En febrero de 2014, tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, líder
del Cártel de Sinaloa, volé a El Paso, Texas, para entrevistar a dos
personajes de leyenda: Larry Villalobos y Joe Bond, sí Bond como el de
las películas. El primero fue jefe de inteligencia de la DEA en México y
el segundo supervisor de operaciones de la misma agencia en nuestro
país. Ambos son los expertos en la vida e historia criminal del Chapo.
Cuando hablé con ellos estaban impactados por la captura de Guzmán
Loera. Los funcionarios de la DEA se entrevistaron con él en 1998 cuando
aún estaba preso en Puente Grande. Ahí el capo, que aún estaba lejos de
alcanzar las dimensiones de “más poderoso del mundo”, afirmó que
primero se mataba o hacía que lo mataran antes de volver a estar en
prisión.
“No voy a volver aquí, yo me mato o me matan antes de que me entregue
al gobierno”, recordó en entrevista vívidamente, palabra por palabra,
Villalobos. Es por eso que ni él ni Bond daban crédito a que hubiese
sido capturado vivo y ¿¡sin ningún disparo!? era increíble.
Un año cuatro meses después el tiempo resolvió la incógnita. El capo
nunca en verdad fue prisionero del gobierno de Peña Nieto, más bien un
huésped en el penal de máxima seguridad “El Altiplano” y desde un inicio
parece haber estado seguro que iba a salir bastante pronto.
La clave para entender está en el propio expediente de la
investigación de la PGR sobre la fuga del líder de Cártel de Sinaloa.
Los peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones
ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y hasta de
otros narcotraficantes presos en la misma área que Guzmán Loera, no
dejan lugar a dudas de que altos funcionarios del gobierno de Enrique
Peña Nieto lo dejaron salir.
Hay muchos puntos importantes: el Chapo usaba la cárcel como
oficina alterna y despachaba sus asuntos familiares con la misma
ligereza que los criminales, ante las cámaras que todo lo grababan en
audio y video. El supuesto brazalete con GPS que tenía se lo pusieron
tras una negociación con el narcotraficante y bajo sus propias
condiciones, dijo el director general del penal Valentín Cárdenas, a la
PGR.
“…se acordó por parte del comisionado que se le pondría un GPS para
controlar sus movimientos y evitar puntos muertos, por lo que dicho
brazalete o pulsera le fue puesto en la muñeca izquierda y el señor
Joaquín Guzmán Loera dijo estar de acuerdo siempre y cuando él lo
cubriera con la manga de su camisa, situación que fue aceptada por ambas
partes”, dijo Cárdenas a la PGR según su declaración ministerial que se
encuentra de la foja 398 a la 415, del tomo III, de la averiguación
previa.
Pero de todas las irregularidades antes, durante y después de la
fuga, la que hoy causa mayor dolor de cabeza al gobierno de Peña Nieto,
principalmente al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,
son las grabaciones de audio y video de los minutos previos, durante y
después de que Guzmán Loera desapareció de la cámara de seguridad que lo
vigilaba.
En dichas grabaciones se escucha como hay golpes de metal contra el concreto dentro de la celda del Chapo
y el gobierno intentó ocultar para no evidenciar que literalmente lo
dejaron ir. La información de la existencia del video fue revelada en
una investigación mía publicada por la revista Proceso el 1 de agosto.
Según el peritaje de la PGR a las grabaciones hechas por el CISEN, los
golpes contra el concreto dentro de la celda del Chapo
estuvieron escuchándose al menos durante los siete minutos previos a la
fuga y dos agentes del CISEN encargados en ese turno que estaban
monitoreando el video con audio, no hicieron nada para emitir una alerta
e impedir la salida del capo.
Para simular trasparencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto mostró
el mismo video pero sin audio el 13 de julio pasado, en una conferencia
de prensa encabezada por el desastroso Comisionado Nacional de
Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien como si nada afirmó que no hubo
información que indicaran que el Chapo iba a escapar. Mintió.
Varios medios de comunicación nacionales e internacionales como CNN,
Univisión y Telemundo le han dado seguimiento a la investigación sobre
la existencia del video y otras pruebas contenidas en la averiguación
previa de la PGR, difundidas por mí sobre todos los elementos que hubo
para prevenir e impedir la fuga.
Al principio la reacción del gobierno de Peña Nieto fue intentar
esquivar las insistentes preguntas de dichos medios, e incluso primero
quisieron insinuar que los documentos en los que se basó el reportaje no
eran auténticos. No cabe la menor duda que lo son, los obtuve
directamente y sin intermediarios en el Consejo de la Judicatura
Federal. Ante lo inevitable, la PGR reconoció a CNN que los documentos
eran auténticos y que lo señalado en mis reportajes era íntegramente
igual al contenido de la averiguación previa.
Pero el engaño de la administración de Peña Nieto, cada vez más común
en los temas más delicados, tomó dimensiones legales cuando en una
comparecencia ante diputados de la Comisión Bicamaral llevada a cabo el
16 de julio pasado, tampoco informaron al respecto. Por algo menos grabe
que ocultar las verdaderas circunstancias de la fuga de un capo en
1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton estuvo a punto de ser
destituido, luego de haber ocultado al Congreso que tuvo una relación
sexual impropia con la ya famosa becaria Mónica Lewinksy. Se consideró
que cometió perjurio y obstrucción de la justicia.
El senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, me ha comentado que es muy grave que
el gobierno haya ocultado la existencia de las grabaciones cuando él y
los legisladores Ismael Hernández y Omar Fayad, ambos del PRI,
realizaron el 13 de julio pasado una visita a “El Altiplano”, guiada
directamente por Osorio Chong y Rubido, con el fin de ser informados
verazmente sobre la evasión del capo. Pero más grave aún, dijo, es que
lo hayan ocultado en una comparecencia de carácter oficial. Hasta donde
se sabe hay otros legisladores que se sienten engañados, máxime cuando
todas las comparecencias se dan bajo el juramento legal de decir la
verdad y no ocultar información al Congreso.
A Encinas, quien fue Secretario de Gobierno del DF y luego Jefe de
Gobierno, no le es ajeno el funcionamiento de los penales ya que por
sus cargos tuvo que empaparse del tema del funcionamiento de las
prisiones en la capital del país. Tras su salida del penal dio
entrevistas señalando todas las irregularidades detectadas.
Particularmente a mí me indicó que en “El Altiplano”, Guzmán Loera
pasaba con sus abogados más tiempo del reglamentario y que recibía
visitas de varias personas de manera indebida. Y desde un inicio señaló
que para que ocurriera la fuga tuvo que haber una amplia red de
corrupción.
Encinas envió a Miguel Ángel Osorio Chong una carta solicitando en su
calidad de miembro de la Comisión Bicamaral se le entregue copia de las
grabaciones de video y audio de la fuga. Sigue esperando una respuesta.
El 11 de agosto pasado se cumplió un mes del escape. De los rastros del Chapo
ni sus luces y tampoco de los autores intelectuales y materiales de su
evasión dentro del gobierno de Peña Nieto. Apenas tres empleados de baja
jerarquía, uno de la PF y dos custodios.
Leyendo una y otra vez el expediente de la PGR de la fuga, ahí está
la respuesta a la interrogante de Villalobos y Bond. Es claro que el Chapo
tenía de antemano un boleto de salida. Un boleto que pese a la gran
corrupción que había en el penal no podía ser transferible a otros
presos, un boleto que ni siquiera podía beneficiar a su querido hermano
Miguel Ángel Guzmán Loera, quien también está preso en El Altiplano y
para quien no hubo túnel o puerta abierta para salir.
El Chapo juró matarse pero no fue necesario porque sabía que iba a salir.
(RIODOCE/ Anabel Hernández/ 16 agosto, 2015)
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