Ernesto
Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el gobierno de Jaime
Rodríguez en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Si le sirvió,
empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito
de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por seis
millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la
justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje
se acabó. El juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría
que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.
Durante
todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue
disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró
inocente y el gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del
caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de
mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios
que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La
imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el
gobernador optó por mantenerlo en su administración pese a la documentación del
presunto delito.
La
orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su ex socio César
Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora Cusi el
26 de marzo de 2012, por no haberle entregado seis millones de dólares, en ese
entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega del
16% de acciones de Televisa de la sucesión testamentaria. Meses antes de que se
revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó amparos para bloquear
fallos del ministerio público que impidieran el esclarecimiento del caso. Dos
años después un Tribunal Colegiado falló en su contra, pero aún al quedar al
descubierto que había mentido, las autoridades capitalinas no actuaron. Tampoco
hizo nada el gobernador Rodríguez, que había ganado la elección en Nuevo León
con una sola promesa: combatir la corrupción.
Rodríguez
reclutó a Canales como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra
estaba abierto y se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental de
Rodríguez, que puso en manos de Canales, fue documentar actos de corrupción del
gobernador Rodrigo Medina y ponerlo en la cárcel. El gobierno neoleonés
investigó operaciones financieras y triangulaciones con empresas off shore, sin
que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente, documentó la
defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los seis millones de dólares
mediante transferencias a empresas en el extranjero.
Apenas
en junio pasado, Canales le concedió una entrevista al periódico El Occidental
de Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en
toda la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está
condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el
interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de
corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a
los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que
el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.
Canales
no pudo probar en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra,
y tendrá que seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo
acusaron no es grave en el nuevo sistema penal acusatorio, en el viejo orden sí
lo es, y al estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al
reclusorio. En la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido
en las leyes y se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al
corrupto y que sirva al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos
de corrupción”.
El ex
zar anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en
sí mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que
lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el
costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente porqué,
pese a la documentación en contra de su ex colaborador, lo mantenía en el
cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los
políticos no deben minimizar.
El
ex presidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra
el ex gobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido,
convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su gobierno. El
presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la
corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de
corrupción en su gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El
Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón”. López
Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.
Nota:
Rosario Robles refutó una mención en la columna de ayer, “Ya se fue Peña
Nieto”, donde una persona escuchó una conversación de ella con el ex presidente
donde le reclamó que la estuviera dejando sola. Dijo que esa conversación no se
refería a ella, “entre otras cosas porque no he tenido hasta ahora ningún
problema”, sino porque le habían dado la espalda a José Narro y que él había
dicho que no se metería en la elección interna del PRI.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/9 DE JULIO DE 2019)
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