*Antonio Díaz Bahena fue hostigado por el Ejército y el Cisen porque
su sobrina era esposa del guerrillero. Fue torturado en la PGJE cuando
fue detenido, relata su abogado.
Zacarías Cervantes
Chilpancingo.- En acatamiento a un amparo que le concedió un juez federal, la
Tercera Sala Penal decretó la libertad de Antonio Díaz Bahena, quien la
tarde de ayer salió de la cárcel de esta capital, en donde estaba preso
acusado de secuestro.
El abogado que llevó el caso, Hegel Mariano Ramírez dijo anoche que con ello se demostró que no estaba acreditada su responsabilidad y se violó en su perjuicio la presunción de inocencia.
Díaz Bahena salió del penal de esta capital a las seis de la tarde de ayer, donde se encontraba preso desde agosto del 2011.
La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia decretó su libertad en cumplimiento al amparo “liso y llano” que en días pasados le concedió el juez quinto de distrito en el estado, con residencia en Iguala, “al considerar que no se encuentra acreditada su probable responsabilidad en el delito de secuestro que se le imputó, y por considerar que se vulneró en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia”, informó su abogado.
Díaz Bahena es de Coyuca de Catalán, donde se desempeñó como fogonero del Hospital General, es líder sindical de los trabajadores de salud, comerciante y defensor de derechos humanos.
En 1998 comenzó a ser hostigado por miembros del Ejército y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debido a que su sobrina, Sonia Vivas Santana estaba casada con Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, líder de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
“Lo amenazaron para que colaborara con ellos y lograr la ubicación y detención del líder guerrillero, y aunque presentó diversas quejas ante las comisiones de derechos humanos por ese acoso militar, en el 2001 tuvo que abandonar el estado para proteger su vida y la de su familia”, recordó Mariano Ramírez.
El 13 de agosto del 2011, Díaz Bahena fue detenido en Ensenada, Baja California, donde se encontraba desde aproximadamente diez años.
El ahora liberado fue acusado de participar en el secuestro de Rodrigo Borja García, quien estuvo cautivo de agosto de 1999 a enero del 2000 y el 25 de agosto del 2011, la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, de Chilpancingo, le decretó auto de formal prisión por el delito de secuestro.
Desde entonces asumió su defensa el abogado Hegel Mariano, así como organismos civiles de derechos humanos como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario.
Los organismos venían denunciando violaciones a sus derechos humanos, pues decían que además del acoso del que había sido objeto, durante su detención fue severamente torturado física y psicológicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de haber sido exhibido ante los medios de comunicación como “presunto miembro de una banda de secuestradores”.
Mariano Ramírez informó que el 23 de septiembre pasado, el Juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala determinó conceder el amparo “liso y llano” a Díaz Bahena, dentro del amparo indirecto 84/2013, y el 17 de octubre declaró ejecutoriada la sentencia dictada “por no haber sido recurrida por las partes, ordenando a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que diera cumplimiento a la resolución dentro del plazo de tres días, por lo que en cumplimiento a ello ayer decretó la libertad de Antonio”.
Explicó que el juez federal resolvió que “se concede el amparo liso y llano en virtud de que la imputación realizada por la víctima no cumple con los estándares de fiabilidad necesarios, siendo ése señalamiento aislado y sin sustento”.
Mariano Ramírez dijo que tuvo que ser un juez federal “el que nos diera la razón de lo que sostuvimos desde un principio; que jamás hubo pruebas para procesarlo, que la única imputación en su contra era de oídas y por lo mismo, aislada y sin sustento, algo que los magistrados y el presidente del Tribunal jamás quisieron atender”.
Agregó que eso es motivo de preocupación, “porque, ¿entonces en manos de quién está la justicia?, ¿de quienes no conocen la ley, no saben interpretarla o sabiéndolo les es indiferente?”.
El abogado añadió que en estas circunstancias el caso de Antonio Díaz Bahena no puede observarse de manera simple y aislada, “debido a que refleja las fallas estructurales del sistema de justicia; fallas que destruyen vidas, familias, entornos sociales, sin compensar en lo absoluto los agravios sufridos”.
Sin embargo, dijo que queda en manos del Poder Legislativo establecer mecanismos de reparación de daño de manera oficiosa “a quienes sufren menoscabo en su libertad por este tipo de fallas o deficiencias imputables a los órganos del Estado de modo que el acceder a dicha reparación no se vuelva otra lucha de vida”.
Agregó que en los próximos días presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Gobierno Federal, los gobiernos estatales de Baja California y Guerrero, el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “para pedir un alto al acoso en contra de Antonio Díaz Bahena y su familia, y hacerlos responsables de cualquier cosa que pueda ocurrirles en su persona, familia y/o patrimonio”.
Acudieron a recibir a Díaz Bahena el abogado y la esposa del ahora liberado, Carolina Beda Ocampo Sotelo.
(EL SUR DE ACAPULCO/ Zacarías Cervantes/ oct 23, 2013)
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