Conforme se acumulan los
hechos de violencia y sangre marcados por las armas largas en manos de
narcotraficantes y criminales organizados, los mexicanos observadores y
atentos, tienen más dudas que normalmente fomentan los prejuicios y no la falta
de información.
Las instituciones mexicanas,
enmarcadas en cualquiera de los tres Poderes del Estado, no cuentan con
credibilidad, su desgaste se incrementa al ritmo en que esos entornos
concentradores de poder e información, se vuelven más opacos, menos transparentes.
Desde que las leyes y
reglamentos para el acceso a la información y la transparencia se han ejercido
en este país, éstos han servido para ocultar lo que debería ser público. Al
regular la información el Gobierno tuvo la oportunidad de clasificarla, de
decidir de manera unilateral, con la ayuda de Consejos Ciudadanos y Tribunales
Judiciales, cuál información es pública, cuál no lo es, y cuál se clasifica
como cerrada por un periodo determinado.
Realmente el ejercicio de
reglas para el acceso a la información pública y la transparencia ha abonado
más a la opacidad de las entidades gubernamentales, que al derecho a la verdad.
Como periodista, en el pasado
era común, de hecho una práctica cotidiana especialmente en periódicos
independientes alejados de la línea oficial el interés particular y la
manipulación de los hechos, que funcionarios honestos o en dado caso sensatos,
hartos de la corrupción, el abuso y la presión hacia los ciudadanos, nos
“pasaran” copias de expedientes, copias de documentos que avalaban el abuso
gubernamental, el exceso de la fuerza, la transa económica. El periodista tenía
entonces la responsabilidad de investigar para confirmar lo obtenido gracias a
su credibilidad.
Hoy día que un funcionario
saque una copia de un expediente, de un documento, de un memorándum oficial, de
un convenio o contrato, equivale a cometer un delito y puede ser juzgado por
ello. Le pongo un ejemplo:
Hace algunos meses, uno de
esos funcionarios que consideran que la información debe conocerse cuanto más
si con la propagación se combate la corrupción, proporcionó a Semanario ZETA
copias de las declaraciones de Policías Municipales de Tijuana que fueron
otorgadas de mutuo propio como parte de los exámenes de control, evaluación y
confianza que realiza la Secretaría de Gobernación.
Bien, los Policías declararon
algunas de sus fechorías, por ejemplo uno que “movió” cadáveres para las bandas
del crimen organizado (para despistar las investigaciones), otro que golpeaba y
torturaba detenidos, uno más que llegaba borracho a sus labores policíacas y
algunos que habían sido detenidos en los Estados Unidos cuando fueron
sorprendidos por las autoridades de aquel país, al intentar cruzar droga desde
México hacia aquel país.
Más de 70 Policías
Municipales de Tijuana confesaron y firmaron sus dichos; al análisis final de
las declaraciones junto al resto de los exámenes de control, evaluación y
confianza, la autoridad federal reprobó a los agentes. De acuerdo a la Ley de
Seguridad Nacional, los Policías todos, mandos medios y altos, deben aprobar
los exámenes para permanecer en la corporación.
Publicamos la información en
enero de 2015, y lo primero que declaró el Secretario de Seguridad Pública de
Tijuana, Alejandro Lares Valladares, fue que investigarían dentro del
Ayuntamiento de Tijuana a quien hubiese filtrado la información a ZETA porque
aquello era irregular y afectaba el debido proceso. A la fecha más de la mitad
de esos Policías Municipales corruptos, torturadores y traficantes sigue
laborando.
En pocas palabras, al Secretario
de Seguridad Pública no le preocupó que se diera conocer que está trabajando
con Policías corruptos poniendo en peligro a la sociedad, sino que debía
localizar a quien hizo pública la información.
El problema de las
instituciones de este país es de credibilidad, es de opacidad, impunidad y nula
transparencia.
Y al día que esta columna se
redacta, se cumplen ocho meses de la desaparición de 43 normalistas en
Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y ni la PGR, ni toda la Presidencia de la
República con sus asesores, sus secretarios y sus millonarios recursos, han
podido convencer, primero a los padres de los desaparecidos y después a la
población en general, que el caso está siendo investigado, que fueron
asesinados, que hay “culpables” en prisión.
Ni el entonces Procurador
Jesús Murillo Karam, ni la actual Procuradora Arely Gómez –quien por cierto no
toca el tema- han podido dar certeza de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre
de 2014 en Iguala. No cuentan con respecto, ni con ética profesional
reconocible para creerles versión alguna.
Y recordando a unos
desaparecidos, aparecen otros muertos. Del caso de los 43 de Tanhuato,
Michoacán, que cayeron supuestamente ante las balas de Policías Federales el
viernes pasado, tanto activistas como la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos realizan investigaciones para dilucidar específicamente qué fue lo que
ocurrió, pues fotografías y videos que dan prueba del cambio en la escena de
los crímenes –algunos cuerpos se ven sin armas y luego rodeados de cartuchos-
hacen cuestionar la versión oficial de un enfrentamiento donde tanto los
civiles como los oficiales, estaban armados con gruesos calibres.
La sangre aun tibia en
Michoacán y la sospecha persiste no solo en el caso Ayotzinapa sino en el de
Tlatlaya, Estado de México. El Gobierno de la República no ha actuado ni con la
ciencia del Ministerio Público, ni la investigación Ministerial para dar
certeza de los hechos que han cimbrado al país, las decenas de muertes en
Guerrero, en Tamaulipas, los más de 250 ejecutados tan solo en Tijuana en los
primeros cinco meses del año.
La población mexicana se
esconde, se muda, se manifiesta y en algunos casos calla, ante el temor por un
lado a ser víctima de una ráfaga de los criminales organizados o los
narcotraficantes, o ser presionado y violentado por el Estado Mexicano, en un
intento por cubrir su ineficacia y su corrupción.
En México no hay justicia, no
hay certeza jurídica y no hay transparencia, porque el origen de este entorno
de seguridad está en el Gobierno Federal y en el Poder Judicial, instituciones
ambas sin credibilidad y opacas. Mientras esa situación persista, mientras el
Presidente Enrique Peña Nieto siga manteniendo en la Procuraduría a una señora
que no procura justicia, que no da la cara, que no es transparente y no informa
a los mexicanos, los muertos con verdugos intocables seguirán apilándose. Lo
mismo mientras Jueces, Magistrados, Ministros sigan contribuyendo a la opacidad
y el oscurantismo que rodea al Poder Judicial, que han probado de sobra su
habilidad para prestar oídos sordos a las denuncias de corrupción de una
sociedad mexicana tan lastimada.
(SEMANARIO ZETA/ ADELA NAVARRO BELLO / 27 DE MAYO DEL 2015 A LAS 09:56:30)
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