La información cimbró a
muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a cargo de elección popular a
nivel federal, así como a presidencias municipales y diputaciones locales,
decidieron desistir de su objetivo. El dato salió del Instituto Nacional
Electoral. La mayoría, se reportó sin precisiones, era por la inseguridad y el
temor a perder la vida. ¿En qué país se da un volumen tan alto de renuncias de
candidatos a cargos de elección popular como la opción para mantenerse vivos?
En ninguno, de acuerdo con los buscadores en Internet. “Este es el proceso más
violento”, declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar, director
de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió la semana pasada
su Cuarto Informe de Violencia Política.
El informe que sirve de
sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho
meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado-, se han
contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y
sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran
precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En seis de cada
10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con
la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización
de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer
informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable”
crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación:
la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra
políticos y candidatos.
Parecía ser un tema
cuantitativo, a mayor número de cargos en juego, los porcentajes de violencia
necesariamente iban a multiplicarse. Es decir, con más de tres mil cargos de
elección popular en disputa, las condiciones de inseguridad e inestabilidad en
varias regiones del país arrojarían un número de asesinatos en porcentajes
mayores. El análisis cuantitativo, sin embargo, no permite conocer con certeza
cuáles fueron los motivos de los asesinatos con origen en el crimen organizado.
Los asesinatos de este tipo suelen responder a dos variables: o se negaron a
pactar con los criminales y empezaron a afectarles sus intereses, o negociaron
con ellos y luego los traicionaron. En este caso, resulta extraño que el crimen
organizado se diera a la tarea de asesinar preventivamente a decenas de
candidatos o precandidatos.
Un seguimiento de los
crímenes a políticos durante este proceso electoral que ha hecho ejecentral,
muestra que los asesinatos se han concentrado en el centro del país, con
incidencias mayores en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Los crímenes en
estados con fuerte presencia y violencia del narcotráfico como Tamaulipas y
Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, donde hay un fuerte choque de
cárteles, no se ha registrado ninguno. Esto lleva a otra hipótesis, que se
están aprovechando las condiciones de inestabilidad y tensión electoral, para
viejos ajustes de cuentas. El caso que la ilustra es el de Abel Montúfar,
candidato a diputado local del PRI y alcalde de Coyuca de Catalán, asesinado la
semana pasada a manos, según Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación
Guerrero, de la delincuencia organizada.
Pero Érit Montufar, hermano
del malogrado político, afirmó en su funeral, según lo registró El Sur de
Acapulco, que el crimen había sido perpetrado por sus adversarios políticos. La
declaración le dio otro matiz a ese asesinato. Cuando Érit Montufar fue
nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en febrero, resurgieron las
acusaciones contra él y su familia de ser talamontes y tener nexos con el
crimen organizado. Montúfar, fue señalado hace tiempo de estar detrás de varios
asesinatos, entre ellos el de Juventina Villa, una líder ecologista, y su hijo,
en 2012. Él siempre lo negó, pero reconoció que existe un viejo diferendo de su
familia con los ecologistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI), que degradó su lucha social y se volvió una narcoguerrilla. Uno de los
asesinos de la activista, Tereso Díaz Núñez, dijo que la habían matado por la
disputa por territorios para la siembra, cosecha y trasiego de droga, reveló en
su momento el entonces fiscal estatal Iñaky Blanco.
¿Podría haber sido el
asesinato del candidato a diputado local una secuela de las viejas rencillas en
Tierra Caliente? De todos los Montúfar, de Abel no se hablaba como alguien que
tuviera relaciones peligrosas o que se hubiera visto involucrado en episodios
criminales oscuros como varios de sus familiares. Pero su eventual llegada al
Congreso, en la dinámica de ese choque entre enemigos a muerte en Coyuca de
Catalán, le ampliaba el poder político a la familia. ¿Cuántos casos similares
existen, donde no está clara la línea entre un crimen para conquistar espacios
territoriales y control sobre el mercado de las drogas, y donde las venganzas
son el detonante de asesinatos?
Es difícil determinarlo con
la información disponible hasta ahora. Pero abrir a más posibilidades la
explicación de los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, no
ayuda para a la respiración. Subraya, en cambio, la terrible debilidad
institucional que priva en México donde los grupos de intereses violentos y
armados pueden seguir cometiendo asesinatos sin que existan inhibidores para
semejantes acciones. Lo que sí puede explicarse es que si la violencia es
rampante en contra de personas tan prominentes, es porque existe la confianza
de los asesinos que pueden cometer cualquier delito porque es más fácil que se
salgan con la suya a que paguen por ellos. Es decir, una cara más de la
impunidad, calamidad nacional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 14/05/2018 | 04:04 AM)
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