Gabriela
Minjáres/El Diario
La violencia inédita
que se registró a finales de la década pasada en Ciudad Juárez y sus
alrededores fue más que una lucha por el control de la plaza entre cárteles:
uno de los factores importantes que la propiciaron fue la corrupción oficial,
asegura un reporte de inteligencia de la Administración Antidrogas (DEA).
En una evaluación
que realizó la agencia federal de Estados Unidos sobre los hechos ocurridos en
esta región de noviembre de 2009 a julio de 2010, identifica cinco causas que
propiciaron la violencia: una, la que se produce por la lucha entre cárteles;
dos, la de los cárteles contra el Gobierno mexicano; tres, la que ocurre al
interior de los cárteles; cuatro, la que se presenta entre pandillas; y cinco,
la que ocasionan oportunistas.
De acuerdo con el
análisis que contiene un documento desclasificado, obtenido hace unos días por
la organización National Security Archive, a través de una solicitud basada en
la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en
inglés), desde un principio las operaciones de los cárteles en contra de las
corporaciones policiacas han sido el principal factor de la batalla por la
plaza de Ciudad Juárez.
“La razón principal
es en mucho que los cárteles mexicanos dependen de los funcionarios corruptos”,
menciona el documento, que contiene algunos datos, nombres y citas reservadas.
Según el reporte,
inicialmente se tenían identificadas las tres primeras causas de la violencia,
pero con la evaluación que realizaron agregaron las dos últimas, la que se
produce por el enfrentamiento entre pandillas y la ocasionada por oportunistas.
Al reseñar la
categoría de la violencia que se produce por el enfrentamiento entre cárteles y
autoridades gubernamentales, la DEA menciona algunos de los hechos ocurridos en
el período de análisis, entre ellos el homicidio del alcalde de Guadalupe
Distrito Bravos, Jesús Manuel Lara Rodríguez, asesinado el 20 de junio de 2010
en su domicilio, frente a su esposa e hijos.
También apunta el
homicidio de Sandra Ivonne Salas García –ocurrido el 30 de junio de 2010–,
subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, a quien identifican como el brazo derecho de la entonces procuradora
Patricia González Rodríguez.
Otro caso que
incluyen es el de la explosión del carro-bomba el 15 de julio de 2010, ataque
que atribuyen a un acto de venganza por la detención de uno de los líderes un
día antes, a quien no identifican, pero se sabe que fue Jesús Armando Acosta
Guerrero, alias “El 35”.
Respecto a la
violencia por la disputa entre cárteles, el documento indica que se genera por
la animadversión que hay entre los líderes de 2 de los dos principales grupos
criminales en el país, los que son reservados, pero menciona que se atacan
entre sí.
Menciona que sus
ataques los dirigen principalmente en contra de los brazos armados,
traficantes, fuentes de financiamiento, funcionarios corruptos y soldados.
De la violencia que
se produce al interior de los cárteles dice que es como un método de
autocontrol que emplean para castigar traiciones, robo de droga, contrabando no
autorizado y proporcionar información a las corporaciones policiacas.
De las dos nuevas
categorías identificadas por la DEA, se establece que el enfrentamiento entre
pandillas obedece no sólo a que algunas de éstas sirven a los cárteles de
drogas, sino a rivalidades que ya tienen entre ellas.
Dice que una de las
pandillas que operan en la ciudad, pero que en el documento restringe su
nombre, opera de manera semiautónoma y bajo la protección de las autoridades.
Describe que una de
estas pandillas que opera como brazo armado de un cártel carece de
profesionalismo y coordinación en comparación con otra que ha perpetrado varios
ataques y a los que se les atribuye la ejecución de los funcionarios consulares
en marzo de 2010.
Mientras que de la
violencia generada por los oportunistas, menciona que consiste principalmente
en extorsiones, robos violentos y secuestros perpetrados por criminales
independientes que no están relacionados con ningún grupo de narcotraficantes,
pero a los que se les asocia de manera errónea.
“La actuación de los
criminales oportunistas detona ante el estado de anarquía que hay en la
comunidad, lo que agrava el ya de por sí elevado índice de violencia”,
establece el reporte.
Agrega que este tipo
de violencia es difícil de evaluar porque estos delincuentes operan como
imitadores y con mucha rapidez se involucran en las actividades delictivas.
Entre las víctimas
de estos delincuentes menciona a propietarios de grandes empresas, yonkes,
funerarias, restaurantes, bares, transportistas, vendedores ambulantes y hasta
maestros que han sido extorsionados para despojarlos de sus aguinaldos.
Con todo esto,
concluye el reporte de inteligencia de la DEA, la economía de Ciudad Juárez se
ha visto impactada de manera negativa, porque más de “6 mil negocios han
cerrado sus puertas desde 2008 a consecuencia de la violencia y extorsiones”.
Por ello, dice que
varios empresarios se han ido a El Paso, donde en el 2009 la Cámara de Comercio
Hispana de El Paso reportó que más de 200 negocios de Ciudad Juárez habían
iniciado operaciones en esa ciudad.
(EL DIARIO, EIDICION JUAREZ/ Gabriela Minjáres
/2013-11-09 | 23:33)
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