Todos contra todos. La descoordinación es generalizada, dos ex militares fueron detenidos por homicidio, colaboradores del ejército asesinados, tres elementos de las fuerzas castrenses acusados de atacar a policías municipales, dos ministeriales prófugos por secuestro y ocho agentes municipales de Tijuana investigados por ligas con el crimen organizado.
Rosario Mosso Castro
Ricardo Meza Godoy
En lo que va de octubre, las evidencias del rebrote de la corrupción han sido claras: El problema es de autoridad.
Dos ex militares fueron detenidos por asesinato y tráfico de droga en Mexicali, mientras una veintena de elementos del 67 Batallón irrumpieron en la delegación policiaca de San Quintín para liberar ilegalmente a un soldado detenido por faltas al bando de policía; dos ministeriales activos metidos a secuestradores, se dan a la fuga.
En Tecate aprehendieron a tres agentes municipales por cohecho; en Tijuana capturaron a dos uniformados extorsionadores, mientras el Consejo Estatal de seguridad del estado investiga a ocho elementos municipales más, presuntamente asociados al crimen organizado; y en Mexicali dos policías municipales y otros dos ministeriales fueron acusados de colaborar con el cártel de Sinaloa.
Las fuerzas castrenses intentan esconder sus casos para no perder “la confianza ciudadana” justifican; en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretenden evadir y constreñir el tema “por no afectar la imagen institucional”; los policías municipales, defienden públicamente a su “corporación honesta”; mientras el Consejo Estatal de Seguridad concluye investigaciones contra agentes delincuentes.
Tropas muy sueltas
Entre los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, existen problemas y pleitos entre las corporaciones por demostrar quién detenta el poder y quiénes deben obedecer como si fueran subalternos; incluso, negocian la presentación de decomisos para ver quién se cuelga la medalla.
El contexto actual es una rememoración de los nefastos efectos de la descoordinación institucional sucedidos entre 2005 y 2007.
El trabajo conjunto no se puede fingir. Con un Ejército designado y admitido como cabeza de la lucha contra el crimen organizado en Baja California, pero que sólo mantiene una buena relación con el Ministerio Público Federal (MP) de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Apartado de la Policía Ministerial porque no ven coordinación en materia de depuración por la forma en que permitieron la fuga de un elemento señalado de secuestro.
Distanciado de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSPE) y su policía porque no le entregan los decomisos para que los presenten en forma conjunta, y sólo se coordinan cuando se sienten amenazados.
Y aprovechando la necesidad de aprobación y coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana donde militares son mandos, para que los policías locales trabajen por el ascenso del General Gilberto Landeros, cuya capacidad y resultados serán juzgados en la Ciudad de México el mes próximo.
“La orden es que de aquí a noviembre se busque droga y todo lo que se decomise se entregue directamente a la zona militar”, manifestó un policía local tras el decomiso de casi 10 toneladas de marihuana hecho por sus compañeros en una bodega de la colonia Cuestecita en la delegación San Antonio de Los Buenos, la madrugada de 19 de octubre.
Militares
José Antonio Parra Camargo, sargento de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y Cristian Hernández Araiza, capitán del Ejército mexicano, dejaron las fuerzas armadas en 2007 y 2000, respectivamente; los dos fueron capturados el 11 de octubre por el asesinato de la señora María Martha Fernández Maldonado, en Mexicali.
El día de los hechos, ZETA se comunicó con los militares para confirmar si estos homicidas traficantes al servicio de Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto” habían pertenecido al Ejército. Primero dijeron que no, después manifestaron que estaban investigando, y al final se negaron a confirmarlo.
Cuando hicieron conferencia con los resultados del operativo decidieron no presentar a los ex-militares metidos a delincuentes. No mencionarlos ni evidenciarlos como delincuentes ante la sociedad.
Antonio Parra Camargo confesó que, desde dentro, le informaron que vieron salir a la señora Fernández de las instalaciones militares, y como el ejército les había reventado varias casas, por eso la mataron. Se negó a dar nombres de los delatores de la mujer muerta al interior del Ejército y, extrañamente, nadie pudo obtener confesión alguna al respecto.
También aseguró que la Policía Municipal de Mexicali le ayudaba a capturar a sus competidores y se los entregaba para matarlos.
Como socios criminales señaló a los municipales “Ortega y Palomares”, además de los agentes ministeriales “Lucero y Urías”.
Rolando Urías fue dado de baja en noviembre de 2010, involucrado en la investigación del asesinato de cuatro jóvenes encontrados en una calle del fraccionamiento La bodega, en Mexicali, en marzo de 2010.
En abril de 2011 fue detenido en San Luis Río Colorado por la Policía Estatal con un auto robado, un arma y cartuchos útiles.
De la Policía Estatal Preventiva mencionó al ex-agente Guadalupe Salazar Beltrán “El Lupillo”, asesinado en enero de 2011 en el bar “La Resaca”, mientras hacía las veces de escolta del ex ministerial Alejandro Elizarrarás, jefe del grupo criminal armado al servicio del cártel de Sinaloa encabezado por “El Checo” en Mexicali.
Adicional al involucramiento y a la fuga de información que pone en riesgo a los colaboradores, en el pleito por quién manda en San Quintín la milicia se enfrenta a un procedimiento judicial y un juicio público por abusos de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades y uso indebido del propio derecho.
Los directamente señalados son: el coronel Higinio Víctor Marín Cisneros, el capitán Ricardo González Pérez y el capitán 2do de infantería Noé Vite Rivera; todos del 67 Batallón de Infantería en San Quintín.
“Es su palabra contra la mía”, por decirlo de alguna manera, explicó en conferencia el General Gilberto Landeros al negar y restarle importancia a las imputaciones hechas vía denuncia por el ayuntamiento de Ensenada.
Ofreció su versión, aseguró que desde el decomiso del mega-plantío durante el mes de julio en aquella zona, se habían dado enfrentamientos; no dijo cuántos ni de qué tipo; sólo agregó que se debía a que se habían afectado intereses criminales y que sabía de “varios” desertores del Ejército contratados como policías pero no validados por las fuerzas castrenses estaban trabajando en la corporación ensenadense, sugiriendo que eso había provocado el conflicto que detonó con la captura del militar González Pérez que circulaba a exceso de velocidad y, según el parte policiaco, en estado de ebriedad y armado sin el permiso correspondiente.
Tras el descubrimiento del sembradío de 120 hectáreas, las autoridades encontraron en la zona del decomiso una lista con nombres y cargos de diversas autoridades de la zona que puso en duda la honestidad de todas las corporaciones que operan en la zona, incluidas las fuerzas armadas, razón por la cual los mandos y la tropa militar que cubría la zona fue removida; sin embargo, ninguno fue juzgado o investigado porque “no había elementos suficientes”.
Pero el resto de las autoridades siguen operando con la desconfianza de los nuevos mandos militares.
Esta guarnición ya había sido relevada en su totalidad en febrero de 2011 cuando nueve elementos de las fuerzas armadas fueron capturados y consignados por su relación con el crimen organizado a través de Miriam Isaura López “La Chiluca”.
La noche del domingo 16 de octubre ni siquiera pudieron dormir los cerca de 30 policías municipales adscritos a San Quintín, literalmente atrincherados en las instalaciones de la delegación municipal, a la espera de un tercer encuentro con un comando armado, el mismo que los golpeó el viernes, les rompió muebles, los dejó sin armamento y, de paso, rescató a un teniente; según este grupo de oficiales, no depurado, calificó de “ebrio”, aunque no alcanzaron hacerle los exámenes médicos para probarlo.
Los policías municipales en San Quintín aseguran que Higinio Víctor Marín Cisneros, coronel del 67 Batallón fue quien ordenó, el 14 de octubre, a cerca de 30 elementos bajo su mando la madrugada del viernes acudir a la delegación municipal y recuperar por la fuerza al militar Ricardo González Pérez, detenido alrededor de las 02:30 horas porque conducía en exceso de velocidad un pick up Chevrolet.
Según describe el parte informativo, cuando los municipales les indicaron que debido al estado inconveniente del conductor serían trasladados a barandilla y de ahí llamarían a la guardia del 67 Batallón para que fueran por ambos, los militares se portaron agresivos, por lo que solicitaron apoyo a tres agentes municipales más y, finalmente, los convencieron.
Luego, en la delegación de San Quintín, cuando tomaban los datos a Ricardo González, para que fuera certificado por un médico, arribaron en una unidad Chevrolet Silverado, 10 militares y comenzó el problema.
Llegaron “…cortando cartucho, encapuchados, y amenazando al agente Salvador Gaitán Martínez, golpeándolo y tirándolo al suelo… varios de ellos entraron a la fuerza al recinto de barandilla tumbando la puerta de acceso y golpeando el sargento segundo de infantería Domingo Tenorio Solís con la culata del G-3 al agente Mario Alberto Soto Villegas en el costado izquierdo, a la altura de la costilla… agrediendo físicamente a los agentes Fabián Méndez Godínez, Enrique Rodríguez Sierra, Arturo Silva Sandoval e Isidro Olvera Castañeda, logrando sacarlos y tirándolos al suelo para continuar golpeándolos con las armas largas y a patadas; por lo que sacaron a los detenidos dejándolos ir… asimismo varios militares se introdujeron al recinto de barandilla y procedieron a revisar todos los cajones del escritorio y el archivero y el banco de armas, logrando sacar las armas del detenido, por lo que se retiró el conductor del vehículo y su acompañante con las armas, saliendo derrapando con su vehículo hacia el oriente tumbando aproximadamente 4 metros de cerco de postería de madera y alambre de púas perimetral del C. Alberto Borja Rodríguez”, dice el parte informativo.
El asunto no terminó ahí. Explican los municipales que a la delegación llegaron dos unidades más con unos 10 soldados en cada una.
De uno de los vehículo descendió el capitán 2do de infantería Noé Vite Rivera, mencionando que el coronel Higinio Víctor Marín Cisneros les ordenó que sacaran de barandilla a los policías a como diera lugar y solicitó la presencia del comandante de la policía municipal, pues se llevarían las armas de cargo de la comandancia,; y así fue.
El comandante a cargo, Julio César Carrillo Mendoza, recibió en esas horas la visita de los soldados en su domicilio y fue trasladado en un vehículo militar a la delegación, luego de entrevistarse con ellos, accedieron y finalmente les regresaron las armas.
“Esta vez se extralimitaron”, expresó a ZETA Carrillo Mendoza durante una entrevista la mañana del lunes 17 donde narró lo sucedido, “no sé qué más tenga que pasar para que a quien corresponda frene esta ola de arbitrariedades”. La visita a su casa fue a las 4:00 am.
La entrega de militares en estado inconveniente a sus respectivos cuarteles es algo que ocurre en Ensenada, explicó el Director de Policía y Tránsito, Alberto Tolosa Espinoza; son reportados con sus superiores para que sean ellos los que se hagan cargo y así lo hacen, van por ellos. Además, resulta peligroso mezclar en celdas a militares con delincuentes comunes.
El subcomandante Rubén Morales García quien firmó el parte contra los militares fue detenido a las 15:00 horas del domingo 16 de octubre y estaba en servicio activo en horario de comida en el poblado de El Rosario por el propio coronel Higinio Víctor Marín Cisneros, bajo el argumento de portar un arma sin permiso y fuera de su jurisdicción.
Por su parte, el General Landeros aseguró que el parte médico que existe no acredita estado de ebriedad de González, que de acuerdo a lo expuesto en el parte militar los mandos castrenses siguieron el protocolo.
Pero esperará a que la investigación pertinente concluya para determinar responsabilidades y sanciones de ser necesarias.
Adicionalmente, un hombre que se identificó como militar le hizo una llamada calificada como de “intimidación” a la reportera Karla Chacón, quien en el portal de “El Mexicano” publicó un adelanto de tres párrafos, de los sucesos del viernes en San Quintín fue hecho entre las 8:00 y 9:00 horas del viernes.
Explicó que la tarde del mismo día recibió una llamada a su celular, un hombre que se presentó como militar del 67 Batallón, del que no recordó el nombre, le preguntó -¿quién fregados le dio la información?-, seguido de una serie de reclamos buscando evitar que publicara la nota al siguiente día, pues era un asunto interno y no tenía que salir a la luz pública.
“Creíamos tener buena relación con la prensa”. Chacón se manifestó incomoda por la experiencia.
Por lo pronto, de parte del Ejército sólo González López fue arrestado por manejar a exceso de velocidad, poner en riesgo su integridad y provocar un conflicto mayor.
La denuncia interpuesta por el ayuntamiento contra elementos del Ejército por delitos del fuero común fue desechada por el Ejecutivo Estatal.
De acuerdo con un boletín de la Procuraduría General de Justicia del Estado, enviado la tarde del 17 de octubre, la Subprocuraduría de Zona Ensenada, informó haber recibido “una denuncia” pero basados en el Artículo 50 Fracción I, incisos A y F, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la PGJE se deslindaron del caso, remitiendo el acta vía incompetencia al agente del Ministerio Público Federal y la PGR se negó hablar al respecto.
El abogado Rubén Avilés Sánchez, presidente del Frente Cívico de Ciudadanos, A.C., opinó que la PGJE pudo haber hecho más antes de “lavarse las manos”. Aseguró que tenían la facultad de haber requerido la presencia de los involucrados.
Sobre los hechos del viernes refirió que los militares estaban violando sus propios códigos militares: “No pueden hacer lo mismo que lo que combaten… pueden ser personas de honor y también gente de deshonor desleales al Ejército y al pueblo”, y expuso que dadas las condiciones de la denuncia y las reformas a la Ley, la determinación final de si el actuar de los militares es juzgado dentro o fuera de la justicia militar le corresponde a la Suprema Corte.
Ministeriales
El 11 de octubre, al ser rescatado por el Ejército, el empresario dedicado al cambio de divisas y exportación e importación de materiales diversos, aseguró haber sido victimado por agentes que se identificaron como ministeriales.
La víctima es hijo de un hombre, presuntamente, dedicado al tráfico de psicotrópicos, según la indagatoria iniciada por el secuestro de su hermano en febrero de 2008, presuntamente privado de la libertad por oficiales de la Agencia Federal de Investigación que dijeron ser gente de los Arellano Félix de acuerdo a la Averiguación Previa AP 08-08-201.
El rescatado explicó que los delincuentes también le preguntaban por una droga y cargamentos que supuestamente su padre movía, y le advertían que le cobrarían piso.
Por su rescate pidieron 1 millón de dólares y le amputaron tres dedos; sin embargo, sólo se entregó parte del dinero y el intercambio final jamás se realizó porque la víctima escapó por sus medios.
Un segundo hermano secuestrado en la familia identificó la semana pasada tres caras en un álbum de ministeriales en posesión del Ejército, le presentaron a dos.
Un subprocurador citó a dos y le hablaron a un tercero que estaba de permiso, platicó con ellos en una oficina de la PGJE en Tijuana y les explicó que un hombre rescatado por el Ejército los estaba señalando como sus presuntos secuestradores y que habían solicitado un careo.
Dos de ellos aceptaron acudir y el tercero, contactado por teléfono y notificado de los señalamientos, se negó a presentarse sin apoyo de un abogado, alegando que ya conocía como se las gastaban las fuerzas castrenses.
Prometió presentarse a la cita pero con su defensa y no lo hizo; unas horas después, un tercero entregó en la PGJE una solicitud de permiso médico para no presentarse durante cinco días.
Este mismo agente había sido capturado por militares durante el rescate en las inmediaciones de la zona del operativo; en ese momento se identificó como el ministerial César Peña y aseguró que estaba cumpliendo funciones propias de su cargo, las fuerzas castrenses contactaron a funcionarios de la procuraduría quienes sólo corroboraron que era un agente activo.
Las fuerzas armadas lo liberaron, pero le dieron seguimiento, el oficial se fue directamente a visitar a otro empleado de la PGJE identificado como hermano del actual delegado de la PGR, Fermín Gómez.
En ese momento dejaron de seguirlo, ZETA verificó la nómina de la Procuraduría en internet y no aparece ningún pariente del ex subprocurador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada.
Durante los careos, ante la comparecencia de dos ministeriales la presunta víctima señaló estar 90 por ciento seguro de la identidad de Saúl Castro Villarreal, agente comisionado a la Agencia de Robo.
De acuerdo a su versión, este oficial era el sujeto que estaba sentado a su lado derecho en los asientos traseros mientras lo trasladaban durante el secuestro. Explicó que lo vio poco porque lo obligaron a mirar hacia abajo la mayoría del tiempo.
Del segundo ministerial, un agente asignado a la delegación de la PGE del Mariano Matamoros que la Procuraduría se negó a identificar porque no lo consideran jurídicamente responsable, el secuestrado señaló estar seguro en un 50 por ciento, porque lo vio de lejos.
“Se trata de una condena de 50 años de prisión”, le advirtieron al secuestrado. “Tiene que estar seguro para señalarlos”.
En esa etapa el hombre decidió no confirmar, pero cambió de idea cuando declaró ante la Procuraduría General de la República, donde identificó plenamente a Castro.
En el proceso de la indagatoria, Julio César Peña Cureses se convirtió en el segundo sospechoso, basados en la identificación de la víctima vía fotografía del agente; el señalamiento directo de uno de los detenidos, quien aseguró que este hombre los contrató; en el hecho de que se negó a presentarse, pidió permiso y aprovechó la notificación para fugarse; y en que el Ejército lo sorprendió cerca de la zona durante el rescate, y la PGJE no pudo confirmar que estuviera trabajando.
Lo tuvieron y, por la descoordinación, lo dejaron ir.
El tercer sospechoso es el ex-agente Samuel López Álvarez; este hombre renunció en cuanto se hizo público que estaban buscando a los ministeriales que participaron en el secuestro de empresario rescatado y que uno de los detenidos estaba confesando. Y están trabajando en la identificación plena de por los menos tres agentes ministeriales más.
“Por sanidad” y por los antecedentes de la familia del secuestrado, aunque se trata de un delito del fuero común, la investigación por secuestro la está desarrollando la PGR; sin embargo, las fuerzas castrenses trabajaran para que el Consejo Estatal de Seguridad le dé seguimiento cercano al caso, por la relación que identificaron entre Peña Cureses uno de los principales señalados, con el hermano del delegado de la Procuraduría federal, identificado como “El Baby” Gómez Gómez, no lo están implicando pero quieren que se investigue.
La municipal
En Tijuana, a pesar de que el Secretario Alberto Capella se sostiene en el discurso de encabezar una policía limpia y prestigiada, reconoció que hay investigaciones serias sobre agentes importantes que pronto darán resultados.
“Confío en ellos hasta que me muestren lo contrario. Si antes hubo muchos mandos que fueron represores o distorsionados y la gente no se animó a denunciar por el miedo de señalar jefes, ahorita estoy partiendo de una premisa diferente, y los agentes están acudiendo a denunciar”.
-Honesta…¿y de entrada tuviste que aprehender a dos agentes extorsionadores?
“Ése es el tipo de pruebas en contrario que estoy esperando, y no han sido solamente ellos. Hay gente que está cometiendo situaciones, que nos estamos dando cuenta y los estamos preparando muy bien para darles la empapeladita necesaria, porque si se dieron cuenta, no fue solamente el proceso de despido, se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se nos criticó un poquito la irrupción en la conferencia de prensa.
“Pero era un mensaje muy importante, no tanto para el público o para la sociedad, sino para la política interna en la corporación, que no le estoy dejando al vocero la ´bolita´, que es una situación que estoy decidiendo yo, como cabeza de la Secretaría”.
Aseguró que los agentes están generando un compromiso, no sólo personal porque estamos involucrando a las familias, particularmente de los mandos. “…y los resultados son verdaderamente sorprendentes en 15 días de trabajo”.
Conforme a las estadísticas municipales: 543 personas presentadas con 29 turnaciones al Ministerio Público del fuero federal; y 64 al mixto; 662 detenidos por portación de armas, droga o vehículo robado; 8 mil 041 personas presentadas ante el juez calificador por faltas administrativas; y 3 mil 090 infracciones de tránsito.
Fueron asegurados por la Policía Municipal: 21 armas de fuego, 59 armas blancas, 7 de utilería, 79 vehículos robados, 2 mil 565 discos pirata, 147 envoltorios de heroína, 196 de marihuana; y 688 de cristal. Aplicaron 304 pruebas de alcoholímetro y 47 autos fueron remolcados.
-¿Ya están dando seguimiento a una investigación sobre un grupo específico de agentes con las autoridades del Consejo Estatal de Seguridad?
“Traemos una cantidad importante de denuncias en Sindicatura Municipal en proceso. La comunicación que tengo con el general es de primera línea y yo voy a rendirle informes de manera permanente, y voy a llevarle también información de cosas raras que estamos viendo de ciertas personas dentro de mi institución.
“No puedo darte nombres, ni datos de situaciones que están en un proceso de investigación interna, ni creo que el General vaya a violar un proceso de secrecía”.
-¿Pero existe el proceso de investigación?
“De que haya, hay; y muy concreto”.
De acuerdo a versiones de integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, la indagatoria se sigue sobre ocho personas “importantes”, y los mandos removidos en la municipal fue porque les detectaron nexos con el crimen organizado.
Del retiro de jefes, Capella se negó aclarar la posibilidad de nexos criminales. Explicó que le dio facultades al director Ricardo H. Garduño, para que hiciera una propuesta porque él los conoce, y le validó cada proposición:
“Yo dictaminé en acuerdo con el alcalde las líneas de trabajo que debían seguir en adelante y los estoy evaluando. Traigo dos jefes de sector ahorita en la cuerda floja porque no están dando resultados.
“Y el que se vaya, con la coordinación que traemos con el Gobierno federal y el liderazgo del Ejército, si andan muy mal se van a ir empapeladitos”.
Respecto a los exámenes de confianza al nuevo equipo expuso:
“Por la premura del tiempo nos estamos basando en los exámenes que se hicieron en la anterior administración, pero podemos hacer en dos horas los exámenes. Los renovaré después de 30 días a los jefes de distrito, así planteamos los reajustes; primero analizaremos los resultados que den en un mes, de ahí voy a partir. Los exámenes serán a principios del mes que entra”.
Aclaró también que no corrió a los militares; al contrario, los asignó a la conflictiva zona este y al centro de comando. “De hecho hay una serie de plazas que ya platiqué con el Presidente, vamos a priorizar a quienes traigan una trayectoria militar…”.
Agentes municipales se comunicaron con ZETA para denunciar que les pusieron como Subdirector Operativo a Miranda García quien, aseguraron, en el pasado ha ordenado la liberación de delincuentes.
También fueron informados de la posible incorporación en los mandos de los agentes Juan Meza, Rodríguez Flores, Jacobo Valles y Rosales; todos identificados como servidores y contactos con “La Maña”, además de la reincorporación a las fuerzas operativas de los agentes detenidos en años pasados, liberados y reincorporados al servicio, de quienes se aseguró estarían en puntos fijos hasta que hubiera dinero para poder pagarles y sacarlos: “Están trabajando y eso nos pone en riesgo”.
Situación que el secretario Capella negó. “Están fichados, no puedo tenerlos”, aseguró, se le entregó una lista remitida por los agentes en servicio, que quedó de revisar. Y concluyó.
Respecto al señalamiento interno de que a la renovada policía le asignaron como director al capitán Ricardo H. Garduño, sobre quien pesa un proceso judicial militar, Capella Ibarra admitió:
“Efectivamente, en entrevista con el alcalde, él personalmente se lo informó. Es un asunto mínimo, interno por la posesión de un arma.
Yo le pregunté al General Landeros y él lo corroboró y lo validó”, adicionalmente lleva un proceso civil por manutención en la ciudad de México.
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