Ramón Ahumada Torres es
gobernador tradicional del campo pesquero Lázaro Cárdenas y tiene una
convicción firme, inquebrantable, que no se doblega a billetazos ni a balazos:
“ni los alemanes ni sus socios construirán en nuestros terrenos su planta de
veneno. No les permitiremos que acaben con el sustento de generaciones
completas ni que destruyan lo que la naturaleza nos concedió, nuestra bahía de
Ohuira”.
Y lanza una advertencia al
gobierno Quirinista que se empeña en capotear las quejas y promover la planta
productora de amoniaco en terrenos bajo protección ambiental internacional y
adquiridos de manera fraudulenta por particulares: “Si ellos quieren su planta
de amoniaco, que la construyan en sus patios, si tantos beneficios va a traer a
los agricultores, que les den parcelas a los extranjeros, si el gobierno tanto
la quiere, que se la lleven a Mazatlán, o a Altata, pero por qué aquí, en donde
nadie la quiere, sólo ellos”.
Ahumada Torres dijo que él
representa a la comunidad de indígenas, y ellos son los que le piden que no se
raje.
Aceptó que desconocidos han
pretendido comprarle con cheques en blanco, y civiles lo han querido intimidar,
pero no lo han logrado. “No soy de esos que se dan fácilmente, que se doblegan
o que se venden. Tengo dignidad. Además no soy de la línea de gobierno, sino de
los que defienden los intereses del pueblo. No me importa que no me inviten a
sus reuniones, porque les soy contrario, pero en una cosa estamos firmes. Aquí
no se va a construir esa planta”.
Ahumada Torres entró al quite
con un nuevo juicio de amparo contra el Director General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) que aprobó la construcción de la planta de amoniaco a Gas y
Petroquímica de Occidente, luego de que
Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos
Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa se desistiera del juicio de garantías 528/18-78
el 21 de noviembre del 2018, tras reunirse con enviados de los industriales.
Bacasegua Elenes tomó la
determinación a título personal y sin consultar a los demás consejeros, dijo.
El juez Sexto de Distrito
advirtió ese movimiento y resolvió el 29 de noviembre dar por desistido a
Bacasegua Elenes, pero mantuvo el procedimiento en favor de la comunidad de
Lázaro Cárdenas, porque éste no acreditó asamblea indígena para el
desistimiento.
Aun así, Ahumada Torres
interpuso un segundo juicio de amparo en los mismos términos del que Librado
Bacasegua Elenes, el cual también fue otorgado. Así, la industria tiene dos
reveses legales.
Gerardo Peña Avilés,
exdiputado federal y férreo defensor del sitio Ramsar en donde se edifica la
planta de amoniaco, dijo que tarde que temprano la industria será detenida por
las autoridades judiciales “por los cimientos legales tramposos, corruptos,
mentirosos que en su momento fueron avalados por uno de los gobiernos más
corruptos de la historia moderna de Sinaloa, el de Mario López Valdez, y
sostenido por el de Quirino Ordaz Coppel, que se niega a aceptar que la
industria es ilegal y rehúye el tema”.
“Atrás de esa industria hay
una colección, un compendio, toda una historia de corrupción que Los Mochis
completo lo sabe. Inició con la escrituración de los terrenos federales por un
político local que revendió a los empresarios, quienes obtuvieron un impacto
ambiental amañado y que se saltaron ordenamientos legales obligados, haciéndose
de la vista gorda los gobiernos”, dijo.
Sin embargo, el rechazo a la
industria aumentó, pues llegó al Congreso del Estado. Por iniciativa del
diputado local, Jesús Palestino Carrera se obtuvo un punto de acuerdo para
solicitar a la Semarnat cancele el impacto ambiental que aprueba la construcción
de la industria.
El alcalde de Ahome, Manuel
Guillermo Chapman Moreno se mostró parco al hablar del tema y dijo que no
emitirá ninguna declaración ni dictamen en favor de la industria, en tanto los
particulares y los pueblos afectados no desahoguen sus diferencias.
En 2013, el exgobernador
Mario López Valdez anunció inversión de
mil millones de pesos en la planta de fertilizantes, y en 2016, un Juez de
Distrito ordena paralizar la obra, que a pesar de la sentencia judicial continúa
edificándose. Este año, dos amparos paran la fábrica de amoniaco.
MUERTE DE ESPECIES
Campo Pesquero Paredones. Los
pescadores nativos dicen que en el Cascañozo ya no se captura nada, porque en
lugar de larvas ahora solo hay contaminación generada por la planta.
Ubicado a unos 20 minutos de
navegación al sur del embarcadero, el Cascañozo era un estero en donde los
pescadores locales capturaban camarón, jaiba, botete y cuanta escama comestible
hubiese. Hoy no hay nada.
“Todo lo que se desarrollaba
en ese lugar murió. Todo lo que nosotros capturábamos para subsistir se acabó.
Todo. Y ahora, con esa planta de fertilizantes que pretenden ponernos aquí,
también morirá la bahía. Los políticos deben de dejar de hacer sus chingaderas
para beneficiar a unos extranjeros y matar a sus gobernados. La neta, bato,
estamos hasta la madre de estos gandallas”, afirmaron Juan Ramón Cruz y Miguel
Alberto López, dos pescadores que se resisten a
dejar el terruño y se aferran a lo poco que ahora logran sacar del mar.
Artículo publicado el 30 de diciembre de 2018 en la
edición 831 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/LOS MOCHIS EN 1 ENERO,
2019)
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