El juicio de Joaquín El Chapo
Guzmán arrancó en la Corte Federal de Brooklyn de forma estridente. Jeffrey
Lichtman, su abogado defensor, reconoció que su cliente sí era narcotraficante
–siempre dijo en México que era agricultor- pero de baja ralea, bajo las
órdenes de Ismael El Mayo Zambada, quien paga sobornos a dos presidentes
mexicanos, a jefes militares y policiales y a agentes de la DEA, para que no
sea capturado, mientras que el fiscal Adam Fels sacó de la nada una revelación
extraordinaria: el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo en
Guadalajara en 1993, fue cometido por el gobierno de Carlos Salinas. En la
presentación de sus argumentos iniciales, quedó claro que en el banquillo de
los acusados también están los gobiernos de México.
El escándalo que produjeron
esas revelaciones en México quedó atrapado en las diferencias políticas, pero
esa a favor y en contra de las viejas imputaciones de vinculación de los
cárteles de la droga con los gobiernos mexicanos, están desgastadas. Pero las
imputaciones de los abogados, que anticipa la presentación de más de 300 mil
documentos de evidencias, 14 mil grabaciones telefónicas, fotografías
satelitales y testigos protegidos, que aportarán los fiscales de Brooklyn,
Miami y el Departamento de Justicia, y la defensa de El Chapo, abrirán una
puerta muy grande en la relación del crimen organizado con funcionarios
mexicanos a lo largo de los años y deberá obligar al próximo presidente, Andrés
Manuel López Obrador, a investigarlos para determinar si hay sustento o no en
las acusaciones.
No es solamente la defensa
del narcotraficante sinaloense la que abrirá esa Caja de Pandora en tribunales
donde no tiene influencia ni capacidad para obstruir el gobierno federal, sino
que los fiscales, en una Corte abierta, ventilarán las miserias institucionales
de México. El juicio de Guzmán no es el final de una carrera criminal, sino el
principio que por años hemos esperado muchos mexicanos para saber el grado de
protección que tuvo del gobierno. En febrero de 2014, días después de la
segunda captura de El Chapo, escribí en El País de Madrid:
“El Chapo Guzmán logró evadir
a policías y militares en buena parte gracias a las luchas entre los
funcionarios durante los gobiernos panistas. En el Gobierno de Vicente Fox, en
al menos tres ocasiones agentes federales estuvieron a horas de capturarlo, pero
en dos ocasiones las indiscreciones de funcionarios ayudaron a que se escapara,
y en otra, la falta de una autorización para que se procediera a detenerlo, le
permitió huir. En el de Felipe Calderón, los conflictos intramuros que tenían
como su arena pública la prensa, impidieron el objetivo. En una ocasión, cuando
se seguía una pista muy segura y se había detenido a quien conocía su bitácora,
dentro del mismo gobierno se boicoteó la búsqueda cuando revelaron a la prensa
en qué andaban los agentes federales”.
En el arranque de la guerra
contra las drogas del gobierno de Calderón, los operativos federales realizados
en la frontera norte tenían un patrón extraño que nunca fue aclarado. Las
fuerzas de seguridad, sin importar si la incidencia delictiva era relevante o
no, operaban contra el cártel que predominaba en la región, como el de Tijuana
o el de Juárez, y los neutralizaba. Como consecuencia sistemática de esa
acción, la facción de Guzmán del Cártel del Pacífico -o Sinaloa-, pasaba a
ocupar y dominar la plaza. Cuando llegó Peña Nieto al gobierno, hubo cambios
importantes en el penal del Altiplano, en Almoloya, donde estaba recluido
Guzmán.
La Comisión Nacional de
Seguridad, que para entonces ya había sido absorbida por la Secretaría de
Gobernación, logró que se retirara el Ejército de la vigilancia y seguridad
perimetral de la cárcel de máxima seguridad, sustituyéndola por el CISEN, que
instaló un equipo de monitoreo permanente dentro del penal, con réplicas en el
cuartel general del servicio de inteligencia civil, y uno en la oficina del
entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong. En paralelo, se cancelaron los
protocolos de seguridad en el penal, se dejó de dar mantenimiento a los seis
diferentes tipos de sensores subterráneos, se relajaron las restricciones para
las visitas al penal, y se rechazaron todas las peticiones de las autoridades
carcelarias para que lo cambiaran de celda o de penal. El Chapo no se escapó
antes de esa cárcel, porque no fue detenido antes.
Tras su fuga y recaptura, la
organización criminal ascendente fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se
expandió y fortaleció al mismo tiempo, pero con diferente potencia, que Los
Zetas, Los Caballeros Templarios y el propio Cártel de Sinaloa, gracias a ocho
meses de gracia que les dio el gobierno de Peña Nieto de no combatirlos. Le
llamaron estrategia, pero la consecuencia fue que la organización que se surgió
de forma autónoma de la facción que controlaba El Chapo Guzmán.
El Cártel Jalisco Nueva
Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas
del mundo durante el sexenio de Peña Nieto, y aunque en los últimos meses han
buscado capturar a sus líderes, los esfuerzos han sido inútiles. La vez que
estuvo más cerca el Ejército de capturar a su jefe, Nemesio Oseguera, El
Mencho, fue el 1 de mayo de 2015, cuando se realizó un operativo en Jalisco,
que también fracasó porque policías federales en Guadalajara le advirtieron que
iban por él.
La relación de altos
funcionarios de diversos gobiernos con el crimen organizado ha emergido de
manera fragmentada y particular. Nunca como un fenómeno sistémico. El juicio de
El Chapo nos permitirá asomarnos a esa realidad mexicana que, como afirmó
Lichtman, “pondrá los pelos de punta”.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/15 DE NOVIEMBRE DE 2018)
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