MANDOS ENTERADOS DEL “OPERATIVO SECUESTRO”

Al menos 10 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran involucrados en el secuestro exprés de una familia de ganaderos en el Valle de Mexicali. Los datos vertidos en el Proceso judicial que enfrentan, revelan que el cuadro de mando del llamado “Operativo Carranza” tuvo conocimiento de los hechos

De manera sorpresiva se dieron una serie de cambios en los cuadros de mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali a fines de julio de 2015, la acción fue calificada por su director, Alejandro Monreal Noriega como rutinaria.

Fue relevado de su encomienda René Tanori Hernández, hasta ese entonces comandante de la zona Valle de Mexicali –a decir del fiscal y la defensa—, encargado directo de coordinar el “Operativo Carranza”, que derivó en la denuncia que involucra a 10 agentes municipales en el secuestro de unos ganaderos.

Las fechas de los cambios, también coinciden con el inicio del juicio en donde –hasta el momento— se encuentran bajo medidas cautelares 6 agentes a su cargo por considerar la probable participación de los mismos en el secuestro.

Además en la presentación del caso de parte de la fiscalía, se mostraron partes y oficios donde se acredita que los jefes de los uniformados conocían del operativo.

SE ENTREGAN 6, FALTAN 4

La mañana del 5 de agosto del 2015, seis agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) suspendidos, se presentaron ante el Juez de Garantías para que se les cumplimentara la orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en su modalidad exprés.

Aunque la investigación involucra a 10 policías, hasta el momento solo se ha podido sostener en la investigación de la fiscalía estatal cargos contra 6 de ellos, por esa razón ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputaciones y la de vinculación a proceso se programó para el 10 de agosto.

Derivado, se abrió la causa penal 293/2013 con Número Único de Caso 02/2015/00353 en contra de los agentes Mónica López Mendoza, Verónica López Mendoza, Sergio Herrera Alvarado, Arturo Pérez Rodríguez, Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, todos ellos representados por Beatriz Adriana Robles García y Jorge Luis Barajas.

La defensa pidió la comparecencia de varios testigos, lo que representó la oportunidad para los fiscales Rigoberto Zatarain y Sergio Tadeo Sosa Alegría  de solicitar a la Juez Cenaida Tafolla que la audiencia se hiciera privada para proteger la identidad de los secuestrados, al final la abogada Robles García desistió de su petición.

LA VERSIÓN DEL ACUSADOR

Posteriormente se leyeron los testimonios de las víctimas. Identificándose como ganadero, Jorge Sánchez explicó que el día de los hechos, alrededor de las 9:30 de la mañana, llegaron a su rancho “El Indio”, ubicado en el ejido El Caimán de la delegación Carranza,  4 o 5 patrullas de la policía municipal de Mexicali de las que bajaron alrededor de 10 agentes. 

Los uniformados vestían pasamontañas, pero algunos se quitaban la capucha de vez en cuando, por lo que los pudo identificarlos, uno de ellos le dijo que se trataba de un operativo policiaco debido a que “ahí apestaba”, por lo que en primer lugar les quitaron los teléfonos celulares y la cartera.

Según su dicho, los agentes agarraron unas palas y se pusieron a escarbar en toda la propiedad, y los amenazaron, “Van a mamar si no nos das 45 mil dólares, te vamos a sembrar 6 libras de cristal”, le dijo uno de ellos. Luego de una hora lo subieron junto con su hijo y su sobrino a un pick up, mientras que a un trabajador de nombre Eduardo se lo llevó otra unidad.

 Posteriormente los trasladaron al ejido Durango en la patrulla, ahí los seguía una mujer policía en la camioneta Ram de Sánchez. Fueron llevados a las inmediaciones del ejido Sonora, en donde los bajaron y les quitaron las esposas, le dieron el teléfono celular para que hablara con familiares y les consiguiera en ese entonces 35 mil dólares. Primero le habló a su esposa Rosalina, posteriormente a su hermano Luis Armando, para entonces  habían pasado casi 2 horas, después fue el mismo agente quien le marcó a Luis Armando para presionarlo, le dio un plazo hasta las 2 de la tarde, en la negociación la cantidad se fijó en 30 mil dólares.

Para el cobrar del rescate, el agente municipal pidió que fuera una hija de Sánchez quien llevara el dinero a un autoservicio ubicado en la colonia La Puerta, para entonces habían pasado “15 o 16 horas”, según refirió la víctima.

Después, el agente recibió una llamada que según el declarante lo puso nervioso, “tu hermano ya está llorando en la comandancia”, reclamó, ante esos hechos el resto de los uniformados dejaron el lugar, y solo se quedó uno que mandó al hijo de Sánchez y su sobrino a cobrar el rescate.

Cuando se quedaron los dos, fue cuando la víctima se echó a correr hasta el ejido Michoacán de Ocampo, ahí le marcó a su hermano, quien le indicó que se fuera hasta la jefatura del ejido Carranza.

LOS TESTIGOS

La fiscalía también presentó la declaración del hijo de la víctima, a quien identificaron como Jorge Luis, el testimonio coincide con el de su padre, señala que él y su primo una vez que fueron liberados para recoger el dinero se dirigieron a La Puerta, en donde estuvieron esperando por espacio de 2 horas, ahí llegó su primo “El Mayito” Sánchez, quien les avisó que su padre se había escapado.

La otra declaración fue de Luis Armando, hermano de Jorge Sánchez, quien informó que las 10:30 de la mañana se encontraba en Mexicali, cuando le habló su otro hermano, Mario, para avisarle que había patrullas en el rancho, a los 15 minutos le habló el mismo Jorge para pedirle 45 mil dólares porque “Tenía un problema” y que su cuñada ya sabía lo que pasaba.

En total. Luis Armando señala que recibió entre 15 y 20 llamadas de los secuestradores exigiéndole el dinero, “apúrenle, ya va a ser el cambio de turno o si no le vamos a clavar cristal”, refirió en su testimonio, fue alrededor de las 3 de la tarde que contestó la última llamada.

Entonces decidió ir a la comandancia municipal –jefe de los uniformados involucrados—, donde se entrevistó con René Tanori, quien en ese entonces era el comandante de la zona Valle, le dijo que se iba a comunicar con un agente de apellido Montoya, quien era el que traía el operativo, posteriormente llegó ese agente para informar que había detenido a unas personas por espiar dentro de un domicilio, pero que los había liberado. Ante la falta de respuesta, finalmente fue al Ministerio Público a denunciar.

Otro testimonio fue el de Eduardo –trabajador de Jorge—, quien señaló que desde las 6 de la mañana llevó a comer a las ovejas a unas parcelas que se encontraban a varios kilómetros, cuando llegó un compañero de trabajo de nombre Raúl para darle el lonche, y le propuso volver al rancho porque se veía movimiento extraño.

Al llegar, Eduardo fue revisado y esposado por un agente municipal, lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la comandancia del kilómetro 43, en el camino se le emparejó otra patrulla dándole instrucciones en clave, posteriormente lo encerraron sin dejarlo hacer una llamada telefónica, duro 12 horas detenido.

La Fiscalía presentó un Acta de Inspección del 7 de enero en donde supuestamente se apreciaba las excavaciones realizadas por los agentes, de igual manera un oficio del subdirector de la policía municipal donde remitió los roles de servicio de las estaciones Nayarit, Delta, Cerro Prieto y Carranza.

IDENTIFICADOS

Para el 17 de enero según los agentes del Ministerio Público, los policías municipales ya no fueron localizados en su domicilio, por lo que llevaron a las víctimas a realizar una prueba de identificación de los agentes mediante fotografía.

Jorge Sánchez identificó a Eduardo Ruiz Cisneros como el encargado del operativo, a Sergio Herrera Alvarado al que le llamaban “El Chino” y a Verónica López como la mujer que le quitó el celular, por su parte su hijo identificó a Verónica y Mónica López Mendoza –quienes resultaron ser hermanas—, esta última como la que manejaba el pick up que les habían quitado, a Eduardo Ruiz quien era el que realizaba las llamadas y al agente Sergio Herrera quien anduvo todo el operativo sin capucha.

Eduardo –el trabajador— reconoció a Jesús Alberto Montoya García, Sergio Herrera Alvarado y Arturo Pérez Rodríguez, quienes lo llevaron a la comandancia de policía.

Otra de las pruebas que pesan en contra de los policías municipales fue que en el informe que rinden frente a C4 no se reportó ningún operativo ni las detenciones de Jorge, Jorge Luis, Francisco ni Eduardo.

LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS

Por su parte, los abogados de los agentes suspendidos,  presentaron los partes informativos de las unidades municipales presuntamente implicadas en el secuestro, documentos en los que se registra que las unidades y los oficiales a cargo estuvieron realizando diversas acciones desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por lo que a su parecer no pudieron estar presentes en el rancho El Indio durante las 7 horas que duraron secuestradas las víctimas.

En el parte de la unidad 200 comandada por Sergio Herrera, Arturo Pérez Rodríguez, se detalla que a las 11:30 horas se trasladaron a la comandancia del ejido Kilómetro 43 con tres personas, una de ellas Eduardo (trabajador del rancho El Indio) por espiar en un domicilio.

Según los reportes, de la estación Delta salió la unidad 924 comandada por Luis Enrique Sánchez Becerra, Pedro Campos y Verónica López Mendoza, en la unidad Cerro Prieto se movilizó la unidad 305 operada por Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, de la estación Nayarit salió la unidad 4232 comandada por Javier Sánchez Cabrera, Alfredo Neftalí Sotelo Rodríguez y Mónica López Mendoza –todos estos agentes se encuentran suspendidos por Sindicatura Municipal.

Los abogados también señalaron múltiples incongruencias en la integración de la Carpeta de Investigación, como el reporte ocular de los agentes ministeriales en donde nunca se especificó que se habían cavado hoyos en el rancho.

También evidenciaron que no existe reporte de C4 a la guardia del Grupo Antisecuestro por la privación de la libertad. Y expusieron que tampoco hay registro de alguna entrevista de las víctimas del 4 de enero. Esto  pese a la existencia de un video en donde se aprecia que cuando los parientes de la víctima se encontraban en las oficinas de la PGJE aún estaban negociando su liberación.

Otro de los puntos de la defensa es que no existen citatorios para los agentes municipales en la carpeta de investigación, incluso las fotografías de las viviendas que los ministeriales tomaron para comprobar que habían acudido a los domicilios fueron tomadas desde el mismo vehículo, lo que representaría que ni siquiera se bajaron para intentar localizarlos.

Señaló que la Sindicatura Municipal realizó la suspensión de los agentes municipales del 15 al 21 de enero, lo que significó que aún eran localizables. Y recalcaron que los imputados se presentaron de manera voluntaria a la corte.

La defensora también presentó como evidencia un reportaje del semanario ZETA en donde se exponen algunos antecedentes de las víctimas, además de que una de las unidades fotografiadas no corresponde a la marca que denunciaron, que ninguno de los policías municipales tenía armas largas como se denunció, además de que las características físicas no coinciden con la de los imputados.

LA RÉPLICA

El fiscal respondió que los antecedentes de las víctimas no tienen relevancia en el caso y más aún, los hace vulnerables a este tipo de actos, además de que los partes policiacos pudieron ser modificados por los mismos agentes, incluso especificó que en ninguno de los casos se reportó el operativo preventivo en la delegación Carranza y prácticamente ninguna de las patrullas involucradas reporta actividad de las 9:30 a las 10:30, hora en que presumiblemente ingresaron al domicilio de las víctimas.

Finalmente la juez Cenaida Tafolla decretó que era procedente la Vinculación a Proceso ya que existen elementos suficientes para establecer que se realizó un secuestro agravado en la modalidad exprés y se puede inferir la probable participación de los agentes municipales.

En la siguiente audiencia la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas suficientes para acreditar el delito que habrían cometido los imputados y de ser encontrados culpables, los agentes municipales podrían alcanzar una pena hasta de 100 años de prisión.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ CRISTIAN TORRES CRUZ / FOTOS. CRISTIAN TORRES/   17 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 12:00:39)