Un micro empresario del ramo de la venta de materiales de construcción es una
víctima más del despojo de tierras en este destino, a pesar de las promesas del
gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, de que en su
administración “impediría que las familias del estado perdieran su patrimonio en
manos de invasores”.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Desde principios de diciembre pasado,
Francisco Álvarez Martínez vive enclaustrado en una pequeña vivienda en compañía
de su esposa y 4 hijos, construida hasta la parte trasera de un terreno de su
propiedad, ya que no puede salir a la calle porque el bien inmueble de tres mil
881 metros cuadrados, y localizado en Prolongación Leona Vicario de la colonia
Lomas del Sol en esta ciudad, está prácticamente sitiado por un presunto grupo
de invasores que –según promesas de campaña del gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor— “iban a ser erradicados en su administración, porque respetaremos el
Estado de derecho y tendremos una verdadera cultura de la legalidad.
“Mi gobierno será el primero en respetar y hacer respetar la Ley. No más
abusos, no más indiferencias, nomás injusticias, porque la aplicación de la Ley
sin distingo para todos es un requisito fundamental para el desarrollo social,
económico y político del estado. Mi gobierno no permitirá que quienes son
víctimas de la injusticia, se conviertan en víctimas de la ineficiencia, la
burocracia y hasta la complicidad del sistema de procuración de justicia”,
arengó.
Sin embargo, a poco más de 9 meses, las promesas del gobernador del PAN
pareciera habérselas llevado el viento, porque en los hechos el delito del
despojo, como el que se pretende consumar en perjuicio de este pequeño
comerciante que, de no haberse aferrado a su propiedad, ya hubiera dejado el
bien inmueble a manos de los invasores, quienes durante la presente
administración panista están logrando un reacomodo y tendiendo puentes de
comunicación para seguir delinquiendo, bajo el cobijo y protección del
Subprocurador General de Justicia del Estado de la Zona Sur y del Subdirector de
Averiguaciones Previas, Omar Quijano Martínez y Miguel Ángel Cota Sández,
respectivamente.
El calvario de este micro empresario del ramo de la venta de materiales de
construcción comenzó a principios de diciembre, desde el momento en que cerca de
12 desconocidos prohibieron el paso a su propiedad, a la cual tuvo que acceder
posteriormente, rompiendo candados y entrando por la parte trasera.
Don Pancho –como es conocido por familiares y amigos— llegó hasta el terreno,
donde tiene su negocio denominado “Varillas y Materiales del Cabo”, después de
haberlo cerrado temporalmente por poco más de un mes, ya que tuvo que una oferta
para dirigir una obra construcción, y como la crisis estaba dura y había pocas
ventas, aceptó.
Pero a su regreso se encontró con un grupo de desconocidos dentro del terreno
de su propiedad que impidieron su paso, y después de un desencuentro hasta lo
amenazaron de muerte si intentaba entrar al predio, que había pasado a manos de
los invasores.
Lo primero que hizo Francisco Álvarez Martínez fue indagar quiénes eran las
personas que estaban dentro de su propiedad y quién les había autorizado la
entrada, por lo que descubrió que detrás del grupo estaba una ex socia de su
pequeña compañía, de nombre Lucía Hernández, y los antiguos propietarios del
terreno, Danilo Ceseña Cota y José Antonio Alucano Ceseña.
Con los datos en la mano y las pruebas, el pequeño comerciante fue a la
Agencia del Ministerio del Público de Fuero Común de la Procuraduría General de
Justicia del Estado a presentar una querella por el delito el despojo.
Entre los documentos que llevaba estaba un contrato de compraventa del
terreno, cheques expedidos, recibos de dinero y hasta pagarés.
Sin embargo, y para su sorpresa, “el encargado de la agencia, Humberto
Fernández Márquez, se negó a recibir la denuncia penal por supuestas órdenes del
Subdirector de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cota Sández.
“Eso me dijo el encargado de la agencia, y entonces lo que hice fue buscar un
abogado para que me asesorara y llevara mi caso y fue hasta el 16 de diciembre,
es decir, casi dos semanas después, cuando finalmente me recibieron la denuncia,
pero a regañadientes y de muy mal manera”, explicó el afectado.
Ya abierta la Averiguación Previa que quedó registrada, bajo el número
CSL/703/TUR72011, lo primero que ordenaron al Agente del Ministerio Público del
Fuero Común, Humberto Fernández Márquez –quien se jacta de estar bien parado con
el Procurador— fue asegurar el bien inmueble y presentar al grupo de invasores,
sólo que esto no sucedió, bajo el argumento de que ya estaban de vacaciones y
habían cerrado el año, aunque en realidad lo que pasó –y como le dijo en su cara
el “representante social” al afectado en una plática informal de manera cínica y
patética– “en estos ‘business’ el que tiene más lana, es el que
chinga”.
Los antecedentes
En el 2007, Francisco Álvarez Martínez celebró un contrato de compraventa con
los señores Aída, María, Jesús y Adán de apellidos Ceseña Castillo, el señor
José Antonio Alucano Ceseña, como apoderado legal de Martha Ceseña Castillo, el
señor Ernesto Ceseña Jerez, como apoderado legal de Ernesto Ceseña Castillo y el
señor Danilo Ceseña Cota, como apoderado legal de Manuel Ceseña Castillo.
Datos que obran en los registros de la Notaria Pública No. 14, a cargo de
Judith Díaz Spíndola, exponen que el trato consistió en la compraventa de una
superficie de 3 mil 881. 865 metros cuadrados de un terreno identificado como
“parcela 122ZZ P 1/3 del Plano Oficial de Cabo San Lucas, con clave catastral
4-02-001-2818”.
El predio, localizado sobre la calle Prolongación Leona Vicario, frente a la
Gasolinera La Piedrera y a un costado de los departamentos Homex, en la colonia
Lomas del Sol, fue vendido en 601 mil 689 pesos con 8 centavos. El 16 de junio
don Pancho dio un anticipo de 400 mil pesos, y el resto, el 11 de julio del
2007.
El terreno procedía de una subdivisión de predios que hubo en la zona, y el
cual quedó registrado bajo la escritura pública 65, 662 de fecha 2 de marzo del
2006, expedida por el Notario Público No. 7, José Alberto Castro Salazar, y
asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, bajo
el número de foja 145 y del volumen CXL EP.
El pleito
Don Pancho no sólo es una víctima más del delito del despojo –como se define—
en este prestigiado destino turístico, sino también sufre en carne propia la
ineficiencia, la burocracia y hasta la complicidad en un sistema que el
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor había prometido reformar y limpiar de
corrupción, y que en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño,
carcomió las estructuras gubernamentales a tal grado que los denunciantes,
pasaban a ser denunciados y perseguidos.
Desde su toma de protesta, el gobernante panista dijo que “debemos impedir
que las familias de nuestro estado, pierdan su patrimonio en manos e invasores,
que lucran con las necesidades de nuestras gentes, por lo que debemos perseguir
con eficiencia a quienes cometen el delito de despojo”.
Palabras huecas para Los Cabos, en donde casos como el de Francisco Álvarez
Martínez se siguen sumando a las denuncias asentadas en la Procuraduría General
de Justica de Estado, y que posteriormente se habrán de integrar a la lista de
más de 5 mil expedientes que están en manos del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, el que por cierto, dicho sea de paso, se tomó prácticamente cuatro
semanas de vacaciones con la autorización de los magistrados encabezados por el
ex líder del PAN, Ignacio Bello Sosa.
No obstante, el pequeño comerciante se resiste a perder su propiedad y tuvo
que irse a vivir prácticamente a la parte trasera de su terreno, como una manera
de evitar el despojo de la totalidad de su propiedad, a pesar de que los
invasores tienen sitiado el lugar, y constantemente, es víctima de amenazas de
muerte junto con su esposa Nubia Cinco Duarte y sus pequeños hijos, de 1, 3, 5 y
11 años; por si fuera poco, viviendo sin agua ni luz.
Hoy se sabe, los invasores ya colocaron una barda perimetral, con material
del propio afectado que estaba dentro del predio, y hasta uno de los antiguos
propietarios de nombre Danilo Ceseña Cota, hasta metió un par de camiones y
automóviles al terreno, incurriendo en el delito de ejercicio indebido del
propio derecho, tipificado en el Código de Penal del Estado de Baja California
Sur.
La versión de la PGJE
Sobre este caso, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Estado,
Gamill Arreola Leal, dijo que la investigación sigue su curso y adelantó que
hasta el momento se ha practicado una inspección ministerial del lugar, un set
fotográfico de la zona; además, el 2 de enero se presentó un presunto inculpado,
quien se negó a rendir su declaración en torno a los hechos.
Actualmente –comentó el Procurador— se siguen desahogando diligencias, como
tomando declaraciones de testigos para tener mayores elementos de prueba y
resolver el caso conforme a Derecho.
En esta investigación también está pendiente que la presunta víctima aporte
la documentación comprobatoria de la propiedad, ya que –a decir del Agente del
Ministerio Público del Fuero Común, Humberto Márquez– al cierre de esta edición,
no lo había hecho, siendo requerido de manera económica.
Por otra parte, en un comunicado de prensa, la PGJE adelantó que el delito de
despojo aún no ha podido ser acreditado, toda vez que el propio denunciante
habría dado su consentimiento para que la principal inculpada ocupara el terreno
para la operación de un negocio de venta de materiales de construcción y el cual
tiene cerca de cuatro años en operaciones dentro del terreno.
Para la PGJE, el delito de despojo no está plenamente acreditado porque no
existen elementos de engaño, violencia y furtividad, empero, resaltó que este
caso, es un problema de particulares entre socios, y donde Francisco Álvarez
Martínez, también habría sido denunciado penalmente como presunto responsable de
despojo por la señora Lucía Hernández, relacionada con el mismo predio y los
mismos hechos, la cual quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa
CSL/389/PAT/2011.
Por esta situación, el Procurador Gamill Arreola Leal subrayó que, por la
complejidad del caso, está en revisión “y se actuará estrictamente conforme a
Derecho sin distingos de ningún tipo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario