La experiencia se repite, ahora en Baja
California Sur
La experiencia de Paulina se repite,
ahora en Baja California Sur, donde una joven de 18 años de edad fue víctima de
rapto y violación, pero los servicios de salud en la entidad le negaron el
derecho a interrumpir legalmente su embarazo.
La Paz, Baja California
Sur.- La revista Proceso en su edición
2073, y bajo la autoría del reportaje especial, Gema Villeda Valenzuela, se
retoma el caso de Paulina, la niña de 13 años que fue violada en Baja
California y que sentó un precedente para las víctimas de delitos sexuales en
México.
En 1999, cuando ocurrió la
agresión en su contra, ya se contaba con el derecho de abortar por ser víctima
de violación. No obstante, autoridades estatales y asociaciones civiles como
Provida le negaron ese derecho al anteponer ideologías conservadoras y
religiosas.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso de Paulina y logró un acuerdo amistoso
que firmó el Estado mexicano para no repetir hechos de esa naturaleza. Además
se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la prevención y
atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
A 17 años de esa agresión,
una joven jornalera de 18 años de edad, que proviene de una familia migrante y
vive en situación de pobreza, fue raptada y violada por un hombre mayor que
ella.
En entrevista telefónica da a
conocer Proceso en su reportaje, el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho,
confirmó que al denunciar su caso la joven fue revictimizada por funcionarios y
funcionarias que trabajan en el Ministerio Público de La Paz, y por personal de
la Secretaría de Salud de la entidad.
De acuerdo con Toba Camacho,
los derechos que le negaron son a la salud, a la interrupción legal del
embarazo y a su testimonio, entre otros.
El ombudsman estatal narró
que la joven fue obligada a ampliar su denuncia porque los funcionarios del
Ministerio Público (MP) “tenían dudas” sobre las fechas en las que fue violada.
Entonces la joven admitió que
antes del rapto y violación que denunció ante el MP, el mismo sujeto ya había
abusado de ella anteriormente, pero no lo delató en su momento.
El presidente de la CEDH de
Baja California Sur precisó que por el momento la investigación permanece abierta,
pero no descartó que emita una recomendación a la Secretaría de Salud estatal y
al MP.
Por separado, la senadora
Martha Tagle criticó el desconocimiento por parte del personal de salud
respecto de la NOM 046 que los obliga a brindar atención a las víctimas de
violencia sexual y a practicar la interrupción del embarazo de manera segura.
Asimismo, recordó que a la
fecha hay varias propuestas de controversias constitucionales por la Norma, lo
que significa un retroceso para las personas abusadas sexualmente.
La semana pasada, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión emitió tres puntos de acuerdo dirigidos
(los dos primeros) al procurador de Justicia del estado de Baja California Sur,
Erasmo Palemón Alameda Villeda, para que aplique sanciones a todos los
funcionarios públicos que obstaculizaron o negaron los derechos a la joven
jornalera, y para que en lo sucesivo se garanticen los derechos de las víctimas
de violencia sexual.
Además, solicitó a la
directora del Instituto Sudcaliforniano (ISM) de la Mujer, Cristina Herrera,
que investigue y sancione al personal que otorgó información sesgada a la
víctima.
Y es que, según el resumen
del caso, un abogado del área jurídica del ISM realizó varias llamadas a la
joven para persuadirla de no abortar, ya que en la entidad esa práctica, le
dijo, es un “delito”.
En su artículo 156, el Código
Penal del estado establece como causal el aborto por violación: “Las y los
prestadores de servicios de salud y otros funcionarios públicos deben estar
conscientes de que el acceso de las mujeres a la salud, incluida la salud reproductiva,
es un derecho humano y como tal no está a discusión ni depende de las creencias
particulares. El acceso a la interrupción del embarazo por violación es un
principio fundamental de respeto a la autonomía de las mujeres”, concluyeron
los senadores firmantes de los acuerdos: Martha Tagle, Diva Hadamira Gastélum,
Angélica de la Peña, Jesús Casillas Romero y Gabriela Cuevas Barrón.
En la cronología de hechos de
la Comisión Permanente se precisa que la joven acudió el 25 de marzo pasado a
interponer su denuncia ante el Ministerio Público de La Paz.
Ahí, una funcionaria
especializada en delitos sexuales tomó su declaración y no le suministró
antirretrovirales (para prevenir infección por VIH), ni le proporcionó
información sobre la interrupción legal del embarazo a la que tenía derecho,
como lo establece la Ley General de Víctimas, el Código Penal vigente en el
estado y la NOM-046.
“Por el contrario, la MP le
comentó que si estaba embarazada y se llegaba a hacer algo o a tomar hierbas
para abortar, el aborto es un delito y se le iba a perseguir por ello”, destaca
el documento de los senadores.
La joven solicitó una prueba
de embarazo, y al recibir el resultado positivo, la agente del MP le explicó
que el aborto “es un delito”, pero que podía dar en adopción al “bebé” y que la
podían contactar con la asociación civil Provida que se encarga de adopciones
en esos casos.
“A la joven víctima se le
practicaron entrevistas psicológicas, cuatro ultrasonidos y dos exámenes
médicos en relación a su estado de embarazo, pero la MP no solicitó la
interrupción del embarazo de manera oportuna como debe ser en los casos de
víctimas de violación sexual (…) En esas semanas la joven estuvo siendo
acosada, incluso llegaron policías ministeriales interrogando y amedrentando a
sus padres respecto del ‘delito de aborto’”, se lee en el documento.
Funcionarios del área
jurídica del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer y del Hospital General de la
Secretaría de Salud también le hablaron a la joven sobre los “peligros” de practicarse
un aborto, haciendo énfasis en que era un delito”, y le dieron información
“sesgada” acerca de las consecuencias de una posible interrupción del embarazo,
como la “histerectomía (quitar el útero) o posibilidad de muerte”.
Pasaron seis semanas desde
que se levantó la primera denuncia de violación a los derechos de la víctima
para que el MP solicitara formalmente al Hospital General de la Secretaría de
Salud ‘Juan María de Salvatierra’ la interrupción legal del embarazo para la
joven.
Finalmente la víctima recibió
el apoyo de asociaciones civiles feministas que operan en Baja California Sur y
en la Ciudad de México, para ser trasladada a la capital, con pago de viáticos,
para practicarle la interrupción legal del embarazo de manera segura.
(PENINSULAR DIGITAL/ Miguel Guerrero/
25/07/2016)
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