Fernando Peña, director
general de la empresa Seguritech, la cual recibió un contrato del gobierno de
Baja California para la construcción e instalación del C5i, por un monto de 789
millones de pesos en el curso de 10 años, se refirió al centro de
videovigilancia en el estado como “un proyecto muy lindo”.
La empresa que ha obtenido
miles de millones de pesos en contratos con gobiernos de la Ciudad de México,
Guanajuato, Michoacán y Colima, entre otros estados, ofreció esta mañana una
conferencia de prensa para hablar del contrato que entró en vigor en agosto de
este año.
Sin embargo, cuando al
representante de la compañía se le cuestionó sobre las irregularidades del
proyecto, señaladas ampliamente por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y
los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en el Estado, como los sobreprecios
en el equipamiento, así como la falta de transparencia en el contrato y las
cláusulas que favorecen a la empresa, éste contestó que su empresa se limitó a
proporcionar lo que el gobierno del Estado les solicitó.
Tampoco abundó en la demanda
por difamación que Seguritech entabló en contra de Juan Manuel Hernández
Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, una
de las voces más críticas respecto al proyecto.
Al respecto, Fernando Peña
solo leyó de una hoja para informar “hemos iniciado, en estricto apego a
derecho, una demanda en la vía judicial por las posibles difamaciones que estas
declaraciones hayan tenido. Estamos muy respetuosos de la autoridad y los
tiempos que la autoridad determine”.
Tampoco confirmó contra quién
estaba interpuesta la demanda ni en qué tribunal o cuáles son las declaraciones
que consideran difamatorias hacia la imagen de la empresa.
A pesar de que en la Cámara
de Diputados se inició una investigación por seis denuncias por irregularidades
en contratos de Seguritech con distintos gobiernos como fallas en el equipo, el
director de la empresa refirió que no han sido denunciados por incumplimiento
de contrato sin hacer mención a los otros señalamientos.
Adelantó que desde hace días,
la empresa ha realizado recorridos en los cinco municipios para decidir la
instalación del equipo como cámaras de videovigilancia y arcos para la lectura
de placas de automóviles.
Lo anterior pese a que no se
ha efectuado, por parte del gobierno del Estado, el primer pago de 19 millones
de pesos, el cual estaba estipulado en el contrato para efectuarse el octubre
de 2018.
Más información en la edición impresa
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / INÉS GARCÍA RAMOS/
MARTES, 6 NOVIEMBRE, 2018 07:29 PM)
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