Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un
caso de violación tumultuaria sacudió a la opinión pública nacional entre julio
de 2006 y febrero de 2007, un momento en el que el militarismo mexicano
empezaba a cobrar relevancia por su involucramiento en tareas de seguridad pública
y de proximidad a la población civil.
El 11 de julio de 2006, en
Monclova, un pelotón del XIV Regimiento Motorizado de Caballería, abandonó las
instalaciones del Instituto Federal Electoral, donde se les había encargado la
custodia de paquetes electorales del polémico proceso presidencial.
Dos de los soldados visitaron
esa noche la zona de tolerancia del conurbado municipio de Castaños, y
protagonizaron una riña con policías municipales, así que fueron con sus compañeros
de pelotón. Abordaron sus humvees y se dirigieron al lugar donde los dos
primeros soldados se dijeron agredidos.
Ya en el sitio, golpearon a
clientes, cantineros y padrotes; se introdujeron en los bares El Pérsico y Las
Playas, donde a punta de fusil, violaron a 14 trabajadoras sexuales y
bailarinas, de manera tumultuaria, para usar la jerga legal, con miembro viril
y con instrumento distinto al miembro viril.
Los llamados de auxilio
fueron insuficientes, pues las policías municipal y estatal no quisieron
intervenir por el número de soldados y su armamento. Esperaron a que
abandonaran el sitio. El gobierno del estado pidió que los responsables fueran
procesados en tribunales civiles, no obstante la oposición de los mandos
castrenses que, cuando finalmente aceptaron, dieron cuenta de al menos cuatro
deserciones, entregaron a ocho soldados y, a la postre, tres recibieron
condenas, uno de ellos, sólo por lesiones leves. De la veintena de soldados,
los únicos tres sentenciados ya están libres.
Los hechos de Castaños,
ocurrieron cuando era comandante de la XI Región Militar, el general Roberto
Miranda Sánchez, hombre conocido por su mal carácter, cuya trayectoria en el
Estado Mayor Presidencial (EMP) no le quitó el lenguaje cuartelero con el que
maltrataba en público, inclusive a subordinados de alta graduación, como
sucedía con el general Rubén Venzor Arellano, militar de formas mas cuidadosas
que debió soportar la prepotencia de Miranda, por ejemplo, durante el
despliegue de control sobre las familias de los mineros atrapados en la mina
Pasta de Conchos.
Se fue de la XI Región –cuya
sede está en Torreón– cuando la violencia se empezaba a desatar, semanas
después de lo ocurrido en Castaños. Lo mandaron unos meses como jefe de la zona
militar 26-A, con sede en Veracruz-Jalapa (a la que pertenecían los soldados
que meses más tarde se verían implicados en la muerte de Ernestina Asencio, en
febrero de 2007), una degradada que
superó rápido pues en noviembre de 2006 fue al frente de la III Zona Militar,
que abarca los estados de Sinaloa y Durango. Ahí estuvo hasta 2009, tres años
en los que la violencia se desbordó, con ataques a población civil como ocurrió
con el caso de Santiago de los Caballeros, Sinaloa, con el que se estrenó,
siempre perseguido por escándalos detonados bajo su mando.
Miranda llegó en 2009 a ser
inspector y contralor general de la Secretaría de la Defensa, e inclusive, se
promovió para alcanzar la titularidad de la dependencia en abierta competencia
con Salvador Cienfuegos en 2012. No lo logró y entonces pasó a retiro.
Se trata del mismo Roberto
Miranda Sánchez, apodado por su generación –su “antigüedad” dicen entre
militares—como “El Pirrín”, que fue jefe del EMP en el sexenio de Ernesto
Zedillo.
Su nombre fue mencionado en
el juicio que se sigue en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, por Vicente
Zambada Niebla, quien dijo lo visitó en la residencia oficial de Los Pinos en
1997, por encargo de su padre, El Mayo.
Y aunque hasta ahora no hay
una imputación directa de corrupción en su contra, se trata de uno de esos
militares clave en la génesis del proceso de descomposición que vino con la
militarización, empezando por la aclaración de las razones por las que una
familia presuntamente del hampa, pudo llegar hasta él, cuando era uno de los
militares más poderosos de México.
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(PROCESO/ ANÁLISIS/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA /7 ENERO,
2019)
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