaban plática. Eventualmente volteaba, sonreía, respondía, hacía algún ademán, sin detenerse. Y de nuevo de frente. Trescientos pasos por ese sendero pavimentado, al fondo las empolvadas canchas de basquetbol y del otro lado los talleres de mecánica automotriz y carpintería.

Llegaban al punto de revisión. Pasaba como el agua: adelante jefe. Hasta ahí lo acompañaban esos celadores, que eran relevados por otro par. Unos cuantos metros más y llegaban al pórtico. Que le vaya bien, lo despedía más de uno. Él sonreía, levantaba la mano y respondía con gratitud. Esos mismos uniformados lo subían a un vehículo particular y lo sentaban en el asiento de atrás. A dónde siempre, jefe. Sí, por favor.

Llegaban a una casa de buen nivel. Grande, espaciosa, con cochera para tres carros y un jardín que ya lo quisiera cualquier escuela primaria del gobierno. Estaba dentro de una privada. Era la señora de la casa, la que limpiaba y le hacía comida, quien lo recibía. Patrón, pásele a lo barrido. Él preguntaba si había novedades. Volteaba a ver a los agentes, que permanecían en la puerta. Gustan. Siempre se negaban. Era la hora de separarse. Hasta el lunes, entonces.

Cada fin de semana lo mismo. Viernes o sábado temprano. La rutina que antes era refrescante y liberadora, se hizo cansada, aburrida. Puta madre, llegó a pronunciar. El gozo de ejercer esa libertad de dos días lo estaba oxidando por dentro: atrofiados los músculos de la felicidad. Endorfinas de güeva. Esa mañana lo llevaron y se despidieron como si nada. El lunes volverían pero él le pidió a su empleada que les dijera que se había ido. A dónde. Lejos.

Llegaron los custodios y tocaron el timbre. Un ding dong se escuchó y a lo lejos unos pasos que se acercaban. Hola buen día. El señor no está. Ellos estupefactos. Se vieron uno al otro. Y a dónde se fue. Me dijo que les dijera que lejos. Sí pero a dónde. A Disneylandia. Ah y dijo que no lo esperen.

Columna publicada el 24 de junio de 2018 en la edición 804 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 26 JUNIO, 2018)

¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?


A lo largo de la campaña presidencial, las preferencias electorales han ido a favor de Andrés Manuel López Obrador de una manera consistente y, para los expertos en opinión pública, de manera sorprendente. El techo que tenía López Obrador -36 por ciento- fue rebasado hace tiempo, sumando apoyos progresivamente. Rompió lo acotado de su voto fiel y sumó todos los segmentos socioeconómicos y culturales. Personas que hace seis años lo repudiaban, hoy están convencidas de votar por él. Algunas están dispuestas a respaldarlo el próximo domingo aún cuando represente mucho de lo que no son, porque están hartas de la ineficiencia y corrupción de los gobernantes. Otros piensan de una manera más simple, pero contundente por lo que han visto en los últimos años: si nos van a robar de nuevo, que sean otros los que los hagan. Hace seis años, el 70 por ciento del país estaba contra él; hoy, la mitad lo respalda para Presidente. ¿Qué pasó en este lapso?

Una forma de entender en dónde nos encontramos a cinco días de la elección, son los porqués del malestar. La economía, donde siempre hay desacuerdo e inconformidad, cedió su primer lugar a la inseguridad, y la corrupción, que era prácticamente irrelevante hace seis años, hoy está en el tercer lugar, creciendo en un año en 300 por ciento el número de mexicanos que la ubican entre sus principales preocupaciones. Inseguridad y corrupción se pueden acreditar directamente al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La economía, que crece muy mediocre para las expectativas de las mayorías, ha sufrido por factores externos, aunque un discurso sin matices del Presidente, intentando convencer de las bondades de las reformas a través de spots, discursos y críticas a quienes no lo entienden, nunca lo ayudaron a conectar con la mayoría nacional.

El catalizador del descontento, sin embargo, ha sido la corrupción. Desde el primer año del gobierno de Peña Nieto, afloraron las quejas por la corrupción. Quienes llegaron al poder en diciembre de 2012, mostraron una inexplicable voracidad. No es una exageración el calificativo. A mediados de 2013, empresarios e industriales hablaban sobre lo que estaban experimentando. Vivieron con el viejo PRI con cuotas de comisiones extralegales de 10 por ciento, que se iban pagando como fuera dando frutos la obra pública adjudicada. Se indignaron con los gobiernos panistas porque la cuota se les incrementó en 50 por ciento. Pero explotaron con el peñismo, que elevó a cuando menos 25 por ciento las comisiones, pero no para ser entregadas conforme avanzaba la obra, sino por adelantado. Las molestias crecieron porque a diferencia de sexenios anteriores, la obra pública no se repartió entre los grupos regionales, sino entre mexiquenses y aquellos que designaba el otro equipo en el poder, el de Hidalgo, cuyo hombre fuerte, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tenía el control, por decisión de Peña Nieto, de los delegados federales.

Los empresarios no fueron oídos en Los Pinos, como antes. Dejaron de tener acceso permanente al Presidente como en el pasado, y se les acotó bajo el criterio que ellos no iban a cogobernar, como antes lo habían hecho, porque el poder era indivisible. Varios empresarios se organizaron y comenzaron a inyectar recursos en ONG para hurgar en la corrupción del gobierno y en sus niveles de ineficiencia. Le declararon una guerra sibilina al gobierno, que fue alimentando a la opinión pública con datos que hicieron de la corrupción no un fenómeno de verosimilitudes, sino una cascada de evidencias. Los gobernadores que apoyaron la toma del poder de Peña Nieto, tras la trampa hurdida por el líder del PRI, Humberto Moreira, y le garantizaron la candidatura presidencial, comenzaron a caer por sus abusos. Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, y César Duarte en Chihuahua, se convirtieron en iconos de la corrupción peñista, donde el Presidente ocupó el primer sitio al nunca admitir que la casa blanca había sido un caso de conflicto de interés y dejar crecer la percepción de impunidad.

A las limitaciones conceptuales del Presidente en temas de ética, como el no distinguir ilegalidad –corrupción- de ilegitimidad –conflictos de interés-, se le sumó su escasa visión de Estado. La más dañina, la estrategia de seguridad. Aprobó, a partir de diagnósticos superficiales y equivocados, suspender el combate a los cárteles de la droga del sexenio anterior, y optar por el camino de la prevención. Nunca arrancó la prevención y dejaron que los cárteles se reorganizaran, rearmaran y fortalecieran durante ocho meses. Cuando la inercia del combate en el sexenio anterior se acabó, la cifra de homicidios dolosos creció rompiendo cada mes el récord histórico del anterior.

La ineficiencia del gobierno de Peña Nieto galvanizó las denuncias de corrupción. Los agentes económicos se sintieron agraviados por Peña Nieto, y proveyeron de altoparlantes a los reclamos contra esos actos que incendiaron a las clases medias, a las que se sumaron las de menores ingresos por los incrementos de precios y el encarecimiento de la vida, que fueron respondidos por el Presidente con spots y discursos de que sus beneficios se verían en el futuro y lo agradecerían. Mientras tanto, exigía que lo comprendieran. La receta probablemente era la adecuada, pero el paciente no iba a vivir para verlo. ¿Cómo llegamos a esto? Así, con un gobierno cuyo manejo y comunicación política, así como su administración de expectativas, son quizás las peores que se ha tenido.

De manera natural, el electorado se corrió al campo de quien representa la oposición natural a Peña Nieto, que es lo que se anticipa será confirmado el próximo domingo en las urnas.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio/26/06/2018 | 04:00 AM)

DENUNCIAN A “KIKO” EN PGR; DEBE COMPROBAR TRES MIL MDP EN 30 DÍAS


Transformemos -antes PES- presentó una denuncia en la PGR contra el gobernador por el presunto “manejo indebido de recursos públicos y peculado”, basados en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación del 2016. Aunado a esto, el Estado intenta subsanar el gasto de tres mil millones de pesos que le está requiriendo la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, de años anteriores

A partir del viernes 15 de junio, día en que ZETA reveló que la deuda y los financiamientos en el gobierno del Estado de Baja California, incluyendo los contratos por miles de millones de pesos, otorgados por medio de Asociaciones Público Privadas (APP), se encuentran bajo investigación; el gobernador Francisco Vega de Lamadrid convocó a reuniones importantes para analizar los efectos de las auditorías que enfrenta su administración.

A decir de funcionarios estatales, el gabinete de Vega de Lamadrid, principalmente de la oficina del gobernador y del área de finanzas, se congregó ese mismo día. Una reunión cerrada en la que pudieron abordar y entregar razones sobre las auditorías federales.

A raíz de esa y otros encuentros entre Vega de Lamadrid, se pudo saber que el gobierno del Estado tiene 30 días (a partir de esas reuniones) para comprobar al menos tres mil millones de pesos, ejercidos de manera irregular, detectados y requeridos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Por otro lado, Transformemos -antes Partido Encuentro Social-, encabezado por el diputado local Luis Moreno Hernández, presentó una denuncia contra el gobernador para que se investiguen los delitos de “manejo indebido de recursos públicos y peculado”.

La denuncia interpuesta en la PGR se basa prácticamente en los resultados publicados en febrero de este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe del Ejercicio Fiscal 2016, en la cual se observaron mil 432 millones de pesos utilizados de manera irregular en el gobierno de Baja California.

LA DENUNCIA EN LA PGR

En cuanto al Instituto Estatal Electoral de Baja California, se aprobó su constancia de cambio de nombre a “Transformemos” (antes PES). Los integrantes del partido político presentaron en las oficinas de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Mexicali, una denuncia contra el Gobernador del Estado.

El expediente presentado por el grupo, encabezados por Luis Moreno, se basa en la revisión de los recursos federales que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid recibió en 2016 y en los cuales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 432 millones 351 mil 698 pesos desviados o mal ejercidos; además de otros 204 millones 833 mil 839 pesos en recursos sin ejercer.

De 10 auditorías hechas por el máximo órgano fiscalizador en el país, fueron la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces encabezada por Antonio Valladolid, quien hoy se encuentra en la lista de diputados plurinominales del PAN; así como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, las dependencias con mayor número de observaciones.

En el tiempo que el equipo de auditores se instaló en Baja California para revisar las cuentas públicas, el gobierno estatal no pudo solventar ni explicar el destino de los recursos desviados.

Entre el dinero no ejercido, se encontraban partidas destinadas para seguridad pública, asistencia social, proyectos de desarrollo regional e infraestructura social; mientras que los desvíos se concentraron en los recursos para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social, DIF, Conalep, docentes y obra pública.

En cambio, la ASF determinó que los recursos se gastaron en aviadores, servidores públicos no capacitados para sus puestos, en aumentos no autorizados de salarios, sobrepagos y otros destinos no conocidos.

LA REUNIÓN CON ALCALDES

El mismo viernes 15 de junio, la oficina del gobernador mandó instrucciones a los cinco presidentes municipales de Baja California, para que en menos de 48 horas hábiles, se presentaran en Mexicali junto con sus tesoreros y síndicos en una reunión con él.
La cita quedó para el martes 19 de junio a las 10 de la mañana, en la Sala de Gobernadores en el edificio del Poder Ejecutivo en la capital del Estado.

La reunión la encabezó el propio Vega de Lamadrid, fue el primero en hablar. Del gobierno del Estado estuvieron presentes únicamente cuatro personas más: Miguel Ángel Bujanda Ruiz, coordinador del gabinete; Bladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas; el secretario de la Contraloría y Transparencia; Francisco Postlethwaite Duhagón y Miguel Ángel López Arroyo, ex subsecretario de Finanzas y actual director administrativo de Sidue, durante el periodo de Antonio Valladolid, y quien estuvo presente en calidad de “asesor financiero”.

Por parte de los gobiernos municipales, la única que no se presentó fue Mirna Rincón, presidente municipal del Rosarito, ni la síndico procuradora de Mexicali, Blanca Irene Villaseñor Pimienta.

TRES MIL MILLONES EN 30 DÍAS

En la reunión con los alcaldes, los funcionarios del Estado presentaron números a los ediles. Les notificaron que cada uno de los gobiernos tendrán que solventar millones de pesos observados o ejercidos de manera irregular por dos dependencias: La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

Se admitió que, por su lado, el gobierno del Estado tenía que hacer lo mismo, comprobar millones de pesos manejados con irregularidades, al igual que las paramunicipales y órganos autónomos como la Universidad Autónoma de Baja California.

Ahí mismo, el secretario de Finanzas reconoció que desde ejercicios fiscales anteriores, el gobierno del Estado había acumulado ocho mil millones de pesos en observaciones de las revisiones federales y las cuales se intentan subsanar mediante documentación.

A decir de informantes de ZETA, el funcionario estatal aseguró que de los ocho mil millones de pesos que le están requirieron las dependencias federales, ya han quedado solventados cinco mil millones de pesos y que del resto (tres mil millones) se tienen 30 días para poder comprobarlas.

MUNICIPIOS DEBEN COMPROBAR DOS MIL MILLONES

A los gobiernos municipales se les entregaron documentos de las irregularidades encontradas en el manejo de sus finanzas, siendo Tijuana el municipio con la cantidad más alta por comprobar, con más de mil 200 millones de pesos. En segundo lugar se ubica Ensenada, con más de 729 millones de pesos requeridos.

Fuentes de este Semanario confiaron que los recursos señalados fueron ejercidos desde el 2011 hasta 2016, y que el plazo para subsanar los miles de millones de pesos será entre el próximo 10 y 20 en julio, tanto para el gobierno estatal como para los municipios.

En total, los ayuntamientos tendrán que recuperar o comprobar más dos mil 67 millones de pesos.

En la reunión, López Arroyo advirtió a los funcionarios municipales que tienen tres formas de solucionar las observaciones:

1.- Recuperando el recurso mal ejercido.

2.- Entregando documentación que subsane las observaciones.

3.- Abriendo procedimientos sancionadores contra los funcionarios que manejaron los recursos públicos.

Durante la reunión, Juan Manuel Gastélum, presidente municipal, intervino no para aclarar o proponer salidas al grave problema de las auditorías, sino que planteó hacer “un frente de contingencia” para reducir el impacto de los medios de comunicación “que manipulan” la información respecto a los trabajos de auditorías. Su propuesta no fue secundada por nadie, pero el gobernador la recibió y le agradeció su intervención.

Finalmente, a cada municipio se le entregó una carpeta y se retiraron con la instrucción de formar una mesa de trabajo junto con el gobierno del Estado, encabezado por personal de Bujanda y la Secretaría de Finanzas.

En realidad, los temas tratados en esa reunión no están relacionados directamente con lo publicado por ZETA, respecto a la investigación que actualmente se realiza por la ASF para revisar el financiamiento, la deuda pública y contratos de las APP del gobierno del Estado de 2016 y 2017.

“KIKO” Y SUS DIPUTADOS, CORRESPONSABLES

Entre las reuniones que el gobernador convocó, sobresale una con la bancada del PAN, diputados que han aprobado cado uno de los financiamientos y créditos, los cuales están bajo investigación y a quienes la ASF les están solicitando cuentas por votar cada uno, los dictámenes que autorizaron el endeudamiento.

La reunión que duró más de dos horas también fue a puerta cerrada en un restaurante de comida china en Mexicali. Se citó de “emergencia”, incluso algunos diputados manifestaron su descontento por la hora y el día en que se realizó el encuentro.

El único ausente en la reunión fue el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, quien desde la votación de la Asociaciones Público Privadas, ha marcado distancia del gobernador Francisco Vega.

Al final del encuentro, el mismo secretario particular de “Kiko” Vega permitió a este Semanario ingresar para tomar una foto de la reunión en la que estuvieron todos los legisladores de Acción Nacional.

Uno de los temas principales con los diputados fue justamente las investigaciones de la Auditoría Superior, pero Francisco Vega dijo ante ZETA que la reunión fue para analizar el tema de la municipalización de San Quintín.

“La municipalización tiene sus tiempos, tiene su curso y tiene sus responsabilidades; ese es un tema muy importante que el Grupo Parlamentario del PAN quería, a su vez, platicar con el Ejecutivo para ver como veíamos este propósito”, indicó el mandatario estatal.

En cuanto a la reunión con alcaldes, “Kiko” Vega dijo que debe atender las recomendaciones que se tienen en materia de comprobación de cuentas. “Cuando se habla de una comprobación de cuentas y se menciona el Estado, vamos los tres poderes y vamos las paraestatales; nosotros hemos estado puntualmente atendiendo lo que a nivel nacional se atiende. Todos los estados están atendiendo las recomendaciones”.

Dijo que se está revisando “absolutamente todo”, debido a que hay una nueva ley de Disciplina Financiera. (Con información de Cristian Torres y Eduardo Villa)

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 25 JUNIO, 2018 01:00 PM)