Por el predio donde hoy se encuentran la
comandancia Margarito Saldaña y una unidad deportiva, el gobierno municipal
pagará más de 228 millones de pesos a un ex socio de Jorge Ramos cuando este
fue alcalde. El gobierno de “El Patas” presentó denuncias penales contra ex
funcionarios de Ramos y Astiazarán por considerar que incurrieron en omisiones
y fraude. A la par, prepara la venta de seis terrenos del Ayuntamiento para
cubrir este monto, lo cual advierte la regidora Mónica Vega podría resultar en
el mismo esquema de triangulación millonaria que realizó Kiko Vega como alcalde
de Tijuana
Un terreno que fue donado al
Ayuntamiento de Tijuana por parte del Gobierno del Estado y donde el ex alcalde
Jorge Ramos levantó una de sus obras emblemáticas, la comandancia de la Policía
Municipal “Margarito Saldaña”, terminará costando a los tijuanenses más de 228
millones de pesos.
Monto que el alcalde Juan
Manuel Gastélum “El Patas” pretende cubrir de manera parcial con la desincorporación
de seis predios propiedad del Ayuntamiento y ubicados en sitios estratégicos de
crecimiento urbano en la ciudad para su venta a particulares.
La administración de “El
Patas” asegura que su intención es cumplir con la sentencia en un juicio de amparo
indirecto, en la cual un juez federal ordena el pago de 228 millones de pesos a
Mauricio Fernández Margain, empresario y ex socio de Jorge Ramos, quien reclama
el terreno que ni siquiera fue de su propiedad.
La regidora de Transformemos,
Mónica Vega, encuentra sospechosa la urgencia de la actual administración por
vender una serie de predios a cambio de alrededor de 133 millones de pesos.
“Siendo el alcalde uno de los
más cercanos al gobernador, ya sabemos lo que el gobernador hizo con los
predios que desincorporaron cuando él era alcalde, que después curiosamente
aparecieron a su nombre”, expresa.
A la par, la síndico
procuradora Ana Marcela Guzmán presentó denuncia penales contra ex servidores
públicos de las administraciones de Jorge Ramos y Jorge Astiazarán por
considerar que incurrieron en omisiones y faltas que llevaron al Ayuntamiento a
perder el juicio.
MAURICIO FERNÁNDEZ MARGAIN, EL EMPRESARIO QUE RECLAMÓ
EL PAGO HASTA QUE SU SOCIO JORGE RAMOS ERA ALCALDE
En 1995, el Gobierno del
Estado buscó vender el terreno materia de este litigio. Con una superficie de
118 mil 476.616 metros cuadrados y ubicado en medio de lo que ahora es el
Libramiento Salvador Rosas Magallón, el inmueble se ofertó a Ángel Fernández
Quintana.
Del precio de 2 millones 900
mil pesos que se fijó, Fernández Quintana hizo un pago inicial de un millón de
pesos al gobierno estatal.
Sin embargo, para que la
compraventa se realizara y no quedara solamente en una intención, se requería
de la aprobación del Congreso del Estado, lo cual no ocurrió. El mismo contrato
establecía un periodo de tres meses prorrogables para la devolución del dinero
a Fernández Quintana, lo cual tampoco ocurrió.
El caso quedó en el limbo.
Pasaron 14 años y en 2009, con Jorge Ramos como alcalde, el entonces gobernador
José Guadalupe Osuna Millán donó este terreno al gobierno de Tijuana para la
construcción de la Comandancia Margarito Saldaña, en homenaje al policía
municipal asesinado junto a su familia, así como una unidad deportiva.
“Fue un proyecto emblemático
para la administración del entonces presidente Jorge Ramos”, explica la síndico
procuradora Ana Marcela Guzmán.
Ese mismo año, se presentó
una demanda civil en el Juzgado Tercero de lo Civil en Mexicali contra el
Gobierno del Estado por la rescisión de este contrato y que dio origen al
juicio 1220/2009. A pesar de que Ángel Fernández Quintana había fallecido en
2003, su nombre aparecía como la parte demandante.
Quien estaba detrás del
litigio era su hijo, Mauricio Fernández Margain, propietario de Fema
Automotriz, nombre de la agencia de vehículos Ford ubicada sobre Vía Rápida y
un personaje muy cercano a Jorge Ramos.
El Gobierno del Estado
contestó la demanda negando las prestaciones que se reclamaban. En un primer
término porque ya habían transcurrido los 10 años que dejan sin efecto el
reclamo civil, “pero curiosamente el Ayuntamiento de Tijuana, para ese momento,
ya estaba en posesión del bien inmueble”, explica la síndico.
Por este motivo, el
Ayuntamiento de Tijuana es llamado como tercero al juicio y a criterio de la
actual administración, el entonces síndico Héctor Magaña contesta la demanda de
manera deficiente.
“No invocó excepciones como
la de prescripción, no niega las prestaciones reclamadas, ni señala domicilio
procesal”, abunda la funcionaria municipal.
Posteriormente, el 17 de mayo
de 2010 se celebró un convenio entre el gobierno estatal, el gobierno municipal
y el demandante en el que Héctor Magaña, en su calidad de síndico procurador,
acepta que el Ayuntamiento se convierte en deudor sustituto.
De esta forma, el reembolso
del millón de pesos que era reclamado al gobierno del estado, ahora tendría que
ser pagado por el gobierno municipal.
Ana Marcela Guzmán detalla
“en la figura del síndico recae la representación jurídica en los juicios que
se instauren en contra del Ayuntamiento, pero la representación legal recae
particularmente en la figura del presidente municipal”.
Por lo tanto, refiere, Héctor
Magaña “no tenía facultades legales ni autorización de Cabildo para haberse
comprometido a suscribir ese convenio en nombre del Ayuntamiento”.
El síndico incluso aceptó
pagar intereses desde 1995, los cuales habían sido renunciados al momento de
haberse celebrado el convenio de promesa de compra venta.
Mientras este convenio de
pago a Fernández Margain se celebraba, este empresario creó junto a Jorge Ramos
y el promotor de box Fernando Beltrán, la empresa Diversiones Galerías, según
acta constitutiva con fecha del 25 de octubre de 2010, la cual dio origen al
centro comercial Plaza Galerías, ubicado sobre Bulevar Agua Caliente.
De esta forma, mientras se
hacían acuerdos desde el gobierno, el entonces presidente municipal y el
empresario también se hacían socios y creaban negocios juntos.
Pese a la firma de este
convenio, ningún pago se realizó y el asunto se congeló cinco años más.
Para 2015, con la
administración de Jorge Astiazarán en marcha, la empresa Roma Food Enterprise,
propiedad de Fernández Margain, apareció como parte actora de la demanda,
cuando se presentó ante el mismo Juzgado Tercero Civil un incidente de
cumplimiento forzoso de ese convenio.
PESE A CONVENIO FIRMADO CON RAMOS, FERNÁNDEZ MARGAIN
PIDE 220 MILLONES MÁS
En octubre de ese año, el
juez dictó una sentencia que favorecía a Fernández Margain con el pago de 207
millones de pesos.
“La pasada administración que
encabezó el doctor Astiazarán, por conducto de la Consejería Jurídica, nunca
atendió este incidente”, añade la síndico.
Si bien el Ayuntamiento no
era notificado del avance del juicio debido a que Héctor Magaña no señaló un
domicilio procesal, la funcionaria asegura que en la administración de
Astiazarán “estaba obligada a revisar el boletín judicial del Poder Judicial
del Estado con los listados de acuerdos que dictan los tribunales”.
Sin embargo, los 207 millones
de pesos no le parecieron suficientes a Fernández Margain y solicitó el pago
adicional de más de 20 millones por pagos y costas, lo que suma más de 228
millones de pesos que el Ayuntamiento debe pagar.
“Se repite lo del otro
incidente, no revisan el boletín judicial, por lo tanto, hubo nula defensa en
ese sentido. Es la deficiencia que nosotros presumiblemente advertimos de la
pasada administración en ese sentido”, expone la funcionaria.
En el proceso de
entrega-recepción, el gobierno de Astiazarán hizo del conocimiento a la
administración de “El Patas” que, entre la lista de asuntos legales pendientes,
estaba este litigio.
Y AHORA “EL PATAS” PREPARA EL PAGO Y DENUNCIA A
COLABORADORES DE RAMOS Y ASTIAZARÁN
El 6 de diciembre de 2016, el
Juzgado Tercero de lo Civil notificó al Ayuntamiento de Tijuana de las
resoluciones finales en su contra. La Consejería Jurídica, encabezada por
Leonardo Martínez, promovió una serie de recursos legales como un incidente de
nulidad y un recurso de revocación para apelar la sentencia.
Mientras esto transcurría,
Roma Food Enterprise también promueve un amparo indirecto por incumplimiento
del pago y es entonces que un juez de distrito resuelve que se dé cumplimiento
a la sentencia.
La Consejería Jurídica del
Ayuntamiento también intentó apelar a la resolución ante el Tribunal Colegiado
de Circuito, pero no obtuvo éxito.
De mayo a diciembre de 2018,
el Ayuntamiento pagó 30 millones de pesos a la empresa y proyecta liquidar el
adeudo durante este año.
“Lo que nos causa extrañeza
es por qué el particular esperó tantos años para exigir el cumplimiento de
estos instrumentos legales, de estos convenios y más”, expresa la síndico.
Sobre los tiempos elegidos
para presentar la denuncia penal contra ex funcionarios, en la antesala del
proceso electoral y por lo tanto también en los últimos meses de la actual
administración, Ana Marcela Guzmán responde:
“Una vez que ya se
desahogaron estos procedimientos y los jueces coincidieron en que es cosa
juzgada y debemos cumplir, como no tenemos más defensa de fondo, ahora entramos
a una fase de buscar cómo resarcir ese daño a la hacienda pública municipal y
también en una fase de buscar sanciones a quienes hayan incurrido en errores y
omisiones que provocaron ese daño”.
— ¿Contra cuáles ex servidores de las administraciones
de Jorge Ramos y Jorge Astiazarán es la denuncia penal?
“No señalamos a un número
definitivo de persona, nosotros denunciamos hechos al Ministerio Público, para
que él determine en contra de quién ejercitaría la acción penal. Desde que
nosotros advertimos esa probable irregularidad, ya sea por el entonces síndico,
por personal que manejaba los asuntos jurídicos del Ayuntamiento y les tocaba
contestar demandas, incidentes, llevar una adecuada defensa. Ni adecuada ni no
adecuada defensa. Es por eso que decidimos presentar la denuncia penal”.
Fue interpuesta el jueves 10
de enero ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado por los delitos de comisión de fraude general, fraude
procesal, delitos cometidos contra la administración de la justicia, abuso de
autoridad y lo que resulte.
“Como Ayuntamiento, pugnamos
porque en este caso, los representantes sociales que es el Ministerio Público
hagan lo propio para el debido esclarecimiento de los hechos y para que se
castigue a los responsables”, detalla la síndico.
LAS CONDICIONES PERFECTAS PARA UNA TRIANGULACIÓN DE
TERRENOS COMO LA DE “KIKO”
El 23 de noviembre, el
Ayuntamiento de Tijuana celebró un convenio con Roma Food Enterprise para el
pago del monto que se establece en la sentencia, en el cual se contempla la
desincorporación de seis predios para reunir la millonaria cantidad de dinero.
El documento fue firmado por
el alcalde Juan Manuel Gastélum, la síndico Ana Marcela Guzmán, el tesorero
Ricardo Chavarría y la oficial mayor María de los Ángeles Olague, entre otros.
En sesión de Cabildo
celebrada en diciembre, los regidores rechazaron votar por un punto de acuerdo
que contemplaba la desincorporación de estos seis predios para el pago parcial
de ese adeudo, por lo que lo turnaron a Comisiones. Sólo la síndico y el
alcalde, quienes habían firmado el convenio, votaron a favor de su aprobación
sin pasar por comisiones.
La síndico procuradora
explica que la estrategia de desincorporar predios nace de la resolución del
juez, quien “ordena que le paguemos al particular y que incluso,
desincorporemos, si es preciso, bienes para dar cumplimiento a la sentencia”.
Incluso, añade que la ley de
amparo contempla penas de inhabilitación, multa y prisión por hasta 10 años a
la autoridad que dolosamente incumple una sentencia de amparo o no lo haga
cumplir.
Aunque el convenio ya se
firmó, la funcionaria admite: “Nos hemos visto en la necesidad de someter a
consideración del Cabildo, la aprobación de este convenio en donde se somete a
consideración la desincorporación de bienes para su venta”.
El punto de acuerdo se
encuentra bajo análisis de comisiones conjuntas de Desarrollo Urbano, Régimen
Interno y Gobernación y Legislación.
Mónica Vega, regidora de
Transformemos, considera que el Ayuntamiento no agotó todos los instrumentos
jurídicos para refutar el pago. Tras consultar el caso con un experto en litigios
de este tipo durante una sesión de comisiones conjuntas, surgió la posibilidad
de que el caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo que me da mala espina es
la urgencia por pagar y el no recurrir a otra instancia. Como este gobierno,
todo lo que hace, lo hace en el oscuro y su prioridad han sido los negocios, yo
como regidora tengo derecho a dudar”.
La regidora de oposición
tampoco está de acuerdo con que el convenio que comprometía la venta del
patrimonio del Ayuntamiento para dar cumplimiento al pago haya sido firmado por
el alcalde, la síndico y otros miembros del gabinete del presidente municipal
sin la autorización de Cabildo.
“Una política de
Transformemos, una postura que siempre hemos asumido es no aprobar ninguna desincorporación
de predios porque ya sabemos cómo lo utilizan los pupilos de ‘Kiko’ Vega, no
avalaremos más triangulación en la compra venta de terrenos que son patrimonio
de los tijuanenses”, señala.
Se trataría de la primera
ocasión en que el gobierno de Juan Manuel Gastélum vendería predios de este
valor. Anteriormente, sólo se han aprobado donaciones o ventas de tramos de
paso.
“Me parece una
irresponsabilidad que, sabiendo de esto, no lo hayan considerado dentro del
presupuesto de egresos 2019 y ahora vengan a chantajearnos a los regidores de
la urgencia de desincorporar predios, una política que han utilizado los
gobiernos del PAN y del PRI en su último año de gobierno”, expresa la edil de
oposición.
Como ZETA lo dio a conocer en
2013, con aprobación del Cabildo y en sus últimas semanas como alcalde de
Tijuana, el ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid, desincorporó un predio
de más de 8 mil metros en el fraccionamiento Villa Fontana, entonces una
colonia en vías de desarrollo.
La compraventa se formalizó
en 2001 y el particular Enrique Victoria Espinoza, familiar político del
gobernador, mantuvo la propiedad durante un periodo corto para después venderla
de vuelta a Vega de Lamadrid.
En el predio hoy se encuentra
una plaza comercial que deja ganancias millonarias al gobernador.
Mónica Vega puntualiza “me
parece irresponsable seguir pensando en desincorporar predios cuando vemos los
presupuestos tan desproporcionados de áreas tan superfluas que, por cierto, son
áreas que han tenido muy poco beneficio para Tijuana como Comunicación Social,
Relaciones Públicos e incluso la propia Presidencia y Sindicatura Procuradora”.
GOBIERNOS ANTERIORES REVIRAN
La síndico Ana Marcela Guzmán
insiste “en esta administración, al tener conocimiento de este asunto, aun
cuando eran cosa ya juzgada, hicimos hasta lo imposible por tratar de defender
el asunto, pero desafortunadamente no logramos obtener un resultado favorable
el Ayuntamiento”.
Sobre cómo la cantidad llegó
a más de 228 millones de pesos, el consejero jurídico detalla que fue
determinado por un perito contratado por el particular durante el juicio.
“Hizo un cálculo por el detrimento
que el particular a su juicio se le estaba generando con ese incumplimiento con
base al valor total y actual ese inmueble y no con base a la operación del
contrato de compra venta que era de 2 millones 900 mil pesos”.
El perito hizo un avalúo del
costo del terreno y no del daño que se le causó al particular por el
incumplimiento del contrato.
Cuando se le cuestionó al
consejero por qué el Ayuntamiento no apeló ese avalúo, contestó “no se pudo
defender porque debió haberse refutado cuando se presentó el evalúo el 2015 con
el incidente de cumplimiento. Nunca se defendió, ya causó estado, es cosa
juzgada desde 2015”.
Sin embargo, para Raúl Corona
Sesma, ex secretario de gobierno en la administración de Jorge Ramos, antes de
denunciar por fraude a ex servidores, el actual gobierno de Juan Manuel
Gastélum pudo haber solicitado la nulificación del juicio por fraude.
“La familia Fernández no fue
dueña jamás del terreno, así que no se puede calcular el valor del terreno como
perjuicio. No tiene sentido porque sólo eran dueños de un anticipo que se tenía
que regresar”, señala el abogado.
Sobre las denuncias
interpuestas a ex funcionarios, Corona Sesma opina: “Esto es un juego de
distracción”.
Al igual que el experto
consultado por regidores, el ex funcionario considera que ya existe una
jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prevé que los
juicios fraudulentos se pueden nulificar. “Yo haría eso, se nulifica algo que
no tiene sentido”, expresa.
Por su parte, un ex
colaborador del gobierno de Jorge Astiazarán refirió que tres días antes de que
concluyera esa administración, les fue notificado por el Juzgado la sentencia
de cumplimiento de pago y antes de ello, ya que no se había señalado domicilio
procesal, así que no fueron informados del avance del proceso.
UNA SÍNDICO DALTÓNICA
Respecto al actuar de la
síndico procuradora, quien ya presentó las denuncias penales correspondientes
por este caso ante la procuraduría estatal, la regidora Mónica Vega opina
“pareciera que tenemos una síndico daltónica que únicamente ve corrupción en
gobiernos anteriores y no en el actual”.
Una de las voces más críticas
y de oposición en el actual Cabildo, recuerda los casos de extorsión de un
colaborador de la síndico, el cual fue confirmado por el propio alcalde,
denuncias de acoso sexual contra el ex titular del Instituto de la Juventud, y
el caso más reciente: la triangulación de recursos a través de Mexikna,
conformada por una ex empleada municipal y manejada por el hijo del alcalde, la
cual recibió un contrato millonario del Ayuntamiento.
“En esos casos, la síndico no
ve corrupción y no ve la necesidad de atender y respetar la ley de régimen
municipal y el reglamento de la administración pública municipal para presentar
las querellas correspondientes”.
Para Mónica Vega, el
desempeño de la funcionaria municipal se resume en “una síndico muy
complaciente con el gobierno municipal, la corrupción se debe perseguir sin ver
únicamente colores o inclusive intereses dentro del mismo partido político”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INÉS GARCÍA RAMO/ LUNES, 21 ENERO, 2019
01:00 PM)
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