De
la lista de 52 servidores públicos nombrados por el nuevo gobernador de Baja
California Sur, Carlos Mendoza Davis, la contralora Sonia Murillo Manríquez y
el director de la Junta Estatal de Caminos, Carlos Lascurain Ochoa, fueron
observados por cometer irregularidades en cargos anteriores
En
su paso por la administración pública, la candidata para ocupar la titularidad
de la Contraloría General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, y el director de
la Junta Estatal de Caminos, Carlos Lascurain Ochoa, fueron observados por
órganos de control interno por cometer una serie de irregularidades
administrativas cuando, de manera respectiva, desempeñaron los cargos de
directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).
De
la lista de 52 servidores públicos nombrados el pasado 11 de septiembre por el
nuevo gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dos son los
funcionarios bajo sospecha de corrupción, por las siguientes razones:
* Murillo Manríquez por no haber
comprobado debidamente alrededor de 130 millones de pesos del ejercicio fiscal
de 2011, 440 millones en 2012 y 77 millones de pesos en 2013 -según informe del
resultado de auditorías financieras de la Auditoría Superior de la Federación-
durante el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB).
* Lascurain Ochoa, por haber autorizado
y asignado de manera discrecional 15 contratos a la constructora Camulocopa
BCS, S.A. de C.V., propiedad de su entonces subdirector administrativo, Samuel
Araiza Vázquez, pagando indebidamente -siendo funcionario y proveedor a la vez- 317 millones 230 mil 413 pesos con 29
centavos por concepto de construcción y reconstrucción de carreteras,
modernización de terracerías, obras de drenaje y conservación de pavimento y
carpeta asfáltica.
Durante
su discurso de toma de protesta, el 10 de septiembre de 2015, el gobernador
Mendoza se comprometió a que en ninguna oficina de su administración, habría
cabida a la corrupción, porque se estaba haciendo un compromiso con el civismo,
el decoro y la decencia.
“Seremos
el primer Estado de la República Mexicana en brindar transparencia; seremos
transparentes hoy y siempre, aquí no hay nada que esconder ni hoy, ni nunca”,
expuso textualmente.
Sin
embargo, en su primer día de trabajo tomó protesta a Carlos Lascurain Ochoa
como director de la Junta Estatal de Caminos, y cinco días después, propuso a
Sonia Murillo Manríquez como titular de la Contraloría General del Estado, y
cuya ratificación quedó en manos de la XIV Legislatura. Ambos en calidad de
servidores públicos, y bajo sospechas de corrupción.
Peor
aún, en el caso de Murillo como auditora en la desaparecida Contraloría Mayor
de Hacienda, y de auditora general del Órgano de Fiscalización Superior -según
el oficio OFSBCS/1010/2009, con fecha 24 de noviembre de 2009 y firmado por el
auditor superior, Julio César López Márquez-, cometió una serie de errores y
omisiones como responsable operativa del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado (PROFIS) durante el sexenio del ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño.
Aunque
a ciencia cierta no se sabe si fue por inexperiencia, distracción o por
consigna del ex gobernante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la
entonces auditora omitió presentar el entero a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público por concepto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto, y primera
quincena del mes de noviembre de 2008; así como la malversación de recursos
etiquetados para capacitación, lo que derivó en dos observaciones del director
general de Auditoría a los Recursos Federales en Estados y municipios de la
Auditoría Superior de la Federación, Juventino Pineda Pinto.
Tras
conocer las observaciones, el propio Auditor Superior, Julio Cesar López
Márquez transcribió penosamente: “Se giró oficio a la auditora Sonia Murillo Manríquez,
responsable operativo del PROFIS para que en lo subsecuente no se vuelvan a
cometer los errores u omisiones, y se respete el destino de los recursos
correspondientes al PROFIS, aplicados a la fiscalización de los recursos
federales”.
LA CONTRALORA TAPADERA
El
martes 15 de septiembre, Carlos Mendoza Davis presentó a Sonia Murillo
Manríquez como su carta fuerte para ocupar el cargo de titular de la
Contraloría General del Estado.
Con
la reforma recientemente aprobada a la Fracción V del Artículo 79 de la
Constitución Política del Estado, los diputados locales de la XIV Legislatura
tendrán la facultad legal y corresponsabilidad de ratificar o no la propuesta
de contralora enviada por el jefe del Ejecutivo.
Más
allá de revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión
administrativa y financiera, y por sus antecedentes, la virtual contralora, y
emanada de las filas agundistas, apunta a ser tapadera de los posibles hechos
de corrupción que pudieran registrarse en la continuidad del sexenio panista.
En
su calidad de auditora, Murillo Manríquez no ha sido contundente ni implacable,
como lo prometió durante su comparecencia del 17 de septiembre con diputados
locales, y en la cual, grosso modo, presentó su plan de trabajo. Por el
contrario, en casi todos los casos donde ha actuado, comúnmente ha recurrido a
tapar boquetes financieros y malversación de fondos públicos, bajo el argumento
-según expuso a ZETA- “de que son asuntos institucionales, y por eso, hemos
solventado todas las observaciones que otros funcionarios han dejado”.
Los
antecedentes de la candidata del gobernador Mendoza a la Contraloría General
del Estado -según datos recabados por ZETA- refieren que en su calidad de
directora de Administración y Finanzas de la SEP, trató de proteger y tapar la
distracción de recursos públicos de los ex secretarios de Educación, Omar
Castro Cota y Alberto Espinoza Aguilar, más allá de actuar legalmente y
deslindar responsabilidades administrativas y penales.
En
el periodo del ex secretario y miembro del PRD, Omar Castro Cota, la Auditoría
Superior de la Federación -de acuerdo con informe de resultados del ejercicio
fiscal 2010-, en la recta final del
sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, detectó un faltante en
bancos por 143 millones 209 mil pesos, depositados por la Tesorería de la
Federación en la cuenta administradora del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal del Estado.
El
informe transcribe que fueron depositados 171 millones 279 mil pesos, y después
de una auditoría, únicamente había un saldo de 28 millones 500 mil 279 pesos.
“Se
presume un probable daño o perjuicio o ambos en la Hacienda Pública Federal,
por un monto de 143 millones 209 mil pesos, más los intereses generados desde
su disposición hasta su reintegro a la cuenta de fondo, de los cuales se
desconoce su aplicación y destino; en su caso, deberán ser acreditados con la
evidencia documental de su destino y aplicación”, estableció el informe.
Durante
la investigación contable federal, también fueron detectadas las siguientes
irregularidades:
* El gasto de 26 millones 32 mil 338
pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado,
usado de manera irregular en el pago de 82 trabajadores que se encontraban con
licencia y comisionados en la Sección III del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).
* El gasto de 4 millones 333 mil 200
pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado,
encauzado para pagar el sueldo de 77 trabajadores que presuntamente gozaban con
licencia sin goce de sueldo, al estar atendiendo asuntos personales.
En
ese entonces la directora no hizo absolutamente nada y, por el contrario, el 2
de diciembre de 2011, solicitó al auditor Jesús Moreno Palafox, tiempo para
solventar las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la
Federación. Es decir, tiempo para tapar el faltante, pero en ningún momento
deslindó responsabilidades por el evidente desfalco.
Luego
de ser evidenciado públicamente, el propio ex secretario de Educación, Omar
Castro Cota, se desligó de los actos de corrupción y dejó el problema en manos
del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y el ex secretario de Administración
y Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, con una carta en la que aclaró los
siguientes puntos:
1.
El Fondo de Aportaciones de Educación Básica y Normal,
es el recurso que aplica para salarios, prestaciones y gasto corriente que el
Gobierno Federal envía a los Estados. El componente más fuerte -alrededor del
90%- es para salarios y prestaciones.
2. La cuenta habilitada para el depósito
de estos recursos está en la Secretaría de Administración y Finanzas, no en la
SEP.
3. La SEP elabora nómina y escritos
dirigidos a la Secretaría de Administración y Finanzas para realizar la
dispersión de pagos de salarios a los alrededor de 10 mil trabajadores, pero no
tiene acceso al recurso de manera directa.
4. El Sistema Educativo Estatal demanda
decenas de nuevos maestros, personal de apoyo y asistencia cada año; sin
embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no autoriza el número de
plazas de nueva creación, por lo que las entidades se ven obligadas a contratar
personal compensado para cubrir las necesidades del sector.
En
el periodo del ex secretario y miembro del Partido Acción Nacional (PAN),
Alberto Espinoza Aguilar, la Auditoría Superior de la Federación –según informe
de resultados del ejercicio fiscal 2011- detectó un quebranto por 130 millones
de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del
Estado, el cual, entre otras cosas, se empleó de la siguiente manera:
A) 99 millones
196 mil 711 pesos, cuyo destino y aplicación se desconocen.
B)
30 millones 722 mil 798 pesos para pagar sueldo de 64 trabajadores
comisionados en la Sección III del SNTE y de 18 trabajadores por honorarios
adscritos al Centro de Trabajo AGS.
C) 2 millones 539 mil 546 pesos
destinados al pago del salario de siete trabajadores en centro de trabajos
administrativos.
D) 2 millones 401 mil 143 pesos para
pagos de gastos de operación de partidas no financiables.
E) 3 millones 21 mil 107 pesos al pago
de 13 trabajadores adscritos en tres centros de trabajo no financiables con
recursos del fondo.
En
el ejercicio fiscal 2012 -con base a informe de resultados- no se comprobaron
gastos por alrededor de 440 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal del Estado, lo que generó nueve observaciones de la
Auditoría Superior de la Federación, y se presumió un probable daño o perjuicio
de la Hacienda Pública Federal.
El
recientemente ratificado titular de la SEP, Héctor Jiménez Márquez, quien
durante toda su gestión llevó como directora de Administración y Finanzas a
Sonia Murillo Manríquez -de acuerdo con el ejercicio fiscal 2013-, no ha podido
comprobar gastos por 77 millones 312 mil 100 pesos extraídos de manera
irregular del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del
Estado.
De
las siete observaciones elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación,
cuatro fueron solventadas, y quedaban pendientes tres.
La
hoy ex directora de Administración y Finanzas de la SEP trató de minimizar la
malversación de esos recursos etiquetados, bajo una explicación muy cómoda,
respecto a que “este tipo de casos no solo ocurren en Baja California Sur, sino
en todos los estados del país”.
Durante
una entrevista con ZETA, aceptó que “el
80% de las observaciones hechas a la dirección a su cargo en SEP
(Administración y Finanzas) ya fueron solventadas, pero nos faltó tiempo para
concluirlas, aunque estuvimos avanzando, porque las observaciones son anuales,
los que concluyen son los ejercicios fiscales e inician otros, y nosotros
avanzamos en todo este tiempo”.
Visiblemente
nerviosa, Sonia Murillo insistió en que “seguimos avanzando” sobre las
observaciones.
“Son
situaciones de… eh… eh… que quieren más ahondar en la información que se les
proporcionó, ya enviamos la información solicitada, y solo estamos a la espera
de la respuesta de que ya nos descargue los procedimientos la Auditoría
Superior de la Federación”.
--
¿De qué periodos estamos hablando?, cuestionó este Semanario.
“2011,
2012 y 2013, y solo estamos a la espera de la resolución. La información
requerida ya se envió a México, pero nosotros no decidimos cuándo la Auditoría
Superior de la Federación, solventa y da por terminado el proceso”.
--
¿Por qué en vez de actuar legalmente, solventó las irregularidades detectadas
en 2010, o sea, en el último tramo del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño?
Estamos hablando de más de 143 millones de pesos…
“Claro,
porque es un asunto institucional. Nosotros desde que llegamos ahí, había
solventaciones desde 2007, y atendimos 2008, 2009 y lo que siguió; por eso nos
faltó el periodo de nosotros, porque empezamos desde 2007 y sacamos todas las
observaciones anteriores. Se atrasó con nuestro caso porque todo recae en el
Gobierno del Estado, y es algo institucional, no es por funcionarios”, remató.
LOS NEGOCIOS DEL DIRECTOR
Pero
si el trabajo desempeñado por la hoy titular de la Contraloría General del
Estado, es cuestionable, el de Carlos Lascurain Ochoa lo es más. Durante su
paso como director del Centro SCT, tejió una red de corrupción a gran escala
que derivó en su salida, documentada en su momento por ZETA.
Con
funcionarios como el nuevo director de la Junta Estatal de Caminos, los
sudcalifornianos no ven por dónde el gobernador Carlos Mendoza Davis, pueda
cumplir con el compromiso de crear una administración seria, eficiente y
preparada.
Las
primeras evidencias de corrupción fueron detectadas desde el 28 de febrero de
2011 por el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), bajo el número de expediente DE-021/2011, cuando descubrieron
que el entonces subdirector administrativo, Samuel Araiza Vázquez, cometió una
serie de irregularidades, como auto adjudicarse millonarios contratos para la
constructora de su propiedad -Camulocopa BCS, S.A de C.V.- con el visto bueno
de su jefe y director, Carlos Lascurain Ochoa.
La
compañía de Araiza Vázquez, representada por su hermana Carolina, fue
favorecida con 15 contratos y obtuvo ventas por 317 millones 230 mil 413 pesos
con 29 centavos por concepto de construcción y reconstrucción de carreteras,
modernización de terracerías, obras de drenaje y conservación de pavimento y
carpeta asfáltica.
Después
de dejar el cargo -tras descubrirse la transa-, el ahora titular de la Junta
Estatal de Caminos fue nombrado asesor técnico del gabinete del ex gobernador
Marcos Covarrubias Villaseñor, y dentro de la investigación, se le detectó una
inversión de fondos en la firma Merrill Lynch, especializada en inversiones y
mercado de capitales por un monto de un millón 290 mil 552 dólares -21 millones
939 mil 384, según el tipo de cambio del dólares al día de hoy-.
La
compañía, con sede en New York, Estados Unidos, emitió el 28 de febrero de
2014, un estado de cuenta a nombre de Carlos Lascurain Ochoa, con residencia en
la colonia Arboledas de La Paz.
El
sueldo que Lascurain habría ganado en su periodo aproximado de tres años como
director del Centro SCT -a razón de 85 mil pesos mensuales- fue de 3 millones
100 mil pesos, sin descontar alimentación, vestimenta, gastos de luz, agua,
telefonía y manutención de sus hijos; así como educación, vehículos y vivienda
tanto de él como de su familia, lo que contrasta con los poco más de 21
millones de pesos invertidos en la Unión Americana.
Sobre
estos hechos, el nuevo director de la Junta Estatal de Caminos aseguró a ZETA
que el proceso administrativo abierto en su contra concluyó hace un año,
demostrando su inocencia en las referidas irregularidades.
No
obstante, y según un auditor consultado por este Semanario, el proceso sigue
abierto y próximo a resolverse por el órgano de control interno.
El
director del gobernador Mendoza se dijo inocente de los cargos e insistió que
todo el embrollo de corrupción fue un asunto político en su contra.
Cuando
ZETA hizo la entrevista, el director Carlos Lascurain Ochoa platicaba afuera de
su oficina con José Gabriel Segoviano Villalobos -uno de los integrantes de su
red de corrupción tejida en la SCT-, quien durante el periodo de Lascurain se
desempeñó como residente general de carreteras alimentadoras de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
No
se descarta que con su llegada, esa red que operó en la SCT, pueda incrustarse
en la Junta Estatal de Caminos.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco / Fotos. Cortesía/ 22 de Septiembre del 2015 a las 12:00:53)
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