Son 11 los jueces del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en Tijuana que diariamente determinan si delincuentes permanecen
en prisión, quedan en libertad, son enjuiciados o les retiran los cargos. ¿Qué
méritos los llevaron a ser nombrados? ¿Eran los mejores en las mediciones de
conocimientos y aptitudes? ¿Qué relaciones familiares y de amistad sostienen
dentro del Poder Judicial? ¿Qué casos han llevado y cuáles han sido sus
resoluciones? A continuación, una revisión de sus primeros 17 meses de trabajo
En Tijuana son 11 los jueces
del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que deciden si homicidas,
asaltantes, secuestradores, violadores y demás delincuentes, permanecen en la
cárcel o salen en libertad. Son los llamados jueces de control.
Algunos llegaron a ese lugar
gracias a sus relaciones de amistad, afecto o familiares, han liberado a
peligrosos delincuentes, a pesar del riesgo que corren las víctimas y la
sociedad; obtuvieron los puntajes más bajos en las evaluaciones para dichos
cargos. Una jueza considera que un cuchillo de cocina no es un arma, esto para
poder dejar en libertad a los delincuentes, y una más, es la esposa del
encargado de asignar los casos a cada juez y es casualmente la que menos carga
de trabajo tiene.
Si bien, para ser designado
juez, se debe participar en un concurso que incluye, entre otros aspectos, un
examen teórico, una entrevista, así como una valoración de preparación
académica y trayectoria profesional, la decisión final recae en los magistrados
que integran el Tribunal Superior de Justicia.
ZETA hace una revisión de los
antecedentes, los nombramientos y los puntajes de los encargados de la
impartición de justicia en Tijuana, así como un diagnóstico de su trabajo en
sus primeros 17 meses de trabajo.
LA JUEZA PARA LA QUE UN CUCHILLO ES UN UTENSILIO DE
COCINA Y NO UN ARMA
Patricia Hernández Haro es
conocida como una de las jueces más garantistas en Tijuana. Durante sus
primeros meses en el cargo, liberó a 61 imputados por considerar que su
detención había ocurrido de manera ilegal.
Uno de estos casos ocurrió en
junio de 2017, cuando no dictó prisión preventiva a un hombre denunciado por
lesiones agravadas, crueldad animal y daño en propiedad ajena.
El detenido fue acusado de
agredir con un objeto punzo cortante a un perro de raza pitbull, romper uno de
los cristales del vehículo del propietario del perro y luego propinar un
machetazo en la espalda a una mujer que reportó los hechos ocurridos en la
colonia Osuna Millán.
Ya que los afectados no
comunicaron de inmediato los hechos a la Policía Municipal, la juzgadora
consideró que la detención no ocurrió en flagrancia, por lo que vinculó a
proceso al imputado, pero lo dejó en libertad, pese al miedo que expresaron las
víctimas a ser atacadas nuevamente.
Entre los criterios
garantistas que ha aplicado en las audiencias que ha celebrado, está la
reclasificación del “delito de robo con violencia” a “robo simple”. Esto porque
el atacante utilizó un cuchillo para llevar a cabo el asalto, pero, para
Hernández Haro, este objeto es un utensilio de cocina y no un arma, expuso al
representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que
llevó el caso.
Y no fue una de las mejores
evaluadas al momento de concursar por su cargo como jueza, obtuvo una
calificación final de 312.66 de un máximo posible de 400, que la situó en el
número 10 de 17 participantes. La calificación, bajo una escala de 0 al 100,
correspondería a 78.16.
No obstante, esto no le
impidió obtener 15 de 16 votos de los magistrados para convertirse en juez.
Antes de ello, Patricia Hernández Haro trabajaba como secretaria de acuerdos en
el Juzgado Séptimo de lo Penal, en Tijuana.
De acuerdo con estadísticas
del Poder Judicial, Hernández Haro es quien más audiencias ha celebrado en el
periodo comprendido del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, en
Tijuana, con un porcentaje de 13 por ciento, cuatro puntos porcentuales por
encima del promedio.
A QUIEN SU HERMANO MAGISTRADO ALCANZÓ A ACOMODAR
(ANTES DE SER REMOVIDO)
El 15 de junio de 2016,
Verónica Carolina Cataño González fue nombrada una de los 12 jueces de control,
por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, uno
de ellos era su hermano, Carlos Cataño González, quien fue removido.
En 2016, el ex magistrado fue
inhabilitado durante 10 años a raíz de una investigación del Consejo de la
Judicatura Federal, la cual arrojó irregularidades en la admisión y resolución
de 15 amparos relacionados con la importación de autos provenientes de Estados
Unidos y que fueron cruzados por las aduanas de Mexicali y San Luis Río
Colorado, periodo en que Cataño trabajó para los juzgados federales.
La jueza Cataño González no
contó con el voto de su hermano, de haberlo hecho, el entonces magistrado
habría incurrido en la violación del Artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
El cual indica que “ningún
nombramiento para empleado de la Administración de Justicia o auxiliar de ésta,
podrá recaer en los casos a que se refiera el reglamento y en ascendientes,
descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por
consanguinidad de los consejeros al Consejo de la Judicatura y magistrados del
Tribunal”.
Como castigo a la
inobservancia de esta disposición, está la remoción inmediata respecto del
servidor público indebidamente designado.
Pero el hecho de que Cataño
González no haya votado el nombramiento de su hermana, no significa que no la
haya apoyado. Un mes antes de la designación, el entonces magistrado había sido
notificado de la resolución en su contra por parte del Consejo de la Judicatura
Federal.
Fuentes del Poder Judicial,
en Baja California, señalan que Cataño González negoció el ingreso de su
hermana como jueza entre sus compañeros magistrados antes de ser removido.
Nueve de los 16 magistrados que integran el Tribunal, votaron a favor de ella,
incluido el entonces presidente Jorge Armando Vázquez.
…Y ESPOSA DE QUIEN ASIGNA LOS CASOS A JUECES
Pero no es la única relación
familiar de la jueza Cataño González dentro del Poder Judicial. Herman Cruz
Álvarez Villarello, su esposo, se desempeña como jefe de la administración del
Poder Judicial en Tijuana.
Entre sus funciones está la
de distribuir los números únicos de caso a los jueces de control para que
celebren las audiencias, entre ellos, a su esposa, quien del 1 de octubre de
2016 al 30 de septiembre de 2017, celebró el 8.8 por ciento de las audiencias
celebradas en Tijuana.
Si bien, en la plantilla del
personal del Poder Judicial, disponible para su consulta en línea,
correspondiente a marzo de 2017, Álvarez Villarello aparece como sub-jefe del
Centro de Justicia Penal Oral de Rosarito, con un sueldo de 42 mil 871 pesos
mensuales, que en menos de un mes después ya se encontraba laborando en
Tijuana.
Precisamente, entre 2016 y
2017, Cataño González se desempeñó también como juez de apoyo en Playas de
Rosarito, en el mismo sitio donde su esposo trabajaba.
Cataño González tampoco
obtuvo una calificación sobresaliente en el concurso para convertirse en juez,
llegó a una sumatoria de 325.66, de un máximo posible de 400, el equivalente a
81.41, en una escala del 0 a l00.
Debutó en el Poder Judicial
como jueza, antes de ello se desempeñaba como defensora pública, junto con
Tania Guadalupe Vega Gordillo.
LA AMIGA DE CATAÑO
Tania Guadalupe Vega Gordillo
fue designada como jueza de manera unánime por los 16 magistrados que
integraban el Tribunal, el 15 de junio de 2016. Entre ellos, Carlos Cataño
González, quien dentro del Poder Judicial es identificado como su impulsor en la
designación.
Esto gracias a que Vega
Gordillo hizo carrera junto con Verónica Carolina Cataño González, dentro de la
defensoría pública, pero obtuvo una calificación inferior a la de ella, con
312.66 puntos de un máximo posible de 400, esto es 78.16 de 100.
Del 1 de octubre de 2016 al
30 de septiembre de 2017, ha celebrado 9.3 por ciento de las audiencias
llevadas a cabo.
La jueza Vega Gordillo tiene
entre sus casos, el de José Rodríguez Vázquez “El Huevo”, quien se encuentra
vinculado a proceso por los homicidios de su pareja sentimental, Ana Karen
Flores, y de su hijastro Jared, a quienes prendió fuego en su departamento.
Concedió un plazo de
investigación de cinco meses a la Procuraduría, por lo que será en marzo de
2018 cuando el imputado regrese a los tribunales. Mientras tanto, dictó la
medida cautelar de prisión preventiva contra “El Huevo”.
A QUIEN LE HICIERON VÁLIDO UN EXAMEN QUE PRESENTÓ
SIETE AÑOS ANTES
Gerardo Anguiano Ceja
concursó para convertirse en juez, en 2009, y al hacerlo, obtuvo un puntaje de
300 de un máximo de 400, esto es un resultado de 75 en una escala de 100.
Al momento en que se publicó
la convocatoria para designar jueces de garantías del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, en la cual Anguiano Ceja participó el 12 de marzo de 2009, la cláusula
novena indicaba que los participantes que no serían asignados jueces al término
del concurso, tenían la oportunidad de integrar una reserva de personas en caso
de existir vacantes.
Sin embargo, esta
consideración tendría “vigencia de un año a partir de la fecha en que se hayan
realizado las designaciones de jueces y será exclusivamente para el partido
judicial de Mexicali”.
Anguiano Ceja fue nombrado
juez de control hasta el 15 de junio de 2016, siete años después y designado a
Tijuana, otra violación a la convocatoria del propio Poder Judicial.
Esto gracias a que el Consejo
de la Judicatura de Baja California publicó un aviso en el boletín judicial,
con fecha del 26 de febrero de 2016, donde informa que, mediante un acuerdo
tomado en sesiones celebradas ese mes respecto a la convocatoria para designar
40 jueces de control, publicada también en esas fechas, a 20 personas se les
debía incluir en el listado de candidatos elegibles.
Esta lista estaba compuesta
por quienes habían participado en el proceso de selección para juez de
garantía, publicado el 12 de marzo de 2009, y en el concurso de oposición para
juez de control, con fecha del 6 de abril de 2015.
En el listado estaba Anguiano
Ceja, a pesar de que esto contrariaba a la convocatoria en la que participó.
El juez Gerardo Anguiano Ceja
obtuvo 16 votos para su nombramiento, por lo que se le designó de manera
unánime por parte de los magistrados. Al momento de participar, fungía como
secretario de Acuerdos en la Sala Cuarta Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Baja California, en el sistema tradicional, esto
significa que no tenía experiencia en el sistema penal oral.
Si bien, Anguiano Ceja fue
nombrado juez de control con sede en Tijuana, como la mayoría de sus compañeros
al momento de la designación, se validó que pudieran trabajar en otras sedes,
dependiendo de la carga de trabajo, por lo que también se desempeña como juez
de apoyo en Mexicali.
Según información del Poder
Judicial, Anguiano Ceja ha celebrado 4.5 por ciento de las audiencias que del 1
de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, se han llevado a cabo en
Tijuana, el porcentaje más bajo entre los jueces.
EL DE LA CALIFICACIÓN MÁS BAJA
Tras presentar un examen
teórico y de conocimientos, ser entrevistado y revisar sus méritos, Daniel
Aguilar Patiño obtuvo una sumatoria final de 295.33 de 400, lo que corresponde
a un 73.83 de 100.
Esto lo coloca como el juez
peor evaluado entre sus once compañeros, y su experiencia laboral incluía haber
sido secretario Actuario del Juzgado Primero de lo Penal, en San Quintín, y
secretario de Acuerdos del Ministerio Público, así como defensor de oficio.
Obtuvo 10 de los 16 votos
posibles al momento de ser elegido por los magistrados. En contraste, ha
celebrado 11.8 por ciento de las audiencias que se realizaron de 1 de octubre
de 2016 al 30 de septiembre de 2017, el tercer número más alto.
LA QUE DEJÓ LIBRE AL ESTADOUNIDENSE QUE DESPUÉS FUE
DETENIDO EN SU PAÍS
En abril de este año, James
Tyler Yeager fue detenido en el fraccionamiento San Antonio del Mar, después de
que vecinos solicitaran la intervención de la policía por los robos que
cometía.
Aunque su detención ocurrió
en flagrancia cuando entró a una casa con una escopeta para someter al
propietario y cometer el robo, la jueza Leticia Larrañaga Vizcarra retiró los
cargos en su contra y lo puso en libertad debido a que el abogado defensor del
estadounidense argumentó que el Ministerio Público no contó con un perito
certificado que explicara los cargos a James Tyler.
Lo curioso es que la jueza
tampoco contaba con un perito traductor al momento de la audiencia celebrada el
domingo 30 de abril. Quien se encargó de la traducción fue Herman Álvarez
-esposo de la jueza Cataño González-, jefe administrativo de los juzgados, por
ser el único que sabía inglés al momento de la audiencia, ya que había términos
que no podía traducir del español al inglés para el imputado, el abogado
defensor Fernando Benítez, le hizo de traductor.
Los vecinos de San Antonio
del Mar reclamaron la liberación. Incluso, la Procuraduría investigaba la
participación del estadounidense en un doble homicidio al momento de la
liberación.
La representante del
ministerio público argumentó que se había contactado al Consulado de Estados
Unidos en Tijuana para que hicieran la traducción correspondiente, pero la
jueza tomó su determinación.
En octubre de este año, el
estadounidense fue detenido en la frontera de México y Estados Unidos al
intentar ingresar a ese país a un ciudadano chino indocumentado, ahora se
encuentra detenido en San Diego, California.
Leticia Larrañaga Vizcarra
obtuvo una de las calificaciones más altas entre sus compañeros, 360.66 de un
máximo de 400 puntos, el equivalente a 90.16 de 100.
Además, contaba con una
amplia experiencia profesional, se desempeñó como juez noveno de lo penal en
Tijuana, eso lo llevó a ser designada de manera unánime por los 16 magistrados.
LA DEL PUNTAJE MÁS ALTO QUE QUITÓ CARGOS POR SECUESTRO
A EX POLICÍAS
Entre los jueces de control,
Leonor Garza Chávez consiguió el puntaje más alto al momento de su
nombramiento, 370.66 puntos de 400, el equivalente a un 92.65 de 100. De ahí
que contara con el voto de 14 de los 16 magistrados que integraban el Tribunal.
Durante su tiempo como jueza,
Garza Chávez ha celebrado el 10.2 por ciento del total de audiencias realizadas
en Tijuana.
En una de ellas, celebrada en
septiembre de 2016, la juez Garza Chávez reclasificó el delito de “secuestro” a
“privación de la libertad”, que se le imputó a Fabián Chan Velázquez y
Francisco Gómez Casillas, ex policías municipales que, a punta de pistola, le
dijeron “esto es un secuestro” a un hombre y lo mantuvieron privado de su
libertad.
Sin embargo, como no se
concretó la solicitud de dinero a la familia, la jueza determinó que no había
elementos suficientes para vincularlos por secuestro. Esto cambió la posible
sentencia de 40 a 80 años, a un máximo de siete años y un mínimo de tres años
de cárcel.
Garza Chávez se desempeñó
como secretaria de tribunal del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto
Circuito antes de ser jueza.
LA RECIÉN NOMBRADA
Claudia Pamela Tom Jiménez
fue designada jueza, el 15 de agosto de este año, luego que el juez Héctor
Herrara Robles renunciara a su puesto por motivos de salud. Un año antes, en
junio de 2016, Tom Jiménez alcanzó apenas tres de los votos de los magistrados.
Entre los actuales jueces se
ubica, solo por encima del juez Daniel Aguilar Patiño en cuanto a calificación,
con un puntaje de 304.66 de un máximo de 400, esto es 76.16 de 100.
Debido a su poco tiempo en el
tribunal, ha celebrado apenas el 0.2 por ciento de las audiencias hasta el
corte del 30 de septiembre de 2017.
EL RESTO
Antes de convertirse en
jueza, Martha Elvia Luna Vargas fungía como secretaria de cuenta de la Sala
Cuarta Penal en Tijuana. Obtuvo uno de los mejores puntajes entre sus
compañeros con una sumatoria de 358.66, un 89.66 si se traslada a una escala de
100 y fue elegida de manera unánime por los magistrados. En un año ha celebrado
el 9 por ciento de las audiencias, además de haber fungido como juez de apoyo
en Mexicali.
Por su parte, está el juez
Fidel García Villanueva, quien se coloca entre los últimos lugares de las
calificaciones obtenidas entre los jueces de control con sede en Tijuana, con
un puntaje de 309.32, lo que representa un 77.33.
García Villanueva ha celebrado
el 10 por ciento de las audiencias realizadas en esta ciudad, en un periodo de
un año.
Por último, el juez Adán Méndez Castro obtuvo una
calificación de 348.33 de 400, el equivalente a un 87 en una escala de 100.
Obtuvo diez de los 16 votos de los magistrados y entre sus antecedentes
laborales, está el haber sido agente del ministerio público y ha presidido el
10.6 por ciento de las audiencias celebradas del 1 de octubre de 2016 al 30 de
septiembre de 2017.
A lo largo de 505 días, estos
jueces han celebrado 7 mil 482 audiencias en Tijuana. De éstas, 5 mil 995
corresponden a audiencias en etapas de investigación, mil 377 a audiencias en
etapa intermedia, 81 en etapa de ejecución y 29 en etapa de enjuiciamiento.
Cada uno percibe un sueldo
mensual de 61 mil 847 pesos, mientras que, entre sus prestaciones y
remuneraciones, está el disfrute de 30 días hábiles de vacaciones al año,
seguro de gastos médicos mayores que cubre cirugías, hospitalización,
consultas, medicamentos, análisis clínicos, tratamientos dentales y reposición
de lentes, seguro de vida.
También se les otorgan
viáticos diarios de 3 mil 500 por viajes fuera del Estado y de 2 mil pesos
diarios si es dentro de Baja California.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 20 NOVIEMBRE, 2017
12:00 PM)
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