CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Tantas formas de saquear a Pemex. Tantas maneras de ordeñar y huachicolear
desde hace décadas. La gran empresa nacional –“de todos los mexicanos”– usada
como caja chica y caja fuerte por presidentes y directores y contratistas y
líderes sindicales y criminales dentro del gobierno y fuera de él. Empresa
nacionalizada y privatizada, saqueada y exprimida, concebida y asesinada, como
escribe Ana Lilia Pérez en el libro Pemex RIP. Expoliada para proveer más de
40% del presupuesto público, para financiar el gasto corriente, para construir
emporios privados, para comprar elecciones presidenciales, para apuntalar
gubernaturas y rescatar compañías quebradas de los cuates. El oro negro que
produjo manos manchadas. El patrimonio de los mexicanos, mal utilizado,
despilfarrado, estropeado. Y los responsables tienen nombre y apellido. Pululan
impunes y perdonados cuando deberían ser investigados y sancionados.
Todos los que han facturado a
Pemex cajas de champaña Laurent Perrier, vinos Chateau Pontet Canet, whiskeys
cosecha especial Bourbon Early Times, óleos de Rufino Tamayo, joyas Cartier, y
relojes Rolex de oro macizo. Todos los que han vendido plazas y han hecho
negocios ilegales con buques y camiones. Todos los que han sustraído gasolina, diésel,
asfaltos, combustóleo, nafta. Quienes han cargado fajos de dinero en
portafolios para comprar la anuencia de comunidades indígenas cuyas tierras se
vuelven necesarias para el negocio. Quienes han creado compañías de
prestanombres o amigos para vender o arrendar a Pemex con sobreprecio o precios
inflados. Quienes han firmado “convenios” con el sindicato para hacerle
“préstamos” millonarios cuyo destinatario era un candidato presidencial, como
en el caso del Pemexgate. Tantas modalidades utilizadas para huachicolear.
Tantos gobiernos que lo hicieron posible.
La corrupción presente y
posible desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. Las prácticas
gangsteriles del sindicato, encabezado por líderes con vida de jeques como
Carlos Romero Deschamps. Los “gobiernos de la alternancia” de Vicente Fox y
Felipe Calderón, un grupo compacto de funcionarios públicos convertidos en
contratistas o viceversa. Aquel fallido proyecto de refinería del calderonismo,
en el cual se despilfarraron millones y por el cual Pemex sigue pagando al
estado de Hidalgo. Aquellas denuncias –hechas hace ya más de una década– sobre
el crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos, la adulteración, y el
fortalecimiento del mercado negro de hidrocarburos a las que nadie prestó
atención. Ni el presidente ni los legisladores ni los directivos de Pemex
hicieron lo que debían haber hecho, o intervinieron a tiempo. Había demasiados
intereses qué proteger, demasiados negocios qué impulsar, demasiadas elecciones
qué financiar.
Mientras Pemex seguía
desangrándose, mientras la productividad continuaba desplomándose, mientras los
pasivos seguían acumulándose, mientras las pérdidas continuaban acumulándose,
mientras los costos de producción seguían incrementándose, mientras sus
ganancias se utilizaban para financiar el gasto corriente, Emilio Lozoya se
trasladaba en helicóptero de su casa en Cuajimalpa a la torre de Pemex, con un
costo al erario de 27 mil pesos por día laboral.
Emilio Lozoya involucrado en
los escándalos de OHL, en los sobornos de Odebrecht, en adjudicaciones
irregulares, en licitaciones cuestionables, en compras indefendibles, en
memorandos de entendimiento a través de los cuales adjudicó negocios de manera
amiguista por doquier. El dinero de Pemex continuó repartiéndose entre la misma
casta de connivencia; entre los que aprovecharon la reforma energética para
enriquecerse. Una parte importante de la planta productiva de Pemex se vendió
como “chatarra”, al mismo tiempo que se compraban plantas improductivas, como
el caso emblemático de Agro Nitrogenados, planta que tenía 14 años sin operar.
Ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades estadunidenses que entre
2010 y 2014 habían pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios
mexicanos. En ese mismo periodo, Pemex le adjudicó de manera directa cuantiosos
“trabajos” a la empresa que corrompió a diestra y siniestra por toda América
Latina. La diferencia es que en otros países los involucrados han sido
investigados. En México no.
Aquí la complicidad ha
permitido que miles huachicoleen a Pemex, desde la torre de Pemex o desde las
oficinas de gobierno de Puebla o desde los 131 kilómetros que forman parte del
“Triángulo Rojo del Huachicol”. Hoy el crimen organizado que opera dentro del
Estado o con su permiso sabe dónde están las redes de ductos, oleoductos,
poliductos, gasoductos y terminales. Sabe lo que tiene qué hacer para obtener
lo que quiere; con quién hablar, a quién sobornar. Y los sobornados están en
todos los niveles, en todas las dependencias. En las fuerzas armadas, en la
Policía Federal, en Hacienda, en el SAT, en la Secretaría de Energía. Los
números están ahí: para 2015 las tomas clandestinas se habían incrementado casi
800%. En 2016 se contaron 6 mil 873 en 25 de las 32 entidades del país.
Ante la magnitud del problema
se entiende la decisión de colocar a un incondicional del presidente al frente
de Pemex. Se comprende el envío del Ejército para resguardar instalaciones y
combatir criminales. Hay una emergencia evidente que requiere acciones frontales.
Pero encarar a los expoliadores necesariamente requiere el combate a la
impunidad que los parió y por ello la amnistía anticipada a los culpables
despierta tantas dudas, genera tanta incomodidad. Como bien dice Cuauhtémoc
Cárdenas, “los personajes que más daño le hicieron a Petróleos Mexicanos son
los que entraron en complicidades, en actos de corrupción”. A esos señores del
huachicoleo, pegados al tubo, que enriquecieron a sus amigos y a sí mismos, no
se les debe perdonar. Se les debe sancionar.
Este análisis se publicó el 6 de enero
de 2018 en la edición 2201 de la revista Proceso.
(PROCESO/ ANÁLISIS /DENISE DRESSER/ 7 ENERO, 2019)
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