jueves, 30 de julio de 2015

TRAS HORROROSA MUERTE, ASÍ ES COMO LOS CHINOS SUBEN LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS


Después de la trágica muerte de una madre en una escalera eléctrica, los chinos no quieren subirlas como antes


CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio.- Luego de que circulara un video en el que una madre muere al caer entre el mecanismo de unas escaleras eléctricas en China, los ciudadanos de aquel país asiático han desarrollado un nuevo miedo a este tipo de artefactos.

Para evitar una tragedia similar y ser una víctima más de la ausencia de las estrictas regulaciones de seguridad que los centros públicos de grandes ciudades chinas requieren, algunos internautas han compartido sus propios métodos para salir vivo de esas trampas mortales urbanas.

Según algunos internautas, el truco para sobrevivir al subir en una escalera eléctrica es evitar la placa que cubre su mecanismo interno. Para hacerlo, algunos optan por saltarla como si se tratara de una competencia olímpica, mientras que otros usan un bastón para asegurarse que ésta se encuentra bien colocada.



This Is How People In China Are Riding Escalators After A Horrific Accident

La seguridad es primero, especialmente cuando traes a tus hijos



This Is How People In China Are Riding Escalators After A Horrific Accident

'Hay que asegurarse que todo está en orden'



This Is How People In China Are Riding Escalators After A Horrific Accident


Otros internautas usaron la red social Weibo (el Twitter de China) para burlarse de este nuevo miedo que algunos chinos de ciudad han desarrollado.



Incluso se publicó una especie de manual identificar la 'zona de peligro' de las escaleras eléctricas.




Los chinos tienen un sentido del humor muy curioso...


(EXCELSIOR/ GUILLERMO BASAVILVAZO / FOTOS: WEIBO/29/07/2015 19:27)

VIDEO: LIVIA BRITO HABLA DE LOS SUPUESTOS AUDIOS COMPROMETEDORES


CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio.- La actriz cubana Livia Brito desmintió la autenticidad de unos audios que la vincularían sentimentalmente con su colega Lenny de la Rosa.

Brito, quien es pareja del actor José Ron, descartó el affaire que una revista le adjudicó con De la Rosa, quien también tiene pareja y en este caso es la cantante Fey.

En los supuestos audios Brito mantiene una aparente conversación subida de tono con De La Rosa.


(REDACCION/ Redacción / Fotos: Excélsior e Instagram/ 30/07/2015 07:30)

‘EL CHAPO’, ¿VIVO O MUERTO?


Raymundo Riva Palacio
La síntesis de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, se puede resumir en una frase: de ventanilla única, como dijo que sería la cooperación con Estados Unidos, a ventanilla multimodal. En dos años y medio, la fuga de Joaquín “El Chapo Guzmán”, lo puso en su lugar. No fue sólo la arrogancia, sino la incompetencia lo que lo golpeó. La humillación por la evasión lo hizo humilde y subordinado: tuvieron que aceptar que sin los cazadores de Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín que se escapó de la cárcel en 1992, poco iba a poder hacer. A dónde ha llegado, sin estar aún a la mitad del camino.

Los cazadores de Escobar son colombianos y estadounidenses, y llegan a México entre llamados de auxilio y presiones de Washington.

El gobierno estadounidense ha sido cuidadoso en las formas públicas, pero rudo en las privadas. Para estar convencidos que el gobierno de Peña Nieto no había liberado a Guzmán como consecuencia de un pacto entre ellos, los representantes de la DEA y el FBI lo preguntaron directamente en la Procuraduría General de la República. Si fue una fuga, fue casi la exigencia, ellos tenían que estar en la cacería. Será la parte visible de la cooperación de Washington en la búsqueda de “El Chapo”; en la invisible participará la Marina estadounidense.

La pregunta es ¿qué hará? ¿Proveerán información de inteligencia solamente? ¿Trabajarán coordinadamente con los comandos de élite de la Marina mexicana para capturarlo? Así fue como lo detuvieron en febrero del año pasado, en una operación conjunta. La DEA aportó la inteligencia, la CIA envió un dron para apoyar en la intercepción final de telecomunicaciones y la oficina de alguaciles a sus expertos en la decodificación de esa información, porque el Gobierno de Peña Nieto nunca usó los drones que envió Washington a México por la Iniciativa Mérida, y despidió a quienes manejaban la telemática porque sus salarios eran muy altos. O ¿irán más allá?

Ir más allá significa, en castellano, eliminarlo. Esa fue la instrucción que se dio a las unidades encargadas de cazar a Escobar cuando se fugó a mediados de 1992 de la cárcel en Envigado, suburbio de Medellín. No lo querían una vez más como prisionero. El recuerdo de esa fuga no es nostálgico.

El grupo de élite que se está conformando para recapturar a “El Chapo” está integrado a imagen y semejanza de aquel, incluso con algunos de sus miembros más prominentes. Según El Tiempo de Bogotá –el periódico donde la familia del presidente Juan Manuel Santos mantiene una fuerte ascendencia–, el Gobierno colombiano envió una “comisión de élite” a México para ayudar a su recaptura.

Entre sus integrantes están los generales retirados Rosso José Serrano, jefe de la Policía Nacional durante el gobierno de Ernesto Samper, y considerado uno de los cerebros detrás del desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali; Ismael Trujillo Polanco, que fue director de Policía Judicial e Inteligencia, que hoy está incorporada a Interpol; y Luis Enrique Montenegro, el jefe táctico en la guerra contra los cárteles colombianos, que fue director del Departamento Administrativo de Seguridad, que era el órgano de inteligencia civil.

Los tres, junto con unidades de élite de la Marina y fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos integraron el llamado “Bloque de Búsqueda”, creado por el presidente César Gaviria en 1992, para capturar, vivo o muerto, a Escobar. El Bloque de Búsqueda estaba compuesto por miembros del Ejército, la Marina, la Policía y otras áreas de inteligencia colombianas y estadounidenses, y operaba independiente del Gobierno. A nadie le informaban lo que hacían o iban a hacer, ni cómo lo iban a hacer. Tenían a su disposición un presupuesto abierto y el permiso para matar. Eso sucedió en diciembre de 1993 con Escobar.

El Bloque de Búsqueda no fue desarticulado después de que lo eliminaron. A partir de ahí, destruyeron el cártel patriarcal que era el de Medellín, y fue trasladado al Valle del Cauca, donde fueron desmantelando el cártel de Cali, capturando o matando a varios de sus líderes.

Después de esas operaciones cesó sus operaciones hasta 2004, cuando lo reactivó el gobierno de Álvaro Uribe para combatir el cártel del Norte del Valle, heredero de las viejas bandas criminales, y capturar a su líder, Diego León Montoya Sánchez. “Don Diego” fue aprehendido el 10 de septiembre de 2007, y nueve días después se detuvo en la Ciudad de México a su principal lugarteniente, Juan Diego Espinoza, “El Tigre”, y a quien era su pareja y en ese entonces señalada como jefa de relaciones públicas de “El Chapo” Guzmán, Sandra Ávila Beltrán, la llamada “Reina del Pacífico”.

La formación para la cacería de “El Chapo” Guzmán es una versión mexicana del Bloque de Búsqueda. Las autoridades mexicanas no lo reconocen así porque es tanto como admitir el fracaso de su política de seguridad. Pero los errores por bisoños le han costado alto a la soberanía mexicana que ofrecían defender.

Querían ser diferentes al gobierno de Felipe Calderón que desarrolló un colaboracionismo sin precedentes con Estados Unidos, y están hoy peor que lo peor de aquél sexenio. Por sus errores tuvieron que abrir la puerta a un escuadrón internacional que va sobre Guzmán, vivo o muerto, como fue la orden sobre Escobar.

A esto hemos llegado.


(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 30 DE JULIO 2015)

INMIGRANTES DESEMBARCAN EN PLENA FILMACIÓN CON UNA MODELO


Estados Unidos.- Una grabación de apenas treinta segundos dejó en evidencia el choque entre dos realidades muy distintas. La sesión fotográfica de una modelo en una playa de Miami fue interrumpida por el desembarco de inmigrantes ilegales y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

El video muestra cómo, ante la mirada atónita de los veraneantes, los indocumentados corren rápidamente a refugiarse lejos de la orilla y en busca de una zona segura.



Según contó al diario local New Times Broward-Palm Beach, la camarógrafa rusa Ekaterina Juskowski paró de filmar cuando la lancha se metió en el plano; pero reanudó la grabación cuando vio que un grupo de personas descendió y corrió sorteando las olas, tal como se aprecia en el video colgado en su canal de YouTube.

Frank Miller, vocero de la US Border Patrol, la patrulla de frontera estadounidense, afirma que la grabación es una prueba de la confianza y seguridad con la que los inmigrantes ilegales entran a Estados Unidos.

Y recordó que grupos criminales son los encargados de transportarlos, en un problema de tráfico de seres humanos.

 Según Miller, la vigilancia a lo largo de la costa de Florida se ha incrementado.


(ZOCALO/ AGENCIAS/ 30/07/2015 - 11:53 AM)

LO GRABAN CON LAS MANOS EN EL MOCHE


México, D.F.- "Todas las obras te las voy a pasar". Con esa promesa, se despide el panista Francisco Rojas de la persona que le entregó fajos de billetes por un monto de un millón 400 mil pesos.

Rojas, ex Edil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien contendió nuevamente por la Alcaldía en las elecciones del pasado 19 de julio, enfrenta una batalla electoral contra su contrincante, declarado ganador, el candidato del PRI-PVEM, Fernando Castellanos.

El panista protagoniza un video en el que, en la habitación de un hotel, recibe dinero de manos de un sujeto no identificado y que, además, aparece con el rostro difuminado.

-¿Cuánto me vas a dar?-, pregunta Rojas.

-Uno cuatrocientos-, le responde su interlocutor.

La escena fue videograbada en la habitación de un hotel.

Antes, con otra cámara, se observa al ex Alcalde y al sujeto no identificado saliendo de un elevador camino a la habitación, donde se consuma la entrega del dinero.

Rojas es el primer personaje que se puede observar dentro de la habitación, acomodándose en la cama mientras que su acompañante abre un portafolios y empieza a sacar los fajos de billetes para meterlos a otro maletín.


-Estás frito-, le dice el sujeto no identificado a Rojas.

-Ya lo sé, pero eres una verga-, responde el panista.

-¿Va a querer mi portafolio?.

-Creo que eso no me va a caber en la cartera.

-No, tiene que caber.

Rojas se incorpora de la cama y mira con atención cómo su interlocutor introduce los billetes en el maletín.

-Lo bueno es que no lo hemos perdido-, aclara el sujeto no identificado.

-De Banorte. Totalmente llena de arenita la obra-.

-Tuve que ir a dos pinches sucursales, cabrón-, dice el sujeto no identificado y luego expresa: "Tlacuachefolio...".

Todo el dinero se guarda en el maletín y Rojas se despide con un abrazo de su acompañante:

-Te voy a dar todas las obras-, dice.

Jalando otra maleta, el panista aparece luego en otra escena, llamando al elevador.

Después, se le ve caminando por un pasillo arrastrando la maleta, con un "close up" de por medio.

Apenas ayer, en una conferencia de prensa con los dirigentes del PAN y del PRD, Francisco Rojas reveló que personeros del Gobierno de Chiapas intentaron persuadirlo de que no compitiera ofreciéndole 25 millones de pesos.


(ZOCALO/ REFORMA/ 30/07/2015 - 10:37 AM)

DETIENEN A DIRECTOR DE ‘LA LEY Y EL ORDEN’ ACUSADO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL


México, D.F.- El director de la popular serie de televisión Law & Order Jason Alexander fue detenido en el estado de Nueva York y acusado de pornografía infantil, según publica hoy la prensa local.

Alexander, de 51 años, se enfrenta a dos cargos por posesión y distribución a través de internet de un video pornográfico con menores de edad, según la oficina de la fiscal del condado de Westchester, Janet DiFiore.

El cineasta fue detenido en la localidad de Dobbs Ferry, y tras la lectura de los cargos, quedó este miércoles en libertad después de pagar una fianza de 10 mil dólares y deberá volver a comparecer en el tribunal el próximo 19 de noviembre.

De ser encontrado culpable de los cargos que pesan en su contra, Alexander se enfrenta a una pena máxima de siete años de cárcel en una prisión estatal, según detalló en un comunicado la fiscalía, que abrió la investigación la semana pasada.

Alexander dirigió una treintena de episodios de Law & Orden, que se popularizó entre 1990 y 2010 como una serie basada en la investigación de un delito por parte de la policía y del posterior desarrollo del juicio.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 30/07/2015 - 05:23 PM)

AUMENTA A 25 PERSONAS MUERTAS POR ACCIDENTE EN #ZACATECAS


México.- El secretario general del Gobierno de Zacatecas, Jaime Santoyo Castro, informó que se incrementó a 25 el número de personas que perdieron la vida tras el accidente ocurrido anoche en el municipio de Mazapil.

En entrevista con ForoTV, el funcionario dijo que el conductor del camión huyó, luego de atropellar a un grupo de peregrinos sobre la calle principal de la cabecera del citado municipio, donde había una peregrinación.

EL SIGUIENTE VIDEO CONTIENE IMÁGENES QUE PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN:




(ZOCALO/ NOTIMEX/ 30/07/2015 - 07:47 AM)

34 INDÍGENAS SON DETENIDOS Y ACUSADOS DE SECUESTRO POR DEFENDER SUS TIERRAS DE MINERA

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo). Organizaciones civiles denunciaron hoy que 34 indígenas nahuas del municipio de Ayotitlán, Jalisco, y un abogado ambientalista continúan presos desde el pasado 22 de julio cuando fueron detenidos mientras exigían el cumplimiento de una suspensión federal en sus tierras ocupadas por la empresa minera Peña Colorada, durante un operativo encabezado por el propio Procurador de Justicia del Estado de Colima (PGJE), Marcos Santa Montes.



Todos están acusados de los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves, delitos, que aseguran las organizaciones, son fabricados.

Representantes de las organizaciones el Ejido Nahua de Ayotitlán, de Cuatutitlán, Jalisco, del Instituto de Derecho Ambiental, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, del Campo es de todos, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otras, denunciaron que el pasado 22 de Julio del año en curso, mas de 500 personas llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra la empresa Peña Colorada. El objeto era la realización de un recorrido para revisar que se estuviera cumpliendo la suspensión de plano que un Juez otorgó, con la que se cancelaban los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y que permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.

La Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán, se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco y colinda con el estado de Colima.

“La empresa en complicidad con el Gobierno del Estado de Colima instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el Procurador de Justicia del Estado de Colima, en el que se detuvieron arbitrariamente al abogado defensor y 34 nahuas. En el mismo operativo se agredió físicamente a los detenidos y a otras personas integrantes de la comunidad, incluyendo a adultos mayores, niños, mujeres y jóvenes”, sostuvieron las organizaciones en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Este jueves, el Juzgado Primero de lo Penal de la Ciudad de Colima, Colima, decidirá en torno al dictado de formal prisión o el auto de libertad a favor de las personas detenidas.

“De confirmar la detención y dictar formal presión, por la gravedad de los delitos que se les fabrican, los 34 nahuas y el abogado defensor corren el riesgo de permanecer en prisión, hasta que se resuelva el proceso, lo que puede durar años”, alertaron las organizaciones.


Representantes de las organizaciones defensoras denunciaron que a los 35 detenidos se les fabricaron los delitos. Foto: Cencos

Adelantaron que ayer el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acudió a la comunidad de Ayotitlán y se comprometió a buscar la liberación de los detenidos.

Sin embargo, advirtieron que en distintas declaraciones ha sido reportado un intento de sus funcionarios por ignorar la responsabilidad del Estado de Colima en estas violaciones de derechos humanos, y buscar la deslegitimación de la organización que defiende los derechos de la comunidad, tanto dentro de los procesos penales en su contra, como de sus derechos de propiedad.

Mientras, diversos medios de comunicación han informado que el Gobernador de Colima, Mario Anguiano, durante una reunión con Sandoval, acordó la liberación de 33, de los 34 detenidos, sin especificarse quienes serían los liberados.

Las organizaciones argumentan que “no existen elementos para acreditar ninguno de estos delitos. La acusación más burda se refiere al delito de secuestro. La compañía y la empresa Peña Colorada sostienen que tres empleados de la empresa fueron secuestrados, por lo que pagaron un rescate por catorce millones de pesos al ejido”.

Sin embargo, explicaron, la comunidad de Ayotitlán ha acreditado mediante un recibo de una transferencia bancaria, en el que la propia empresa señala que transfiere una cantidad de catorce millones de pesos por el pago de rentas atrasadas, en base a Convenios de ocupación temporal firmados con el comisariado ejidal en 1998 y el 2012.

“Los cargos de despojo tampoco se encuentran acreditados ya que la comunidad no privó a nadie de ninguna propiedad y se encontraba en sus propios terrenos. Tampoco existen señalamientos concretos en torno a las personas que supuestamente dañaron algunos bienes, o en torno al robo de cierto equipo de cámaras”, sostuvieron.

Por ello, denunciaron que lo sucedido el pasado 22 de julio “fue un caso de detención arbitraria de defensores de sus derechos y de violencia y daños a la integridad física de toda la comunidad. Los daños a la integridad física han sido constatados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien visitó a los detenidos y se cercioró de las heridas que presentaban”.

Denunciaron además que el proceso penal seguido en contra de los detenidos ha estado plagado de irregularidades. Entre ellas, destacaron, se ha restringido el acceso a sus defensores y familiares, y se ha permitido el acceso a personas extrañas buscando manipular a los detenidos.

En esto contexto, los grupos civiles exigieron que se libere de inmediato a los 34 indígenas nahuas detenidos y al defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.

Así como el cumplimiento inmediato y total de la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, del amparo 462/2013 señalado líneas arriba, que suspende los efectos de las concesiones mineras, agua y descargas y autorización ambiental a la empresa Peña Colorado en los terrenos de la comunidad, y garantiza el libre acceso de la comunidad a sus tierras.

Aunado a la suspensión y no emisión de ordenes de aprehensión y de detención en contra de los integrantes del Comisariado Ejidal, y otros miembros de la comunidad, así como de los defensores de derechos humanos que los apoyan.

Esta comunidad es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Las organizaciones detallaron que fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria de área natural protegida en sus tierras.

Pidieron también el cumplimiento de la recomendación 122/95 emitida por la CNDH, respecto al conflicto de limites y cumplimiento total de la resolución presidencial del poblado.

La comunidad ha mantenido por varios años con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., propiedad de Ternium México, diversas diferencias.

En el año 2013, la comunidad interpuso un amparo, identificado bajo el expediente 462/2013, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco, buscando el respeto de sus derechos de propiedad, posesión y disfrute de las 50 mil hectáreas que conforman su territorio. Este Juez otorgó una suspensión de plano que suspende los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / julio 30, 2015 - 16:52h)

TODO EL PODER MILITAR CONTRA LAS AUTODEFENSAS


Una vez más el Ejército mexicano ataca a civiles desarmados. Ahora, en Ostula, Michoacán, policías y militares disolvieron a tiros un plantón. Un niño de apenas 12 años murió. El motivo del bloqueo ciudadano fue la detención de Cemeí Verdía, líder de autodefensas que combatía con denuedo a Los Caballeros Templarios, esos mismos que las fuerzas federales no logran ver por ningún lado y a quienes incluso vitorearon mientras disparaban contra la población indefensa.

XAYAKALAN, MICH. (Proceso).- A un año de que se perpetraron las ejecuciones extrajudiciales de al menos 15 personas en Tlatlaya, Estado de México, tropas del Ejército son señaladas una vez más por atacar a población indefensa, con saldo de un niño muerto y seis personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años.

El contexto de la agresión, el domingo 19, fue la dispersión de una protesta ciudadana por la detención de Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la Fuerza Rural de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, llevada a cabo por soldados, marinos, policías federales y Fuerza Ciudadana (policía estatal).

Verdía tenía amplio conocimiento en la región. Carismático, sobreviviente de cuatro atentados del crimen organizado, fue recluido en el penal de alta seguridad de Nayarit, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y en vísperas de que se confirmara el auto de formal prisión, por el mismo delito, a José Manuel Mireles, ícono de las autodefensas michoacanas.

La consignación de Verdía ante el Tercer Juzgado de Distrito en Nayarit y la confirmación del auto de formal prisión de Mireles ocurren luego de una reunión de Enrique Peña Nieto y el gobernador electo de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, el miércoles 8, donde el michoacano sostuvo su rechazo a la existencia de las policías comunitarias y autodefensas.

Confirmada la participación del Ejército y la Marina en el operativo que dejó al menor fallecido, el martes 21 en Tlapa, Guerrero, Peña Nieto no dudó en reprobar a quienes “se empeñan en manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas”.

Ese mismo día, a varios kilómetros, en Michoacán, familiares y amigos del niño Edilberto Reyes García lo velaban entre pancartas que exigían justicia.

Considerada por los pobladores de la región indígena “una traición” de los gobiernos federal y estatal, a la detención de Verdía le siguió una demostración de movilización social al bloquear el paso a los cientos de soldados, marinos y policías estatales y federales que participaron en el arresto, hasta que un impacto de arma de fuego cobró la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, y dejó herida a su sobrina de seis, Yeimi Nataly Pineda Reyes, así como a Edith Balbino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, Horacio Valladares Manuel, José Nicodemo Macías Zambrano y Melesio Cristino Dirzio.

TIROS “AL AIRE”

Testigos y sobrevivientes de los hechos desmienten la versión difundida por el gobierno estatal y por el mando especial para la Seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, de que los militares habían hecho disparos al aire respondido a una agresión de los comunitarios.

Los supuestos disparos al aire salieron de las mismas camionetas castrenses, confirma un comunero que participó en el bloqueo, en entrevista con Proceso.

Tras pedir la reserva de su nombre para evitar represalias, cuenta que, abastecidos con piedras y palos, los comuneros se apostaron en el puente una vez que se enteraron de la detención de Verdía, impidiendo el paso a ocho camionetas militares Cheyenne y una camioneta blindada.

Cerca de las 16:00 horas, narra, al punto carretero llegaron como apoyo “carros grandes, de los Mercedes, camionetas blindadas de la Marina y dos autobuses de granaderos de la Policía Federal. Los policías se pusieron con escudos y toletes entre los militares y los pobladores durante varios minutos, hasta que alrededor de las cinco (de la tarde) lanzaron gases lacrimógenos”.

El comunero, como muchos pobladores, atravesó el puente, se apostó a unos pasos del restaurante hotel La Costa de Michoacán y vio cómo pasaron las primeras ocho Cheyennes y la camioneta blindada, pero en el segundo grupo de vehículos, se habla de unos 30, vio a un policía federal.

“Estaba sentado en el último lugar de la camioneta. Se me hizo raro porque no revuelven a los soldados con los policías –cuenta–. Ese elemento sacó un arma corta de la cintura y disparó unos cuatro o cinco tiros al aire luego se vieron las ráfagas de los soldados.”

El comunero describió lo anterior a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el martes 21. “No miento. Yo vi muy bien porque estaba sobre la carretera; no había árboles ni maleza que me cubrieran. Cuando dispararon, yo me tiré al suelo y vi todo. Los soldados dispararon a ambos lados de la carretera y no fue al aire”.

Don Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, fue uno de los primeros heridos. Recibió dos rozones en la pierna. José y Horacio fueron lesionados mientras huían. Delfino, de 17 años, fue alcanzado por una bala cuando intentaba guarecerse en una miscelánea.

Otro comunero resalta que los vehículos militares no se detuvieron pese a los gritos de dolor de los heridos y de espanto de los pobladores. “Se cruzaron con un cortejo fúnebre, eran como 80 personas en unas camionetas, y les gritaron que se detuvieran, que había balazos.

“Con un altavoz gritaron: ‘¡Arriba Los Caballeros Templarios!’. Los que acompañaban al muertito se asustaron y dejaron pasar las camionetas. Cuando pasaron por aquí ya estábamos levantando a los heridos”.

La fachada de unos cuatro metros del restaurante hotel La Costa de Michoacán está marcada con 11 letras que indican los impactos que dañaron el inmueble; siete se incrustaron en la pared del fondo del local. Uno de esos tiros atravesó la cabeza de Edilberto e hirió a Nataly y a Edith.

Edilberto, el menor de ocho hijos de Miguel Reyes y Emilia García, llegó a refugiarse al restaurante donde había dejado resguardadas a su sobrina Nataly y a otra pequeña, antes de pasar a la miscelánea a comprar pañales. No libró las balas de los militares.

Emilia García expresa a los reporteros su coraje y dolor por la muerte del menor de sus hijos por las balas del Ejército, sobre todo porque la primera versión oficial sobre el deceso alegaba que Edilberto estaba entre los manifestantes. Además exige la libertad de Verdía, su compadre.

Acompañada de sus hijas, una de ellas Ernestina, madre de Nataly, truena contra los soldados: “Yo sé que no voy a ganar nada, que no voy a revivir a mi hijo, pero quiero justicia, que digan la verdad, ¿qué delito cometió mi hijo? Manden a la chingada a los soldados, nomás vinieron a matar a mi hijo”.

Cansada de llorar, la mujer repite “fueron los soldados” cuando recuerda que desde su local, una palapa a unos 150 metros, pudo observar el paso de los vehículos militares y cómo a cuatro tronidos de pistola le siguieron las ráfagas.

Niega que la presencia de tropas hayan significado para la zona seguridad, lo que, sostiene, sí se advertía en los últimos dos años que Verdía estuvo al frente de la policía comunitaria.

Los testigos recuerdan que después de los hechos empezaron a recoger los casquillos percutidos de ambos lados de la carretera. Algunos fueron recuperados por los visitadores de la CNDH y otros los tiene la Fuerza Rural. Los calibres son 7.62 X 89, de FAL, .223 y .9 mm, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y policiacas.

LA CAPTURA DE VERDÍA

Antes de los disparos, del otro lado del puente, en el Duin, Germán Ramírez Sánchez, lugarteniente de Verdía, discutió con quien se presentó como el coronel Samuel Nares Hernández, responsable del operativo.

“Me dijo que pertenecía al 65 Batallón de Infantería, pero su uniforme clarito decía que era del 86 –cuenta–; que venía de Coalcomán, pero sabemos que procedían de Morelia. También negó que hubiera ordenado la detención del comandante Semeí, sino que ellos habían recibido órdenes de acompañar a la Fuerza Ciudadana (policía estatal) para hacer la detención.”

El 86 Batallón de Infantería tiene sede en Acaponeta, Nayarit, en tanto que el 65 está en Coalcomán y fue inaugurado el 24 de febrero de este año por Peña Nieto.

Nares no es extraño en Michoacán. Formaba parte del equipo del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Reyes Vaca, quien estuvo al frente de la dependencia entre el 15 de mayo de 2013 y el 14 de enero del año siguiente. Nares fue nombrado subsecretario de Prevención y Readaptación.

Según fuentes oficiales, las tropas del 86 Batallón llegaron cuatro días antes a la zona indígena de la costa michoacana “para la detención de Semeí Verdía”, en apego a una decisión de los gobiernos estatal y federal tomada por lo menos dos semanas antes.
Maestro de primaria, Ramírez Sánchez, nombrado por asamblea de pueblos el martes 21 con los mismos cargos de Verdía, confía en entrevista: “En la sierra los malandrines celebraron anticipadamente el arresto de Cemeí. Gritaban: ‘¡No que no se podía, hijos de la chingada!’, y accionaron sus armas, ya sabían de la detención”.

Insiste en que la detención fue una “traición”, porque las armas que portaba Verdía se las otorgó el gobierno estatal y tenía las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Verdía no era el único objetivo. También el comandante de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, de la Fuerza Rural.

En entrevista, Zepeda resalta que, en la víspera de la detención de Verdía, éste se comunicó con él para que asistiera a una reunión en La Placita, convocada por el subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta, para “validar las camionetas blindadas que nos dieron a él y a mí, después de la última emboscada”.

“El subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán nos estaba pidiendo que le lleváramos las camionetas blindadas a Morelia –añade–, supuestamente para que la nueva administración viera dónde estaban. Cemeí les dijo que no, que iba a hablar con unas personas de la nueva administración, no sé con quiénes, para que vinieran a checarlas aquí. Me dijo que tenía que estar en La Placita a las 10:00, pero por mi seguridad no le dije que no iba a ir.”

Verdía fue detenido mientras almorzaba en uno de los puestos del centro del pueblo. Cuando los integrantes de Fuerza Ciudadana llegaron, acompañados por la psicóloga cubana María Emilse Arrue Hernández –que a instancias de Alfredo Castillo participa como intermediaria con los autodefensas–, Verdía los invitó a almorzar. Un hombre alto, moreno y fornido se acercó a saludar y de repente lo tomó por el cuello con el brazo izquierdo y con la derecha lo encañonó con una pistola en el cuello. Los dos escoltas que en ese momento acompañaban al comandante en la mesa fueron sometidos por soldados que los tiraron al suelo.

De la detención el gobierno del estado dijo en un boletín que Verdía fue detenido durante “un recorrido” de prevención de delito, asegurándole “un fusil AR-15, calibre .223 milímetros, con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles, un fusil AK-47, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles”.

Para Zepeda, la detención de Verdía es una evidencia de que “el Ejército está coludido con Los Caballeros Templarios. Ellos saben qué armas tenemos porque ellos nos dieron los permisos. ¿Por qué no van a Apat­zingán con los Blancos de Troya que hasta lanzacohetes tienen? ¿Dónde están las armas que se robaron Los Viagras? Van contra la comunidad indígena de Ostula porque no les generamos dinero. Nosotros sacamos a los templarios y ahora el gobierno los quiere de vuelta”.

El trato de la Policía Comunitaria de Ostula con el Ejército, la Marina y la Policía Federal (PF) no ha sido terso.

En mayo de 2010, luego de la formación de la organización en 2009, militares allanaron el domicilio donde los comunitarios guardaban sus armas, para asegurarlas, y un convoy de la Marina los desarmó, además de que, en diciembre de 2012, un grupo de la PF que acompañaba por la región a miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad los abandonó a su suerte en las inmediaciones de Xayakalan. Fueron secuestrados por hombres armados y Trinidad de la Cruz, líder comunitario, fue torturado y asesinado. (Proceso 1646 y 1832).

Hijo de Diego Ramírez, secuestrado, torturado y asesinado el 26 de julio de 2008 –el primero en la lista de 33 líderes comunitarios indígenas ejecutados hasta la fecha, además de seis desaparecidos–, Germán resalta que la comunidad tiene como pruebas contundentes de la colaboración del Ejército y la Marina con los templarios “a nuestros muertos y desaparecidos, hechos que pasaron enfrente de sus narices”.

Recuerda que cuando la comunidad indígena se organizó para defender sus tierras de manos del jefe de plaza del narcotráfico, Federico González, y del cacique Mario Álvarez, en 2009, “logramos que se instalara un retén de la Marina, pero en los últimos seis años sólo han protegido a los delincuentes”.

La zona recuperada, Xayakalan, “era un refugio de los malandrines, y los marinos no entraban a detenerlos porque decían que era un terreno en litigio. Había gente armada que entraba al pueblo y hacía desmanes, y ellos (los marinos) venían sólo a recoger a los muertos.

“Cuando la última emboscada al comandante Cemeí, pedimos apoyo a la Marina y al Ejército, que estaban alojados en un inmueble asegurado a Felipe González, pero nunca llegaron. Nosotros nos organizamos y perseguimos a los agresores por la sierra; fue un enfrentamiento de cuatro horas, murieron cuatro de ellos, a nosotros nos mataron a dos y nos hirieron a cuatro; y ya que todo había acabado llegaron marinos y soldados a levantar los cuerpos”, sostiene.

Ante la actuación de las fuerzas armadas, pide “que se vaya el Ejército de tierras indígenas de Ostula, que se vayan los marinos, son unos flojos incompetentes que han dejado pasar 33 muertes y seis desapariciones en sus narices”.


(PROCESO /GLORIA LETICIA DÍAZ Y FRANCISCO CASTELLANOS/ 30 DE JULIO DE 2015)

GUARDIAS DAN GOLPIZA A ESPOSO DE REPORTERA EN QUERÉTARO


SAN JUAN DEL RÍO, Qro. (apro).- Este día se cumple un mes desde que Miguel Hernández Pulido, esposo de la periodista Cintya Camacho Almaraz, fue agredido por cinco sujetos a las afueras de la Feria de San Juan del Río, hecho que continúa impune, pese a que la víctima identificó en una fotografía a su principal agresor.

Con las lesiones de la golpiza que le propinaron hace un mes aún visibles, Miguel admite que no confía en la procuración de justicia, y que si aún da seguimiento a su denuncia, lo hace por puro trámite, pues duda se castigue a sus agresores.

La víctima es esposo de Cintya Camacho, periodista que decidió independizarse y fundó la página de Internet El Observador de Querétaro.

Precisamente, aquel día acudieron por un pago de 2 mil pesos que los representantes de la empresa Los Caballos –organizadores de la feria– les liquidarían, derivado de servicios publicitarios que les fueron contratados.

Ante la demora en el pago, la pareja decidió que Cintya se retiraría a hacer otras tareas y regresaría posteriormente, mientras Miguel esperó para realizar el cobro.

Cuando Miguel caminó al estacionamiento, cinco sujetos que viajaban en una camioneta lo interceptaron y le reclamaron que supuestamente los había grabado con una tablet que portaba.

Pese a que se identificó y les explicó que no los había grabado, los sujetos se le lanzaron encima, lo golpearon y le quitaron los 2 mil pesos que había cobrado, además de otros 2 mil pesos que utilizaría con su esposa para el pago de la colegiatura de su hija.

El hombre de 32 años narró que les entregó sus pertenencias, incluida su credencial de elector, temeroso de que Cintya y sus hijas regresaran y pudieran ser agredidas.

Miguel, quien acudía con frecuencia a la feria a tomar fotografías y videos de los espectáculos, identificó a sus agresores como personal de seguridad de los propios empresarios organizadores de la feria.

La golpiza ocurrió a unos metros de donde estaban elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, quienes pese a las evidentes lesiones del agredido, no llamaron a una ambulancia para su atención hospitalaria.

Cuando Cintya regresó, Miguel –cubierto de sangre– le pidió que tapara a su hija para que no lo viera, además de comunicarle el asalto a su esposa.

Más tarde Cintya contactó al titular de la Policía de San Juan del Río, quien ofreció apoyo, el que consistió en que los policías que minutos antes lo ignoraron, preguntaran si se les ofrecía algo.

La periodista denunció que después de presentar su declaración en el Ministerio Público, se percató de que las autoridades encargadas de procuración de justicia habían cambiado su nombre por el de otra persona.

No sólo eso, pues pese a que el médico legista fue al hospital y vio las lamentables condiciones en que estaba internado su esposo, dictaminó que las lesiones eran menores y no requería hospitalización.

“Él tuvo derrame cerebral, trae coágulos en la parte frontal, un edema en el ojo izquierdo, le abrieron el labio y tiene una lesión en el cuello”, narró Cintya.

La reportera dijo a Apro que días antes de lo ocurrido, su medio había entrado en contacto con varios policías que advertían diversas irregularidades en esa área del gobierno municipal de San Juan del Río.

Ante la indiferencia de las autoridades para castigar a los responsables de la agresión a su esposo, sospecha que detrás del hecho pudo haber existido el trabajo informativo que preparaba ese medio, previo al informe del presidente municipal, el priista Fabián Pineda Morales.

Después de la agresión, agregó, se reunió con el propio alcalde, a quien le cuestionó que la empresa del cuñado del director de la Policía Municipal, Oswaldo Gómez Martínez, fuera contratada para la seguridad en la feria.

Cintya destacó que el alcalde priista –quien declaró a medios que supuestamente les brindaría todo el apoyo– se excusó en que él no tenía información, y la invitó a que le preguntara al director de Policía sobre ese asunto.

La periodista también desmintió al presidente municipal, en el sentido de que supuestamente él y los empresarios se harían responsables de lo ocurrido, pues la familia de Cintya debió buscar apoyo a familiares y amigos para pagar los gastos de hospitalización de su esposo.

La empresa Los Caballos, representada por César Larrondo Díaz, no sólo organizó la feria de San Juan del Río, sino que a través de redes sociales ha anunciado que se hará cargo de la organización de la feria de Tequisquiapan.

En San Juan del Río no sólo fue denunciada la agresión a Miguel Hernández Pulido, sino también a Alberto Millet, del portal Cuadros Informativos, además de otros incidentes de excesos por parte del personal de seguridad.


(PROCESO/ ERIC PACHECO/ 29 DE JULIO DE 2015) 

HALLAN SIETE CADÁVERES EN UNA NORIA DE CALERA, EN ZACATECAS


ZACATECAS, Zac. (apro).- La titular de la Procuraduría de Justicia del estado, Leticia Soto Acosta, anunció hoy el hallazgo de siete cadáveres del sexo masculino que se encontraron en el interior de una noria en el municipio de Calera, de cuyas muertes responsabilizó a las siete personas que el martes 7 fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente masacradas por soldados del 97 Batallón de infantería, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz.

La procuradora Soto Acosta dijo que las víctimas de los militares eran “criminales altamente peligrosos” que habrían realizado un ajuste de cuentas con un grupo delictivo contrario.

Además, elogió el trabajo del Ejército “que nos ha apoyado en todos estos años de lucha en el combate a la delincuencia en Zacatecas”.

En la madrugada del martes 7, el exmilitar Germán Martín García González y otras seis personas –cuatro menores de edad y dos mujeres– fueron sacados de una vivienda en Calera por un grupo de militares encabezados por el coronel Martín Pérez Reséndiz.

Una semana después, los familiares de los siete desaparecidos denunciaron públicamente la acción de los militares y responsabilizaron al coronel Pérez Reséndiz, exigiendo a las autoridades esclarecer el paradero de los desaparecidos.

A los dos días, la PGJE dio a conocer que se encontraron los cuerpos de los siete desaparecidos, torturados y con un tiro en la nuca.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció la intervención de la Procuraduría Militar que, tras abrir una investigación, encontró responsabilidad del coronel Pérez Reséndiz y varios integrantes del batallón, los cuales fueron trasladados a la prisión militar en Jalisco.

Después de la detención del mando militar y otros tres miembros de su escolta, se difundieron dos videos a través del “Blog del narco” y algunos medios, en los que el exmilitar Germán Martín García González aparecía al frente de una supuesta célula delictiva que torturó y posteriormente decapitó a varios hombres.

De acuerdo con estos videos, a los que se refirió la procuradora a pesar de que se había deslindado ya de este caso y de la investigación –que quedó en manos de la PGR–, el exmilitar Germán Martín García González encabezaba una célula del Cártel del Golfo que presuntamente capturó y ejecutó a integrantes de Los Zetas.

Hasta antes de que se divulgaran los videos, ninguna autoridad había hecho señalamientos sobre las actividades de los siete víctimas de desaparición forzada.

Sin embargo, organizaciones civiles como Zacatecanos por la Paz dieron a conocer que por lo menos tres de ellos, dos menores de edad, eran jornaleros o pertenecían a familias de jornaleros que laboraban en distintos campos en el estado.

Ahora, la procuradora Leticia Soto aseveró que este nuevo hallazgo, ocurrido en una noria del rancho El Espía, en la comunidad El Vergel de Calera, corresponde a víctimas “que vimos en el video”.

Incluso, la funcionaria estatal pidió “no perder de vista” el nivel de violencia que atribuyó al grupo de supuestos sicarios a los que desapareció el Ejército –sin aludir a este último hecho– “porque forma parte a final de cuentas de esta lucha”.

Soto Acosta también confirmó que la indagatoria en contra del coronel Pérez Reséndiz y sus escoltas continúa, mientras éstos permanecen detenidos y a disposición de la Procuraduría Militar.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/ 29 DE JULIO DE 2015)

CASO CALERA: LAS SIETE NUEVAS VÍCTIMAS DEL EJÉRCITO


De nuevo el sinsentido: Siete civiles fueron torturados y ejecutados por militares en Zacatecas. Hay responsables con nombres y apellidos: el coronel Martín Pérez –amigo del secretario de la Defensa–, los escoltas José Manuel Castañeda, Víctor Manuel González, Juan Ordóñez… Pero aunque la Sedena reconoció los hechos, no explica por qué quienes deben defender a la población la matan, dónde está la responsabilidad institucional, o por qué constantemente sale a relucir el vínculo entre el narco y el Ejército. Aquí, por lo pronto, está la historia de este nuevo ataque, que revive a Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.

FRESNILLO, ZAC. (Proceso).- Precedido por la fama que ganó tras encabezar el operativo que en septiembre de 2011 permitió capturar en Michoacán al lugarteniente de Los Caballeros Templarios Saúl Solís Solís, el coronel Martín Pérez Reséndiz acabó con su carrera en el Ejército tras una serie de tropelías que llegaron al extremo de disponer de las vidas de siete civiles en el municipio de Calera.

De nada le sirvieron sus vínculos con los altos mandos militares ni su amistad con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, después de que familiares de los siete asesinados denunciaran la matanza, que volvió a desatar las críticas contra el Ejército y recordó los ataques de Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.

La desaparición forzada de personas y su posterior ejecución, así como sus presuntos vínculos con Los Zetas, son algunos de los delitos que se le imputarán a Pérez en el proceso que enfrentará desde la prisión militar de Jalisco donde está encarcelado, según divulgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tres comunicados, en una aparente estrategia para presentar el juicio como un castigo ejemplar.

El prometedor historial del coronel fue de más a menos en unos cuantos años. De hecho, su actuación ya lo había puesto en la mira de las instancias internas del Ejército desde meses antes de lo ocurrido el martes 7 en Calera. Esto último fue imposible de ocultar y Pérez acabó por contribuir a su caída, de acuerdo con lo que confirmó Proceso con distintas fuentes, entre ellas, algunas de la propia milicia.

Pérez llegó a Fresnillo unos meses después de ser ascendido a coronel, al frente del 97 Batallón de Infantería. Este grupo fue trasladado de Querétaro a Zacatecas tras las gestiones del gobernador Miguel Alonso Reyes, quien cabildeó una millonaria inversión (3 mil millones de pesos) para multiplicar las bases de fuerzas federales en el territorio estatal, que se disputan Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Pese a los nuevos cuarteles del Ejército, la Armada y la Policía Federal, la violencia no bajó. Al contrario. Activistas, académicos y periodistas comenzaron a denunciar que los operativos y otras “incursiones” dejaban tras de sí allanamientos, tortura, detenciones arbitrarias y desaparecidos, como de hecho ocurrió inicialmente con las siete personas que fueron sacadas de un departamento del edificio ubicado en la calle Francisco I. Madero 106, en Calera, y cuyos cuerpos fueron encontrados en dos fosas en Jerez a la semana siguiente.

Parte de la información que de manera extraoficial ha sido divulgada por algunos medios locales apunta a que los siete ejecutados (que aparecieron con numerosos signos de tortura) eran “sicarios del Cártel del Golfo”. Sin embargo, otros datos indican que por lo menos tres de ellos –dos adolescentes de 16 y 17 años y una mujer– eran integrantes de familias de jornaleros y habían trabajado en el campo en fechas muy recientes.

No sólo eso. Víctor Hugo, joven de 16 años, formaba parte de una numerosa familia de campesinos indígenas, los Cisneros Ramos, desintegrada en noviembre de 2013, cuando más de 50 de sus miembros –entre padres, hijos, sobrinas y nietos, adultos y niños– fueron desaparecidos en el lapso de pocos días en Calera.

Muchos de los desaparecidos en aquella ocasión eran analfabetos. Algunos no tenían actas de nacimiento ni fotografías. Testimonios de vecinos y conocidos refirieron la aparición de un convoy de la Policía Federal, pero nadie quiso denunciar.

Unos cuantos “levantados” reaparecieron tiempo después. Entre ellos estaban Víctor Hugo y su madre, Patricia. Ella fue la única que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pedir ayuda tras la nueva desaparición de su hijo, el martes 7.

Ricardo Bermeo y Cristela Trejo, integrantes de Zacatecanos por la Paz, explican la vulnerabilidad de niños o jóvenes como Víctor Hugo:

“Hay niños que vieron cómo se llevaron a su madre o a su padre, fueron testigos de homicidios en su familia, y al ver que no pasó nada o no tener medidas de acompañamiento, hay mucho resentimiento social. La mayor parte de estos casos de Zacatecas ocurre en la zona rural, donde no se está haciendo absolutamente nada, o no hay ni siquiera una denuncia”, acusa Trejo.

Este caso, abunda Bermeo, remite “sin lugar a dudas” al informe del Centro Pro sobre la masacre en Tlatlaya, la responsabilidad del Ejército y la opacidad del Estado para dar a conocer la situación.

En Zacatecas se suma un agravio: a los diputados locales “se les pasó el tiempo” para integrar la comisión estatal ordenada en la Ley General de Atención a Víctimas, lo que dificultará el apoyo y el resarcimiento.

DÍAS ACIAGOS

El lunes 20, dos semanas después de la desaparición de los siete en Calera, Patricia y otros familiares salían de las oficinas del delegado de la Procuraduría General de la República, Sergio Martínez, con la certeza que no querían:

“Ya los hallaron, ya están identificados seis, nos falta uno –lloró Patricia–. Queremos que nos ayuden, que metan a ese señor que se los llevó a la cárcel. No sabemos, no nos han dicho nada. Nada más que ya tienen al coronel (Pérez) Reséndiz encerrado, pero no sabemos si sea cierto o no. Vamos a seguirle hasta que haya justicia, que no le sigan haciendo daño a más gente. ¿Por qué no los entregó a algún lado, por qué les hizo lo que les hizo? Los dejó muy mal, no se les conoce por la cara, están como que los mataron de hace muchos días, tenían mucho tiempo tirados. Nomás encontramos casi la pura ropa de ellos. Sí había tortura, los raparon, les hicieron muchas cosas.

“Él (Pérez) se los llevó y ni la cara nos quiso dar. Si no tenía culpa por qué no salió; nomás cuando fuimos a los medios, y en la noche luego luego los hallaron. Pero ya los hallaron destrozados.”

El viernes 17, personal de la Procuraduría de Justicia Militar había arribado a Zacatecas para iniciar una investigación. El nombre del coronel del 97 Batallón de Infantería en Fresnillo no era el único que se mencionaba. En las horas siguientes, Pérez fue detenido y presentado en la 11ª Zona en Guadalupe. Fue interrogado junto con otros integrantes del batallón que participaron en el ataque.

El lunes el coronel amaneció en la prisión militar de Jalisco. Con él fueron encarcelados sus subalternos José Manuel Castañeda Hernández, capitán segundo de Infantería; Víctor Manuel González Alderete, teniente de Infantería, y el subteniente de Infantería Juan Ordóñez Prado.

Los tres formaban parte de la escolta personal del coronel. De hecho, los había mandado traer desde Apatzingán, donde los conoció y habían sido sus subordinados en el 51 Batallón.

Un ex militar que estuvo también bajo las órdenes de Pérez dice a Proceso que, a finales del año pasado o principios de éste, el coronel había recibido ya el aviso de que sería cambiado de adscripción. Reacio y apelando a sus “altas relaciones” pidió que lo dejaran en Fresnillo. Y, según esta versión, se le concedió.

“Con frecuencia, cuando nos hablaba en la plancha (el patio del cuartel) nos decía que el general secretario le había llamado para felicitarlo”, cuenta la fuente.

Pérez y el general Cienfuegos se conocieron en el Colegio Militar, cuando el actual secretario de la Defensa era director. “Sí había amistad, no sé si eran compadres como Reséndiz decía, pero de las familias sí. El general llegó a ir a la unidad y se llevaban muy bien”.

Proclive a colocarse bajo los reflectores mediáticos, Pérez era un asiduo invitado a los actos del gobierno municipal –generalmente invitado por el ex alcalde y diputado federal electo Benjamín Medrano. Reporteros locales afirman que les avisaba de los operativos “para la nota”.

Pronunciaba discursos en encuentros cívicos, impartía pláticas en escuelas, los ediles de la región se reunían con él en las instalaciones del batallón. Su esposa también protagonizaba actos y reseñas en la prensa, por sus actividades en el voluntariado del Ejército.

En un mensaje que ofreció a través de los medios hace unos meses, a propósito de los jóvenes tentados a acercarse a los cárteles, el coronel dijo esto:

“El Ejército no es correccional, para empezar. Puede suceder que algún joven esté mal ubicado, pero así, mandarlo al Ejército, es mandarlo a prisión. El Ejército ha cambiado, se ha transformado mucho. Yo tengo 35 años de servir a mi Ejército, la institución que me ha dado todo, y a lo mejor yo en su momento fui de un carácter rebelde, y aquí me formaron, me educaron. Pero he visto compañeros que han entrado en la situación que ustedes ponen, de que los papás ya no los pueden controlar, y lo único que han provocado es que ese joven tarde o temprano termine en prisión.”

Además de traer a sus escoltas, Pérez también se llevó a Fresnillo a su intendente, el capitán segundo Fausto Nájera Galán. “Él ya le sabía el modo al coronel y cómo se manejaba”, dice el exsoldado entrevistado.

Tanto él como otras fuentes castrenses relatan que “los manejos” de Pérez en operativos incluían entrar a domicilios particulares, y “su gente de confianza sacaba todos los aparatos, electrodomésticos, lo que podía”.

“YA SÉ DÓNDE LLORARLE”

La puerta del departamento en Francisco I. Madero 106 está abierta. El vidrio está quebrado muy cerca de la cerradura. En las tres recámaras hay colchones sin sábanas, volteados; ropa, papeles, zapatos, cosméticos regados por el suelo. Ni un televisor o aparato de sonido; sólo dos controles remotos tirados.

Los vecinos apenas hablan. Sólo dicen que casi no veían a los habitantes de esa vivienda porque la habían rentado apenas unos 10 días atrás; parece que andaban en malos pasos; saludaban bien.

La noche del lunes 6 ahí estaban reunidos, en una fiesta, Germán Martín García González, de 26 años, exmilitar del 97 Batallón; Víctor Hugo, de 16 años; Fernando José, de 17; Beatriz Fernández, de 27; María Alejandra Rocha Montes, de 18; Jorge David, de 17, y Guillermo, de 15 años.

A las seis de la mañana del martes 7, un destacamento encabezado por Pérez y sus escoltas cerró la calle con varios vehículos e ingresó al domicilio. Sacó a todos.

La esposa de Martín, que se había salido de la casa enojada por la fiesta, volvía cuando se dio cuenta de lo que pasaba e identificó plenamente al coronel, de acuerdo con la declaración oficial que rindió ante la Procuraduría de Justicia estatal y que fue turnada a la delegación de la PGR.

La voz corrió con rapidez; los familiares comenzaron a coincidir en las puertas del 97 Batallón –donde les dijeron que ahí no conocían a ningún coronel Pérez Reséndiz–, de la Zona Militar, de la Procuraduría local, del Servicio Forense y del Congreso. Nadie les dio razón.

Así, acordaron reunirse el miércoles afuera del departamento allanado. Llevaron carteles con las fotografías de los siete, llamaron a los reporteros y colgaron algunas mantas que ya consignaban el nombre del coronel del 97 Batallón como el de alguien que debía saber el paradero de los desaparecidos.

El jueves 16 fueron localizados cuatro: Germán, Beatriz, Fernando José y Guillermo. El reporte de la Policía Ministerial del estado dice que “un aviso por parte del sistema de emergencias 066” de Jerez, recibido cerca de las tres de la tarde del miércoles, informó que había unos cuerpos cerca de la presa El Tesorero, en el kilómetro 16 de la carretera Jerez-Zacatecas-Fresnillo, así como cuatro casquillos percutidos de pistolas 9 milímetros.

El sábado 18, alrededor de las seis y media de la tarde, personal militar de Jerez informó que sobre el kilómetro 2 de la carretera federal Jerez-Fresnillo, en un arroyo, estaban los otros tres: José David, Víctor Hugo y María Alejandra.

El martes 21, cuando las autoridades confirmaban, gracias a análisis genéticos, la identidad de los tres adultos y los cuatro adolescentes, algunos portales informativos difundieron dos videos, en los que se veía que algunas de las víctimas de la desaparición forzada eran o actuaban como integrantes del Cártel del Golfo. Aparecían interrogando a supuestos miembros de Los Zetas, a quienes después mataban y decapitaban.

Ninguna de las instancias oficiales involucradas en la investigación había confirmado, al cierre de esta edición, los supuestos antecedentes delictivos de las víctimas del Ejército, aunque una fuente allegada a la Zona Militar asegura a Proceso que el coronel Pérez allanó la casa de Calera y sustrajo a los siete civiles “para ayudar a Los Zetas a limpiar” la región de la presencia del Cártel del Golfo.

La hermana mayor de David narra a este semanario que el muchacho de 17 años había regresado a Fresnillo a finales de mayo para vivir con su mamá, después de un tiempo de estar con ella y su esposo. Años atrás, David ayudaba a su abuelo en el rancho que el anciano poseía y, después, cuando vivió con su hermana, le echaba la mano a su cuñado en la construcción.

Quería ser soldado o entrar a la Marina, recuerda su hermana. Todavía el lunes 6 la llamó para decirle que iba a Calera porque un amigo le había ofrecido trabajo en un rancho. “No sé quién, no conocía yo a ninguno de los que estaban con él en esa casa. Nunca los mencionó. Lo que dicen de él no coincide, no es el que yo conocí. Hablábamos mucho, me contaba sus cosas”.

“Tantos días de andarlo buscando. Todavía cuando aparecieron los últimos tres cuerpos y ya todo mundo decía que eran ellos, en la PGR me decían a mí que no era mi hermano. Luego que sí. En la hoja de defunción aparece que le dieron un disparo en el cráneo. Pero no me lo dijeron sino cuando tenía días de fallecido. La PGR nos dijo que la investigación la iba a tomar otro nivel, personas más altas. Y yo me quedo así, ¿ahora qué hago?

“Pero por una parte le doy gracias a Dios, porque hay mucha gente que no sabe si están vivos o están muertos. Yo ya sé dónde está, dónde llorarle.”

El día del sepelio de David, dos enviados de la Procuraduría Militar y la Defensa Nacional buscaron a los parientes de las siete personas asesinadas, con el propósito de acordar una indemnización. Se entrevistaron con ellos por separado.

La única petición de los emisarios de la Sedena, de acuerdo con lo que confirmaron algunos familiares, fue “ya no hacer más ruido”.


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/ 30 DE JULIO DE 2015)