Raymundo
Riva Palacio/Estrictamente Personal
La
confrontación entre la PGR y el grupo de expertos que trabajó para la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es abierta y tiene un campo de batalla
principal: el basurero de Cocula, donde la PGR dijo que habían incinerado a 43
normalistas de Ayotzinapa la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, y
los peritos independientes afirman que eso es imposible. Habrá nuevos peritajes
y nuevas discusiones. Pero los investigadores mexicanos y extranjeros bien
podrían voltear a revisar el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de
los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero y quien con mayor
esmero buscaba fosas clandestinas en el estado, a principios de agosto. Jiménez
Blanco, poco se sabe, se empeñó en descubrir la suerte de los 43 jóvenes
desaparecidos y los buscó en hornos crematorios en el estado y habló con muchas
personas que, como lo dijeron los expertos, están todavía llenas de miedo.
“La
de Miguel era una muerte anunciada”, dijo en su funeral Julia Alonso Carbajal,
miembro de Ciencia forense ciudadana, un proyecto dirigido por familiares de
personas desaparecidas.
“Días
antes que lo asesinaran, nos comentó de las amenazas de muerte que recibía de
el Fusdeg y de los criminales que había detenido la Policía Ciudadana. Es el
mundo al revés.
Los
criminales estaban ofendidos por que Miguel Ángel anduviera caminando por la
calle. Les parecía una ofensa”. El Fusedeg es el Frente Unido por la Seguridad
y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que ha sido vinculado públicamente con
el crimen organizado. Una semana antes del asesinato, Jiménez Blanco supo que
iban por él. En un mensaje de texto a una persona de confianza, escribió:
“Hoy
vi a varios jóvenes en una curva donde han asaltado y se quedaron viendo al
taxi (que manejaba para mantener a su familia). De venida puse mucha atención y
vi cosas raras. Ya que venía un taxi, el 1134, se me pegó demasiado, con las
luces muy altas cerca del lugar, y quería rebasarme y no lo permití…
Logré
pasar unos topes que están antes del lugar que podían atacarme y alcancé a un
carro que iba muy rápido y pasamos a un carro que estaba con varios hombres
echando luz con una lámpara, mero por el lugar que pensé que podrían atacarme.
Y
como iba muy pegado al otro carro ya no pudieron tratar de detenerme, pues al
otro carro lo dejé atrás en los topes y el otro estaba esperando más adelante.
Puse atención a miradas sobre mí en la base de taxis y nunca vi ese Tsuru que
se me pegó demasiado… Fue muy claro, la verdad. Me avisaron que me cuidara, que
se estaban preparando contra mí”.
¿Qué
sabía Jiménez Blanco? Durante meses había ido ganándose la confianza de
pobladores en la zona donde se cometió el crimen contra los normalistas y
gradualmente le habían comenzado a contar lo que habían visto la noche del 26
de septiembre y la madrugada del 27, y lo que se habían ido enterando
posteriormente. Una de las cosas que le dijeron era que, como dijo el grupo de
expertos independientes, los normalistas no habían sido incinerados en el
basurero de Cocula, como decía la PGR. Cuando menos, porque nunca lo pudo
precisar, “todos”, como dijo en su momento el exprocurador Jesús Murillo Karam,
o “la mayoría”, como precisó este lunes el jefe de la Agencia de Investigación
Criminal, Tomás Zerón.
La
información que tenía Jiménez Blanco era que un número de normalistas había
sido enterrado en otro lugar muy diferente a Cocula. Es decir, que no todos, al
menos, habían sido incinerados, y no todos los cuerpos estaban realmente
desaparecidos. En dónde estaban, nunca lo dijo. No se sabe si porque aún no
conquistaba la confianza suficiente para que le indicaran el lugar, o porque
consideraba que era demasiado peligroso para decírselo a cualquier persona, por
más cercana que fuera. Jiménez Blanco fue una de las personas que a lo largo de
estos meses, habló con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y los llevó a la zona donde la PGR dijo que los habían incinerado.
Se
desconoce qué tanta influencia pudo haber tenido la información que les aportó
que pudiera haber sido reflejada abiertamente en el informe que dieron a
conocer este domingo. Jiménez Blanco, en todo caso, era una bomba de tiempo
para aquellos que desde las instituciones, son los autores intelectuales o
materiales del crimen en Iguala, por la información que iba acumulando.
Cuando
un corresponsal del periódico The Washington Post lo entrevistó en diciembre,
fue muy claro y contundente cuando le preguntaron las razones por las que tanta
gente tenía miedo a hablar sobre los desaparecidos. “Todas las autoridades
estaban participando, y eso es por lo que nadie puede salir a reportar esos
crímenes”, dijo Jiménez Blanco. “Estamos hablando de cientos y cientos de
desaparecidos”.
Jiménez
Blanco tenía la certeza de poder encontrar en una fosa clandestina en Guerrero,
a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre. Sabían en Guerrero de
sus actividades y, quizás, de lo que empezaba a armar y hasta dónde se estaba
acercando. Era una muerte anunciada, como dijo Carbajal en su funeral. Es un
crimen que hasta ahora está sin resolver y que, de aclararse, podría también
alumbrar el camino a la solución definitiva sobre el crimen de los normalistas
de Ayotzinapa.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
/ twitter: @rivapa
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