La claridad sobre la política
de no intervención que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el
papel que debe jugar en Venezuela, es antagónica a la subordinación política
que desde que ganó las elecciones ha mostrado frente al presidente Donald
Trump. Su promesa de campaña que las cosas serían diferentes entre él y Trump a
como habían sido con el presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería
que era mejor tener una buena relación con México que de conflicto permanente,
se quedó en un discurso maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo
persuade de nada. Le extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.
La semana pasada, en el
conflicto de Trump con los demócratas en el Capitolio porque no le quieren
presupuestar cinco mil 700 millones de dólares para construir el muro en la
frontera con México, dijo que estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar
la frontera con México. Cuando la prensa le pidió una reacción a López Obrador,
se lavó las manos y dijo: “Hemos actuado con prudencia y de manera precavida.
No hemos opinado de este tema porque se trata de un asunto interno del gobierno
de Estados Unidos y preferimos abstenernos”.
Ciertamente, la discusión
presupuestal sobre el muro es doméstica, pero cuando en las presiones de Trump
contra los demócratas involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a
los mexicanos, en voz de su gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada
día hay más de un millón de cruces legales de personas, además de 300 mil
vehículos de los cuales, 70 mil son camiones de carga, lo que representa un
intercambio comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un
cierre desestabilizaría a 94 municipios en seis estados fronterizos, que
participan con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump
se traduciría en una crisis social y económica regional en México.
López Obrador soslaya la
amenaza para no quedar atrapado en la lucha de Trump y los demócratas, pero su
silencio tampoco contribuye a que se movilicen otras fuerzas internas en
Estados Unidos, como los empresarios y comerciantes que también resultarían
afectados por el cierre fronterizo, que podrían presionar a Trump para que si
quiere mantener abiertos los frentes de guerra en el Capitolio, no utilice a
México como chivo expiatorio de sus arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con
la celeridad como quiere ayudarle a resolver el problema de la migración
centroamericana, que también le disminuye vulnerabilidades en su diferendo
político con el Capitolio.
Esta afirmación tiene su
sustento en el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20
de diciembre pasado, que da cuenta del anuncio realizado por la secretaria
Kirjsten Nielsen, sobre “la acción histórica” para confrontar la crisis
migratoria, donde Estados Unidos dejaría de mantener en su territorio a los
migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país, porque de
acuerdo con una negociación con el gobierno de López Obrador, sería México
quien haría ese trabajo. El acuerdo entre los dos gobiernos modificó
radicalmente las políticas migratorias de ambos, sirviendo el mexicano a los
intereses de la Administración Trump.
Varios funcionarios del
gobierno lópezobradorista han dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada
concreto, salvo la decisión de que México no serviría como la estación
migratoria para Estados Unidos. Sus palabras realmente no tienen peso en
Washington, ni son creíbles. Este lunes, en la reunión con embajadores y
cónsules mexicanos en el exterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, tuvo oportunidad de clarificar la posición de su gobierno, pero fue
omisa, probablemente en forma deliberada. Explicó que los migrantes
centroamericanos tendrán garantías a sus derechos humanos cuando crucen
territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se resuelve su situación
migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente la existencia de la
nueva política estadounidense, aceptada según Washington por el gobierno de
López Obrador, llamada Permanecer en México.
Esta política sólo ha
generado preocupación en Estados Unidos. El 2 de enero, el presidente del
Caucus Hispano en la Cámara de Diputados, Eliot Engel, miembros del Comité de
Asuntos Exteriores, y Albio Sires, miembro del Subcomité de Asuntos de América
Latina del mismo Comité, enviaron una carta al secretario de Estado, Mike
Pompeo, preocupados por el acuerdo de los dos países. “Aunque ambos gobiernos
han descrito esto como una política unilateral de Estados Unidos que el
gobierno de México aceptó”, dijeron los diputados.
Los diputados querían saber
puntos específicos: ¿cuándo se acercó el gobierno de Estados Unidos a México y
cuántas dependencias estuvieron involucradas en la discusión?, ¿qué tipo de
acuerdo alcanzó el gobierno con México? ¿cuáles son los detalles? ¿fue previo
al anuncio del 20 de diciembre sobre el cambio en la policía de asilo? Hasta
esta fecha, Pompeo no ha respondido a los diputados, pero tampoco ha desmentido
la existencia del acuerdo. En México, el silencio del presidente López Obrador
ha sido protegido por la complacencia del Senado, controlado por Morena.
No hay presión alguna en
México para que el presidente responda sin evasivas sobre lo que está haciendo
Trump, ni forma de que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores
rindan cuentas sobre lo que han estado hablando con Washington. Pero esconderse
no blinda lo que viene. Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada
salvo sacar adelante su agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de
presión y el gobierno López Obrador se ha prestado para ello. De este
vasallaje, como en el pasado sucedió, no saldrán buenas cosas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 09 DE ENERO 2019)
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