Foto: Eduardo Villa
2 mil 300 millones de pesos es lo que la
administración estatal debe a los bancos HSBC y Banorte por concepto de
préstamos a corto plazo. De estos empréstitos, un total de 13 fueron
solicitados durante los años 2017 y 2018, lo que para el economista Roberto
Valero Berrospe, es un ejemplo de la desastrosa administración estatal y ve
poco probable que se puedan cubrir con estos compromisos tres meses antes de
terminar la administración. Los muchos préstamos a corto plazo afectaron la
viabilidad de pagos del gobierno ante las certificadoras financieras
La crisis financiera del
Estado no es una sorpresa; se veía venir.
En los últimos dos años el
Gobierno del Estado solicitó un total de trece préstamos a corto plazo para
solventar los compromisos financieros inmediatos que presentaba la
administración.
Por tratarse de préstamos a
cubrirse en un año, no era necesaria la aprobación del Poder Legislativo, lo
que dio carta abierta para el endeudamiento, siempre y cuando no se excediera
el 6 por ciento del recurso asignado en la Ley de Ingresos vigente.
Los empréstitos van de los 40
a los mil 500 millones de pesos y en total se habrían pedido más de 6 mil
millones. Sin embargo, entre abonos y múltiples reestructuraciones de la deuda,
a diciembre del 2018 quedaba pendiente por cubrir un monto de 2 mil 300 millones
de pesos, según comentó el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro
Hernández Díaz, durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda del
Congreso del Estado.
La única justificación que
presentó el Gobierno del Estado es que tiene “deficiencias de liquidez de
carácter temporal”, lo que sugiere que se utilizó para cubrir gasto corriente,
según comentó el académico Roberto Valero Berrospe, quien agregó que el
Ejecutivo Federal otorgó de 2014 a 2018 alrededor de 98 mil millones de pesos
en montos extraordinarios, cuyo destino resulta incierto.
Como consecuencia, agencias
calificadoras como Fitch Ratings, HR Ratings y Moody´s Investors Services,
bajaron la calificación crediticia de Baja California de manera consecutiva en
los últimos tres años, algo que nunca había ocurrido.
El argumento presentado por
dichas instituciones es el mismo: el uso continuo de financiamiento a corto
plazo. La situación ha llegado a tal grado empresas como Santander, Citibanamex
y BBVA Bancomer, han rechazado invitaciones de financiamiento, lo que vuelve
aún más complicada la posibilidad de sacar adelante los compromisos inmediatos.
ZETA solicitó una entrevista
con el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, pero no
se recibió respuesta. Ante ello, se buscó una reacción oficial del secretario
general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, quien aseguró que pese a la
situación financiera compleja, los préstamos a corto plazo serán cubiertos
antes de culminar la administración, aunque no pudo especificar los mecanismos
que se utilizarán para ello ni las fechas.
LOS PRÉSTAMOS
La presunción del alcalde
Gustavo Sánchez Vásquez es que, pese a la complicada situación financiera
municipal, sólo ha requerido un préstamo a corto plazo, mismo que se cubrió
antes de tiempo. En contraparte, el gobernador ha requerido trece préstamos en
el mismo periodo, los cuales han sido utilizados para cubrir la falta de
liquidez temporal. Es decir, no tienen dinero para cubrir necesidades
inmediatas pese a que dicho recurso se encuentra presupuestado.
Las únicas empresas que han
respaldado al Gobierno del Estado en estos dos años son Banorte y HSBC, la
primera -cuya presidencia está a cargo de Carlos Hank González- es la favorita
del Ejecutivo para solicitar empréstitos, entre ellos uno de mil 520 millones
de pesos realizado el 2 de junio de 2017.
El primero de estos corrió
por cuenta de HSBC el 19 de mayo de 2017, el cual fue de 750 millones de pesos
y cuya expiración era de 365 días. El argumento -al igual que los otros doce –
es que presentaban “deficiencias de liquidez de carácter temporal”.
No había pasado ni un mes
cuando se requirió a Banorte un segundo préstamo de mil 520 millones de pesos,
el cual vencía justo al año siguiente. Con esa suma, se cubrió la primera deuda
y se obtuvo recurso para cubrir con complicaciones financieras, pues la Ley de
Disciplina Financiera sólo permite endeudarse por ese concepto menos del 6%
de lo estipulado en la Ley de Ingresos,
lo que representaba un monto de 2 mil millones 682 mil 825 940.08 pesos.
Cuatro meses después, el 23
de octubre, se requirió a HSBC otro endeudamiento por 300 millones de pesos,
bajo el mismo concepto, y el 11 de noviembre se solicitó un nuevo préstamo por
211 millones de pesos.
El 4 de diciembre del mismo
año, el Estado nuevamente refinanció la deuda al solicitar 277 millones de
pesos. En ambos casos, Banorte rescató al gobierno de Vega.
Para el año siguiente, el
Gobierno del Estado recibió una gran noticia para sus intenciones de préstamo,
pues debido al incremento presupuestal de 2018, el tope de financiamiento llegó
a 3 mil 006 millones 958 mil 960 pesos, lo que fue aprovechado desde el 5 de
enero, pues adquirió otro compromiso a corto plazo por 660 millones de pesos,
argumentando la misma falta de liquidez.
El 26 de marzo de 2018
solicitó otros 600 millones más a HSBC y nuevamente se endeudó el 16 de mayo
por 306 millones de pesos. Los dos contratos vencían al año siguiente.
Menos de 30 días después del
último préstamo, el19 de julio de 2018, adquirieron un nuevo compromiso por 625
millones de pesos, con fecha de vencimiento del 18 de julio de 2019; el 7 de
agosto volvieron a solicitar los servicios de Banorte para cubrir con sus
adeudos inmediatos. El monto en esta ocasión fue de 625 millones de pesos y con
un interés de 1.5 por ciento, una cifra ligeramente superior al 1.15 de los
anteriores.
Otros dos préstamos se
realizaron los días 3 y 16 de octubre, cuando formalmente la crisis financiera
se evidenció formalmente, pues el sector magisterial y el Poder Judicial comenzaron
a resentir la falta de pago, tanto en maestros jubilados como en los recursos
destinados al gasto corriente. Los montos fueron de 300 y 40 millones de pesos,
respectivamente.
Para noviembre, las
instituciones públicas comenzaron a paralizarse y resentir la falta de liquidez
para cubrir con compromisos básicos.
El último préstamo solicitado
en 2018 se otorgó el 27 de diciembre, el cual nuevamente fue cubierto por
Banorte. Se trata de un crédito simple sin garantía otorgado por 618 millones
400 mil pesos, con lo que se presume cubrió gran parte de los pendientes que
tenía la administración.
Los tres últimos créditos
serán cubiertos el último día de julio, según documentos signados en poder de
ZETA.
CALIFICADORAS CASTIGARON A “KIKO”: VALERO
Los constantes préstamos a
corto plazo solicitados por el Gobierno del Estado llamaron la atención de las
agencias calificadoras que durante tres años bajaron su nivel crediticio de
manera consecutiva, al grado de considerarlo un Estado con riesgo de impago.
Para el académico Roberto
Valero Berrospe, esto es una consecuencia de la mala administración pública,
derivada del excesivo uso de esta figura para cubrir gasto corriente,
principalmente.
El argumento de Fitch
Ratings, HR Ratings y Moody´s Investors Services, es el mismo: “mayores riesgos
asociados con el pago de la deuda de corto plazo, la cual deberá liquidarse
antes del próximo cambio administrativo de 2019”.
Aunque Fitch Ratings reconoce
que durante los últimos años no se ha incrementado la deuda pública, afirman
que hay un severo deterioro ante el excesivo uso de esos financiamientos
cortos. Por su parte, Moody´s reconocían que la deuda corta alcanzaría el 5% de
la Ley de Ingresos, lo que resulta preocupante debido a que este año culminaría
la administración.
Por su parte, HR Ratings
indica que el presupuesto estatal se ha incrementado, pero también el gasto
corriente, además que se piden préstamos y no se cubren compromisos
preocupantes, como el adeudo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali),
que incrementó de forma sustancial durante esta administración.
Valero Berrospe aseveró que
sólo se entendería un endeudamiento de esta naturaleza si se viviera una crisis
como la de 2008, donde se desplomó la recaudación, pero en estas condiciones no
hay argumento que no sea una pésima administración pública, o bien, que hay
dinero perdido.
Esto coincide con la
calificación otorgada por la Confederación Patronal de la República Mexicana,
la cual a través de su presidente, Gustavo de Hoyos, afirmó que Baja California
se encuentra en “números rojos”.
“Tenemos un indicador (de
deuda) con las entidades federativas, en Baja California el tamaño y
composición está en semáforo rojo, en máxima alerta. Sabemos que el gobernador
y su equipo está haciendo gestiones que tradicionalmente se entregaban”.
Si bien De Hoyos respalda la
afirmación del gobernador sobre la falta de recursos extraordinarios, Valero
Berrospe asegura que durante toda la administración, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público ha otorgado un total de 98 mil millones por conceptos
extraordinarios para la entidad, y que sólo en el cierre del año se le
facilitaron 2 mil 055 millones de pesos, según documentos de la misma
dependencia federal.
ESTADO FUE OMISO; DEBIÓ PREVENIRLO: ROVIROSA
El ex presidente del Colegio
de Economistas, Enrique Rovirosa, es claro al decir que, aunque el Gobierno
Federal no hubiera entregado recursos extraordinarios en los últimos años, el
Estado debió prever esta situación y establecer un plan para contener el gasto.
Si bien considera que aún se
encuentra dentro de los márgenes de la legalidad, pues ningún compromiso se ha
firmado posterior al término de la administración, ve difícil que puedan
cumplir con las responsabilidades sin hacer un plan severo, ya que en 2018 se
presentó una situación lamentable que prácticamente “paralizó” al Estado.
“Era obligación de la
administración estatal al año siguiente que se fuera a repetir esta situación y
para ello debería tomar medidas de austeridad para evitar que ocurriera lo del
año siguiente. No solamente no lo hace, sino que continúa y se acumulan cuatro
años donde se tienen déficit acumulados por 4 mil y pico millones, entonces la
pregunta es ¿qué pasó?”, señaló el economista que estima que estos “huecos” se
cubrieran vía empréstitos.
Rovirosa consideró que los
bancos tomaron grandes riesgos para prestarle dinero al Gobierno con fechas de
vencimiento del último día de la administración estatal, pues podrían
simplemente no cubrirse por la falta de liquidez.
Según el Artículo 32 de la
Ley de Disciplina Financiera, los préstamos a corto plazo no podrán ser objeto
de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año, lo que
prácticamente imposibilita la propuesta del secretario de Planeación y
Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, de reestructurar la deuda para hacerla a
largo plazo, tal y como lo dijo durante la comparecencia de la Ley de Ingresos
del ejercicio fiscal de 2019.
Jorge Núñez, diputado local,
afirmó que la situación financiera de Baja California se encuentra en un
escenario muy grave, pues no sólo es el endeudamiento corto, sino los
compromisos como las Asociaciones Público Privadas, el C5I, la deuda pública,
además del déficit generado por la falta de pago a otras instituciones
públicas.
Es por ello que revisarán
esta situación, pues por ser préstamos cortos no están obligados a pasarlos al
Congreso, lo que provocó que adquirieran muchos compromisos que deben cubrir
tres meses antes de terminar la administración.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 11 FEBRERO, 2019
01:00 PM)
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