La investigación sobre la presunta
triangulación de recursos públicos a favor de empresas fantasma que
supuestamente podrían tener relación con el PRI no se limita sólo a Chihuahua.
La Fiscalía de Durango averigua el presunto desvío de 226 millones de pesos del
Secretariado de Ejecutivo de Seguridad Pública estatal en 2016. Para ello
comparte información con la Fiscalía de Chihuahua, ya que indagan su posible
relación con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario actualmente vinculado a
proceso por el caso del desvío de 1.7 millones de pesos de la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua, dijo la Fiscal Ruth Medina.
Sobre ello, Gutiérrez Gutiérrez aclaró
que no ha recibido ninguna solicitud de autoridades duranguenses y acusó que
detrás de esta investigación está el Gobierno de Chihuahua. “Si es dictado de
Corral, adelante”, afirmó.
Dulce Olvera y Sugeyry Gándara
Chihuahua, Chihuahua, 4 de
diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED)
investiga desde hace cuatro meses el presunto desvío de 226 millones de pesos
de recursos estatales provenientes del Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública a dos empresas de operaciones simuladas durante
2016, el mismo periodo electoral indagado en Chihuahua.
Durango fue gobernado por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su historia reciente hasta
este 2016 con la llegada del Gobierno panista de Jesús Rosas Aispuro.
La Fiscal Ruth Medina Alemán
explicó que iniciaron con la indagatoria
a raíz de seis denuncias formales que se interpusieron desde agosto pasado por
parte del actual Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
de Durango, Omar Carrazco Chávez.
“Encontramos la presencia de
algunas empresas que estaban consideradas como fantasmas que también habían
sido beneficiadas con algunos contratos de aquí”, dijo la Fiscal duranguense.
Del total de las demandas
penales, dos ya se han judicializado y vinculado a proceso a dos ex
funcionarios del Secretariado de la administración pasada del priista Jorge
Herrera Caldera (2010-2016), quien ha promovido más de 40 amparos para no ser
detenido, de acuerdo con el Consejero Jurídico Galdino Torrecillas Herrera.
Otros 100 ex funcionarios públicos han recurrido a la misma medida.
En octubre recibieron prisión
preventiva el entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública de Durango y la administradora del órgano.
De esas dos denuncias ya
judicializadas en carpetas, y a partir de la declaración de uno de los dos
vinculados, agregó la Fiscal, siguen analizando la presunta responsabilidad de
otro ex funcionario del Secretariado estatal.
La Fiscal de Durango, Ruth
Medina Alemán, añadió en entrevista que “creemos que puede estar enmarcado” [en
dicha operación] Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, empresario priista actualmente
vinculado a proceso por el pago de 1 millón 740 mil pesos de la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua a dos empresas, Jet-Combustibles [de su propiedad] y
Promotora de Señalamiento Integral [representada por su hijo Alejandro
Gutiérrez Gómez], a cambio de servicios presuntamente no prestados, de acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio Público en una audiencia de enero de este
año.
El 31 de octubre, en
conferencia de prensa el Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado afirmó
que en el caso del estado de Durango se investiga a las mismas empresas
relacionadas con las triangulaciones de recursos descubiertas en Chihuahua.
“Estamos dispuestos a
colaborar en cuanto nos soliciten esa ayuda, toda vez que las consignaciones
que ha hecho la Fiscalía General del Estado de Durango coinciden con tres
empresas que también acá funcionaron en el esquema de triangulación de recursos
públicos hacia el PRI nacional por virtud de empresas fantasma. Dos de esas empresas
fantasmas son las mismas que fueron consignadas en el expediente de Chihuahua
conocido como educación, 250 millones de pesos. Y una tercera,
Jet-Com[bustibles], que también ha sido consignada en el expediente del estado
de Durango coincide también con la empresa que consignó el estado de Chihuahua,
propiedad o bajo la titularidad del hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”,
declaró.
La Fiscal Medina, por su
parte, prefirió reservarse los nombres de las empresas porque no han concluido
la investigación y porque forman parte de otras carpetas, pero reveló que ya se
ampararon las empresas Sinax y Sissa, dos de las cuatro empresas fantasmas del
caso de los 246 millones de pesos distraídos en la Secretaría de Educación de
Chihuahua.
Actualmente la Fiscalía de
Durango se ha reunido con tres fiscales del país para compartir información,
entre ellos con Chihuahua, compartió Medina Alemán.
CHIHUAHUA LE DICTA A DURANGO: GUTIÉRREZ
En entrevista con SinEmbargo,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez desestimó las declaraciones de la Fiscal de
Durango pues dijo que en cualquier investigación “no pueden descartar a nadie.
Ni al Papa”, por lo que le parece “tramposo y perverso” decir que puede estar
relacionado con el caso de Chihuahua, y aludió que quien está “dictando” a las
autoridades duranguenses es precisamente el Gobierno de Chihuahua.
“Yo no sé, que lleven a cabo
la investigación que corresponde”, afirmó el ex Secretario adjunto del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) sobre el proceso en Durango. “Si es dictado
de Corral, adelante […] Quien solicitó eso [la investigación en Durango] fue
Peniche [el Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche]”.
Hasta el momento, “no he
tenido ningún requerimiento de información” por parte de las autoridades de
Durango, aclaró.
Gutiérrez afirmó que
funcionarios públicos y medios de comunicación lo han relacionado con lugares
que ni siquiera conoce.
“Han mencionado tantos
estados; lugares donde ni siquiera sé dónde quedan. Dicen Milpa Alta. No tengo
ni la más remota idea de dónde es”, aseveró el empresario.
El 21 de diciembre del año
pasado, durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alejandro
Gutiérrez por el caso de 250 millones de pesos, el Ministerio Público leyó una
declaración del ex Secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez Herrera,
quien aseguró que el mismo esquema de desvíos que ocurrió en Chihuahua también
se habría repetido en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango. Yáñez
fue sentenciado a cuatro años de prisión por su participación en el peculado de
246 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal.
En octubre de este año, el
Secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, sugirió lo
mismo.
“Tenemos información de que
se presentó el mismo modus operandi de triangulación de recursos no solamente
en el estado de Chihuahua o el estado de Durango, hay otras entidades que
también participaron del mismo esquema”, declaró a la prensa local.
SinEmbargo publicó este lunes
que la Fiscalía General de Chihuahua tiene una investigación en proceso que
menciona a Alejandro Gutiérrez Gómez, un hijo de Alejandro Gutiérrez, segundo
hombre más importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el
Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones
fue el dirigente.
“Manlio es mi amigo. Va a
seguirlo siendo toda la vida, porque es mi amigo más allá de la política”,
aclaró Gutiérrez Gutiérrez.
De acuerdo con la Fiscalía de
Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de
Señalamiento Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles
fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740
mil pesos para servicios presuntamente no prestados. En junio solicitó una
suspensión para no ser detenido.
“Claro que se amparó. Cómo no
se va a amparar ante un loco como este [el Gobernador Javier Corral Jurado],
para seguir adelante con las empresas”, detalló Gutiérrez Gutiérrez.
Contó que por el proceso
judicial que enfrentó por el caso de 250 millones de pesos, por el cual vivió
nueve meses en prisión preventiva pero ya está exonerado por falta de pruebas,
ya no tiene nada qué perder.
“No tengo nada qué cuidar
más, solo que sigan mis empresas, mis socios. Tengo 30 mil trabajadores”,
afirmó. Solo en Chihuahua cuenta con 12 mil empleados.
Precisó que ha presentado 46
denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre
ellas, contra el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el Secretario de
Educación estatal, Pablo Cuarón Galindo; el Consejero Jurídico, Jorge Espinoza
Cortés; y el Juez Alejandro Legarda Carreón, a quien –enfatizó Gutiérrez– lo
ascendieron a Magistrado después de que lo vinculó a proceso en enero por los
1.7 millones de pesos.
Pero en seis meses, destacó, “la
PGR tiene pruebas y no ha avanzado”.
DURANGO CUIDA QUE NO SE FEDERALICE
La Fiscal de Durango Ruth
Medina aseguró que el proceso de investigación sobre el presunto desvío de 226
millones de pesos es reciente y lo están realizando con cautela, ya que la
mezcla de recursos estatales con los federales podría provocar un amparo por
parte de los imputados o que, al igual que en Chihuahua, las autoridades
federales atraigan el caso.
“Tenemos ahorita acreditados
la presunta desviación de 226 millones de pesos, y solo hemos ejercido acción
penal por 60 millones de pesos [por dos vinculados]”, detalló. “Logramos
obtener por lo menos dos empresas con un monto determinado que sus entregables
no estaban acreditados”.
Hasta el momento, el Gobierno
federal no ha manifestado la intención de tomar el caso. “Advirtiendo el tema
de Chihuahua, Durango fue muy cauteloso justamente en ver el origen de los
dineros [estatal o federal]”, dijo Medina.
SinEmbargo publicó ayer que
el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, y la Secretaria de
la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, aseguraron en
entrevista que la PGR atrajo el caso de los 250 millones de pesos con
irregularidades y con la intención de parar la indagación. En agosto, Gutiérrez
Gutiérrez fue exonerado por falta de pruebas.
El Gobernador de Chihuahua
Javier Corral, en la conferencia de prensa del 31 de octubre, también dijo que
“este caso nos fue arrebatado por una serie de argucias y componendas entre los
defensores y la PGR, y algunos jueces federales”.
La Fiscal de Durango reiteró
que para evitar lo mismo “hemos sido muy cuidadosos en ir determinando porque
en un periodo de 2016 se cruzaron recursos estatales y federales en esas mismas
cuentas”, dijo. “Tenemos exclusivamente observado y judicializado en estas
carpetas el recurso estatal. Nos llevó mucho tiempo poderlo analizar y
desmenuzar al interior de la Secretaría de Finanzas”.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 05 DE DICIEMBRE 2018)
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