En el cuarto trimestre de 2017, la deuda
per cápita alcanza los 4 mil 523 pesos, con lo que el Estado se sitúa entre las
ocho entidades más endeudadas del país, según la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
En mayo de 2018, la deuda
directa de Baja California llegó a 12 mil 321 millones de pesos; cantidad que
representó un incremento de 24 por ciento respecto a diciembre de 2017, cuando
la entidad debía 9 mil 933 millones 233 mil pesos, según datos de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
Miguel Ángel Rodríguez
Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto de esa dependencia, indicó
que de julio de 2017 a marzo de 2018 el gobierno contrató once créditos por un
monto total de 4 mil 603 millones de pesos.
De esos empréstitos, ocho
fueron a 12 meses (por 3 mil 453 millones de pesos) que se usaron para atender
el cierre del ejercicio fiscal de 2017, y tres a 20 años (por mil 150 millones
de pesos) para inversión pública productiva.
El saldo de la deuda
contraída en este periodo se redujo a 2 mil 512 millones de pesos a mayo de
2018, debido a las amortizaciones hechas, precisó el funcionario.
No obstante, el endeudamiento
directo representa 52% de los Ingresos de Libre Disposición (participaciones
federales e ingresos locales) con los que cuenta la entidad, sin considerar los
créditos por alrededor de 2 mil millones de pesos en los que el Estado es
deudor solidario.
De contemplar ese rubro, en
el que se ubican la Asociación Pública Privada (APP) y los empréstitos a las
CESPT de Mexicali, Tijuana y Ensenada, usados para sanear las finanzas,
refinanciar deuda y cubrir liquidez, el porcentaje se eleva al 73.6% de los
Ingresos de Libre Disposición, tal como lo señala el Sistema de Alertas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cabe señalar que en Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios Vigente, no aparecen las APP de las desalinizadoras de Rosarito y
San Quintín, ni la del C5i avaladas en los dictámenes 94 y 95 en diciembre
pasado, y por las que los bajacalifornianos tendrán que pagar alrededor de 85
mil millones de pesos.
Miguel Ángel Rodríguez
Castro, Subsecretario de Planeación y Presupuesto informó que el gobierno
estatal contrató 11 créditos de julio de 2017 a marzo de 2018.
Sobre ello, la Secretaría de
Finanzas y Planeación informó que esos empréstitos, que significan un aumento
en el endeudamiento solidario, se encuentran en proceso de inscripción en dicho
registro.
De acuerdo con la
semaforización de Hacienda, la deuda del Estado se encuentra en amarillo
(endeudamiento en observación) desde el cuarto trimestre de 2017, cuando dos de
los tres indicadores que analiza se ubicaron en amarillo.
El Indicador 2, que se
refiere al servicio de la deuda y de obligaciones sobre los Ingresos de Libre
Disposición, fue de 13.2%. Mientras que el Indicador 3 sobre las obligaciones a
corto plazo y proveedores y contratistas sobre los ingresos totales, fue de
10.1%.
Meses después, y con base en
datos proporcionados por el Estado, Hacienda mantuvo en amarillo el
endeudamiento de Baja California. En este resultado publicado el 30 de mayo de
2018, se observa que los indicadores 2 y 3 continúan en amarillo.
En tanto, el Indicador 1, que
se refiere a la deuda pública y obligaciones sobre los Ingresos de Libre
Disposición, continuó en verde pese a que el porcentaje marcado aumentó de 71.2
a 73.6%, comparado con el trimestre anterior.
Al tener esta calificación,
la administración estatal solo podrá endeudarse 5% de sus Ingresos de Libre
Disposición en 2018.
Respecto a esta calificación,
Rodríguez Castro primero comentó que el cambio de semaforización se debió a los
créditos a corto plazo contratados al término de 2017, pero luego sostuvo que
derivó de la cuenta pública de 2016. Asimismo, previó que el endeudamiento del
Estado seguirá en amarillo para el ejercicio de 2019.
BC, EL OCTAVO ESTADO MÁS ENDEUDADO DE MÉXICO
En DataCoparmex (un análisis
más estricto sobre la sostenibilidad de la deuda pública de las entidades), se
advierte que la deuda per cápita de Baja California es de 4 mil 523 pesos, lo
que significa que en razón al monto total cada habitante debe casi 5 mil pesos.
Así, al cuarto trimestre de
2017, el Estado se situó como la octava entidad más endeudada del país, por
debajo de Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Ciudad de
México y Veracruz.
El adeudo per cápita es
superior a la media nacional de 3 mil 675 pesos, refirió Nancy Sánchez,
diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien
consideró “irresponsable” el que se siga endeudando al Estado, pues se
sacrifica a las generaciones futuras, e “indignante” el que la deuda no se
refleje en desarrollo económico.
“Somos de los estados que de
manera más laxa ha obtenido deuda y el Congreso (local) lo ha avalado, y el
órgano de fiscalización no observa nada”, lamentó.
En entrevista, expuso que con
base en datos de Hacienda el monto contratado de los créditos del Estado supera
los 19 mil millones de pesos y “representa casi un tercio del Presupuesto de
Egresos de 2017”; por lo que el endeudamiento de Baja California se encuentra
en amarillo en el Sistema de Alertas de la dependencia.
Al considerar que la deuda
puede ser un instrumento necesario siempre y cuando se refleje en inversiones
que permitan el desarrollo económico y el bienestar colectivo, la
legisladora priista señaló que la deuda
del Estado sigue creciendo mientras la administración de Francisco Vega de
Lamadrid es incapaz de aclarar los destinos de los recursos.
“Que nos digan dónde está el
producto de la deuda (…), qué hicieron con los cerca de 6 mil millones de pesos
de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde
más de 2 mil millones de pesos corresponden a 2016”.
OPACIDAD EN NUEVOS CRÉDITOS CONTRATADOS
Miguel Ángel Rodríguez
Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto, afirmó que los ocho
préstamos a corto plazo contratados recientemente por la administración estatal
fueron para atender obligaciones del ejercicio fiscal de 2017, principalmente
el pago de prestaciones a los trabajadores y a los jubilados.
“Se requieren recursos para
el pago de nóminas, flujo con el que no se cuenta a finales de año por diversas
razones, una que es muy importante es el que los fondos federales que
regularmente se reciben, no se han desarrollado en los mismos niveles que en
otros ejercicios, y como consecuencia, el recurso disponible en tesorería no es
el suficiente”.
Sin embargo, datos de
Hacienda indican que en 2017 las participaciones federales destinadas al Estado
fueron de 22 mil 883.9 millones de pesos, cantidad mayor en 2 mil 982 millones
de pesos a las de 2016.
A pregunta expresa de ZETA
sobre si la contratación de nueva deuda implica una mala planeación, Rodríguez
Castro negó que sea el caso: “No, lo que pasa es que hay variantes durante el
año. El año pasado, a mediados, hubo una negociación con el magisterio derivado
de la cual se firma una minuta donde se reconocen determinadas prestaciones y
además se reconoce que se van a otorgar 700 jubilaciones adicionales”.
Para ello, dijo, se requiere
contar con el recurso con el que se paguen las pensiones y otras prestaciones
que derivan, como la prima de antigüedad, que es el finiquito.
Afirmó que esos conceptos no
pudieron haber sido presupuestados porque no existían, “se llegó a un acuerdo
con el magisterio para jubilar a las personas que están en espera, entonces, para poder cumplir con esos requerimientos,
se tuvo que recurrir a financiamientos a corto plazo”.
No obstante, el 3 de julio de
2017, cuando se dio a conocer dicho convenio entre el gobierno bajacaliforniano
y los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
el propio Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas,
informó que de los 2 mil millones de pesos del crédito aprobado por el Congreso
para sanear al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) se
utilizarían mil 150 millones para jubilar a 2 mil 200 profesores proyectados al
término del sexenio.
Cantidad en la que ya se
contemplaban las 700 jubilaciones que entonces se estaban anunciando, según
versiones periodísticas.
Por otro lado, respecto al
uso de los tres créditos a largo plazo que el gobierno adquirió de julio de
2017 a marzo de 2018 por mil 150 millones de pesos, Rodríguez Castro detalló
que el crédito con Banamex, contratado por 350 millones de pesos en ese año,
fue a una tasa de interés de 0.83 más Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE).
Mientras que los adquiridos
con BBVA Bancomer el 18 de diciembre de 2017, por 370 millones de pesos a 0.82%
más TIIE y con interacciones por 430 millones de pesos a 1.25% más TIIE, se
destinaron a proyectos de inversión pública productiva; es decir, obra pública.
Rocío López Gorosave,
secretaria de la Comisión de Fiscalización de Hacienda y Gasto Público del
Congreso del Estado, manifestó que estos empréstitos fueron autorizados y
ratificados por el Poder Legislativo, mediante el Decreto 195 publicado el 31
de diciembre de 2014 y reformado por el Decreto 273, cuya publicación data del
29 de mayo de 2015.
Así como por el Artículo
Decimoséptimo Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California
para el ejercicio fiscal 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016 en el
Periódico Oficial del Estado.
Por lo que “no se advierte en
estos momentos la inviabilidad financiera del Estado, sin embargo, el Ejecutivo
debe de fortalecer sus sistemas de control del gasto y eficiencia
administrativa”.
A lo que, según manifestó, el
Poder Legislativo estará muy atento de que ocurra y “continuaremos analizando a
conciencia -según nuestras facultades- los manejos financieros de la
administración central, así como de las entidades paraestatales, diferentes
ayuntamientos y sus perspectivas entidades paraestatales”.
INCREMENTO DE DEUDA, REFLEJO DE DEFICIENTE
ADMINISTRACIÓN
Para dos especialistas
consultados por ZETA, el nivel de endeudamiento del Estado refleja una
deficiente administración, toda vez que se gasta más de los ingresos que se
perciben.
Martín Cutberto Martínez,
profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
comentó que si bien los pasivos del Estado son altos y está estimado que
crezcan a 80 mil millones de pesos hacia los siguientes 30 años, por proyectos
como las desalinizadoras, el endeudamiento no supera el 2.5% del Producto
Interno Bruto recomendado por las agencias calificadoras.
No obstante, consideró que el
incremento de la deuda refleja problemas de planeación, debido a que
probablemente no se estiman los plazos reales en los que se pueden hacer
grandes obras, con lo que los costos se elevan al estar sujetos a la variación
del dólar.
“En el último año el dólar se
ha depreciado casi 10%, lo que tiene un efecto muy fuerte en las obras de
infraestructura”, de modo que una manera de no desbordar el presupuesto anual
es mediante créditos refaccionarios, que es fundamentalmente lo que Hacienda
colocó en observación.
“Es un llamado de atención
para que las fallas en la planeación de obras de infraestructura se subsanen,
se corrijan y caigan dentro de la planeación financiera ordinaria normal y no
se sigan tapando boquetes con créditos complementarios”, agregó el experto en
administración pública.
Indicó que si bien es muy
pesada la carga burocrática frente a la cambiante movilidad económica, lo cual
produce desfases. “en por lo menos 15 años hemos tenido una relativa
estabilidad económica que debiera motivar a que la planeación fuera mejor para
que no se incrementen los costos sin control y se tenga que refinanciar con
dinero adicional”.
José Luis de la Cruz
Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico, AC (IDIC), manifestó que aun cuando adquirir nueva deuda para pagar
la que se tiene es legal, se corre el riesgo de generar “una inercia de
endeudamiento perenne, y cuando las tasas de interés van al alza, el peligro es
que la nueva deuda tenga un mayor costo financiero”.
En tanto que los préstamos a
corto plazo destinados a solventar contingencias, son mecanismos que se pueden
utilizar cuando existe la seguridad de que se contará con los ingresos, pero si
estos no llegan o lo hacen en menor cantidad, el endeudamiento aumentará.
“Además de que normalmente
estos empréstitos tienen tasas de interés más altas que la de aquellos a
mediano y largo plazo”, explicó.
Por lo anterior, la entidad
deberá distraer una cantidad cada vez mayor de su presupuesto para cubrir dicho
costo financiero.
En ese sentido, Rodríguez
Castro reconoció que 2018 es un año complejo en materia financiera, debido a la
volatilidad del tipo de cambio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y el aumento de la TIIE del Banco de México, que generan
fluctuaciones menos previsibles.
“Estamos trabajando con mucha
vehemencia, precisamente para evitar que los costos financieros se extiendan o
crezcan más de lo debido”, afirmó el funcionario, por lo cual se ha hecho un
“esfuerzo titánico” para que no se deje de pagar a los proveedores.
Panorama que contrasta con lo
expuesto por la legisladora federal Nancy Sánchez, quien advirtió, “hay
proveedores que incluso no están siendo cubiertos por el Estado, y esto ya
empieza a generar molestia”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JULIETA ARAGÓN/
LUNES, 25 JUNIO, 2018 01:00 PM)
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