Datos
recabados por ZETA evidencian la existencia de una red de transas que va de la
dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería del Ayuntamiento de Los
Cabos. A raíz de una investigación que se realizó desde la Ciudad de México,
funcionarios fueron cesados, mas no investigados
Los Cabos, Baja
California Sur.- El delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), José Carlos Cota Osuna, leyó detenidamente el
permiso y de inmediato reaccionó: “Esto no es una irregularidad, ¡es una
barbaridad!, porque es una total ilegalidad”.
El documento, bajo
el número de oficio ZFM-592-06/12/13, no era otra cosa que el permiso que el
director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Los
Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, había entregado y firmado a favor del
prestador de servicios, Rolando Félix Barraza.
“En relación a la
solicitud que nos hizo llegar, donde solicita el visto bueno para llevar a cabo
la actividad de paseo de caballo en el arroyo San Carlos, en la parte que
comprende del hotel Secrets Marquis a Hotel Marbella, le informo que esta
dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, no tiene inconveniente alguno en
que se realice dicha actividad, toda vez que se hagan responsables de los
desechos que generen los caballos, dejando la superficie de playa en perfecto
estado de limpieza, aclarando que su actividad será únicamente enfocada a los
fines solicitados”, transcribe textualmente el escrito.
La autorización,
fechada el 6 de diciembre de 2013, es solo una de cuando menos 30 más expedidas
por la dirección municipal de la ZOFEMAT, contraviniendo el Artículo 22 del
Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar, Vías Navegables, Playas y
Terrenos Ganados al Mar. Hecho de corrupción que complica la situación en El
Médano.
Y es que el citado
artículo faculta jurídicamente a la Dirección General de la ZOFEMAT como única
autoridad responsable de expedir permisos de concesión en playa, misma que
depende de la SEMARNAT.
A raíz de la
investigación publicada por ZETA en su edición 2072 -del 14 al 21 de diciembre
de 2013-, el delegado federal tuvo acceso a la documentación sobre la serie de
irregularidades, basada en las denuncias de prestadores de servicios,
vendedores ambulantes y hoteleros de la zona.
Los afectados se
dijeron víctimas de extorsión por una red de corrupción de servidores públicos,
cuyos nombres fueron expuestos:
* Gerardo
Manríquez Amador, tesorero.
* José
Salvador Solorio Ceseña, director municipal de ZOFEMAT.
* Maricela
Ceseña Torres, coordinadora de Ingresos de la delegación de Cabo San Lucas.
* Víctor
Manuel Leyva Valencia, coordinador de Inspección Fiscal de la delegación de
Cabo San Lucas.
* Joel
Alberto Barrientos Fajardo, jefe de Inspectores de ZOFEMAT en la playa El
Médano.
* Silvano
Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, inspectores.
Los aludidos -según
la denuncia- expendían permisos a través de la dirección municipal de ZOFEMAT,
a favor de prestadores de servicios para que permitieran instalar negocios de
masajes, paseos a caballo y lanchas, renta de motos acuáticas, tablas paddle
board, paracaídas, equipo de snorkeling y de buceo en la zona de playa, y renta
de aeroplanos en la playa El Médano en Cabo San Lucas.
A cambio, cada
prestador de servicio tenía que pagar una cuota de protección de 6 mil 750
pesos, y cada vendedor ambulante, 3 mil pesos mensuales. A cambio tenían el
derecho de “trabajar en la zona de playa”, evitando así “ser molestados por los
inspectores de la dirección municipal de ZOFEMAT”.
De tal forma que el
lucrativo negocio había estado dejando una ganancia anual de 5 millones 625 mil
pesos a los integrantes de esta red de corrupción, la cual, obviamente, no
llegaba a las arcas municipales.
LA ILEGALIDAD
El delegado de
SEMARNAT en Baja California Sur, José Carlos Cota Osuna, reconoció que “algo
andaba mal” cuando en un operativo de técnicos y abogados de la Zona Federal
Marítimo Terrestre -registrado del 11 al 15 de noviembre de 2013- provenientes
de la Ciudad de México, detectaron las siguientes irregularidades:
1. El
traslape de concesiones, ya que la mayoría no coincidía con las coordenadas
autorizadas.
2. El
acaparamiento de espacios en zonas no autorizadas.
3. La
violación de bases y condiciones del título de concesión, ya que la mayoría
desempeñaban otras actividades de las que originalmente habían solicitado.
4. La
expedición de permisos transitorios expedidos por la dirección municipal de la
ZOFEMAT, como por anteriores delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
5. El
establecimiento de negocios en el cauce del arroyo de Salto Seco.
Durante una
entrevista con ZETA, el funcionario estatal afirmó que la dirección de ZOFEMAT
en Los Cabos “no tenía facultades jurídicas
y legales para expedir permisos de concesión en la playa”.
— ¿Ni siquiera
temporales?, preguntó este Semanario.
“No, ni temporales,
y no tienen por qué andar dando autorizaciones que son competencia meramente
federal”.
— ¿Entonces?
“Eso habría que
preguntárselo al alcalde de Los Cabos (José Antonio Agúndez Montaño), porque
son sus funcionarios, y todos aparecen señalados y presuntamente involucrados”.
Y efectivamente.
Abusando de su autoridad, el director municipal de la ZOFEMAT, José Salvador
Solorio Ceseña, firmaba todo tipo de permisos tanto para negocios como para
eventos en cualquier parte del territorio cabeño.
Uno de éstos, el 25
de marzo de 2013, cuando según el
permiso RESOL- ZFM-053-25/03/13, autorizó para que fuera instalado un punto de
venta de cerveza en la playa denominada Boca de Tule o Los Arbolitos, en la comunidad de Los Frailes, en la delegación
de La Rivera.
— ¿Eso es posible?
“Claro que no es
posible, porque todo lo referente a la Zona Federal Marítimo Terrestre, está
bajo jurisdicción federal, ninguna autoridad puede venir y expedir permisos en
nuestro territorio”.
De entrada,
observando tales ilegalidades, “solicitaremos que el nombre de la dirección
municipal de la ZOFEMAT desaparezca y sea cambiado en la próxima reunión del
comité de la ZOFEMAT, porque no puede haber un director municipal de ZOFEMAT,
porque se refiera a 20 metros de la marea más alta hacia dentro. Ahí no puede
haber un director municipal, porque ese territorio es nuestro”, sentenció Cota
Osuna.
LAS MEDIDAS
A raíz de la
publicación de ZETA, el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los
Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, convocó el 7 de enero de 2014 a una
reunión, donde anunció formalmente la separación del jefe de inspectores en la
playa de El Médano, José Alberto Barrientos Fajardo.
El inspector,
originario de San Pedro Sula, Honduras, es señalado -según las denuncias de las
víctimas- “como el responsable de negociar la cuota mensual de protección a los
prestadores de servicios y vendedores ambulantes, el cual tenía bajo su mando a
los inspectores que recolectaban las cuotas de dinero en efectivo”.
Solorio retiró al
hondureño la acreditación de inspector, y aunque no anunció alguna medida en su
contra por el delito de extorsión y lo que resulte, extraoficialmente se supo
que sería confinado a tareas administrativas en la coordinación de ingresos de
la delegación de Cabo San Lucas, a cargo de Maricela Ceseña Torres, otra de las
señaladas en esta red de corrupción.
No obstante, de
acuerdo a datos recabados por este Semanario, “el área de Inspectores podría
desaparecer, y asignar a sus trabajadores a tareas de limpieza, mantenimiento y
reparación en zonas de playa”, se informó.
Más allá de simples
enroques, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio
Castillo Gómez, exigió una investigación a fondo sobre el caso de la red de
corrupción que va de la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería
del Ayuntamiento de Los Cabos, y el deslinde de responsabilidades
administrativas y penales en contra de los presuntos responsables.
Recordó que
“nosotros hace ocho meses denunciamos todo ese desorden en la playa de El Médano,
porque observamos que algo no estaba bien, y como empresarios, nos preocupa que
el caso se haya publicado y se hayan hecho señalamientos muy serios en contra
de servidores públicos en forma particular, y hasta ahorita no se haya abierto
una investigación en la contraloría municipal de Los Cabos”.
Y solicitó: “Tiene
que haber orden y abrirse una investigación”.
Apenas había
terminado de opinar el líder de los empresarios, cuando el síndico municipal de
Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, advirtió que solicitaría a la Contraloría
municipal “abrir una investigación en el caso ZOFEMAT, sobre todo porque no hay
cuentas claras en el uso del fondo de administración y mantenimiento de las
playas, porque la mayoría de las compras, prácticamente habían violentado la
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado. Eso pone en riesgo
la credibilidad en el manejo de los recursos públicos”.
Desde su punto de
vista, “es demasiado dinero destinar 32 millones de pesos al año a una oficina
que entre sus funciones, solo tiene las facultades de mantener las playas
limpias, poner palapas y señalizaciones”.
De acuerdo al
síndico, hasta ahora la dirección municipal de ZOFEMAT se ha negado a rendir
cuentas sobre el uso del dinero, cuando “los regidores, lo único que hemos
pedido es que exhiba los gastos y dar certeza a la ciudadanía en qué se gastó
el dinero, y dónde fue invertido”.
LAS CUENTAS
Aunque el tesorero
municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, y el director de ZOFEMAT en
Los Cabos, José Salvador Solorio Ceseña, públicamente expresaron el 6 de enero
estar dispuestos a una auditoría sobre el uso del fondo de administración, se jactaron
de tener “todo en orden”.
Lo cierto es que los
servidores públicos tienen una doble cara. Y es que el 9 de octubre de 2013,
ZETA solicitó, a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la entrega del informe financiero detallado sobre el
manejo de los recursos públicos, provenientes de la recaudación del impuesto de
los derechos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el ejercicio
fiscal del 2012 y 2013.
Con fundamento en el
Artículo 7 de la citada Ley, la información solicitada fue la siguiente:
* El ingreso
mensual y anual por concepto del pago de impuestos que incluya los nombres de
los contribuyentes, montos que fueron pagados en forma particular y general,
así como fechas de pago.
* El monto de
los adeudos de los contribuyentes, que incluya nombres, adeudos en forma
particular y fechas de los últimos pagos.
* El destino
o aplicación que tuvieron esos recursos en forma desglosada, que incluya
fechas, cantidades, nombre o razón social de quienes recibieron el dinero
público, y señalar si fue pago en efectivo o cheque nominal.
* Anexar
copia de recibos, notas, facturas o el soporte documental de cada gasto
realizado del dinero público, incluidos contratos de adquisición de productos y
servicios.
Como era de
esperarse, la directora municipal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Los Cabos, Ana Gabriela Gómez Arvizu, solicitó una
prórroga de 15 días -con fundamento en la Ley- para entregar la información.
Obviamente, los datos
nunca fue entregados, hasta que ZETA -con afirmativa ficta a su favor- solicitó
entonces un Procedimiento de Revisión, iniciando un juicio bajo el número de
expediente PR-I/028/2013, donde la consejera ponente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), Adela Cueva Tabardillo,
ordenó que la información requerida se entregara en un término de cinco días.
Sin embargo, no fue
concedida hasta el 22 de noviembre del año anterior. Apenas se compartió un
resumen general de los ingresos y de adeudos en los ejercicios fiscales 2012 y
2013.
En una hoja tamaño
carta, la dirección municipal de ZOFEMAT aseguró haber gastado 13 millones 369
mil 958 pesos con 71 centavos en 2012, y 11 millones 007 mil 490 pesos con 56
centavos hasta octubre de 2013, no obstante un presupuesto de 32 y 49 millones,
respectivamente.
“¿Y el resto del
dinero?”, es la pregunta que el síndico del Ayuntamiento de Los Cabos, Oswaldo
Murillo Martínez, pretende desentrañar.
(SEMANARIO
ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco /Enero 14, 2014 12:00 PM)
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