MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de que la Procuraduría General de la
República (PGR) anunció en junio pasado la reapertura del caso de la
guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida, un juez federal revocó
la exoneración a favor de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo
Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exdirector del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas –a
quien hace más de tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) deslindó de toda responsabilidad por la tragedia–, señaló que la
PGR deberá revisar nuevamente todas las evidencias del caso, y aseguró
que él aportará la información que se le requiera.
El mensaje coincide con la versión del portal de internet Dossier
Político, que consigna que junto con Daniel Karam (también exdirector
del IMSS); Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y el exsecretario de
Hacienda de la entidad, Ernesto Vargas Gaytán, Molinar Horcasitas podría
enfrentar cargos por la muerte de 25 niñas y 24 niños en la guardería
ABC, debido a que “para acreditar los elementos de tipo penal y la
probable responsabilidad” de los funcionarios, no se tomaron en cuenta
distintos elementos.
Entre ellos, según el portal, destaca la declaración preparatoria
rendida por el exdelegado federal del IMSS en Sonora, Arturo César Leyva
Lizárraga, quien señaló que la renovación del contrato de subrogación
de la guardería ABC habría ocurrido como consecuencia de una
“instrucción directa” de Molinar Horcasitas.
El pasado 5 de junio, el subprocurador de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, dijo
que se estaban revisando los dictámenes sobre el incendio en la
guardería y se volvería a investigar lo ya investigado.
“La instrucción del señor procurador es investigar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.
En aquella ocasión, la dependencia solicitó al gobierno de Sonora que
detallara qué documentos había en la bodega que estaba a un lado de la
guardería ABC de Hermosillo, donde un incendio ocurrido el 5 de junio de
2009 provocó la muerte de 49 niños e hirió a otros 70.
Sales Heredia dijo que se había girado la solicitud, puesto que una
hipótesis —apoyada por una denuncia de los padres de familia— señalaba
que funcionarios cercanos al exgobernador priista Eduardo Bours Castelo
provocaron el fuego para destruir documentación relacionada con la deuda
de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.
Esos recursos están “relacionados con infraestructura carretera y
otros temas. Lo que se plantea aquí es que el incendio es doloso,
provocado para eliminar esta documentación, pruebas de un presunto
fraude”, puntualizó.
Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda estatal, confirmó
que su dependencia recibió la solicitud para conocer el tipo de
archivos que se quemaron. No obstante, “nos meten en un problema muy
serio porque no hay evidencia de qué clase de documentos hayan estado
archivados ahí”, dijo entonces.
El funcionario estatal indicó que el gobierno sonorense rentaba un
centenar de bodegas en el que eran archivados documentos de diferentes
dependencias.
Ese día, Sales Heredia también anunció que el 5 de julio la PGR
definiría el origen —y la presunta intencionalidad— del siniestro.
Paralelamente, apuntó, se realizará “una investigación de la
investigación” del caso. La indagatoria ha sido fuertemente criticada,
ya que a cuatro años del siniestro no se ha concluido ni ha implicado
despidos o sanciones a funcionarios de primer nivel”.
Añadió:
“(La investigación) nunca se ha cerrado, están en proceso 22 personas
por delitos diversos (…), pero las averiguaciones, hasta que no se
ejecuten, pueden mantenerse vivas. El punto es que el 23 de abril de
2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos
Unidas por Nuestros Niños presenta (una denuncia), se inicia una
averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de
investigación vinculada con la posibilidad de que el incendio fuera
provocado para eliminar la documentación”.
Insistió:
“Hay que indagar precisamente en relación con esta afirmación, ver si
contamos con el material suficiente para probar que el incendio fue
doloso y revisar todo el material que existe en la indagatoria. Hay un
dictamen pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que
señala que éste fue provocado, que se provocó directamente con algún
encendedor o con algún cerillo a partir de la presencia de turbosina”.
Posteriormente, el pasado 15 de julio, la PGR informó en un
comunicado que se habían practicado más de 50 nuevas diligencias en el
caso de la guardería ABC y se había retomado para su investigación el
homicidio de quien fuera chofer de Juan Carlos Lam, exfuncionario del
gobierno de Eduardo Bours.
(RIODOCE/ Redacción /agosto 28, 2013)
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