Pese a que Donald Trump firmó una orden
ejecutiva para detener la separación de familias migrantes que él mismo
instruyó, asociaciones y activistas coinciden en que la situación de miles de
padres y sus hijos no cambiará de fondo. Con la implementación de la política
de tolerancia cero, el gobierno de EU finca cargos a todo migrante que cruza la
frontera sin documentos y bajo este pretexto, mantiene como prisioneros a sus
hijos, sean bebés, niños o adolescentes. Especialistas coinciden en que el
objetivo de Trump es desmotivar la migración y presionar a congresistas a
financiar su muro
Dayana salió de San Marcos,
una comunidad en Guatemala pegada al oeste de México y con menos de 300 mil
habitantes, para pedir asilo en Estados Unidos. Dejó atrás a sus padres,
hermanos, escuela y a sus amigos. Tiene 17 años de edad, pero su rostro es el
de una niña todavía.
Con los dedos ocupados en su
cabello mojado, cuenta desde un albergue cómo llegó a Tijuana. Salió de
Guatemala en un taxi que la llevó a Tapachula, Chiapas, ahí tomó un autobús
hasta Ciudad de México, donde otro camión la trajo a la frontera.
“Voy a arriesgarme a pedir
asilo por la situación de mi país”, dice con voz dulce. También comparte que
fueron sus padres quienes tomaron la decisión de una vida en Estados Unidos
para alejarla de la situación de violencia por la que atraviesa Guatemala.
Dayana sabe que las políticas
migratorias de Donald Trump reducen las posibilidades de que obtenga refugio,
pero guarda un poco de esperanza. “Mi mamá me dijo que me esperara y que
hiciera el mínimo intento por pasar para allá”, recuerda sobre una de sus
recientes llamadas con ella.
Sobre el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha escuchado “que dijo que ya no pueden pasar
migrantes, pero lo veo un poco mal porque la situación de nosotros es
complicada, solo estamos buscando lo mejor para nosotros”.
En el mismo sillón que
Dayana, pero en el otro extremo, está Alfonso, un adolescente de 15 años, quien
lleva tres semanas en Tijuana desde que salió de Michoacán. También se prepara
para pedir asilo en Estados Unidos.
Alfonso estudió hasta la
secundaria para luego trabajar con su madre en la recolección de limones y con
lo que mantenían a sus dos hermanos menores, pero las presiones de los grupos
delictivos de la zona lo obligaron a abandonar su hogar.
“Me amenazaron para trabajar
cobrando dinero. Pelean pueblos para mandar ahí y ocupan gente, por eso me
querían obligar a trabajar con ellos, pero yo no quería porque tenía amigos que
se metían ahí y sí deja mucho dinero, pero al poco ratito los encontraban
muertos”, cuenta con la mirada baja.
Cuando el adolescente le
contó a su mamá que las invitaciones a trabajar se convirtieron en amenazas,
esta contactó a la hermana de Alfonso, quien vive en California, para pedirle
que le ayudara a sacarlo del pueblo.
“Todos los días hablo con mi
mamá, me dice que le eche ganas, que no me desespere, que ya sé cómo están las
cosas allá y por qué me vine. Me da ánimos”, comenta.
Tanto Dayana como Alfonso
están en las listas de espera que el Instituto Nacional de Migración (INM)
lleva para quienes se presentan en el puerto de entrada de El Chaparral, en
Tijuana, para solicitar asilo en la Unión Americana.
Aunque, por Ley, todo
solicitante de refugio tiene derecho de presentarse hasta un oficial de
inmigración de Estados Unidos para hacer la petición, personal migratorio
mexicano ha instalado filtros para anotar a los interesados, asignarles un
turno y después de semanas de espera, mandarlos llamar para que inicien el
proceso.
Si no se trata de autoridades
mexicanas las que impiden la entrada a territorio estadounidense en las
garitas, son agentes estadounidenses que se colocan en el trayecto para frenar
a quienes no tienen documentos migratorios para cruzar la frontera.
Para expertos como la doctora
Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política
Migratoria, esto no solo implica una violación a los tratados internacionales
sobre refugiados, sino que es una manera de obligar a quienes buscan asilo, a hacerlo
no desde un puerto de entrada, sino a través de otros puntos de la frontera.
Con ello, el gobierno estadounidense puede justificar su detención y negarles
asilo.
NIÑOS USADOS COMO MONEDA DE CAMBIO PARA FINANCIAR MURO
Desde la implementación de la
política de tolerancia cero, anunciada por el fiscal general de Estados Unidos,
Jeff Sessions el 7 de mayo, frente al muro que separa a Tijuana de San Diego,
miles de migrantes detenidos cruzando la frontera de manera indocumentada, han
sido procesados penalmente.
Bajo esta nueva política, los
adultos aprehendidos junto a sus hijos, algunos apenas bebés, son separados de
ellos y enviados a juicio para enfrentar cargos criminales por entrada o
reentrada ilegal.
De acuerdo a reportes
oficiales, desde mayo que inició esta política, más de 2 mil 300 niños han sido
separados de sus padres y enviados a centros de detención que van desde
albergues establecidos y operados por organizaciones civiles, empresas privadas
o asociaciones público privadas, centros manejados por la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), así como casas de
campaña levantadas de último minuto en Texas.
Los albergues ya establecidos
cuentan con camas, salones de clases, comedores y más servicios, en promedio,
alojan a 55 niños y operan desde años. En estos lugares se ha permitido el
acceso a prensa, pero sin grabadoras de voz ni cámaras fotográficas o de video,
en recorridos especiales supervisados por agentes de gobierno.
En cambio, los centros de
detención temporal de CBP, según fotografías filtradas hace años, consisten en
bodegas o espacios amplios divididos en espacios enjaulados, sin camas, solo
colchonetas en el piso, donde cada niño recibe una cobija de aluminio y comida.
Estos lugares fueron
adaptados durante la administración del ex Presidente Barack Obama para dar
alojamiento por un periodo no mayor a tres días tanto a menores migrantes que
viajaban no acompañados, o para familias completas mientras esperaban ser deportadas
o liberadas para seguir su proceso migratorio.
Sin embargo, bajo la nueva
política de Trump, miles de menores fueron enviados de manera indefinida a
estos centros en condiciones indignas, separados inclusos de sus propios
hermanos.
Mientras que los más
pequeños, desde bebés de meses hasta niños de cinco años, son mantenidos en
albergues separados que se abrieron en Texas.
El hermetismo con el que la
administración federal manejó estos centros, levantó la indignación de la
opinión pública que llegó a su punto más álgido cuando el lunes 18 de junio, el
medio de comunicación Pro Publica difundió un audio en el que se escucha a
menores de El Salvador y Guatemala llorando y pidiendo ver a sus padres en uno
de estos centros.
Los menores preguntan dónde se
encuentran sus padres y suplican ser sacados de ese lugar. La comunidad
estadounidense e internacional condenó el trato del gobierno a estos niños y
las múltiples violaciones a Derechos Humanos.
Esto forzó que el miércoles
20 de junio, Donald Trump firmara una orden ejecutiva para terminar con la
separación de familias que él mismo ordenó.
Al respecto, Esmeralda
Flores, abogada del área de derechos del migrante en la Asociación Americana de
Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, señala que se trata de una medida que
“no resuelve para nada el problema”.
“Maneja ese mensaje de que
están reunificando a las familias, pero en realidad, van a estar detenidas
juntas en las mismas situaciones indignantes que hemos visto, además, tampoco
menciona cómo va a reunificar a las miles de familias que fueron separadas en
las últimas semanas”, explica.
Para la activista, la
verdadera solución consiste en rescindir la política de tolerancia cero que se
implementó en la frontera con México. “(Trump) Pretende usar a los menores como
una medida de negociación para obtener el financiamiento para el famoso muro en
la frontera”.
Flores entiende la medida
como una forma para “evitar que las personas entren a Estados Unidos como
solicitantes de asilo, o simplemente buscando una mejor vida”.
“SI VIENEN A EU,
VAN A PERDER A SUS HIJOS”
Alejandra Castañeda, coordinadora
del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, observa con la política
de separación de familias migrantes, la vulneración de varios derechos.
El primero es el principio de
la prevalencia del interés superior del niño. “Incluso si el padre o madre
rompió la ley migratoria al cruzar sin papeles, importa más que el niño
permanezca con sus padres”, detalla.
La investigadora adscrita al
Colegio de la Frontera Norte (Colef) refiere que antes de la implementación de
esta política, las familias permanecían juntas si eran detenidas sin documentos
en la frontera y luego se les deportaba, o bien, eran liberados para seguir su
caso migratorio, pero siempre juntos.
“La administración de Trump
lo que hizo fue cancelar esto y penalizar el cruce indocumentado desde el
primer momento, enviar a la cárcel a estos padres, deportarlos sumariamente
prácticamente sin defensa y separados de sus hijos. Es como un secuestro”,
plantea.
La doctora Castañeda hace ver
también que la falta de organismos autónomos de vigilancia de derechos humanos
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, permite al gobierno
estadounidense realizar este tipo de prácticas.
Por ello, señala que el
gobierno se encargó de crear una crisis para empujar los intereses de construir
el muro.
“Buscan crear esta idea que
hay un desorden en la frontera que no existe, cuando ellos son quienes están
separando a estas familias. La cifra de menores migrantes sin acompañantes se
va a incrementar a partir de abril no porque hayan venido más, sino porque
separan a los menores de sus familias y luego los clasifican como sin
acompañantes”, indica.
Datos de la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados establecen que en el año fiscal 2017 (del 1 de
octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), 40 mil 810 menores no acompañados
fueron recibidos por esta dependencia, cifra considerablemente menor al del año
anterior, cuando recibió a 59 mil 170 menores.
En ambos años, Guatemala es
el principal país de origen de estos menores, seguido de El Salvador y
Honduras, respectivamente.
La política, opina la
investigadora, envía un mensaje a las familias migrantes “que si vienen a
Estados Unidos, van a perder a sus hijos y no van a recibir ninguna
protección”, mientras que el uso de la facultad del fiscal Jeff Sessions para
instaurar esta práctica, sin una Ley de por medio, es una violación a derechos
humanos que podría cometerse en una dictadura.
“Estamos viendo pasos muy
preocupantes sobre el camino que está siguiendo Estados Unidos, atacan
diferentes frentes desde criminalizar a cualquier migrante que viene del sur
hasta buscar desnaturalizar a quienes ya son ciudadanos de Estados Unidos por
haber llenado mal su forma de ciudadanía, con redadas, desprotegiendo a los
dreamers”, señala.
En el monitoreo de medidas
migratorias, la especialista advierte el trasfondo de “una agenda racista, de
supremacía blanca, muy agresiva” y, ya que el Congreso no ha funcionado de
contrapeso para la administración de Trump, el último nivel de defensa se
encuentra en las Cortes y en la opinión pública, pero destaca que el mandatario
republicano “prefiere demostrar fuerza al separar familias, los niños llorando
lo tienen sin cuidado”.
Precisamente los recursos
legales ante las Cortes es uno de los caminos que la ACLU ha seguido al
presentar una demanda contra la administración por la separación de familias y
la elaboración de un plan claro de reunificación de familias.
“Estamos pidiendo que las
familias estén juntas, no en jaulas ni en lugares no adecuados ni privados de
su libertad. Vamos a seguir protestando y apoyando las acciones en contra de la
separación de familias en la frontera”, finalizó Esmeralda Flores, de la ACLU.
EL SUFRIMIENTO PARA LOS NIÑOS
Para Uriel González, director
del albergue YMCA para menores migrantes donde se encuentran Dayana y Alfonso,
uno de los principales impactos que sufren los menores al ser arrancados de sus
padres, es el daño psicológico que se suma al estrés ya sufrido en la huida de
sus comunidades violentas.
“Atravesar el territorio
mexicano no es lo más fácil, han pasado por muchas experiencias, inclusive el
secuestro, extorsión, encontrarse con autoridades poco amigables y, cuando
llegan a Estados Unidos, no están esperando que van a volver a pasar por una
situación así”, plantea el también miembro de la Coalición Pro Migrante.
“Lo que está haciendo Estados
Unidos es una clara violación al derecho internacional y a los acuerdos
establecidos en atención y trato a los solicitantes de refugio o asilo”,
destaca.
Sin embargo, con este tipo de
acciones, también se busca “desmoralizar a cualquier persona que intente
ingresar a Estados Unidos y hacerlo sentir que no es bienvenido”.
Al tratar con niños migrantes
en el albergue YMCA, Uriel entiende que los menores que están detenidos y
separados de sus padres atraviesan una turbulencia de sentimientos, ansiedad de
no saber si va a volver a ver sus padres, cómo o dónde.
Por otra parte, el activista también
aborda el riesgo a su integridad física que sufren los solicitantes de refugio
rechazados al tener que regresar a situaciones de peligro. “Les están cerrando
la puerta en la cara, Estados Unidos está traicionando acuerdos y convenios
internacionales en materia de refugiados”, sentencia.
Otra de las posibles
consecuencias podría ser que mucho de los menores deportados o que decidan no
ingresar a Estados Unidos al ver el trato hacia quienes piden refugio, terminen
en situación de calle u obligados a hacer una actividad delictiva para sobrevivir
en un territorio extranjero para ellos.
“Es una estrategia
maquiavélica sin importar los atropellos que se están haciendo a la infancia.
Es imponer un capricho para conseguir fondos para la construcción del muro.
Estos niños están prácticamente secuestrados por el Estado”, considera
González., a la par que uno de los principales problemas que conlleva la firma
de la orden ejecutiva para terminar con la separación familiar, es que estas
familias permanecerán en prisión en lugar de permitirles establecerse en
comunidades.
“Estamos viendo como toda
esta campaña de Make America Great Again se basa en tocar fibras nacionalistas,
tomar y reconstruir lo que han perdido por la llegada de migrantes, usando un
discurso fascista. Si no eres blanco, eres categorizado como persona non grata
o como invasor del país, solamente por el perfil racial. Lo preocupante es que
se use la violencia contra un grupo de alta vulnerabilidad que requiere
protección. Es una verdadera catástrofe”.
Pese al escenario adverso, al
sufrimiento de miles de niños que permanecen detenidos por haber cruzado la
frontera sin documentos y a la incertidumbre de si en Estados Unidos
encontrarán una mejor vida o serán rechazados, Dayana y Alfonso se mantienen
firmes en su decisión de cruzar la frontera.
En un balance, tanto ellos
como sus familias sienten que corren más peligro en sus lugares de origen.
INCREMENTA 110% LA ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS EN BC
En la primera mitad del año,
los módulos del Programa de Atención a Menores Migrantes Repatriados No
Acompañados de DIF Baja California en Tijuana y Mexicali, han recibido un 110
por ciento más menores que en el mismo periodo del año pasado.
Sin embargo, la tendencia ha
ido a la baja en los dos meses que lleva la política de tolerancia cero del
gobierno norteamericano.
De acuerdo con DIF Estatal,
en el transcurso de 2018 ha atendido a mil 744 menores en ambos municipios; 218
fueron repatriados en enero, 222 en febrero, 317 en marzo, 230 en abril, 190 en
mayo y 100 en junio.
El 97% son adolescentes de
entre 12 y 17 años de edad, incluso han tenido
recién nacidos, generalmente acompañados de otra menor que es su madre.
Los motivos por los que
intentaron cruzar hacia Estados Unidos, según reportaron, son por la búsqueda
de mejor calidad de vida, para encontrarse con sus familiares en ese país y en
algunos casos, para huir de amenazas de muerte en sus entidades de origen.
De los adolescentes que
atienden y cruzaron ilegalmente la frontera con fines distintos a la migración,
la mayoría son originarios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Baja California.
Detallaron que también han
recibido menores extranjeros, 294 de 2014 a la fecha y 38 en lo que va del año,
principalmente provenientes de Centroamérica, Perú, Filipinas, Inglaterra, Irak,
India y Brasil.
El programa, que opera desde
hace 15 años y desde hace tres años y medio ha atendido 7 mil 789 niños, tiene
capacidad para 26 usuarios, aunque lo máximo que reciben por día son ocho,
explicó la procuradora para la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna
Pineda.
Los menores son entregados
por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) al Instituto Nacional de Migración (INM) en las garitas en Tijuana o
Mexicali, el cual los canaliza con DIF, cuyo personal indaga el paradero de sus
familiares en el país o en Estados Unidos.
En el módulo permanecen unas
horas y posteriormente son trasladados a los albergues estatales, donde pueden
estar de tres días a dos semanas, en lo que son entregados a personas que
comprobaron su parentesco; o son llevados por personal de DIF a sus lugares de
origen, vía camión o avión y entregados a la misma dependencia de la entidad
correspondiente.
El Programa de Menores
Migrantes No Acompañados opera con “casi tres millones de pesos”, dijo la
presidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho, recurso que provee el Estado
-ya que desde 2015 el Gobierno Federal no asigna presupuesto-, el cual “siempre
resulta insuficiente” por los gastos de traslados de menores a sus lugares de
procedencia. Karla Castillo Medina
Nuevo muro acecha entre los
límites de Tijuana y San Diego
El lunes 18 de junio de 2018,
el gobierno de Estados Unidos inició la renovación del muro fronterizo que
divide a Tijuana de San Diego, en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional y de Playas de Tijuana, puntos donde la infraestructura ya era
considerada obsoleta por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con un informe de
la Patrulla Fronteriza del país vecino, estas obras forman parte del proyecto
de construcción que reemplazará aproximadamente 14 millas de una pared de “chatarra”
que en proporciones medía de 8 a 10 pies de altura, por un muro metálico estilo
bolardo de 18 a 30 pies de altura y cubierto con una placa anti-escalada.
La empresa encargada de
llevar a cabo esta reestructuración del muro es SLSCO, con sede en Texas, a la
que se asignó un contrato por 147 millones de dólares; empresa y obras en la
que están trabajando alrededor de 50 mexicanos, de acuerdo con datos que los
propios trabajadores proporcionaron a ZETA.
La Patrulla Fronteriza
también informó que el muro en esta área fue construido en la década de 1990
con restos de metal reciclado y antiguas placas de acero de una plataforma de
desembarco de la era de Vietnam, y aunque en su momento fue un muro eficaz, “la
amenaza transfronteriza ha aumentado” y por ello era necesario su reemplazo.
Uno de los puntos donde se
realizan estas obras, es a la entrada de Playas de Tijuana, a la altura del
fraccionamiento Terrazas de Mendoza, donde gran equipo y maquinaria fueron
instalados mientras retiraban parte de malla metálica.
El otro punto es en la
avenida Aeropuerto, a un kilómetro de la terminal aeroportuaria internacional
de Tijuana, donde también se concentra una fuerte cantidad de personal y
maquinaria y las obras van un poco más avanzadas; ya se visualiza el muro nuevo
entre los límites de ambos países.
Respecto a estas
construcciones, Roberto Espinosa, representante de la Comisión Internacional de
Límites y Territorios (CILA) en Tijuana, señaló que México no comparte la idea
de levantar muros, por lo tanto, es una decisión unilateral de Estados Unidos,
debido a que va contra los principios de buena vecindad, de convivencia y trato
entre países amigos y socios. Sin embargo, destacó que están en su derecho.
De acuerdo al reporte de la
Patrulla Fronteriza en San Diego, en 2017 se registró una considerable cantidad
de arrestos por entradas ilegales y contrabando de drogas, los números indican
que aprehendieron a 26 mil 086 extranjeros ilegales.
De igual forma, aseguraron 10
mil 985 libras de marihuana, 2 mil 903 libras de cocaína, 4 mil 123 libras de
metanfetaminas y 5mil 707 onzas de heroína a lo largo de 60 millas de frontera
con México. Y contabilizaron 83 asaltos contra agentes de la Patrulla
Fronteriza. Manuel Ayala Chávez.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/
LUNES, 25 JUNIO, 2018 01:00 PM)
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