Una decisión
de un Juzgado agrario federal pretende otorgar miles de hectáreas en Sonora a
un grupo de solicitantes surgido hace 30 años, al que ahora se han sumado
vivales y políticos -uno ligado a Manlio Fabio Beltrones-, sobre todo porque se
trata de una amplia franja del precioso litoral del Golfo de California.
Situación que ha creado la incertidumbre entre decenas de propietarios de la
zona que -aseguran- no estar dispuestos a soportar la injusticia
Caborca, Sonora.- De
repente uno de los directivos del Ejido Celestino Gasca se planta frente al
reportero. Se acomoda la gorra y suelta: “Sabes que yo tengo 75 años, no voy a
dejar que nos quiten nuestras tierras, nuestro patrimonio. A mí si viene
alguien y me empuja, me quita por la fuerza, yo lo mato”, dice resuelto,
erguido, enojado. Está parado sobre un manto de arena desde donde se atisba un
magnífico estero que hace curva en una zona de pesca de almeja.
Dicha área forma
parte de las más de 43 mil hectáreas que -a través de una resolución federal-
pretenden despojar a una serie de ejidos
dedicados a la ganadería y pesca. Después de años, a las tierras oficialmente
les salieron nuevos dueños.
El atractivo es que
en la mayoría de los casos, se trata de terrenos frente al mar. En el
impresionante litoral del Golfo de California, desde Puerto Peñasco hasta
Caborca, esta última ciudad donde hasta parte del fundo legal les pretenden
arrancar. “Si los dejamos, el siguiente tramo va a ser hasta el Golfo de Santa
Clara”, expresa uno de los ejidatarios en alusión al amplio litoral en la parte
sonorense del Golfo de California.
De hecho en esa zona
ya existe un conflicto que en junio de 2008 llevó al violento desalojo de los
ejidatarios y posesionarios, al resultar una pretensión similar en el Ejido
Campodónico -una impresionante bahía con más de cuatro kilómetros de litoral-,
hasta la fecha sigue en litigio.
El mecanismo parece
sencillo, pero a la vez nada claro: en 1985, una veintena de campesinos
solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, al que denominaron
“Heraclio Bernal”. Ocho años después, la Secretaría de la Reforma Agraria negó
la solicitud que considero improcedente, debido a que “no agotaron los
procedimientos”, pero hasta 25 años después, en abril de 2010, tramitaron un
amparo.
Para esto, de los 24
solicitantes originales, nueve habían fallecido o se habían “desavecindado”, y
solo quedaban 14, pero surgió la maniobra y, en presunta asamblea, acordaron
sumar nuevos miembros, por lo que ahora, 194 personas pelean 43 mil 34
hectáreas que actualmente ubican aproximadamente 50 predios, la mayoría pegados
al mar; 36 corresponden a Puerto Peñasco, nueve a Caborca y cinco al municipio
de Plutarco Elías Calles.
El 15 de marzo de
2013, el Supremo Tribunal Agrario falló un amparo a favor del nuevo núcleo de
población ejidal Heraclio Bernal para dotarlos de las miles de hectáreas que ya
tienen dueño y posesión, a través de una resolución presidencial que data de
1970.
“Se trata de actos
corruptos, maniobras ilegales y dolosas”, aseguran los ejidatarios, señalando
que la nueva lista está integrada por prestanombres, abogados y parientes de
personajes ligados al poder económico y político.
“Qué bueno que les
tocó esto” dice Domingo Zavala, un pescador moreno, descalzo, que se mira
fuerte pero apoya su humanidad en un bastón hechizo, recién festejando el
rescate de dos autos -uno de ellos de los reporteros- que se embancaron en el
camino de arena de varios kilómetros, entre el acceso, la carretera y la playa.
“Para que vean lo que hemos sufrido, antes no había ni carreteras, ni otros
caminos, así nos la pasábamos batallando, y ahora resulta que ahora nos quieren
quitar nuestros terrenos…”.
TAMBORES DE GUERRA
José Lucas Reyna recuerda que desde 1966 es dueño y está en
posesión de poco más de mil hectáreas ejidales entre Caborca y Sonoyta. Antes
esos terrenos fueron de sus abuelos. Es uno de los ejidatarios que se ha
amparado -amparo 667/2013- ante un Juzgado federal en Nogales, Sonora, contra
la pretensión de quitarle sus tierras. “Esos no son propietarios, son
solicitantes”, refiere el posesionario y dueño del espacio ahora en disputa.
Gerardo Cid Orduño
es el comisariado en el Ejido Guillermo Prieto. Porta un folder con sus
documentos, entre éstos, un título que lo acredita como propietario. Se trata
de una resolución presidencial emitida por el Gobierno Federal en 1970, que
inicialmente benefició a 60 ejidatarios, a quienes repartieron 29 mil
hectáreas. “De ahí quieren afectarnos 271 hectáreas, puras de la orilla de la
playa”, comenta el comisariado, asegurando que en todos esos terrenos donde
pretenden desplazarlos, tienen títulos que acreditan su propiedad.
Comenta que ellos
también tienen un amparo en el Juzgado federal con sede en Nogales, para evitar
ser despojados de los terrenos que actualmente utilizan para ganadería, con un
promedio de 300 cabezas de ganado.
“Casi todo lo que
vienen agarrando de ese ejido (Heraclio Bernal) son puros litorales, desde el
Golfo de Santa Clara hasta Puerto Lobos”, comenta Cid Orduño, quien es parte de
una segunda generación de los dueños del terreno.
Reunidos en torno a
la gran mesa central del salón de juntas de la alcaldía de Caborca, el
secretario del Ayuntamiento, Daniel Zavala, explica a ZETA lo que está
sucediendo.
“Entregan una
resolución presidencial que no cumple con los requisitos de ser ejidatarios.
Aquí localmente tenemos a una persona multimillonaria, que tiene más de
cincuenta pozos, dos gasolineras, un sinnúmero de propiedades, su nombre es
Raúl Elías Fabela, esta persona no califica para ser ejidatario. ¿Cómo es
posible que estén dotando a gente que no califica?”, cuestiona.
Con esa resolución
-refiere- no se están respetando los títulos de estas personas -en función de
la veintena de ejidatarios presentes en el salón-, emitidos por la autoridad.
“Estamos hablando de
todo el litoral de Caborca, y así como a Caborca, están afectando Puerto
Peñasco”, expone en relación al problema que enfrentan y que así sintetiza: un
grupo en el poder político se ha arrimado a un grupo de ejidatarios
solicitantes de tierra. “No quieren un solo surco para sembrar, quieren todo el
litoral”, acusa el funcionario, quien calcula que con esa resolución federal se
está afectando a 250 familias de ejidatarios, aparte, al municipio de Caborca,
al que también están cortando mil 958 hectáreas que son parte del fundo legal.
Menciona cómo a través de un predio que encimaron con el nombre de Lindavista,
quieren quitarle terreno a la zona que realmente se trata del poblado de Puerto
Lobos, una de las principales zonas turísticas de esa región.
Hace mención del
dictamen de un perito -Martín Dávila Durazo-, quien oficialmente declaró que no
existe nadie en esos predios, “lo hicieron de escritorio, ni siquiera fueron a
ver físicamente”.
Comenta que hay
otros predios alrededor de una mina de oro que también pretenden apropiarse,
siendo que los ganaderos y dueños tienen cerca de 40 años en esos terrenos.
Asegura que una señora, Teresa Rodríguez, es quien lo reclama, siendo que ella
es esposa de un funcionario estatal en Hermosillo.
“Desde 2011 ando yo
en trámites con eso, lo que me dijo el de la Reforma Agraria: ‘usted
ampárese’”, argumenta el propietario del terreno aledaño a la mina que explota
el grupo Peñoles.
Los ejidatarios en
peligro de ser desplazados de sus tierras ubican a varios personajes ligados al
poder económico y político, como Sergio Hunger, financiero en Monterrey, Nuevo
León; Raúl Elías Favela, Alfredo Vergara. Todos ellos encabezados por Luis Fernando Heras Portillo Sánchez, a quien
ligan con el ex gobernador de Sonora y actual coordinador de la bancada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso federal, Manlio Fabio
Beltrones Rivera.
Una versión incluye
que Heras Portillo es la cabeza operativa de todo ese grupo, que incluso ha
llegado a amenazar al alcalde panista de Caborca, Francisco Alfonso Jiménez
Rodríguez.
A Heras -ex titular
de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del gobierno estatal de Sonora-
lo ubican junto con los adinerados Ricardo Mazón y Javier Tapia, como parte del
grupo de propietarios del lujoso complejo turístico-residencial Las Palomas, en
Puerto Peñasco, donde en diciembre pasado, el lugarteniente en esa estratégica
zona del Cártel de Sinaloa, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, fue
presuntamente abatido -la versión es que sus gentes se llevaron el cadáver-.
Controversia, la
historia
El 15 de marzo de
2013, los cinco magistrados del Tribunal
Superior Agrario –liderados por el magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero-
aprobaron de manera unánime y desde la Ciudad de México, la resolución en torno
al juicio agrario 5/2012 y el amparo
667/2010 en relación al poblado Heraclio Bernal, en Sonora.
El caso inició desde
1985, cuando un grupo de 24 campesinos que dijeron residir en Puerto Peñasco,
solicitó al entonces gobernador estatal, Rodolfo Félix Valdez, la creación de
un nuevo centro de población ejidal que se llamaría Heraclio Bernal. De acuerdo
al camino legal, marcado en la Ley de la Reforma Agraria, los solicitantes
habían agotado el procedimiento federal, por lo que en septiembre de 1993, la
SRA consideró “no procedente la instauración de la solicitud presentada…”.
El 26 de abril de
2010, el comité de solicitantes interpuso un juicio de garantías –667//20210-,
tocándole al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito
Federal, autoridad que en noviembre de 2010 concedió la protección de la
justicia, modificando la sentencia que sobreseía el caso.
Fue hasta octubre de
2011 que la delegación estatal de la SRA en Sonora comisionó a personal para
recabar información de esos predios supuestamente “propiedad de la nación”,
bajo la premisa de que los solicitantes “manifiestan tener en posesión y
usufructo en forma pacífica, continua y pública, algunos de los desde hace más
de veinte años...”.
Luego, el 31 de
marzo de 2012 -casi 30 años después de la solicitud original-, los integrantes
de ese nuevo centro poblacional efectuaron una asamblea general, aunque solo
quedaban 14 de los 23 solicitantes originales, ya que nueve de ellos o
murieron, o se “desavecindaron”, es decir, ya no vivían en la zona. El caso es
que se sumaron 142 nuevos aspirantes, que con los 14 sobrevivientes, ya eran 156
los “capacitados que pasan a formar el grupo de solicitantes”. De paso le
sumaron otros 49, para llegar a 191 los enlistados.
En el
documento-resolución emitido el 15 de marzo de 2013, se hace una detallada
lista de las zonas a afectar, tanto en Peñasco como Caborca, y Plutarco Elías
Calles. Finalmente, se resolvió de manera textual: “Es procedente la creación
del Nuevo Centro de Población Ejidal, promovida por un grupo de campesinos que
se denominara Heraclio Bernal, Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora”,
dotándoles con 43 mil 34 hectáreas que finalmente beneficiaron a 191
“campesinos” con capacidad agraria.
La medida provocó la
inmediata y múltiple respuesta, desde amparos, denuncias, quejas ante Derechos
Humanos, cartas al Presidente Peña Nieto, al gobernador Guillermo Padrés, y al
titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sobre todo, ha
provocado el coraje de cientos de ejidatarios y sus familias, quienes de un
plumazo ven en peligro su patrimonio y parecen estar dispuestos a todo, como
expresó uno de los directivos en el Ejido Celestino Gasca:
“Si me quieren
quitar mis tierras, las de mi familia, yo los mato…”.
CAMPODÓNICO
En junio de 2008, un
grupo de ejidatarios fue expulsado de sus tierras en el Ejido Rodolfo
Campodónico, a raíz de una decisión federal, implicando el uso de la fuerza y
la intervención de policías estatales para concretar el desalojo de esos
terrenos estratégicamente ubicados, y también pegados al litoral de las mansas
aguas del Golfo de California.
A raíz de ese
despojo, los ejidatarios siguieron el cauce legal, a través de juicios agrarios
aún vigentes, explica el abogado del grupo, Sergio García: “Iniciaron unas
acciones de servidumbre de paso, porque las personas que golpearon estaban en
terrenos del ejido y el predio en conflicto estaba como a seis kilómetros de
ahí”.
El caso se fue a
revisión, y apenas esta semana les notificaron que se había perdido la revisión
por parte de los afectados.
“Lograron su
propósito, pero de una manera muy burda”, dice García en relación a las cerca
de 700 hectáreas que conforman una pequeña península destacada por su magnífica
ubicación.
Ahora están por
promover un amparo contra la más reciente resolución judicial, pero seis años
después, el litigio continúa.
(SEMANARIO
ZETA/ Sergio Haro Cordero/ 03 de Junio del 2014 a las 19:01:00)
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