FOTOS: Sergio
Haro
El origen del dinero en efectivo
localizado en el departamento que habitaba el fallecido funcionario del
ISSSTECALI sigue como eje de la madeja en torno al crimen. Hasta el momento la
Procuraduría no ha podido comprobar que sea producto de una ilegalidad, ni los
familiares aclarar que es legítimo. Raymundo Muñoz, identificado como uno de
los autores intelectuales del crimen, fue favorecido con contratos por más de
12 millones de pesos en la administración de Ponce
A cinco meses del asesinato
del subdirector administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
(ISSSTECALI), Jesús Manuel Ponce Rico- 16 de noviembre 2016-, aún quedan varios
cabos por atar.
Tanto en Contraloría del
Estado como en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja
California (Isesalud) investigan las cuentas de las dependencias donde laboró
el funcionario asesinado en su departamento en el fraccionamiento Los Pinos en
Mexicali, donde localizaron más de dos millones de pesos en efectivo y 80 mil
dólares.
Pero es precisamente la
Contraloría donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
solicitó el expediente relativo a la declaración patrimonial de Ponce Rico, que
a la fecha no ha sido entregado. Respecto a las cuentas y contratos manejados
por la víctima, a través de información de Transparencia, ZETA pudo conocer que
en el caso de Isesalud -donde el occiso laboró como titular administrativo
junto con José Antonio Parra, acusado (no vinculado) como autor intelectual del
crimen-, se detectó una serie de contratos a dos empresas proveedoras de
productos farmacéuticos donde el contacto era Raymundo Muñoz, amigo de Parra y
segundo acusado como autor intelectual del robo que derivó en el asesinato del
funcionario. A la fecha está prófugo.
Jesús Manuel Ponce
En este escenario, el viernes
7 de abril de 2017 se realizó una audiencia general donde la esposa legal de
Ponce Rico -de quien tenía casi dos años de separado- solicitó le entregaran el
efectivo, argumentando le pertenece. En la misma audiencia se presentó una hija
de Ponce que reclamó ese dinero, aduciendo que interpuso juicio testamentario
ante un Juzgado Civil.
LAS HUELLAS DEL DINERO
Jesús Manuel Ponce Rico
-militante del Partido Acción Nacional- participó en la campaña por la
gubernatura encabezada por Francisco Vega de Lamadrid en 2013 y, después del
triunfo albiazul, se integró como director de área en la oficina del Ejecutivo,
ganando 49 mil pesos mensuales.
En mayo de 2015 fue
transferido a Isesalud como subdirector general administrativo -donde percibía
52 mil pesos mensuales-, su brazo derecho era José Antonio Parra Bernal, jefe
del Departamento de Recursos Materiales y de Servicios Generales.
Entre los proveedores de
Isesalud destacan dos empresas con sede en Saltillo, Coahuila: Comercializadora
de Productos del Norte, S.A. de C.V. y Abastecedora SLW, S.A. de C.V.
En ambas el contacto era
Raymundo Muñoz, quien tiene residencia en Ensenada.
A través de la solicitud
171177 a la Unidad Concentradora de Transparencia, se pidieron los contratos
con ambas empresas durante los años 2015 y 2016.
De acuerdo a la respuesta de
la dependencia, en el caso de Abastecedora SLW, durante ese lapso se entregó
una serie de contratos por adjudicación directa que sumaron 12 millones 387 mil
914 pesos distribuidos en 21 pagos, la gran mayoría cubiertos por el banco
Fondo Constituido TESOFE -Tesorería de
la Federación- y enviados por su pago por el régimen de Protección Social en
Salud (REPSS).
La Ley indica que en los
contratos de adjudicación directa el monto máximo es de hasta un millón de
pesos.
En el caso de
Comercializadora de Productos del Norte, los montos sumaron 4 millones 472 mil
803 pesos distribuidos en 15 pagos.
Se trata de catéteres,
material de sutura, selladores, jeringas, bolas para ileostomía o colostomía,
tubos endotraqueales, Oxitocina inyectable, Salbutamol, solución para
nebulizar, Cloruro de Suxametonio y Bromuro de Vercuronio.
Una buena parte de ese
material se entregaba en los almacenes de Isesalud en Ensenada y los contratos
tienen fecha del 18 de diciembre de 2015 y 19 de febrero de 2016. Todos
firmados por Ponce Rico como subdirector general de Administración, José
Antonio Parra como jefe de Recursos Materiales y Rodolfo Paulín como subdirector
general de Saldos.
La cuarta firma era del
apoderado legal de la empresa, Pablo Toledo, en el caso de Comercializadora de
Productos del Norte y Efraín Elizondo en Abastecedora SLW.
NO FALTA NADA
Apenas el lunes 10 de abril
iniciaron en Isesalud una serie de auditorías, aunque de acuerdo al ahora
subdirector administrativo Ricardo González Cruz, “son las revisiones
normales”.
Expone que en el caso de
Comercializadora de Productos del Norte y Abastecedora SLW fue a inicios de
2016 cuando tuvieron tratos con la dependencia.
“Se presume inocente,
mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art: 13,
CNPP”.
“A esos proveedores que se mencionan, a nosotros no nos ha tocado
comprarles, nada más se hizo una compra esa que hicieron, de asignación, no fue
una compra que se manejó por el procedimiento normal”, afirma, para luego
aclarar que ambas empresas ya no siguen como proveedores de Isesalud, “ya no
han participado”.
Además, menciona que en 2015
hubo un incendio en el almacén, lo que significó pérdida de medicinas y
material de curación, pero no quedó bien documentado en cuanto a las pérdidas,
y ahora con Oficialía Mayor y Contraloría buscan darle “cuadratura” a esos
datos para poder contar con un inventario confirmado.
A su vez, detalla que la
Contraloría del Estado trae una auditoría especial del periodo en el que estuvo
Manuel Ponce en Isesalud, pero aún no han emitido el resultado. Guillermo Trejo
Dozal, secretario de Salud en la entidad -quien asumió el cargo en julio de
2016-, argumenta que en ese tiempo le presentaron su renuncia varios
funcionarios, entre éstos, del área administrativa.
“Lo único que pedí es tener
el tiempo suficiente para que la persona que entregue lo haga bien”, comenta.
Fue el caso de Ricardo
González Cruz, quien recibió de Manuel Ponce la administración de la
dependencia.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad
por la autoridad judicial. Art: 13, CNPP”.
Otro de los que presentaron renuncia
fue el titular de compras, Jesús Antonio Parra Bernal.
“La verdad es que yo ni
conocí al de compras”, justifica Trejo Dozal, añadiendo que hay cerca de 30
días que marcan los procedimientos para la entrega-recepción de las áreas.
“Yo ahí solicité varias
auditorias para estar seguro de que lo que estaba recibiendo estaba correcto,
no hemos encontrado ningún faltante en bancos”, dejando en claro que ellos no
fiscalizan, eso es tarea de la Auditoría Superior de la Federación, Órgano de
Fiscalización Superior o Contraloría del Estado.
Aclara también que en
Isesalud ellos no licitan las compras, sino en Oficialía Mayor, y el 80 por
ciento de las adquisiciones lo canalizan a Compra Consolidada, a través del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Lo que pasó en la
administración previa, lo que tienen los números, los que pueden salir
dependiendo de las auditorías que estamos esperando, es donde podría venir si
es que hay alguna observación. Pero la información que tenemos en bancos, es
que no hay ningún faltante”, asevera.
— ¿Cómo se puede explicar que
un funcionario de ese nivel pueda tener tanto dinero en efectivo?
“Pues lo lógico es que un
funcionario -de cualquier dependencia- no puede tener más que lo que gana”,
responde Guillermo Trejo Dozal.
JALONEO POR EL
DINERO
El viernes 7 de abril se
efectuó una audiencia general agendada a las 9:30 am en la Sala 10. El tema
tuvo que ver con la solicitud de Luz Elena “N”, la mujer con la que Manuel
Ponce estaba casado. Tenían un año ocho meses separados pero sin divorciarse,
por lo que legalmente seguían siendo marido y mujer.
A través de su abogado,
reclamó la entrega del dinero en efectivo localizado en el departamento donde
encontraron muerto a Ponce Rico.
El argumento es que ese
dinero le pertenecía, al ser parte del finiquito que le otorgaron en su trabajo
-una dependencia de gobierno, no aclararon cual-, y aseguró que el 15 de
octubre de 2014 le entregó a Ponce 839 mil 929 pesos producto de su retiro
voluntario.
En la audiencia presidida por
la juez de control Rocío Margarita Arce también se presentó la joven Mayra
Lizbeth “N”, hija del primer matrimonio de Ponce, quien reclama en un juicio
civil testamentario la herencia dejada por su padre.
Guillermo Trejo,
secretario de salud
Herman López Frank, asesor legal de Luz Elena, expuso que
en el departamento no había 80 mil, sino 85 mil dólares.
Además, sostuvo una larga
argumentación basada en los derechos
humanos de la mujer y la explicación de que la dueña de ese dinero era ella.
Según la carpeta de
investigación, en el departamento de Los Pinos los investigadores localizaron
dos cajas fuertes con dinero en efectivo: 2 millones 190 mil pesos y 80 mil
dólares.
Acorde con el abogado, desde
el 20 de febrero de este año se hizo la solicitud formal a la PGJE para que
entregara las pertenencias localizadas en el lugar del crimen, incluido el
numerario, el dinero.
Declaró que le entregaron el
auto, computadoras, ropa y cartera, pero no el dinero localizado en las cajas
de seguridad, bajo el argumento de que en la carpeta de investigación no obran
datos donde se haya acreditado la procedencia legitima del mismo, aunado a que
el fiscal está en una etapa de investigación dentro de la cual dicha evidencia
podría utilizarse como medio de prueba.
López Frank refutó:
“Nos queda claro que el
numerario (dinero) no es ni objeto ni instrumento producto del delito, por lo
cual lógicamente el MP no ha procedido a su aseguramiento”.
Por su parte, el agente del
Ministerio Publico, Fidel Corvera Gutiérrez, consideró poco creíble la versión
de que el dinero era de ella, dado que tenían casi dos años separados y la
víctima del homicidio ya tenía otra relación sentimental.
De igual forma, recordó que
en su declaración ministerial por el homicidio no habló del dinero, y que había
un juicio civil interpuesto por Mayra -la hija- por sucesión testamentaria.
El fiscal expuso que desde el
29 de noviembre de 2016 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria y
a Contraloría del Estado entregasen las declaraciones anuales y la patrimonial
de Ponce Rico, pero a la fecha no hay respuesta.
Al final, la juez de control
consideró improcedente la petición de devolución de ese dinero.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /RAMÓN
TOMÁS BLANCO VILLALÓN/ DOMINGO, 16
ABRIL, 2017 12:00 PM)
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