Enrique Rodríguez Galindo es
General en España y Julen Elgorriaga fue Gobernador Civil de Guipúzcoa. Ángel
Vaquero es Teniente y Enrique Dorado ex-Guardia Civil. Todos fueron
sentenciados a 110 años de prisión. Felipe Bayo, ex-gendarme, recibió condena de
108 años. Así lo decidió el reciente fin de semana la Audiencia Nacional
Española apoyándose en pruebas reunidas durante varios meses. Fueron autores de
un “plan compartido” para secuestrar en Francia a dos presuntos miembros del
grupo terrorista ETA, trasladarlos ilegalmente a España, asesinarlos y
desaparecerlos. Los jueces tomaron muy en cuenta que no existió “orden o
instrucción alguna que partiera de los órganos centrales”. Y que en
consecuencia actuaron bajo cuenta propia. Se aclaró que el señor General ideó
todo. Le obedecieron el teniente y los Guardias Civiles. El Gobernador facilitó
el Palacio para internar clandestinamente al par de secuestrados. Se supone les
interrogaron severamente. Finalmente trasladados a despoblado, allí recibieron
un tiro en la nuca. Naturalmente, los captores estaban conscientes de que todo
era una acción ilegal. La sentencia pudo ser mayor, pero los jueces no tuvieron
evidencias de lesiones o torturas. La ausencia de partes blandas en los
cadáveres encontrados no lo permitió. Había vendas alrededor de los huesos, que
los juzgadores no consideraron evidencia de martirio. Todo sucedió en abril de
1983 y hasta ahora se descubrió y comprobó.
El General Enrique Rodríguez
Galindo es el militar más condecorado de la Guardia Civil. Está considerado
“máximo experto” para combatir a la temible guerrilla ETA. Desbarató por lo
menos a cien comandos. Con eso se creó fama de “terror de los terroristas” y
ascendió de Teniente a General. Una vida más o menos paralela llevó Julen
Elorriaga Goyeneche. Desde 1974 está afiliado al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). En 1982 el legendario político Felipe González lo nombró
Gobernador de Guipúzcoa por su probada actitud vertical.
Fue el primer civil y el
primer mandatario de los socialistas. Hizo un excelente trabajo, pero la fama
de estos dos señores que alcanzó gran altura, se vino en caída libre hasta
tocar fondo en prisión. Tenían autoridad para perseguir a los alborotadores y asesinos.
Pero cuando actuaron no hubo orden oficial de por medio. Y aunque lo hicieron
sincronizadamente, el tribunal estimó que no constituían una banda, simplemente
“un hecho clandestino sin objetivos de subvertir el orden constitucional o
alterar la paz”.
Agentes y directores de la
Policía Judicial, ministerios públicos del Fuero Común y hasta Procuradores de
Justicia han estado ligados al narcotráfico en Baja California. Eso es
conocido, está probado. Sucedió antes, durante y después del primer gobierno
panista que encabezó Ernesto Ruffo Appel desde 1989. Algunos murieron por
sobredosis. Otros cambiaron de residencia a Jalisco, pero los ligados al Cártel
Arellano Félix curiosamente desaparecieron. Todo mundo los conoce, nadie los
acusa. Nadie los persigue.
En esta borrachera de
fechorías destaca la Procuraduría General de la República. Millones y millones
de dólares de la mafia recibieron muchos de sus detectives y funcionarios en
los últimos quince años. Es curioso: Ahora se acusa a Ismael Higuera “El Mayel”
de asesinar al Sub-Delegado de la PGR en Baja California, Doctor Ernesto Ibarra
Santés, pero no se resalta que este funcionario de elevada posición actuaba a
las órdenes del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los
Cielos”. También era delincuente. También sus colaboradores lo sabían.
Para los señores licenciados
Jorge Madrazo Cuéllar y Mariano Herrán Salvati de la PGR, no es un secreto:
Algunos de sus agentes son ojos, oídos, protectores y hasta brazos asesinos de
los carteles. A ellos se debe crecimiento y poderío de los barones de la droga.
Federales fueron los que llegaron a la discoteca Christine de Puerto Vallarta
para asesinar a los Arellano. Utilizaron vehículos y autoridad. Cerraron la
circulación de las calles. Dispararon repetidamente y nunca se capturó a nadie.
En la Procuraduría General de
la República es bien sabido: Sus agentes mataron al Comandante Javier Orlando
Guzmán Monforte en Oaxaca. Otros, sospechosos, desbarrancaron el auto con los
tres cadáveres de sus compañeros en la sierra de “La Rumorosa” en Baja
California. El ex-Delegado de la PGR, Cuauhtémoc Herrera Suástegui baleado en
el Hotel Imperial del Distrito Federal está acusado por sus ligas con la mafia.
Once agentes federales fueron denunciados por el gobierno bajacaliforniano el
29 de febrero, por participar en delitos. Uno, ligado a ejecuciones. No se sabe
de investigación.
Un caso más: El General José
de Jesús Gutiérrez Rebollo capturado por sus relaciones con las mafias.
Forzosamente alguien o algunos participaban en sus ilegales actividades o
estaban enterados. Nadie “conoce” a tales personas ni se sabe dónde están.
Existe probadamente enorme disimulo para no capturarlos. Otro ejemplo: Agentes
y ex-agentes municipales de la policía municipal fueron detenidos y otros se
mantienen prófugos, relacionados con el asesinato de su jefe Alfredo de la
Torre el 27 de febrero en Tijuana.
El sábado once de marzo,
cuando el Ejército capturó a Jesús “El Chuy” Labra en Tijuana, lo llevaron a la
delegación de la PGR. Me contó un testigo que los militares solicitaron la
presencia inmediata de un agente del Ministerio Público en la planta baja del
edificio. Cuando los federales supieron quien era el detenido, retrasaron
deliberadamente el trámite. “Les dijeron que subieran al cuarto piso, pero los
uniformados hicieron ver lo delicado del asunto”, contó el confidente que oyó.
“Les insistieron llevar por las escaleras a Labra”. Solo accedieron hasta que
fue presionado el Delegado de la PGR. Lo hizo el señor José Luis Patiño Moreno,
coordinador de Agentes del Ministerio Público de la FEADS (Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud). Patético:
Previamente torturado, este hombre apareció muerto días después con dos de sus
compañeros en una barranca de “La Rumorosa”. El testigo de aquel momento
comentó que a su juicio, en la PGR se avisó a la gente de Labra y estaban dando
tiempo premeditadamente para que llegara su abogado con un amparo y liberar a
“El Chuy”. Pero el Licenciado Gustavo Gálvez se fue al Cuartel de la II Zona
Militar pensando que allí tenían a su cliente. Cuando le dijeron que no, se
dirigió a la PGR mientras a Labra lo llevaban al aeropuerto. No lo alcanzó. No
está confirmado, pero creo que tan pequeño retraso le costó la vida. Siete días
después de la captura, el Licenciado Gálvez apareció torturado y muerto en un
barrio defeño.
Creo que la Procuraduría
General de la República tiene suficientes motivos para detener y consignar a
numerosos agentes y otros tantos que lo fueron. Todos, enlazados a la mafia.
Todos, conocidos. Mientras eso no suceda, es lógico que en una comparación
realista, puede y debe decirse que ante la mexicana, funciona mejor la justicia
española. Ah. Y de la que se salvó “El Mayel”. No lo detuvo un General como el
que en España y por su cuenta, ordenó matar a los terroristas.
Tomado de la colección Conversaciones
Privadas de Jesús Blancornelas, publicado en mayo de 2000.
(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA / JESÚS BLANCORNELAS
/LUNES, 26 NOVIEMBRE, 2018 12:00 PM)
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