Conceden amparo a
Gustavo Rivera Martínez “El P1”, jefe de una de las células del Cártel Arellano
Félix. Juez de garantías detectó incongruencias en solicitud norteamericana que
habían avalado Juez y Canciller de México. Niegan amparos a Juan Francisco
Sillas “El Ruedas” y Salvador Alcalá “El Chava”, quienes podrían ser extraditados
este mismo año
La batalla jurídica
contra la extradición a los Estados Unidos por parte del narcotraficante Carlos
Herrera Ávalos, mejor conocido como Gustavo Rivera Martínez “El P1”, jefe de
pistoleros al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) le rindió frutos. Un
fallo en juicio de amparo detuvo la inminente entrega del hombre reclamado por
introducir al vecino país grandes cantidades de marihuana y cocaína.
El juez segundo de
distrito en materia de amparo en el Estado de México resolvió proteger al
sicario en el juicio de garantías 1339/2012 al considerar que existen
incongruencias en el dictamen por medio del cual, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, declara procedente la extradición del quejoso.
Carlos Herrera
Ávalos, quien utiliza el falso nombre de Gustavo Rivera, se encuentra preso
desde el 12 de marzo de 2008, cuando fue aprehendido en Los Cabos, Baja
California Sur junto a otros de sus cómplices pertenecientes al CAF. De
inmediato se cumplimentó en su contra una orden de detención con fines de
extradición internacional.
Cinco años de
volteretas
“El P1” es reclamado
por el gobierno de los Estados Unidos acusado de dos cargos: Asociación
delictuosa e introducción y tráfico de drogas (marihuana y cocaína) en esa
nación. Sin embargo su caso ha dado varias volteretas y desde hace más de cinco
años no se le ha conseguido expatriar.
El 5 de junio de
2009, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales
del Distrito Federal, emitió su opinión jurídica y declaró procedente la
extradición solicitada por la Embajada de los Estados Unidos. Un mes y un día
después, la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición.
Es ahí donde la
infinidad de juicios de amparo promovidos por “El P1” han prosperado y logró
evitar su entrega a los estadounidenses. Se ordenó la reposición del
procedimiento y de nueva cuenta, en resolución de 13 de noviembre de 2012,
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, “el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos concede al Gobierno de los Estados Unidos de América, la
extradición internacional del señor Carlos Herrera Ávalos, y su ejecución”.
Datos de dos procesos
Debido a esta última
declaración de procedencia de extradición, los abogados de Carlos Herrera
Ávalos promovieron un nuevo amparo, el antes citado ante el Juzgado Segundo de
Distrito en la materia. La protección de la justicia federal se otorga al
quejoso al comprobarse que los norteamericanos aportaron pruebas diferentes
durante el procedimiento y las autoridades mexicanas las convalidaron
ilegalmente.
Los cargos imputados
inicialmente al jefe de sicarios y que generaron la orden de detención
provisional con fines de extradición internacional se apoyaron en la solicitud
del gobierno extranjero bajo el proceso 03CR01843-K (asociación delictuosa y
contra la salud), pero al realizarse la petición formal de extradición, se
presentaron las constancias del proceso superviniente 03CR01843-L (delincuencia
organizada y contra la salud).
La diferencia,
además de la sustitución del cargo de asociación delictuosa por el delincuencia
organizada, es la penalidad aplicable para cada ilícito, pues mientras que,
para el primer tipo penal la sentencia no sería menor de un año y no mayor a
los 10 años de prisión, en el segundo caso combinado con los delitos contra la
salud la pena sería por “un término no menor de diez años de prisión y no mayor
a cadena perpetua y no trae aparejada pena de muerte”.
De acuerdo al
razonamiento del juez de amparo, la resolución reclamada transgrede el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se
señaló cuál es el fundamento legal que permite una acusación de reemplazo o las
circunstancias especiales del caso que permitan tal circunstancia.
Además de lo
anterior, el juez protector de las garantías del “P1” detectó que los
dictámenes que en materia de identificación fisonómica obran en el expediente
son insuficientes para elaborar un estudio comparativo entre la media filiación
referida en la nota diplomática 261 y la confrontación que se hace de una
fotografía del reclamado, lo que “evidencia la falta de motivación
(señalamiento de las circunstancias especiales) en la resolución reclamada” y
de lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no dijo nada.
Así, el juez ampara
y protege al quejoso para efectos de que la Cancillería mexicana “deje
insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción emita una
nueva, pero en el que se subsanen las irregularidades apuntadas”.
Aún faltará conocer
si las autoridades responsables interponen el medio de impugnación contra este
fallo, que es el recurso de revisión.
Confirman negativa a
“El Chava”
Aunque a la fecha no
ha sido detenido, Salvador Alcalá González “El Chava”, uno de los fugitivos más
buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos de
América, recibió un nuevo revés en su intento por escapar de la justicia.
El Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal confirmó la sentencia dictada
en junio pasado por el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia
Penal, en la que niega a “El Chava” la protección Constitucional en contra de
la orden de detención provisional con fines de extradición dictada en su
persona.
Los magistrados del
Tribunal Colegiado consideraron que la orden de captura solicitada por el país
del norte y concedida por el Juez Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal, cumple con todos los requisitos de legalidad
previstos en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América.
El prófugo Salvador
Alcalá González es reclamado por el gobierno de la unión americana para
enfrentar cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en el
distrito sur de California. Por el mismo asunto, en el mes marzo fue
extraditado César Alfredo Meza García “El Tachuelas”, jefe de la célula del
Cártel Arellano Félix.
Además de “El Chava”
forman parte del mismo grupo y son buscados en México y Estados Unidos Miguel
Ángel Bravo Peña y José Luis Casillas.
Dan “palo” a Juan
Sillas
Otro criminal al que
le fue negado el amparo interpuesto en contra de la entrega en extradición a
los Estados Unidos de América es Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas”, jefe
de una de las células más violentas que se recuerden del Cártel Arellano Félix.
Hace unos días, el
Juez Segundo de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco resolvió negar la
protección de la justicia de la unión a “El Ruedas”, quien se encuentra preso
en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, después
de que fue capturado el 4 de noviembre de 2011 en Tijuana.
Sillas Rocha es
reclamado por la Corte Federal de Distrito de Dakota del Norte, Estados Unidos
por delitos relacionados con el narcotráfico dentro de un proceso
superviniente. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el 18 de diciembre
de 2012 el acuerdo de procedencia por el cual autoriza su extradición a la
nación vecina.
El fallo del amparo
no es definitivo, pues aún falta conocer si se impugnará por parte de la
defensa del quejoso. En caso de que no se interponga el recurso de revisión o
impugnado el caso se confirme por un Tribunal Colegiado en Materia Penal, “El
Ruedas” podría ser extraditado este mismo año.
PGR se contradice
Otra vez se les “hizo bolas el engrudo” en materia de
comunicación social a las instancias del Gobierno Federal. Prueba de ello es el
Primer Informe de Labores rendido hace escaso un mes por la Procuraduría
General de la República y subido recientemente al portal web de la institución:
www.pgr.gob.mx.
A pesar de que en las horas inmediatas al informe de
gobierno, el primero del Presidente Enrique Peña Nieto, el vocero del Gabinete
de Seguridad Eduardo Sánchez Hernández, dijo que dejaría de informarse sobre
los nombres que los delincuentes dan a sus organizaciones, dicho reporte está
lleno de ellos.
En materia de narcotráfico toman como victorias a
favor de la PGR las sentencias condenatorias dictadas en contra de presuntos
narcotraficantes detenidos en los dos sexenios anteriores.
También publican las acciones y nombres de traficantes
de drogas, secuestradores y algunos otros criminales detenidos durante el
primer año de gobierno peñista, aunque no todos, pues no citan a José Ángel
Carrasco Coronel “El Changel” atrapado por el Ejército tras una balacera en
Sinaloa a mediados de enero de 2013.
En archivo pdf con 218 páginas, el Primer
Informe de Labores de la Procuraduría General de la República sigue la misma
estructura y orden creados desde la administración de Vicente Fox en 2001.
Inicia con las actividades de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales; continúa con los resultados de control de averiguaciones
previas y procesos; y el combate al crimen organizado, a través de la SEIDO.
Es en el apartado de los resultados de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que
nombran como siempre a las organizaciones criminales como cárteles. Empiezan
con las sentencias a miembros de organizaciones delictivas y siguen en el orden
con el Cártel del Golfo, del Pacífico, Los Zetas, La Familia, Beltrán Leyva,
Cártel de los Arellano Félix y de los Carrillo Fuentes.
En los resultados relevantes contra el lavado de
dinero destacan la detención de Elba Esther Gordillo Morales y sus coacusados.
En materia de secuestros se señala el desmembramiento de grupos como el Cártel
Independiente de Acapulco (CIDA), el del Golfo en Puebla, Los Zetas en
Tlaxcala, Los Chenchos, Los Pollos y Los Chacales o Banda del Hoyo, por
mencionar algunos.
La PGR también cita detenciones relacionadas con
tráfico de personas, terrorismo y acopio y tráfico de armas de fuego, asalto y
robo de vehículos, así como narcotráfico. En este último rubro se destacan
detenciones y consignaciones como la de Marcelino Ticante Castro, colaborador
de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en enero, en Sinaloa y la de Melvin
Gutiérrez Quiroz, del Cártel Arellano Félix, en marzo, en Tijuana.
En marzo también fueron capturados miembros del grupo
“Los Dannys” que luchan por el control de la plaza de La Laguna en Torreón y en
abril, otro grupo de la misma banda delictiva. Enseguida se menciona el arresto
de Inés Coronel Barrera, presunto suegro del “Chapo” Guzmán, acusado de siembra
y tráfico de marihuana.
En mayo, se presume la detención de Guadalupe Rafael
Díaz Martínez, líder de la organización criminal Los Aztecas, brazo armado del
Cártel La Línea en Chihuahua y en Colima cayó en manos de las autoridades José
Bernabé Brizuela Meraz, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El informe de labores de la PGR solo abarca desde el
primer día de septiembre de 2012, cuando inició la administración del
procurador Jesús Murillo Karam, hasta el 30 de junio de 2013. Es por ello que
no se incluye la detención de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, entre
otros capos que a cuenta gotas se conoció de su aprehensión en el segundo
semestre de este año.
En el informe tampoco se identifica a los 122
narcotraficantes considerados como “objetivos relevantes” en la lista elaborada
por el Gobierno Federal, y de los cuales, supuestamente el día del primer
informe de Enrique Peña Nieto, ya sumaban 65 los capturados.
Así pues, más allá de resultados, siempre redactados a
favor, sin que se mencionen libertades como las de la francesa Florence Cassez
y las de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo
Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como las de otros personajes como
Rafael Caro Quintero, el área de Comunicación Social de la Procuraduría
contradijo a la sentencia del vocero del Gabinete de Seguridad de no dar más a
conocer nombres de capos ni de organizaciones.
(SEMANARIO ZETA/ Luis Carlos Sainz Martínez / 07 de Octubre 2013)
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