MÉXICO,
D.F. (apro).- En un país de símbolos es muy significativo el cambio de
sede para que Enrique Peña Nieto pueda dar tranquilamente y con
seguridad su Primer Informe de Gobierno en el Campo Militar Marte y no
en la Cámara de Diputados o Palacio Nacional, como seguramente lo tenía
pensado.
La presencia de miles de maestros en la Plaza de la
Constitución, frente a Palacio Nacional, así como sus últimas
manifestaciones y bloqueos en la Cámara de Diputados, el Senado de la
República, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las
dos principales cadenas de televisión –Televisa y TV Azteca– y en Los
Pinos, forzaron a Peña Nieto a elegir el lugar más seguro para presentar
su informe el próximo 1 de septiembre.
Es evidente que el
Ejecutivo trata de evitar ese día un escenario de violencia similar al
del 1 de diciembre de 2012 en San Lázaro, cuando tomó protesta como
presidente de la República. Las imágenes de los enfrentamientos y
personas heridas en las afueras de la Cámara de Diputados, mientras era
ungido, no se han borrado, como tampoco las secuelas de detenidos
injustamente por la policía capitalina frente a, Palacio de Bellas
Artes, donde se dieron los choques más fuertes entre jóvenes y
granaderos.
El costo social y mediático para Peña Nieto, pero
sobre todo para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, fue muy alto. La violencia como imagen de arranque no le ha
convenido a ninguno de los dos.
Y ahora el PRI y el gobierno
peñista presionan a Mancera para que eche a andar la maquinaria
policiaca y reprima a los maestros, asumiendo el costo de una acción que
evidentemente tendrá consecuencias políticas. De esa manera, Peña
Nieto y su partido quieren zafarse de su responsabilidad, pero en la
casa del jabonero el que no cae resbala.
Ayer, durante la sesión
del Consejo Nacional de Seguridad Pública –mientras en el Campo Militar
Marte se realizaban los preparativos para su Primer Informe de
Gobierno–, Peña Nieto dijo que su primera meta es regresar la paz y la
seguridad a las familias mexicanas.
El mensaje expresa la realidad
del país: la espiral de violencia en la que desde hace casi una década
vivimos y que no se cede ni con la presencia militar en zonas de
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Durango o Coahuila, donde las bandas
del crimen organizado son las que gobiernan.
Es más que evidente
que mientras la clase política en general busca sacar adelante el Pacto
por México con sus reformas política, electoral, energética, educativa y
hacendaria, una buena parte de la población vive una situación de
violencia cotidiana que ya ha penetrado hasta en el núcleo familiar.
No
se trata sólo de los miles de muertos, desaparecidos y desplazados por
la guerra contra el narcotráfico que ordenó Felipe Calderón en 2006 y
que Peña Nieto ha continuado, sino de esa violencia ejercida desde las
instituciones –partidos políticos, gobiernos, policías, soldados,
autoridades judiciales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores,
iglesias, escuelas, etcétera– en contra de la ciudadanía, con decisiones
que le afectan y para las cuales no es tomada en cuenta.
En los
últimos días se ha desatado una campaña en contra de los maestros
disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), aduciendo que no quieren una evaluación y se oponen a mejorar la
calidad educativa. Pero aquí habría que preguntar: ¿quién evalúa la
calidad de los legisladores?, ¿no sería bueno que el Ceneval hiciera
también una evaluación de cada uno de ellos cuando son candidatos, y
sólo aquellos que pasen las pruebas puedan tomar posesión como
legisladores?
También se acusa que los bloqueos de los mentores en
la Cámara de Diputados ocasionaron una afectación económica por 4
millones 500 mil pesos, y las manifestaciones en el país daños por mil
400 millones de pesos.
Pero si de afectaciones económicas se
trata, habría que ver quién ha protestado por el gasto anual del Poder
Legislativo, estimado en 9 mil 500 mil millones de pesos al año, de los
cuales 4 mil 754 millones de pesos son para la Cámara de Diputados, 3
mil 570 para la de Senadores y mil 227 para la Auditoría Superior de la
Federación.
De este dinero, una buena parte se va para los altos
salarios de los legisladores, su séquito de colaboradores, choferes,
secretarias, boletos de avión gratis, gasolina, comidas, bebidas,
etcétera, que muchas veces no son reportados y nadie, absolutamente
nadie, ha protestado por la pérdida económica que representan los
gastos excesivos de estos personajes.
Quizá antes de pedir la
represión a los maestros o a cualquier grupo social que legítimamente se
manifiesta para demandar el cumplimiento de sus derechos, lo que
deberían recordar los legisladores y el presidente de la República es
que son representantes populares y que están sujetos a la voluntad
popular, como lo marca el artículo 39 de la Constitución:
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
De ahí que, antes
de exigir la represión policiaca o de cambiar la sede del informe por
miedo, Enrique Peña Nieto y los legisladores –sobre todo del PRI–
tendrían que afrontar a los maestros o a quienes no están de acuerdo con
sus decisiones, pues es a la sociedad ante quien tienen que rendir
cuentas y no a sí mismos.
/28 de agosto de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario